La Corte Constitucional y la democracia: el caso de Piedad Córdoba

Ella no ha sido condena penalmente,me expresó, porque no es responsable de delito alguno, y volvió con las mismas preguntas que Ordóñez nunca ha respondido ¿Por qué el Procurador actúo contra ella con tal irracionalidad contra el derecho?, ¿Por qué el Procurador no agotó todas las pruebas solicitadas por la representante de Piedad?, ¿Por qué el Procurador en sus alegatos de decisión no contra argumentó y no inválido las pruebas a favor de Piedad?

Bogotá, Junio 18 de 2013

Ayer en la noche, un liberal de pensamiento, sin ser del partido, pero siempre cercano a éste, me expresó su profunda preocupación ante la información que recibió del rumbo que está tomando la Corte Constitucional dejando a un lado su talente independiente y protector de derechos, como había mantenido aún en contravía de los intereses inconfesables del ejecutivo, de parlamentarios y de sectores poderosísimos religiosos, militares y empresariales.

Me precisó que la tutela que se encuentra en estudio ante la Corte Constitucional en la que Piedad Córdoba argumenta las razones por la cuales la decisión del Procurador, de su destitución por 18 años, que en la práctica son su muerte política, son un desbordamiento de las atribuciones disciplinarias de Ordóñez y un desconocimiento del juez natural que debe juzgarla por supuestos delitos penales. Ella no ha sido condena penalmente,me expresó, porque no es responsable de delito alguno, y volvió con las mismas preguntas que Ordóñez nunca ha respondido ¿Por qué el Procurador actúo contra ella con tal irracionalidad contra el derecho?, ¿por qué el Procurador no agotó todas las pruebas solicitadas por la representante de Piedad?, ¿por qué el Procurador en sus alegatos de decisión no contra argumentó y no inválido las pruebas a favor de Piedad?, ¿por qué uso citas del derecho internacional sin la adecuada interpretación?, ¿por qué quiénes son afines al pensamiento del procurador Ordóñez son absueltos por éste?, ¿por qué en representación de la nación en procesos penales contra violadores de derechos humanos piden sus delegados siempre absolución?

Palabras más palabras menos, me sostuvo que había votado por ella, que muchos como él lo hicieron, más de 60 mil electores, y ¿cómo era posible que se negará su derecho a elegir y a ser representado por ella?. Durante todos estos años, las ideas por las que votó por ella no se han expresado, se le negó un derecho fundamental en la democracia por un Procurador. Expresó que a pesar de esa censura y negación de su derecho al haber elegido, él creía que la Corte Constitucional iba amparar sus derechos, pero con la información recibida las dudas le asaltaron. Le pregunté: ¿por qué?.

Afirma que conoció que solo dos magistrados están pensando actuar favorablemente y con sustento, que existen otros magistrados que siempre actúan en derecho, pero que les tienen bastante presionados. Y ¿de dónde vienen las presiones?, me manifestó que las versiones indican que los magistrados, no los ya cooptados por uribistas, tienen encima a grandes poderes. Uno de ellos, dicen, que es él mismo Ordóñez. Éste lo hace por interpuestas personas y por él mismo, y eso incluye, mensajes, reuniones y hasta otro tipo de cosas. Pero los que presionan no paran ahí, llegan hasta sectores de la Casa de Nariño que no quieren a Piedad. Entre otras razones, me expresó por esto se entiende la omisión de Santos con un candidato fuerte para evitar reelección de Ordóñez.

Si las cosas son así, es claro que la decisión si es desfavorable carece de legitimidad y de legalidad en estas circunstancias, ausencia de independencia y negación de derechos del elector,golpe a la democracia. Evidentemente, se refrendaría una actuación contra derecho y se afectaría la decisión de 60 mil votantes, se vulneran derechos democráticos del sistema regional de derechos humanos consagrados en la Convención Americana y evidentemente sería un pésimo mensaje de la Corte Constitucional al mundo jurídico, al mundo académico en el que aún gozan de gran prestigio al haber consolidado un pensamiento protector de derechos.

Tan desafortunada información traté de amortiguarla. Para su consuelo y para el mío, le manifesté que esperaría que la Corte Constitucional piense bien su decisión y ojalá enfrente dichas presiones, que para eso cuentan con los ciudadanos, los que votaron y los que no votamos por Piedad, los que creemos en principios del Estado de Derecho.

Antes de partir, le aseguré que si hubiera elecciones hoy, yo votaría por Piedad Córdoba, por su autenticidad, por su originalidad, por su tenacidad, en hacer política en medio de tantos lobos disfrazados de ovejas;, por su trayectoria en el asunto de la paz primero con el ELN y luego con las FARC, por su defensa de las negritudes, de los indígenas, de las mujeres y del movimiento LGTBI, por el apoyo a los desplazados y a los habitantes de las comunas, por la defensa de los derechos ambientales y la justeza de acuerdos comerciales respetando derecho, por ser la expresión renovada del pensamiento ecohumanista, liberal, las que el partido Liberal dejó refundidos hace muchos años. Mejor dicho, por esa bella expresión que ella usa, la democracia profunda. Y le volví a animar, ojalá la Corte Constitucional respete su voto y lo que nosotros creemos de ella, sus contenidos y las formas democráticas, de lo contrario, nos tocará ir con prontitud al Sistema Interamericano, yo apoyaría allí una demanda y millares de sus electores.

Antes de terminar esta nota recordé que en abril pasado 200 intelectuales, juristas y humanistas del mundo en una carta pública a la Corte Constitucional le expresaron que: “El derecho a ser elegido y a elegir, protegido irrestrictamente, como lo establece el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados, señala la posibilidad de limitarlo por condena emitida por juez competente en un proceso penal, lo cual en absoluto no ha ocurrido, ni siquiera siendo llamada a un evento o instancia de tal naturaleza, lo cual prueba la arbitrariedad del acto del Procurador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que si la sanción es aplicada por un órgano distinto a un juez penal competente o no se aplicó como consecuencia de un proceso penal en el que se hubieran cumplido las garantías previstas para la protección del debido proceso, se estaría incurriendo en una clara violación de los derechos a elegir del pueblo colombiano y a ser elegida de Piedad Córdoba, generando o pudiendo demandarse la responsabilidad del Estado colombiano”. http://www.caracol.com.co/noticias/internacional/intelectuales-apoyan-a-piedad-cordoba-en-su-busqueda-de-levantar-la-sancion-de-18-anos/20130404/nota/1872106.aspx