Iván Cepeda
La lucha por los derechos humanos lo ha mantenido en el exilio un tercio de su vida. Retrato de un humanista.
Foto: Diana Sánchez – El Espectador
Cuatro veces se abrió paso su mamá en las estaciones de policía para rescatar al adolescente que allí pernoctaba bajo el ribete de “agitador profesional”, cuando oficiaba como dirigente de la Juventud Comunista en el colegio. Pero no era una madre como las demás. Mientras todas reconvenían a sus hijos por atravesados, Yira Castro, sincelejana de risa abierta, lo cubría de besos. Y Manuel Cepeda, el padre, lo premiaba solemne con un apretón de manos. Niño colado en la generación amordazada del Frente Nacional, tres décadas después la aventura de ocasión había derivado en la amenaza diaria de morir baleado por atreverse a gritar a los cuatro vientos que miles de colombianos caían asesinados por paramilitares o por agentes del Estado. Como cayó su padre, el último parlamentario vivo de la Unión Patriótica (UP), en una mañana sin sol de 1994.
Que hubiera tenido divergencias ideológicas con él, en público y en privado, no le impidió al hijo librar una lucha sin atenuantes por preservar la memoria del progenitor, de los que han muerto por desafiar las ideas consagradas y de las víctimas inocentes de los ejércitos de todos los colores. Ni héroe de epopeya, ni poeta maldito, Iván Cepeda evoca más bien al antihéroe de la pelea gris, sin esperanza, contra un príncipe que parece poseído de su propia imagen de grandeza, apenas deslucida por algún audaz; y, sobre todo, contra José Obdulio Gaviria, el poder detrás del trono. Aunque Cepeda no casa riñas personales, se convirtió en contraparte del asesor presidencial y hoy es ícono de la lucha por preservar los derechos humanos en Colombia. Anatema para este gobierno, que a menudo la asocia al terrorismo.
En particular con ocasión de la marcha del 6 de marzo que Cepeda promovió para reivindicar a las víctimas del Estado, a desplazados, desaparecidos y ejecutados. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, del cual es portavoz, denunció más de 20 mil desaparecidos, muchos de ellos asesinados, enterrados en fosas comunes o arrojados a los ríos. El asesor de Palacio declaró que la movilización era obra de las Farc y Cepeda lo responsabilizó de cuanto pudiera ocurrirles a los organizadores de la manifestación. Se acentuó el asedio a líderes sindicales, dirigentes sociales y hombres de izquierda, hasta culminar en el asesinato de seis de los promotores de la marcha. Entonces 63 congresistas de los Estados Unidos instaron al presidente Uribe a desautorizar a Gaviria. Y este último debió retractarse. Obra de las organizaciones de derechos humanos, del cambio de brújula en la política norteamericana y del escándalo de los falsos positivos, el mundo empieza a reconocer que en Colombia hay crímenes de Estado. El 14 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato del senador Manuel Cepeda.
Como un bálsamo debió caerle la noticia a Iván; mas no para la revancha. Acaso haya desempolvado su viejo tomo de Dostoievski, rescatado de entre cientos de maravillas diminutas, artesanías y recuerdos de países lejanos que subvierten la uniformidad de la biblioteca y han sitiado a los libros contra la pared: “el ser humano no es violento por naturaleza —dice—. Raskólnikov, protagonista de Crimen y castigo, me enseñó que al hombre se le presenta siempre la opción de ser violento o no serlo. Está más sujeto a un principio ético que determinado por la fatalidad”. Cuánto contraste, piensa uno, con el sentencioso lugar común de Spiros Stathoulopoulos, el director de la película PVC-1, para quien “la maldad humana siempre es cruda”. Entre las páginas del ruso o las de Thomas Mann, su otro favorito, puede andar Cepeda haciéndole antesala al lanzamiento de su libro, A las puertas de El Ubérrimo, que tendrá lugar pasado mañana. Escrita en compañía del director de Codhes, Jorge Rojas, la obra describe el entorno social del nuevo poder que se ha instalado en Colombia y augura acalorada controversia.
