Intimidaciones, amenazas y seguimientos a defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de los hostigamientos, seguimientos y amenazas contra defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz por la labor legal y legitima en las reclamaciones de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la restitución de tierras, a la protección del uso tradicional de la tierra y a la paz.
Bogotá, D.C., 25 octubre de 2012
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Ministro del Interior
RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
REF: Intimidaciones y amenazas directas en Turbo, seguimientos a defensor de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz en Bogotá
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la continuidad de los hostigamientos, seguimientos y amenazas contra defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz por la labor legal y legitima en las reclamaciones de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la restitución de tierras, a la protección del uso tradicional de la tierra y a la paz.
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de plenas garantías para el desarrollo de nuestra labor como se constata con la fundamentación fáctica consignada en este escrito.
* Jueves 11 de octubre a eso de las 8:40 a.m., en el barrio Quiroga de la ciudad de Bogotá, el defensor de derechos humanos JESÚS ALBERTO FRANCO GIRALDO fue informado de la presencia de dos hombres extraños quienes se encontraban al frente de su lugar de residencia vigilando el entorno desde tempranas horas de la mañana.
Hacia las 9:15 a.m., el sacerdote acompañado del conductor asignado en el marco del Programa de Protección del ministerio se percataron que los hombres aún se encontraban allí.
* Viernes 19 de octubre hacia las 10:55 a.m., en el municipio de Turbo, en el Puerto conocido como “Waffe”, el defensor de derechos humanos, EDWIN MOSQUERA, fue abordo por tres hombres, uno de los cuales se identificó como paramilitar.
EDWIN se encontraba acompañado de un observador internacional de derechos humanos a la espera de una de las víctimas, propuesta como declarante, en el marco del proceso que actualmente se adelanta ante la Corte Interamericana dentro del caso MARINO LÓPEZ y Otros (Operación Génesis) A EDWIN uno de los individuos que se le acercó le expresó que pertenecía a las estructuras paramilitares, que aún hoy operan en la zona, bajo la denominación de “Gaitanistas”. En tono amenazante este expresó: “yo sé que andan haciendo en este momento. Yo soy para, de las Autodefensas Unidas de Colombia“. Luego se retiró la gorra que portaba y preguntó: “¿No me conocen?” Al no encontrar repuesta agregó: “ustedes andan tranquilos, pero estamos atentos“.
EDWIN y su acompañante se retiraron del lugar rápidamente mientras el hombre gritó: “puta mierda“.
* Sábado 20 de octubre entre las 4:50 p.m. y las 5:15 p.m. en la ciudad de Bogotá el defensor de Derechos Humanos, DANILO RUEDA fue blanco de un seguimiento cuando se dirigía a la sede de nuestra organización donde se realizaría una reunión sobre las estrategias de memoria.
Al salir de su casa una camioneta Toyota, blanca, cuatro puertas se encontraba sobre la carrera 18 con calle 35, la misma apareció cuadras más adelante, momento en el cuál el defensor de derechos humanos identificó el seguimiento. Minutos después uno de los carros de protección asignado por el Ministerio del Interior llegó al lugar en donde se encontraba el defensor y el automotor Toyota ceso el seguimiento.
* Lunes 22 de octubre hacia las 7:46 a.m., en la ciudad de Bogotá, en el barrio Quiroga, el sacerdote y defensor de derechos humanos ALBERTO FRANCO fue informado por el conductor del vehículo de protección asignado por el Ministerio del Interior de la presencia de una mujer que se encontraba vigilando las áreas de acceso al seminario, lugar de residencia del sacerdote.
A las 8:07 a.m., el Sacerdote se dirige hacia las instalaciones de nuestra Comisión observa que la mujer se subió a un vehículo Renault Logan gris plateado, identificado con placas BTO 528.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de medidas eficaces para garantizar la legítima labor de defensa y promoción de los derechos humanos realizada por los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz. Ante la ausencia de medidas de protección y prevención, investigación sanción y reparación de las agresiones, amenazas, actividades de inteligencia ofensiva y otras violaciones a derechos humanos cometidas en perjuicio de los miembros de la Comisión de Justicia y Paz.
