Justicia sin excesos
No obstante el aplauso que recibirá la fiscal Morales por imputarle cargos a Samuel Moreno, me atrevo a disentir del sentido general del artículo de Semana “Se acabó el recreo”.
Como allí se evalúa, precisamente, la gestión de la fiscal, y también las del procurador y la contralora en términos de “cruzada para combatir la corrupción”, temo que esa calificación alimente sus ya crecidos egos y pueda ser interpretada por ellos como la expedición de una licencia suprajudicial. Por eso, el generoso análisis de la revista más influyente del país no puede pasar desapercibido y sin discusión. Empecemos por la forma: los tiempos en sus cargos, no dan para graduar a los homenajeados de “guardianes” de la moral. Falta que corra aún mucha agua bajo el puente. Al procurador le resta año y medio para completar su periodo pero si creemos los rumores que indican que quiere su reelección, le quedarían cinco y medio. La contralora lleva diez meses de su periodo de 48. Y la fiscal se posesionó hace sólo cinco meses.
Sigamos con el fondo. Alejandro Ordóñez sorprendió en su posesión cuando anunció su intención de presentar un proyecto de ley para que el Consejo de Estado asumiera la investigación de los parlamentarios. Entonces dijo que “la actual estructura para que el procurador ejerza disciplinariamente frente a sus nominadores, no es viable” ni transparente. Muy pronto se engolosinó con sus potestades y hoy, después de eliminar de la vida política a la exsenadora Piedad Córdoba, inhabilitar a varios congresistas condenados y tener en salmuera a Iván Moreno, podemos estar seguros de que nunca se desprenderá de esa función. Continuemos: la múltiple absolución que les impartió a Pretelt de la Vega, Diego Palacio, Alberto Velásquez, José Félix Lafaurie, Jorge Noguera y Hernando Angarita, miembros del círculo presidencial involucrado en la compra del voto a Yidis Medina, fue tan burda que le valió una apertura de investigación en la Corte Suprema.
Es verdad que Ordóñez aprendió de esta descachada y empezó a equilibrar las cargas con las sanciones a Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado, por ejemplo. Pero nada mejor que el ejercicio para aprender a manejar justamente los tiempos. En efecto, los viejos operadores judiciales saben que una investigación se abre con gran bombo mediático y luego se congela o se acelera dependiendo de la voluntad del jefe. En un original escrito, La Silla Vacía contó años, meses, días e incluso horas, de algunos casos en la Procuraduría.
Córdoba fue destituida en 5 meses y 14 días. El excontralor distrital Moralesrussi y el congresista Germán Olano quedaron por fuera en 25 días. La popularidad de Ordóñez subió y el daño colateral fue relativamente menor. A Bernardo Moreno le cayó el hacha tres días después del castigo a la exsenadora, con muy buen sentido de la oportunidad de su juez. Andrés Felipe Arias corre con suerte: lleva 8 meses 11 días sin decisión. Y Edmundo del Castillo es el rey de la fortuna. Hace dos años y dos meses lo dejaron de interrogar. No hay noticia de 800 casos de falsos positivos que Ordóñez encontró abiertos. No se ha ganado, pues, ningún cartón de grado.
En cuanto a las doctoras Morelli y Morales, es tan arbitrario calificarlas bien como hacerlo mal. No sobra resaltar que ellas enfrentan varios peligros: 1. La inexperiencia en ese rango de responsabilidad 2. La soberbia que las aqueja por igual. 3. La advertencia que Semana les hace al final: el ansia de aceptación que puede provocar grandes injusticias. Y el más delicado: la competencia malsana. Esperemos a que dentro de unos años no estemos pagando los platos rotos de sus excesos y los del procurador, en demandas a la Nación.