La coyunda
El caso Piraquive ha sacado a flote una de las tradiciones más arraigadas de nuestra historia: el matrimonio indisoluble entre política y religión.
La llamada con tanto orgullo cultura hispanoamericana es hija de la cruz y de la espada. Todo el siglo XIX estuvo atravesado por guerras civiles y levantamientos armados en cuyo centro estaba la relación de la Iglesia con el Estado. El Partido Conservador reclamaba a Cristo y a Bolívar como miembros de su cuerpo y salía a la guerra atrincherado en los estandartes de la Virgen de Chiquinquirá, que —hay que recordarlo— los liberales también levantaban. Hay miles de muertos detrás de la pelea por el preámbulo de nuestras constituciones, incluida la actual. La basílica del Voto Nacional fue construida para darle gracias a Dios por el triunfo católico en la Guerra de los Mil Días. Durante la Hegemonía Conservadora (1902-1930), el arzobispo de Bogotá era el verdadero elector del presidente de la República. En la Violencia de los 50 las tropas chulavitas amarraban escapularios de la Virgen del Carmen en las boquillas de los fusiles. Los liberales no eran menos fanáticos; la diferencia con los godos —como se dijo— era que los rojos iban a la misa de 5 de la mañana y no a la de las 12 del día. En fin, esa relación ha sido el hilo con que hemos tejido nuestra historia. Es lo que han hecho los Piraquive: fundar un partido-iglesia que, como ha sido denunciado, no es otra cosa que una máquina de hacer plata.
Las iglesias no católicas abrieron un boquete al monopolio religioso desde los años 50 con el argumento de que la Iglesia católica participaba de la Violencia. En las zonas de colonización —que se conocieron como territorios nacionales hasta el 91— la actividad proselitista del protestantismo fue muy vigorosa y desbancó la “evangelización de naturales” porque los pastores estaban más cerca de indígenas y colonos. Fueron los casos de Bruce Olson en el Catatumbo y de Sophia Müller en el Orinoco. No todas las iglesias han sido estrategias económicas. Por el contrario, más bien han sido financiadas por “casas matrices” —la mayoría extranjeras— y todas amparadas aquí por el principio constitucional de la libertad de cultos. Hoy los templos de estas iglesias aparecen en veredas y barrios mucho antes que las escuelas o las capillas y en general congregan gente descontenta, maltratada o ignorada tanto por funcionarios como por curas párrocos. El argumento de la pobreza, “hija del vicio”, ha sido exitoso sobre todo entre las mujeres que saben que lo poco que sus hombres ganan se va en aguardiente. En general, son iglesias muy conservadoras y radicalmente reaccionarias que trabajan por medio de ONG paralelas que cumplen funciones políticas y electorales. En algunas zonas indígenas o negras la proliferación de estas agrupaciones religiosas menores es vertiginosa y no son pocos los delitos culturales verdaderamente atroces como la destrucción de tambos y malocas, considerados por sus predicadores residencias del diablo.
En el caso del MIRA, lo que asombra es el cinismo excluyente de sus principios. Impedir que “los cojos, mancos, tuertos” prediquen en razón de que al Espíritu Santo —interpretado por la sierva doña María Luisa Piraquive— no le gustan los discapacitados es, simplemente, un crimen. Para esta “sierva de Dios y ama” de sus feligreses, la exclusión es la manifestación de la conciencia divina, que ella astutamente confunde con la apariencia. Así, un tuerto es excluido del altar porque afea el templo. Más grave, los pastores no pueden ser acusados de discriminación en virtud de la ley (1482 de 2011) que ellos sacaron adelante, porque ésta no incluye esa limitación como causal. El MIRA está blindado no sólo por esa norma, sino por el hecho de que a las iglesias, incluida, claro está, la Santa Madre Iglesia, no se les puede investigar su fortuna porque están exentas de obligaciones tributarias. Es decir, sigue viva la coyunda Estado-Iglesia.
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