Judicialización de afrocolombianos e indígenas, otro falso judicial.
En lo que parece ser un nuevo capítulo de montajes judiciales y criminalización de habitantes que afirman su derecho al territorio se produjo hace poco días la detención arbitraria del afrodescendiente Julio César Tordecilla con actuaciones ilegales de miembros de la brigada 17.
Julio César integrante del Consejo Comunitario de Puerto Lleras recibió una llamada en el municipio de Mutatá. Un hombre que se identificó como integrante de la Fiscalía le ofreció “trabajo” para desmontar el frente 34 y 57 de las FARC, el poblador se negó a hacerlo pues no conoce ni pertenece al movimiento armado. Luego de cortar la llamada, lo abordaron dos hombres, quienes le presionaron para aceptar el “trabajo”. El afrocolombiano reiteró su negativa a aceptar la propuesta.
Al finalizar los dos hombres le manifestaron que “enterrara” la propuesta y que olvidara la conversación.
Minutos después integrantes de la fuerza pública desembarcaron de un camión, y detuvieron a Julio Cesar llamándolo a que se desmovilizara. El integrante del Consejo Comunitario exigió respeto a sus derechos y fue trasladado a la estación de policía de Chiogorodó. En el lugar le fueron sustraídos sus documentos de identidad y un talco que usa diariamente. La policía expresó que se trataba de cocaína y lo trasladaron a un calabozo en donde pernocto.
En la mañana del día siguiente, el abogado de oficio, al conocer del caso, le expresó que era su derecho no aceptar los cargos, ante la ausencia de responsabilidad verdadera en el porte de droga.
En la Audiencia el juez ordenó la libertad de Julio Cesar. En la misma se mencionó que existía un proceso que se seguiría contra siete personas más del consejo comunitario de Puerto Lleras y tres indígenas de Alto Guayabal por ser integrantes o colaborar con la guerrilla de las FARC.
Desde hace más de seis años se inició un proceso contra más de 50 personas, entre ellas, 14 personas de los consejos comunitarios que con falsos testimonios y testigos se ha pretendido hacerlos responsables del desplazamiento forzado, asesinatos y desapariciones en Jiguamiandó y Curvaradó
Ese proceso se encuentra aún abierto, dos personas inocentes de los consejos comunitarios fueron detenidas pero ya recobraron su libertad.
El caso de Julio Cesar parece ser el inicio de una nuevo montaje desarrollado por la brigada 17 en contra del debido proceso.
Corresponde a la Fiscalía indicar si sus funcionarios hacen parte o no de este contubernio. Operación que pretende penalizar a pobladores que han cometido un único delito: afirmar su derecho a la tierra y al territorio objeto de ambición de empresas mineras, ganaderas, palmeras en un contexto de conflicto armado.
Bogotá, D.C. 31 de octubre de 2013
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz