La confianza de los ricos y las reinas

A mediados de la década de 1990 asistí en Bruselas a una conferencia internacional sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En la mesa que presidía el evento estaba el entonces embajador ante la Unión Europea Carlos Arturo Marulanda.

Recuerdo su mirada de desprecio al auditorio, en el que se encontraban algunos campesinos de la hacienda Bellacruz, ubicada en el departamento del Cesar. Con la ayuda de los paramilitares, el Embajador había usurpado las tierras de los labriegos y las había anexado a su inmensa propiedad. 270 familias tuvieron que salir de allí luego de varias incursiones armadas en las que los paramilitares incendiaron sus viviendas y cultivos. Después de años de buscar justicia ante los tribunales, los desplazados de Bellacruz lograron que se profiriera una orden de arresto contra Marulanda, quien se dio a la fuga. En julio de 2001, el ex diplomático fue capturado en España, pero meses más tarde se le dejó en libertad. La historia no terminó allí. Los campesinos obtuvieron que el Gobierno se comprometiera a entregarles unos predios para su asentamiento definitivo. Cuando al fin se les otorgaron tierras en Cundinamarca, la entonces gobernadora del departamento, Leonor Serrano, alentó a los alcaldes de la zona a que se abstuvieran de recibir a los desplazados, puesto que “eran guerrilleros que acarrearían conflictos en la comunidad”. Los campesinos interpusieron una acción de tutela que revisó la Corte Constitucional. Mediante la sentencia T-227 de 1997, el alto tribunal ordenó a la gobernadora abstenerse de restringir la libre circulación de las víctimas y la obligó a hacer un curso de derechos humanos en la Defensoría del Pueblo.

Hoy, algunas de las familias desplazadas viven en el Tolima y se dice que sus tierras en el Cesar han sido compradas por el empresario Germán Efromovich para hacer cultivos industriales de agrocombustibles.

Esa es apenas una página de la historia de la usurpación de la tierra en Colombia, cuyo correlato es la creación de toda clase de leyes, acuerdos, incentivos, subsidios y programas para garantizar la impunidad, la legalización del despojo y en especial la concentración intensiva de la riqueza. De esa historia hace parte el reciente escándalo de los subsidios a familias acaudaladas por el programa Agro Ingreso Seguro. Mientras el Gobierno regatea sobre los costos que tiene la reparación de las víctimas, no vacila en entregar los recursos públicos a sus socios, los magnates de la tierra y del mundo empresarial, para obtener su respaldo político.

Luego de la férrea oposición del neoliberalismo a las ayudas públicas destinadas a los desposeídos, que contribuyó a incrementar la pobreza en el mundo, se ha operado un giro de las políticas económicas. Por una parte se entregan miserables “ayudas” con fines populistas, y al mismo tiempo, se desvía la mayor parte de los fondos consagrados a los pobres hacia los multimillonarios, con el pretexto de que ellos pueden “generar empleo”. Se trata de disfrazar una nueva versión del “darwinismo social” que pregona que la regla suprema del sistema es la supervivencia de los más aptos, o sea los ricos.

Con acierto un editorial de El Espectador en días pasados afirmó que el Estado colombiano es hoy una maquinaria corporativista: la alianza de corporaciones de la mafia, la criminalidad y la más rapaz corrupción. Eso es lo que el presidente Uribe define como “confianza inversionista”.

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