Intimidación a defensor de DDHH, Manuel Garzón, abogado de la CIJP y otros defensores
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la nueva intimidación que recae sobre Manuel Garzón y un número indeterminado de integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, hecho que se suma a una cadena de mecanismos de persecución y hostigamientos, que se ha concretado en secuestros, planes de desaparición, amenazas contra la vida e integridad y falsas acusaciones judiciales en razón del esclarecimiento judicial y extrajudicial sobre la responsabilidad de sectores empresariales, militares y políticos vinculados con el paramilitarismo.
Bogotá, D.C. 2 de agosto de 2013
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
FERNANDO CARRILLO
Ministro del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia
JUAN GABRIEL URIBE
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
!Demasiado hemos sufrido la burla de los ricos y el desprecio de los orgullosos! Salmo 123, 4
Nuestra Constancia Histórica ante la ausencia de garantías para apoyar a las víctimas que afirman sus derechos a la verdad, a la justicia y la reparación integral. Desde 1996 hasta ahora han existido más de 95 amenazas, 70 hostigamientos, un plan de desaparición forzada, 4 judicializaciones injustas, dos violaciones al domicilio, un atentado, tres montajes judiciales, operaciones de interceptaciones ilegales por aparatos de seguridad, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética frente a los mecanismos de impunidad que se han instaurado en los medios de persecución y en ausencia de investigaciones eficaces que develen y sancionen a quienes se ven afectados en sus intereses ambiciosos de carácter económico por el acompañamiento integral que realiza nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la ausencia de garantías para investigar y litigar ante instancias judiciales internas e internacionales, los vínculos entre militares, paramilitares, políticos y empresarios palmeros, ganaderos, bananeros y del tráfico de drogas en el despojo de tierras para agronegocios y obras de infraestructura.
Ante ustedes la fundamentación fáctica de este escrito:
*Jueves 1ro de agosto, en la ciudad de Bogotá, aproximadamente a las 6:25pm, el abogado MANUEL GARZÓN, luego de salir en bicicleta de la sede de la Comisión de Justicia y Paz en dirección a la carrera 30 fue seguido por un hombre en bicleta.
Cinco minutos después de su partida, poco antes de llegar al semáforo de la diagonal 61b con carrera 24, el defensor de derechos humanos, constató que se trataba de un seguimiento.
Estando el semáforo en rojo, el ciclista desconocido, quien llevaba puesta una capota y un casco, le abordó y le manifestó: “quédense quietos con lo que están haciendo”.
MANUEL se giró para identificar a su interlocutor, pero éste dio vuelta a mano derecha en la carrera 24, cuando el semáforo estaba en rojo, y esté se dirigió en dirección al norte.
MANUEL ALEJANDRO GARZÓN, es abogado de la Comisión de Justicia y Paz, representa las víctimas de desplazamiento forzado y despojo de tierras en el bajo Atrato, de Curvaradó y Jiguamiandó en el juicio que se adelanta en contra de empresarios y paramilitares. Además, representa víctimas en los procesos penales por los asesinatos del líder de restitución de tierra MANUEL RUÎZ y su hijjo SAMIR, y de los líderes comunitarios UALBERTO HOYOS, ORLANDO VALENCIA y ARGÉNITO DÍAZ. Ha sido denunciante, como abogado de nuestra Comisión, de las empresas bananeras UNIBAN, BANACOL, PROBAN, SUNISA, BANADEX, CI MULTIFRUITS LTDA, DEL MONTE y CHIQUITA BRANDS, por su responsabilidad en crímenes ocurridos en el bajo Atrato.
* Viernes 2 de agosto a la 1:30 p.m. en Bogotá, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció el “Informe sobre afectaciones territoriales en el Consejo Comunitario de Pedeguita y Mancilla” realizado por la Defensoría del Pueblo en el que documentó que “Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, habían definido públicamente en Riosucio, desde el 27 de octubre del 2008, una estrategia de “clandestinidad relativa”, con el fin de obstaculizar el trabajo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y de los acompañantes internacionales en la región, y terminar con las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad”
Esta estrategia contempla la instalación de hombres desde el municipio de Riosucio, en los asentamientos y nuevos poblados promovidos en territorios colectivos, por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia,” cumpliendo tareas de vigilancia, control y delación de cualquier forma organizativa en resistencia”; así como la ampliación de la apropiación ilegal del territorio mediante la siembra de productos agrícolas y agroindustriales, la “potrerización” de la selva para la implementación de ganadería extensiva.
