Justicia y Paz
Una nueva actuación paramilitar en Dabeiba se realizó para averiguar por el paradero de YIMMI JANSASOY, defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz. DIEGO MONTOYA habitante de la Zona Humanitaria de La Balsita, por segunda ocasión ha sido abordado por paramilitares para conocer el lugar en donde se encuentra YIMMI
YIMMI fue secuestrado el pasado 3 de septiembre por paramilitares, y obligado a entregar información sobre los datos de residencia y números telefónicos de integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, y de no hacerlo él y su familia serían asesinados. Días después se conoció de un plan para su asesinato en la ciudad de Bogotá y del atentado a otros integrantes de la Comisión de Justicia y Paz.
YIMMI, junto con cinco integrantes de la Comisión de Justicia y Paz fueron obligados a salir de la región del bajo Atrato en donde se desarrollan los agronegocios de palma, de manera ilegal por empresas paramilitares o beneficiarias del paramilitarismo.
Las actuaciones paramilitares en el bajo Atrato y en el Urabá Antioqueño continúan desarrollándose después del paro sostenido por las “Autodefensas Gaitanistas”, en medio de la presencia militar y policial, lo que refleja la tolerancia, la omisión institucional. En la región ha continuado la comisión de crímenes de jóvenes y de campesinos que se han atrevido a ejercer el derecho a la Verdad y a la Justicia en Dabeiba, Chigorodó, Turbo, Apartadó.
Urge que el gobierno nacional adopte medidas prontas y oportunas para que no suceda nada a DIEGO MONTOYA, objeto ya de dos retenciones de los paramilitares en Dabeiba. DIEGO está cobijando con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como integrante de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita.
Se requiere que el gobierno nacional exprese su real voluntad de garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el bajo Atrato y Urabá Antioqueño, adoptando medidas eficaces de depuración de la Fuerza Pública y de desestructuración del paramilitarismo y los agronegocios que se desarrollan ilegalmente en la región, con el consentimiento de las autoridades del orden nacional y regional.
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COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