Jóvenes delincuentes
LA SENADORA GILMA JIMÉNEZ HA presentado un proyecto de ley para sancionar de manera severa a los menores de 18 años que cometan delitos sexuales, contra la libertad (agravados), homicidios dolosos, secuestros, extorsiones, hurtos calificados o lesiones personales agravadas.
Una de las características más publicitadas de esta iniciativa consiste en que el Estado adquiere la obligación de construir centros de reclusión especializados para adolescentes, en los que exista un proceso de resocialización que garantice al infractor “el acceso a la educación, la salud mental y física y su reincorporación a la sociedad con un proyecto de vida que facilite su inserción laboral”.
Si esta ley llega a cumplirse, es decir, si se construyen los centros carcelarios especializados con las características previstas por la nueva normatividad (lo cual es ya poco probable), entonces los jóvenes delincuentes serían los únicos que en nuestro país tendrían realmente garantizado su acceso a la educación, a los servicios médicos básicos y al mercado laboral.
No es ningún secreto que un gran porcentaje de nuestros menores reciben una educación insuficiente, tienen serias limitaciones para acceder a servicios de salud de calidad aceptable y suelen estar marginados del mercado laboral. Curiosamente, esos son los jóvenes que suelen verse involucrados en conductas criminales, bien porque su precaria situación es aprovechada por organizaciones criminales para reclutarlos, o bien porque encuentran en la actividad delictiva una fuente de ingresos a la que de otra manera difícilmente tendrían acceso. No son los muchachos bien educados, nutridos, saludables y con estabilidad laboral los que constituyen el grueso de la criminalidad juvenil.
Siendo ello así, resulta incomprensible que a través de esta modificación legal se pretenda garantizar a los jóvenes delincuentes derechos fundamentales que deberían tener satisfechos todos nuestros adolescentes. Si esos dineros que ahora se pretende dedicar a construir cárceles fueran destinados a ampliar las coberturas de educación, salud y trabajo de los menores, los niveles de delincuencia juvenil disminuirían drásticamente.
Pero, desde luego, cuesta menos anunciar la construcción de prisiones para mostrar a la sociedad que se está actuando en contra de la criminalidad juvenil. Incluso si fuera cierto que en esos nuevos centros de reclusión hubiera facilidades para acceder a los servicios de educación, salud y trabajo (lo cual terminaría por hacerlos deseables), dudo mucho de que después de pasar varios años en estas modernas cárceles alguien les dé trabajo en atención a su exitoso proceso de resocialización. Y si por alguna razón eso llegara a ocurrir, entonces nuestros jóvenes tendrían ya claro cuál es la vía más expedita para conseguir que el Estado les garantice acceso al mercado laboral en condiciones óptimas de salud y educación: a través del nuevo sistema penal para adolescentes.
Por cierto, mientras se consiguen los recursos para construir las nuevas prisiones, está previsto que los adolescentes delincuentes gocen de libertad provisional y detención domiciliaria. Veremos cuánto dura esta interinidad.
Yesid Reyes Alvarado