Iván Cepeda acumula más vida de la que sus 46 años parecen soportar. Vástago de una pareja en exilio intermitente, ha pasado la tercera parte de sus años en el extranjero. Experimentó en carne propia el régimen del socialismo real y su agonía en países de la órbita soviética. Vivencia privilegiada que le daría razones para romper, a la caída del muro de Berlín, con el Partido Comunista de Colombia e ingresar a la Alianza Democrática M-19 una vez que el grupo armado se hubo legalizado. Hoy es miembro del Polo Democrático. A la edad de 6 años presenció, con ojos muy abiertos y enfundado en un grueso gabán, la Primavera de Praga, rebelión del pueblo checo contra el guante de hierro de Moscú. A los 19 marchó a Bulgaria, donde estudió filosofía y no cejó en el debate académico sobre la capacidad de la dogmática marxista para dar cuenta de la realidad. Ya había sido Cuba, a los dos años, cuando los primeros pasos fueron también incursión inexorable en la política. “El socialismo era democracia en economía, sí, pero autocracia en política”, concluyó.
En 1987, a los 25 años, cuando la Perestroika hacía mella en la izquierda colombiana, regresó al país. Un hombre de cabello ensortijado, tan versado en tangos como brillante en la crítica, condensó la artillería política que hizo tambalear el sólido edificio de la ortodoxia comunista. Era Bernardo Jaramillo. Iván Cepeda se le unió, discutió con la pasión que el momento exigía y proclamó, ya desde entonces, una condena al secuestro, práctica de horror. “Confieso sin modestia que me llena de orgullo el haberlo hecho, una y otra vez, desde hace 20 años”. Jaramillo siguió liderando la crítica, a distancia sideral de Moscú y de las Farc. Hasta cuando lo mataron, tres años después, en 1990. “Con su muerte se frustró la esperanza de toda una generación —se duele—. Jaramillo ofrecía la posibilidad de liderar una transformación de fondo en la izquierda”.
Según Cepeda, en la crisis del Partido Comunista y de la UP no pesó únicamente el periclitar del socialismo soviético. Pesó, sobre todo, el exterminio de toda una organización política de izquierda: “Desaparecieron miles de cuadros y líderes que hoy estarían desempeñando papel de primer orden en la política del país. Desapareció una oportunidad privilegiada de democratización de la izquierda. Si con el exterminio pensaba la derecha que eliminaba la subversión, sacrificó fue la parte más avanzada de la izquierda. Y creo que la suprimieron precisamente por eso. No porque fuera el sector más proclive a un proyecto militar, sino por encarnar una propuesta política, civilizatoria, democrática. Bernardo Jaramillo, José Antequera, Leonardo Posada. Era esa la generación llamada a producir un cambio político”.
Objeto que la doctrina de la combinación de formas de lucha convirtió a muchos miembros de la UP en carne de cañón de las Farc; que esta guerrilla usó a muchos de ellos en tareas de logística y luego los abandonó a su suerte. Con vehemencia apenas contenida retoma Cepeda el hilo de la conversación: “Había ambigüedad, sí, y doble discurso en la tesis del uso simultáneo de distintas formas de lucha. Pero la UP no era el proyecto político de las Farc. Su propuesta se orientaba a renovar la democracia desde el municipio, a partir de la elección popular de alcaldes, y desde la formulación de una nueva Constitución”.
Pero la propuesta se quedó en el papel —insisto—, pues la dinámica de las Farc y su guerra sucia terminaron por prevalecer. “Eso puede ser cierto, pero sólo en parte. El hecho de bulto es que se apeló al crimen político para eliminar la posibilidad de una izquierda democrática”. También morían liberales y conservadores —apunto—. “Sí, y esos asesinatos son igualmente horribles. Pero no había razón ética ni política que justificara el genocidio. El secuestro no podía ser excusa para matar líderes sindicales. De haber querido erradicarlo, los paramilitares hubieran buscado a la guerrilla allí donde ella estaba. Pero claro, era más fácil eliminar sindicalistas, líderes sociales, campesinos. Entre otras razones, para acumular tierras y poder político. Los paramilitares no son una autodefensa. No puede serlo una fuerza tan agresiva, tan invasiva, que ha desaparecido a 25 mil personas y monopolizado gigantescas extensiones de tierra. No son un mecanismo de defensa; son un mecanismo de agresión, usurpación y arrasamiento”.