Tal como lo indica el informe estos aspectos sumados instalación de la base social “resuelven la dificultad de concentrar tropas de forma visible y permanente, manteniendo el control sobre el territorio, bajo el mando de comandantes medios reconocidos en la zona, que conforman la red de comunicación permanente con los comandantes de dichos grupos.”
*Martes 25 de junio a las 5:03 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá conoció que empresarios ocupantes de mala fe de los territorios de Curvaradó y Jiguamiando no estarían dispuestos a entregar la tierra ni a ir a pagar condenas a las cárceles y si ello ocurriera habría una masacre en la que caerían no solo los de los consejos comunitarios sino también defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz.
Nuestra Censura Ética ante esta intimidación que se produce justo dos semanas después de que MANUEL presentara sus alegatos finales en el marco del juicio que se sigue en Medellín contra empresarios palmeros y miembros de grupos paramilitares por el desplazamiento forzado cometido contra las comunidades Jiguamiandó y Curbaradó; y tres días se conociera que una juez hubiéra decididó la primera condena, de muchas que deben sobrevenir si se actúa en derecho, a 125 meses de Cárcel contra dos empresarios por alianzas con paramilitares en el negocio de la Palma.
Nuestra Censura Ética ante esta intimidación y amenaza contra MANUEL y de manera indefinida contra más integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, que coincide con planes de paramilitares en el bajo Atrato y grupos armados de para empresarios, que anunciaron que no pagarían condenas ni entregarían tierras , y que si eso ocurría serían asesinados líderes y habitantes de las zonas humanitarias de Curbaradó y Jiguamiandó e integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Nuestra Censura Ética ante la incapacidad de actuación en conciencia de empresarios, políticos, militares, y traficantes de drogas para reconocer sus actuaciones contra el derecho y la dignidad humana y los crímenes ambientales cometidos para asegurar su riqueza o acumular riqueza y desarrollar con ambición desmedida, contra cualquier razón humana, operaciones encubiertas hasta hoy, para imposibilitar el desarrollo de propuestas de calidad de vida, de habitación territorial, de protección de la riqueza biológica, de producción de alimentos, de comunidades negras e indÍgenas en el bajo Atrato.
Nuestra Censura Ética ante la incapacidad institucional para asegurar los derechos de las víctimas y posibilitar una restitución formal en Derecho en el bajo Atrato; allí en donde muchos de los medios institucionales, como el legítimo de la fuerza, se desarrolla en connivencia con operaciones paramilitares o bajo supuestas formas legales para negar y atropellar los derechos de las comunidades, y asegurar la militarización para los agronegocios ilegales de la palma, la ganadería extensiva, el tráfico de drogas, extracciones mineras y obras de infraestructura, entre otras.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigación eficaces a la cadena de amenazas e intimidaciones cometidas en contra de miembros de la Comisión de Justicia y Paz, que permitan evidenciar los móviles de estas amenazas y los vínculos de estas con las estructuras criminales que la labor de defensa de derechos humanos de nuestra Comisión ha permitido develar.
Nuestra Censura Ética ante la nueva evidencia de la continuidad de actividades de seguimiento en contra de los miembros de la Comisión de Justicia y Paz desde la sede del espacio laboral hacia sus residencias.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y de acuerdo a sus competencias institucionales solicitamos se sirvan dar respuesta eficaz y por escrito a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas ha tomado la fiscalía para adelantar una investigación que integre hipótesis de sistematicidad en la persecución a las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz por las estructuras criminales paraempresariales que su labor en la defensa de derechos humanos han permitido develar?.
2. ¿Qué actividades ha desarrollado la Fiscalía para develar y desmantelar las estructuras de poder que facilitan, permiten y provocan los hostigamientos a los que es sometida la Comisión de Justicia y Paz, que actividades serias ha emprendido para develar las autorías mediatas?
3. ¿Cuáles fueron los criterios que llevaron a la Unidad Nacional de Protección a considerar que las solicitudes de ampliación de medidas de protección elevadas por la Comisión de Justicia y Paz, ante la situación de riesgo extraordinario, hayan sido negadas?
4. ¿Qué acciones expeditas, contundentes y eficaces van a realizar, según sus propias competencias, para garantizar la vida e integridad de las y los defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz?
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz