La consolidación de la seguridad democrática

El Gobierno Nacional ha asegurado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al país que recuperó y devolvió el territorio de Curvaradó y Jiguamiandó a las comunidades que fueron desplazadas por paramilitares y usurpadas por empresas palmeras, financiadas por este gobierno. Una visita a la zona demuestra que el Gobierno miente. Lejos de asegurar el retorno, está consolidando la reocupación y el repoblamiento.

Apenas unas decenas de familias han podido regresar. La mayoría sigue desplazada. Los pocos que han vuelto están confinados en pequeñas áreas, llamadas zonas humanitarias, sin poder trabajar su tierra ni levantar nuevamente sus viviendas y comunidades. Se lo impiden los usurpadores, que no dan muestras de irse y cuentan con el apoyo gubernamental para permanecer y repoblar la zona.

Si los desplazados contaran con el Estado, como lo afirma el Gobierno en el extranjero, el Ejército y la Policía estarían lanzando a los usurpadores y facilitando el retorno y reasentamiento seguro de los desplazados. Ocurre exactamente lo contrario. La Fuerza Pública y las ‘Águilas negras’ impiden el retorno, mientras custodian la permanencia de empresarios y sus trabajadores para que consoliden un repoblamiento irreversible que deje por fuera a los desplazados. Acción Social va censando a los trabajadores de las palmeras como repobladores y ofreciéndoles asistencia social.
El Ministerio de Agricultura a estos les financia adores proyectos productivos, con el apoyo de empresas como Sunisa, Banacol y Uniban, las mismas bananeras que financiaron a los paramilitares para que sacaran a sangre y fuego a los campesinos y comunidades negras. Mientras en el exterior muestran como prueba del retorno el título de tierra expedido por el Incoder a los Consejos de Negritudes, en el territorio cubierto por esos títulos siguen campeando los usurpadores.

En el Urabá antioqueño y chocoano, hace algo más de una década, el Ejército, bajo el mando de Rito Alejo del Río, y los paramilitares desplazaron la población y “limpiaron” el territorio. En los años siguientes, empresarios y paramilitares reocuparon con palma y repoblaron con sus trabajadores. En esta última etapa, el Gobierno y legitima la reocupación y el repoblamiento. En eso parece consistir la llamada fase de consolidación de la seguridad democrática: en reocupar el territorio con macroproyectos mineros y palmeros y repoblarlo con nuevas personas que sí los apoyen y trabajen en ellos. Los demás, incluidos los desplazados, sobran.
Por la consolidación es por lo que el desplazamiento continúa creciendo.

A pesar de contar con el apoyo irrestricto de la Policía y el Ejército, los emergentes empresarios siguen prefiriendo ejércitos privados.
La seguridad de sus campos de trabajo la contratan con ‘Águilas negras’ o cualquier otro grupo armado, que pasa en sus motos, vigila el territorio y amedrenta a los pobladores no deseados. Todo a la vista y con la complicidad de la fuerza pública; como en los viejos tiempos. Un ejemplo es Puerto Brisas, cuyo margen derecho es controlado por paramilitares y el izquierdo por el Ejército. La reocupación es asegurada por ambos, de manera que los palmeros y los caseríos de sus trabajadores sigan teniendo garantías para expandirse y los desplazados la tengan cada vez más difícil para regresar.

Cualquiera que vaya a la zona puede constatar que hay más trabajadores repoblando que desplazados retornando, más cosechas de palma que de comida, y que el 95 por ciento del territorio sigue ocupado por los usurpadores.

Recorriendo Curvaradó y Jiguamiandó es inevitable pensar que la encrucijada del alma presidencial no se da por cómo terminar lo que empezó en el 2002, sino por cómo consolidar lo que otros avanzaron lo que él empezó en Antioquia en la década del 90 y expandió por Colombia en la del 2000. Desplazar, arrasar, reocupar, repoblar y redesarrollar el campo colombiano ciertamente requiere décadas. Una gobernación y dos periodos presidenciales no bastan.