Justicia civil juzgará a Plazas Vega
Sorprendidos reaccionaron los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia ante la decisión del Consejo Superior de la Judicatura que dejó en manos de la justicia ordinaria el caso del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, quien es procesado por su presunta responsabilidad en la desaparición de de 11 personas en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
En esta fecha miembros del M-19 se tomaron el edificio y en una operación militar conocida como la “retoma del Palacio” el Ejército lo recuperó a sangre y fuego.
“A mí me sorprendió mucho, porque lo que uno lee es que los magistrados de esa Sala Disciplinaria han sido cuestionados por sus decisiones favorables al Ejecutivo. Además el tribunal tenía 90 días para fallar y, sin embargo, lo hizo en 22”, dijo a Semana.com
René Guarín, vocero de las víctimas del palacio y hermano de Cristina Guarín una de las personas desaparecidas.
Guarín se refería a que la Sala Disciplinaria del Alto Tribunal sentó un precedente esta semana, al afianzar la competencia de la justicia civil en el proceso del coronel retirado.
El Consejo Superior de la Judicatura ratificó este jueves, a través de un fallo, lo que dice el Derecho Internacional Humanitario y lo que la juez Tercera Especializada de Bogotá, Stella Jara, ya había argumentado: que los delitos de secuestro agravado y desaparición forzosa, por los cuales fue acusado Plazas Vega, son de lesa humanidad, y por lo tanto son competencia de la jurisdicción ordinaria.
El Alto Tribunal tuvo que dirimir una contienda jurídica por la competencia de la Justicia ordinaria en el caso, luego de que el juez Primero de Instancia de Divisiones del Ejército, mayor retirado Mauricio Cujar Gutiérrez, alegara que el caso era competencia de la Justicia Penal Militar.
Los familiares de las víctimas interpretaron la petición de Cujar como una estrategia para dilatar el proceso, de un hecho que ocurrió hace más de 23 años y que sigue en total impunidad.
No obstante, varias ONG como Amnistía Internacional y el Centro Internacional para la Justicia Transicional, solicitaron con vehemencia al Consejo Superior de la Judicatura que tuviera en cuenta los parámetros de la jurisprudencia para los delitos como la desaparición forzada, que son de lesa humanidad.
“Otros casos contra militares no avanzan”: víctimas
Por otro lado, este viernes se reanudó el juicio del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, del mayor (r) Óscar William Vásquez y de tres suboficiales del Ejército, quienes habían sido detenidos por su presunta participación en las desapariciones del Palacio de Justicia, pero las víctimas no asistieron a la diligencia porque consideran que la juez Cristina Trejos, quien lleva el proceso, no lo asume con diligencia.
Por ejemplo, denunciaron que la juez 51 Penal, no admite el uso de tecnología adecuada para agilizar el trámite, y en lugar de utilizar grabadoras para registrar los testimonios prefiere que una secretaria transcriba las intervenciones de los citados al estrado.
La juez Trejos no permitió el pasado 15 de diciembre, durante una audiencia, la entrada de dos periodistas, uno venezolano y otro surafricano. Dijo que ella era quien decidía quienes podían entrar a la diligencia. Además aceptó la petición de la defensa de los militares del B2 (antigua sección de inteligencia del Ejército), de que se llamara a atestiguar a 270 personas, lo cual podría demorar mucho más tiempo el proceso.
“Dentro de esos testigos, como si fuera poco, hay varios que ya están muertos. Esa actitud no nos da tranquilidad y nos parece que no hay seriedad en este juicio”, dijo Guarín en nombre de las víctimas del Palacio.
Por vencimiento de términos, el 30 de octubre del año pasado, Trejos dejó en libertad al coronel Sánchez Rubiano, a Vásquez y a los tres suboficiales del Ejército, quienes en ese momento estaban detenidos a la espera del juicio por el delito de desaparición forzada agravada. El día de la “retoma del Palacio”, Sánchez coordinó parte de las operaciones militares.
Previamente, cuando el caso de los militares llegó a su despacho, la juez Trejos argumentó que no tenía competencia para llevarlo, que por el tipo de delito y por exceso de trabajo, el caso lo debía llevar un juez especializado. No obstante, la Corte Suprema le respondió el 8 de octubre que a su juzgado le correspondía la competencia del caso. Aún así, pasó el tiempo y se vencieron los términos y los militares quedaron en libertad.
Por esta razón, Guarín dijo: “contrasta la celeridad con la que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura respondió –si es que en un caso que lleva 23 años en la impunidad se puede hablar de celeridad-, con la lentitud del proceso de Sánchez y Vásquez”.
En 1989 ya habían sido absueltos por la Justicia Militar, en el caso de la desaparición de la guerrillera Irma Franco, el general Jesús Arias Cabrales, entonces comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, y el coronel retirado Sánchez Rubiano, con el argumento de que su comportamiento fue en debida obediencia y en actos del servicio.
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