La ‘colombiana’ Pacific: un Nobel a la especulación petrolera
La historia de Pacific –en el centro de un informe de dos ONG, la holandesa Somo y la colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que Diagonal tuvo la oportunidad de leer antes de su publicación– muestra las grietas de este modelo de desarrollo destinado a continuar también en la actual etapa de postconflicto.
Hacer ganancias exorbitadas en situaciones de violencia y contaminación ambiental para luego quebrar y dejar colgados a los accionistas minoristas es un modelo de negocio que merecería el Premio Nobel de la especulación. La candidata ideal es Pacific, empresa símbolo del negocio relacionado con la política de hidrocarburos que los Gobiernos colombianos han impulsado durante la última década con el objetivo de “enriquecer la canasta minero-energética”.
Esta política se entrelaza con la situación de violencia en varias regiones de Colombia y se funda en un modelo de seguridad basado en la militarización del territorio del que el actual presidente, Juan Manuel Santos –flamante Premio Nobel de la Paz y anterior ministro de Defensa con el presidente Álvaro Uribe–, ha sido uno de los promotores.
La historia de Pacific –en el centro de un informe de dos ONG, la holandesa Somo y la colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que Diagonal tuvo la oportunidad de leer antes de su publicación– muestra las grietas de este modelo de desarrollo destinado a continuar también en la actual etapa de postconflicto.
“Pacific es Colombia”, pero tiene sede en Canadá
Pacific –según explican Somo e Indepaz– puede considerarse una multinacional-local que identificó un negocio en Colombia y a su alrededor construyó un entramado empresarial internacional en Perú, Brasil y Guatemala, entre otros países. Si bien su sede está en Canadá, el 72% de las 75 zonas en las que participaba a diciembre de 2015 se localizaban en territorio colombiano, de donde extrajo el 96% del total de su producción de petróleo y gas, tanto que la compañía, en su estrategia de imagen, utilizó durante años el lema “Pacific es Colombia”.
Pacific se constituyó bajo las leyes de la provincia de Columbia Británica, Canadá, con el nombre de Agincourt Explorations Inc. en los 90 y modificó varias veces su nombre conforme incorporaba nuevas empresas y sucursales. La empresa, la primera en colocar simultáneamente acciones en las bolsas de Bogotá y Toronto, conoció un rápido crecimiento debido a la gestión de los exfuncionarios de la petrolera estatal de Venezuela PDVSA, hasta 2014, cuando estuvo a punto de quebrar por el sobreendeudamiento y la sobrevaloración de los bloques adquiridos y por el incremento en las inversiones en infraestructura, a la par que caían los precios del petróleo.
No hay, sin embargo, sólo sombras económicas en la historia de Pacific: muchos son también los problemas relacionados con la contaminación del medio ambiente y con la violencia en las regiones en las que la compañía operó durante años.
Los acuerdos con Santos
La operación de Pacific se centra en Puerto Gaitán, una zona altamente afectada por el despojo y el abandono de tierras provocado por masacres, homicidios, reclutamientos forzados, desapariciones. Allí también se han dado atentados contra la infraestructura petrolera. Según se revela en el informe de Somo-Indepaz, Pacific y el Ministerio de Defensa (del que fue titular el actual presidente Santos) han firmado convenios de seguridad que han implicado la disminución de afectaciones, entre ellas los secuestros. Se trata de convenios que representan un modelo de seguridad basado en la militarización del territorio y en la combinación de seguridad militar y privada que involucra a la empresa en operaciones de guerra dentro del conflicto armado interno colombiano.
“La política de seguridad que impulsó Santos como ministro de Defensa es la misma como presidente –explica a Diagonal la investigadora de Indepaz Yamile Salinas Abdala–. Por supuesto, han disminuido los atentados y secuestros, como se dice en el informe, pero los convenios de seguridad y la acción cívico-militar ha mermado la exigencia de los derechos de los pobladores y trabajadores, y en ocasiones la Fuerza Pública, y especialmente el ESMAD (el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional de Colombia), les vulnera sus derechos y estigmatiza a quienes se oponen o controvierten las iniciativas económicas”.
En definitiva, Pacific –indica el informe– es un símbolo de los riesgos de operar en entornos complejos, en los que los éxitos se anteponen a la responsabilidad de las empresas. Algo que no va a cambiar en la etapa postconflicto. “No hay diferencia en las políticas de Uribe y Santos en materia económica y de seguridad –añade Yamile Salinas Abdala–. En las conversaciones entre el Gobierno y las FARC se acordó no tocar el modelo económico”.
Especulación y fraude
La historia de Pacific, sin embargo, cuestiona también la viabilidad económica del modelo elegido para impulsar el sector de hidrocarburos en Colombia. La quiebra de la compañía el pasado abril, bajo un fardo de más de 5.000 millones de dolares ha dejado colgados a los accionistas minoristas (entre otros, a fondos pensiones). Sin embargo, Pacific ha conseguido sobrevivir: los directores, con el apoyo de un fondo de capital riesgo, hicieron un rearranque que, según explica el Wall Street Journal, biblia del capitalismo americano, ha encontrado la oposición de varios inversores, en desacuerdo con un plan que “favorece los intereses de los directores sobre aquellos de los accionistas”.
El dinero, sin embargo, no se ha volatilizado sólo en la Bolsa: la compleja estructura corporativa del grupo (más de 100 compañías subordinadas, de las cuales 13 son filiales, que están domiciliadas en más de 20 jurisdicciones, entre ellas Canadá, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Suiza, los Estados Unidos y Holanda) parece pensada para favorecer el fraude fiscal. Toda una paradoja para una de las empresas más favorecidas por los planes de desarrollo impulsados por los Gobiernos colombianos. “Gran parte de las empresas de Pacific –concluye Yamile Salinas Abdala– se constituyeron en países como Panamá y otros considerados paraísos fiscales, lo que atenta contra la transparencia y, según autoridades colombianas (la Dirección de Impuestos y la Superintendencia de Sociedades conocida como Supersociedades), puede facilitar prácticas de evitación o evasión de impuestos”.
Fuente: http://www.desdeabajo.info/colombia/item/30072-la-colombiana-pacific-un-nobel-a-la-especulacion-petrolera.html