Cepeda piensa que no se ha hecho borrón y cuenta nueva. Los crímenes de Estado, dice, son una constante en nuestra historia contemporánea. Para él, el exterminio de la UP es un genocidio por razones políticas perpetrado por agentes del Estado en colaboración con grupos paramilitares. Los “falsos positivos” serían ejecuciones extrajudiciales precedidas de desapariciones forzadas que se han presentado en el contexto de la política de seguridad democrática. Cree que mientras existan patrones de criminalidad sistemática desde el Estado no se superará el fenómeno. Reconoce Cepeda los logros iniciales de la seguridad democrática; pero cree descubrir tras la retórica de José Obdulio Gaviria “una realidad espeluznante: la corrupción, la desinstitucionalización del país, el enriquecimiento fácil, el empoderamiento de personajes tenebrosos…”.
Aseveración que parecería exagerada si no fuera porque la sociedad misma empieza a resentir la que nuestro hombre califica de “catástrofe”. Y entonces declara que “es la hora del Polo”. Con mayor razón si se frustra la reelección del presidente Uribe. Pero tendría que estar el Polo a la altura del reto, sus dirigentes mirar más allá del ego propio, de sus propias convicciones, y responder al clamor de la sociedad. Y remata: “para ofrecer el cambio social, democrático y pacífico que Colombia requiere hoy, se necesitan generosidad, grandeza, capacidad de decisión y olfato político”. Más de uno se preguntará, no obstante, si el Polo podrá allanar dogmatismos y vencer la inopia programática que pone en entredicho su capacidad para encarar semejante desafío histórico. Si no se dejará arrastrar por clientelismos y tentaciones oprobiosas como la de llevar a la Procuraduría a un inquisidor delirante.
Cepeda coloca la paz en el corazón de sus anhelos. Estima que a ella no puede llegarse sino por medio de la negociación política . Que la guerra no termina con la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del Estado y de los bandos en contienda. Agrega que “si las Farc aspiran a credibilidad política, tendrán que reparar a la sociedad y liberar, cuanto antes, a todos los secuestrados”.Tiene miedo?, le pregunto. Y este hombre que se protege con acompañantes desarmados y puebla su apartamento de relojes (docenas de relojes de todos los tamaños, edades y diseños), que parecen recordarle que la vida se cuenta por minutos, responde con sencillez: “Más miedo me daría de no hacer lo que hago”.
Los Derechos Humanos, una batalla colectiva
La lucha del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que dirige Iván Cepeda Castro, no es un propósito en solitario. En el país miles de personas se han congregado en diversas organizaciones para trabajar también por la férrea defensa de los Derechos Humanos en diversos puntos de la geografía nacional.
La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), la Fundación Nydia Erika Bautista y las Madres de La Candelaria, por ejemplo, llevan cerca de dos décadas esgrimiendo la bandera de los desaparecidos. Según Asfaddes, desde 1983 unas 15 mil personas salieron de sus hogares y nunca regresaron a éstos.
Otras como la Ruta Pacífica de las Mujeres y el Consenso de Mujeres Barco de la Paz se han enfocado en visibilizar la problemática de la violencia en contra del género femenino, especialmente en el marco del conflicto armado colombiano. Esta última incluso fue reconocida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Por el desplazamiento, la infancia y la vida digna
Por sus dimensiones y la cantidad de afectados (casi tres millones, según cuentas oficiales), el destierro forzado es uno de los problemas humanitarios que más ha generado asociaciones, en especial por parte de los mismos desplazados. El grupo Promoción de la inclusión social de las mujeres en situación de desplazamiento, la Liga de Mujeres Desplazadas y las Familias Misioneras Artesanas Desplazadas representan esta compleja situación.