Desde hace más de 20 años, el Estado de Colombia tiene conocimiento pleno de un patrón de violencia dirigido a nuestra organización y relacionado con la labor de denuncia y defensa de los derechos humanos que realiza en diferentes regiones del país. Pese a ello no ha adelantado labores eficaces, para garantizar el ejercicio del derecho a defender los derechos.
Estas continuas omisiones solo se expresa en la ausencia de medidas eficaces para combatir, de manera efectiva, estructuras paramilitares que, desde 1996, se han enquistado en Turbo con el apoyo de la brigada 17. A pesar de la desmovilización estas estructuras armadas continúan operando, ejerciendo control social sobre sus víctimas, imposibilitando la libertad de expresión, de asociación, limitando la libre movilización, presionando el uso de la tierra por parte de las comunidades negras para fines agroindustriales u obras de infraestructura desconociendo identidades y derechos de comunidades y limitando el derecho a la labor humanitaria de organizaciones de derechos humanos.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones integrales sobre los patrones de operación similares con intereses idénticos que pretenden desde 1997 limitar, vulnerar e imposibilitar la defensa, promoción y protección de los derechos a la vida, a la justicia, a la paz, a la tierra, a un ambiente sano y la protección de la riqueza biológica, que nuestra Comisión de Justicia y Paz con las comunidades negras de Cacarica han venido defendiendo.
Desde 1996 hasta hoy solo se ha investigado al general RITO ALEJO DEL RIO ROJAS por el asesinato de MARINO LÓPEZ, los demás crímenes se encuentran en la impunidad, así como los beneficiarios y financiadores empresariales de la actuaciones de la brigada 17 con sus auxiliares los paramilitares como Maderas del Darién Pizano S.A.; los daños ambientales sin investigación; las operaciones para empresariales como Multifruits Ltda sin investigación; empresas beneficiarias con concesiones irregulares que afectan los ecosistemas y poblaciones indígenas sin actuación de control o de investigación penal. La impunidad sostiene los intereses de los beneficiarios e impulsores de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos.
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de medidas de protección colectiva por parte de la Unidad Nacional de Protección, que desconocen el incremento de los niveles de riesgo al que se encuentran sujetos los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz que laboran en regiones, allí en donde existe presencia permanente de estructuras paramilitares, intereses de sectores empresariales que pretenden desconocer los derechos comunitarios y ambientales, en donde las comunidades tramitan casos delicados de importancia para la justicia colombiana e internacional y donde persiste el conflicto armado.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y de acuerdo a sus competencias institucionales solicitamos se sirvan dar respuesta eficaz y por escrito a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas ha adelantado para garantizar el derecho a defender los derechos de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz?
2. ¿Qué laborales ha emprendido para identificar los responsables materiales y determinadores del patrón de violencia del que ha sido objeto la Comisión de Justicia y Paz? ¿Cual son sus causas?
3. ¿Qué actividades ha emprendo para combatir de manera efectiva, las estructuras paramilitares que permanecen en Turbo y para depurar los miembros de la Brigada 17, que desde hace más de dos décadas han actuado en alianza con grupos paramilitares?
4. ¿Qué medidas materiales de protección han sido, recientemente, implementadas ante los corroborados seguimientos, amenazas y hostigamiento de los que han sido víctimas?
5. ¿Qué medidas específica ha adelantado para proteger la vida e integridad de los miembros del equipo de la Comisión de Justicia y Paz que acompaña la documentación y representación de las víctimas del caso que actualmente se tramita ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
6. ¿Dado que el avance de este caso, puede agravar la situación de riesgo de las víctimas y sus representantes, que medidas de prevención y protección tiene proyectado implementar para evitar daños irreparables a la vida e integridad?
En consideración,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz