Justicia y Paz
“Escuchen esto gobernantes del pueblo, ustedes que son los señores… ustedes que desprecian la justicia y que tuercen mañosamente la ley: La ciudad se está edificando sobre sangre y en base a crimines. Sus gobernantes se dejan comprar para dar una sentencia… y todos dicen que son amigos de Yavé” Miqueas 3,9-11
“Autodefensas Gaitanistas” reunidas en el municipio de Riosucio ubicado en el Departamento Chocó, decidieron realizar una arremetida contra la Comisión de Justicia y Paz para sacarla de la región. Al tiempo se planearon acciones contra otros organismos humanitarios internacionales. En la misma reunión ordenaron a los pocos desmovilizados que no se han reincorporado que deben hacerlo, de no cumplir la orden, antes del 6 de noviembre deben abandonar la región.
Esta grave decisión en un municipio pequeño, totalmente militarizado y con presencia policial, ha sido conocida por amplios círculos de la población que allí habita.
Días antes, los paramilitares de las “Águilas Negras” retuvieron por cerca de 20 minutos en Dabeiba ubicado en el Departamento Antioquia, a DIEGO MONTOYA, habitante de la Comunidad de Vida y de Trabajo de La Balsita. El habitante fue interrogado por el paradero del defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, JIMMY JANSASOY.
JANSASOY fue secuestrado por estas estructuras en septiembre pasado y luego dejado en libertad con el compromiso de entregar información precisa sobre los nombres, direcciones de los integrantes de Justicia y Paz, y sus familias.
En la ciudad de Bogotá el viernes anterior hombres vestido de civil sobre el entorno de nuestra sede estuvieron en permanente vigilancia a primeras horas de la noche.
Las autoridades fueron informadas sin que se hubiera actuado diligentemente para recibir una respuesta efectiva para identificar al sujeto.
La actuación paramilitar refleja su presencia activa en la región del Urabá y del Bajo Atrato. No se trata de bandas emergentes ligadas al tráfico de drogas. Es la reedición del paramilitarismo como estrategia de persecución y de control sobre la población y de negación de asistencia humanitaria y del derecho a ser acompañado humanitariamente en el marco de los derechos humanos.
Detrás de esta escalada de persecución armada, de deslegitimación pública a través de medios y de la judicialización se pretende ocultar la responsabilidad estatal en la comisión de crímenes de lesa humanidad, y la inserción de estructuras institucionales en la criminalidad que ha posibilitado la apropiación de tierras, el lavado de activos y los agronegocios de palma, banano y ganado entre otros.
Se constata la ausencia de medidas REALES del Estado para enfrentar el paramilitarismo y brindar garantías para la promoción, defensa y afirmación de los derechos humanos.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ
27 de Octubre de 2008