Pero en Colombia el conflicto no es la única causa de la vulneración de los derechos. Asuntos tan básicos como una niñez y una juventud sanas, así como el acceso al empleo y a las condiciones dignas de vida, también han impulsado a muchas personas a concentrarse y defender estas causas. Ejemplo de ello son iniciativas como ‘Jóvenes constructores de paz’, ‘El cuerpo como territorio de paz’, ‘Juguemos pa vivir’, la Red de Mujeres Matamba y Guazá, la biblioteca Mariamulata Lectora y el cine club La Rosa Púrpura del Cairo.
[http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso96755-uribe-hablo-de-necesidad-de-reconstruir-patria?page=0,2
>http://www.elespectador.com/impreso/politica/articuloimpreso96755-uribe-hablo-de-necesidad-de-reconstruir-patria?page=0,2]
Extractos del libro ‘A las puertas de El Ubérrimo’
‘Uribe habló de la necesidad de reconstruir la Patria’
Por: Iván Cepeda
El libro de los defensores de derechos humanos Iván Cepeda y Jorge Rojas será presentado el 9 de diciembre. La polémica obra hace un paralelo entre el brote de las Auc en Córdoba y el ascenso político del Presidente. El Espectador presenta apartes del primer capítulo de un libro que desde ya anuncia debate y controversia.
Foto: Óscar Pérez – El Espectador
El defensor de Derechos Humanos Iván Cepeda en la biblioteca de su casa y frente a su computador, en plena producción literaria.
El próximo 9 de diciembre, la editorial Random House Mondadori presentará y pondrá a la venta el libro A las puertas de El Ubérrimo, cuyos autores somos los defensores de derechos humanos Iván Cepeda y Jorge Rojas. El texto realiza una crónica de la historia del paramilitarismo en el departamento de Córdoba, desde los tiempos de las primeras masacres, a mediados de la década de 1980; pasando por la creación de las Convivir y el surgimiento de las Auc, hasta el control de la vida local por medio del Pacto de Santa Fe de Ralito.
A lo largo del relato, los autores presentamos en paralelo qué acontecía en la hacienda El Ubérrimo, y qué hacía su dueño, el hoy presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. Como dice el epílogo del libro: “A las puertas de El Ubérrimo, a escasos kilómetros de esa hacienda, en su entorno político y social, nació y alcanzó su ascenso en los últimos veinticinco años el proyecto paramilitar”. Para El Espectador, presentamos, en exclusiva, uno de los capítulos de la obra, que de seguro causará polémica y se convertirá en un ingrediente más de divergencia y discusión en el ya polarizado escenario de la política colombiana.
~~~
“La exitosa carrera política de Álvaro Uribe Vélez trajo sus frutos. Su nombre comenzó a oírse en los círculos políticos como parte de la baraja de los aspirantes a la Presidencia de la República. Seguidores y líderes regionales lanzaron su candidatura. Poco antes de que terminara su período como gobernador, representantes de los sectores del comercio, la industria y la ganadería de Antioquia le solicitaron que renunciara a la Gobernación y que comenzara su campaña. Como muestra de su respaldo, los gremios organizaron una demostración pública que congregó a más de tres mil personas en la Plaza Cisneros, al frente de La Alpujarra, donde se encuentra la Gobernación. Los medios de comunicación destacaron que entre quienes encabezaban la manifestación se encontraba el jefe del clan Ochoa, el caballista Fabio Ochoa. Los Uribe y los Ochoa nunca ocultaron sus relaciones de amistad. El acto culminó con las canciones de Darío Gómez, ‘El rey del despecho’.
En Córdoba, los dirigentes de las asociaciones ganaderas veían en Uribe Vélez a un político ligado entrañablemente al departamento como dueño de El Ubérrimo y de otras tierras. Su primera aparición pública en Córdoba, como precandidato, debía tener lugar en calidad de orador central en el homenaje a Rodrigo García Caicedo, considerado uno de los más claros exponentes de la doctrina de la autodefensa, admirador confeso de los hermanos Castaño Gil y víctima de un atentado dinamitero.
