La carta de Carimagua
De tanto en tanto a los gobiernos les da por mirar hacia nuestras selvas y nuestros llanos como la solución al problema agrario del país.
Al general Reyes le dio por el Putumayo —y casi termina negociándolo con Perú—; a López Pumarejo, por los Llanos Orientales —terminó fundando un hato, El Porvenir—. A Belisario le dio por Marandúa para que nuestra Fuerza Aérea se entretuviera; a Uribe, por Carimagua, para dársela a sus amigos políticos como el senador Habib Merheg. El presidente Santos lanzó esta semana un gran proyecto para el desarrollo de la Orinoquia, cuya punta de lanza parece ser la entrega de la célebre hacienda de Carimagua a 500 familias campesinas desplazadas. El predio completo tenía 22.700 hectáreas, 2.000 de las cuales fueron adjudicadas por Uribe al Ejército Nacional, 3.870 quedarán en manos de Corpoica para experimentación y 17.000 serán para los campesinos. Es un giro radical en comparación con el modelo de Uribe-Arias que la Corte Constitucional frenó a buena hora.
La altillanura —región al sur del río Meta— tiene unos 4,5 millones de hectáreas de suelos muy ácidos y ricos en aluminio. El ejemplo de El Cerrado, Brasil, iluminó a nuestros capitalistas y hoy Vichada está de moda entre ellos. Hay enormes proyectos en marcha, como el de La Fazenda, que tiene una extensión de 30.000 hectáreas cultivadas en soya, maíz, sorgo, con miras a la producción de concentrados para pollos y cerdos con el propósito de sacrificar en un futuro próximo “12.000 pollos por hora”. Hay ambiciosos planes de inversión: Manuelita, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Mónica de Colombia, Alejandro Santo Domingo, Forest First y numerosas firmas de contratistas de petróleo que quieren sembrar sus ganancias. El costo para adecuar una hectárea de altillanura, según Fazenda, es de cinco millones de pesos. En Carimagua la finca promedio será de 35 hectáreas, lo que significa que ponerla a producir costaría unos 170 millones de pesos. ¿Puede un campesino desplazado asumir semejante costo? Imposible. ¿Está dispuesto el Gobierno a financiar esta inversión? Difícil, pero no tiene otra alternativa si opta por un nuevo modelo. En perspectiva están por sumarse otras dos grandes haciendas que vienen de ser expropiadas. La Primavera, de 38.000 hectáreas, del habilidoso señor Merheg, y la de Guaracú, que pertenecía a Pedro Olivero Guerrero, alias Cuchillo, de 15.000 hectáreas. En conjunto más de 70.000 hectáreas, por ahora. Santos ha prometido, además de dotar la base militar, terminar de pavimentar la carretera entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño y electrificar la región. El modelo buscaría así tratar de que la economía campesina conviva con la gran empresa agropecuaria. Saltan como grillos en una quema de sabana varias preguntas. De un lado: ¿Podrían los campesinos competir en un mercado abierto o se verían obligados a dar en arriendo sus tierras a las empresas colindantes? ¿Podrían sobrevivir como llaneros cultivando merey, cacao y topocho, o terminarían como peones asalariados en las haciendas vecinas? De otro lado, a largo plazo, ¿qué efectos sobre la humedad de la altillanura; los niveles de los caños, ríos y lagunas; la fauna y la flora de la región, puede acarrear la Gran Apuesta por el Desarrollo Rural, Agropecuario y Tecnológico de la Orinoquia, como se bautizó el proyecto? Los estudios ecológicos de El Cerrado muestran que la reproducción de capital a largo plazo va en contravía de la sostenibilidad ambiental.
Si el gobierno de Santos quiere aguantar su apuesta, tendrá que subsidiar la economía campesina con las regalías petroleras, mediante una sustancial elevación del impuesto predial y de valorización de las tierras beneficiadas por las obras de infraestructura y seguridad, y con un nuevo impuesto que se podría llamar de compensación ambiental, cobrado exclusivamente a las grandes empresas agroindustriales por el uso del medio ambiente en favor de su rentabilidad. Si no es así, saldría victorioso el modelo Uribe-Arias.