Justicia a la colombiana
El mejor defensor de los delincuentes de cuello blanco es la mala memoria nacional —una endemia—. Después de que cometen sus fechorías, no es raro que uno los vea gozar de la vida mientras se desarrolla un lentísimo proceso judicial del cual, con gran probabilidad, saldrán indemnes y sin sufrir, siquiera, aislamiento social. Por el contrario, si en el curso de sus andanzas han logrado llenarse los bolsillos, los invitan, los llevan, los traen y, encima, los admiran por ‘verracos’.
En cambio, aquellos que se resisten a entrar en conciliábulos para hacer trampas o trampitas, favorecer al compadre o hacer dinero ilegítimo, se convierten en parias que la mayoría evita para que no estorben el buen curso de sus negocios. Sin embargo, muy a pesar del alzhéimer patrio, hay que refrescar los recuerdos con el fin de no perder del todo, el norte.
Por ejemplo, la memoria colectiva debería activarse con la audiencia que se celebró el lunes en la Corte Suprema dentro del proceso que se le sigue al exsecretario general de la Presidencia Bernardo Moreno por participar en la operación “chuzadas” del DAS que la Casa de Nariño dirigió contra sus jueces, opositores y críticos a los que se propuso aniquilar en su honra y carrera. Moreno goza hoy de libertad porque un año y siete meses después de que fuera detenido, eso sí, en instalaciones similares a las de un club en Key Biscayne, no hubo avances. En la audiencia, la fiscal del caso entregó a la Sala Penal grabaciones ilegales en audio y video de finales del año 2007 y de buena parte de 2008, en las que consta la persecución a que fue sometido el exmagistrado que coordinaba las investigaciones contra los congresistas que se entregaron a los paramilitares. Hablo de Iván Velásquez, al que muchos, claro, ya olvidaron, una vez que su rectitud dejó de ser un peligro para la corrupción de las figuras del país. Esas grabaciones, que fueron ejecutadas en la misma época en que las indagaciones sobre parapolítica tocaban a un primo presidencial, constituyen la prueba reina de que la exdirectora del DAS, la fugitiva María del Pilar Hurtado, mintió cuando afirmó en repetidas oportunidades que ese organismo no espiaba a nadie sin orden judicial.
El rastro queda, no obstante que le echen tierra: el 11 de septiembre de 2007, el presidente Uribe llamó por teléfono a Iván Velásquez a preguntarle por un delincuente apodado Tasmania, cuyo abogado resultó amigo del primo Mario Uribe, a quien, en efecto, Velásquez tenía en la mira por sus nexos con los paras. El 2 de octubre, Velásquez fue alertado por un funcionario del CTI sobre una carpeta que habían abierto en el DAS con informaciones sobre él, su esposa, sus hijos y sus hermanos. El 8 de ese mismo mes la Corte se quejó por este aberrante suceso ante el jefe de Estado y éste contestó con una carta en la que pedía investigar, no al pariente ni a Tasmania, ni al DAS, sino al investigador. El 26 la Sala Penal le dictó orden de captura al primo y ese mismo día el mandatario llamó al presidente de la Corte Suprema, que también fue perseguido por el servicio de inteligencia.
Una parte de ese capítulo oscuro es la que se desenvuelve en el proceso a Bernardo Moreno. Lo irónico de la historia es que Iván Velásquez no puede participar, como víctima que es, en este caso. El magistrado que preside estas audiencias en la Penal, Fernando Castro, exdefensor del moribundo esmeraldero Víctor Carranza, a quien se da por fundador de grupos paramilitares, decidió en una interpretación alegre de una norma, que el abogado del exmagistrado no tenía cabida allí. Castro, además, participó del combo que expulsó a Velásquez de la Corte ¿Creen ustedes que habrá justicia? Doctor Bernardo Moreno, dese por bien servido con su juez.
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