Inconvenientes de última hora impidieron que el gobernador de Antioquia pudiera asistir. Entre los asistentes al homenaje estaban Jorge Visbal Martelo, que convocaba el acto, y el ex comandante de la Brigada 11, Iván Ramírez. Pocos meses después del evento, en mayo de 1998, el general Ramírez se vio envuelto en una embarazosa situación, cuando la embajada de Estados Unidos decidió retirarle la visa de ingreso a ese país por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas
cuando era comandante de la brigada del Ejército en Montería. Al conocer la decisión, el general aseguró que lo único que había hecho era combatir durante 36 años a los terroristas y que era insólito que hacia el final de su carrera fuera tratado como uno de ellos.
Fue sólo hasta en 1999 que el nuevo candidato asistió a varios eventos públicos en Córdoba que tenían connotación electoral. Participó en la 39ª Feria Exposición Agropecuaria, Comercial, Microempresarial y Equina. Los medios de comunicación locales se refirieron a él como “dueño de considerables extensiones de tierra en Córdoba” y como al que “se le acredita cuando ocupaba la Gobernación de Antioquia la paternidad de revitalizar las cuestionadas Convivir, muchas de las cuales se convirtieron luego en autodefensas”. En la noche del 18 de junio, el ex gobernador de Antioquia estuvo en un coctel que ofrecía el evento. En las fotos publicadas en las páginas sociales de El Meridiano de Córdoba, Uribe Vélez apareció con Johanna Mancuso, ejecutiva de ventas del periódico y prima del que ya entonces era uno de los comandantes de las Auc, Salvatore Mancuso. En la misma velada estuvo Giuliana Mancuso, reina nacional de la ganadería y prima del jefe paramilitar . El candidato presidencial, que había conocido años atrás a Mancuso, sabía de quién eran parientes la ejecutiva de El Meridiano y la reina.
Junto a las jóvenes Mancuso, al acto social de la feria ganadera concurrió Róger Taboada, en ese entonces vicepresidente del Banco Ganadero. Meses después, Taboada se convirtió en tesorero de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Su amistad con él lo llevó a ser cónsul general de Colombia en San Francisco, California. Luego de ser diplomático comenzaron sus problemas judiciales: la Fiscalía le dictó orden de captura por su presunta participación en una serie de operaciones ilícitas que hicieron parte del millonario desfalco en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, del cual fue presidente, y que beneficiaban al narcotraficante Luis Enrique Micky Ramírez, antiguo socio de Pablo Escobar. Las investigaciones señalaban que Taboada habría otorgado 855 créditos de 29 millones de pesos cada uno, supuestamente dirigidos a ganaderos. El ex funcionario tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, falsedad en documento y fraude procesal. Después de mantenerse prófugo lo capturaron en junio de 2008.
Acompañado por dos de los principales firmantes del Pacto de Santa Fe de Ralito, Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda, el candidato Álvaro Uribe recorrió Córdoba, hizo actos en la plaza pública, dictó conferencias y habló con la gente del pueblo. En avisos y fotos publicados en El Meridiano de Córdoba aparecía él con camisa roja, la mano en el corazón, detrás suyo el tricolor nacional y a su lado los rostros sonrientes de Miguel Alfonso y Eleonora. Con ellos fue a los barrios de Montería y habló de derrotar la violencia y la corrupción; asistió a las manifestaciones realizadas en las zonas del Bajo y Alto Sinú, San Jorge, Sahagún y Cereté. Se reunió con jóvenes universitarios cordobeses a los cuales les habló de la necesidad de “reconstruir la Patria”.
Finalmente, en enero de 2002, visitaron la tierra de Eleonora Pineda, el municipio de Tierralta, el mismo en el que se había sellado la alianza entre los políticos regionales y las Auc. En la foto de aquella comitiva, el candidato iba sentado en la parte delantera de un jeep descapotado rojo y en la parte de atrás Pineda y De la Espriella con los escoltas. El recibimiento de la caravana fue apoteósico. La semana siguiente a los actos en Tierralta estalló la polémica por la injerencia y las presiones paramilitares sobre las campañas electorales a la Presidencia y el Congreso de la República. El aspirante conservador Juan Camilo Restrepo denunció que en Córdoba, y de forma particular en los municipios de Tierralta y Valencia, existían candidatos al Congreso de origen y respaldo paramilitar, que a los demás aspirantes se les impedía el acceso a la zona y la distribución de su propaganda.
Entre los últimos actos que realizó en Montería antes del día de las elecciones, el candidato Uribe Vélez se reunió con los principales dirigentes gremiales de Córdoba. A ese encuentro asistió Pedro Ghisays, uno de los grandes propietarios de las empresas de apuestas en la región. Años después, Ghisays apareció en los documentos que fueron incautados en la caleta que Salvatore Mancuso tenía escondida en uno de sus apartamentos y que daban cuenta de las redes de testaferrato con las que el jefe paramilitar manejaba los bienes ilícitos de los que disponía.
En las elecciones presidenciales de 2002, el candidato Álvaro Uribe obtuvo una clara victoria. Habiendo comenzado la campaña con una diferencia en las encuestas de veinte puntos a favor de su contrincante, el liberal Horacio Serpa, el día de las elecciones logró ganarle con el 53,04% de los votos. No pudo ganar en Córdoba. Pero sus aliados políticos y firmantes del Pacto de Santa Fe de Ralito, Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda, obtuvieron resonantes triunfos en zonas como Valencia y Tierralta.
Para celebrar su elección, el nuevo presidente de la República visitó El Ubérrimo con su familia y recibió en su hacienda a los líderes de la sociedad cordobesa que querían congratularlo. Tanto en sus vacaciones como en ocasiones especiales, Jerónimo y Tomás Uribe visitaban Córdoba. Frecuentaban sus amistades y también realizaban encuentros con aliados políticos de su padre. En aquella ocasión estuvieron en el municipio de San Antero y fueron atendidos por el alcalde de la localidad, Wílmer Pérez Padilla. Él ofreció un almuerzo en honor a los hijos del Presidente electo. En una declaración a la prensa, Jerónimo dijo que pedirían a su padre apoyo para la propuesta del alcalde acerca de la construcción de un corredor turístico.
El alcalde Pérez había sido uno de los firmantes del Pacto de Santa Fe de Ralito y algunos lo acusaban de ser aliado de narcotraficantes. Por esta razón decidió acogerse a sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir agravado y reconoció sus vínculos con las Auc. Asimismo, la Contraloría dictó contra él fallo de responsabilidad fiscal en la firma del contrato con una empresa de Bogotá y le ordenó reembolsar más de 235 millones de pesos. Por su parte, la Procuraduría lo inhabilitó por doce años para ejercer cargos públicos por dar mal uso a las regalías del municipio.
Era el tiempo del comienzo de los diálogos con las Autodefensas Unidas de Colombia, del inicio de los escándalos por la elección de muchos congresistas acusados de alianzas con los grupos paramilitares, del intento por desarrollar el pacto para la “refundación de la patria”. Era el tiempo en que comenzaba a gobernar el país el dueño de El Ubérrimo”.
Antecedentes de un duro debate
El 2 de mayo pasado, Iván Cepeda publicó en El Espectador una columna titulada “La prueba es Montería”, en la que hablaba de la omnipresencia del paramilitarismo tanto en el diseño físico, como en el ambiente político y social de la capital cordobesa. Además, se preguntaba cómo era posible vivir en esa ciudad en las últimas décadas e ignorar lo que estaba ocurriendo y denunciaba la injerencia de los ‘paras’ en la Universidad de Córdoba y cómo a la sombra del puente que mandó a construir el presidente Uribe, y que lleva a su hacienda El Ubérrimo, en las riberas del río Sinú, habitan miles de desplazados en la miseria.
En respuesta, la Presidencia rechazó las que llamó “informaciones calumniosas”, señalando a Cepeda como un “farsante” y alguien que “posa de víctima de violación de derechos humanos y en la práctica es un hostigador a que éstos se violen”. Ahora, con el libro A las puertas de El Ubérrimo, que será publicado este martes, se enciende una vez más la polémica.