Intereses económicos transnacionales por encima de la vida, la integridad de los araucanos
El día de hoy, como respuesta a la legítima y pacífica movilización, y sus peticiones, el Estado despliega más de mil efectivos del ESMAD, y da la orden a todas las fuerzas militares y de policía para que repriman a las comunidades y los saquen a la fuerza de los sitios donde se encuentran concentrados y que son de acceso a los lugares donde se realizan trabajos de explotación petrolera o construcción de infraestructura para el transporte de hidrocarburos.
En ejercicio de esa orden guerrerista, los antimotines y miembros del ejército y la policía, arremetieron contra los indígenas, campesinos, campesinas y obreros ubicados en el sitio Caricare del municipio de Arauquita, sobre la vía que de Tame conduce a Arauca capital, y que está en el acceso al complejo petrolero Caricare explotado por la transnacional OXY.
Hasta el momento hemos recibido información de la detención de cuatro personas, quienes fueron salvajemente golpeados por los militares que penetraron, infringiendo normas del Derecho Internacional Humanitario, a una escuela donde se habían replegado las comunidades, la cual está siendo violentada sus puertas y ventanas, además se han generado incendios en los potreros y montañas aledañas, se destruyó la infraestructura provisional y se saqueó los alimentos y los bienes de los manifestantes.
También la fuerza pública efectuó varios disparos poniendo en grave riesgo la integridad de los presentes.Una mujer indígena en estado de embarazo, que transitaba por el lugar, por la impresión y los efectos de los gases lacrimógenos, además de la violencia desplegada por los militares, perdió su bebe y debió ser traslada de urgencia a un centro de atención médica.
Es de anotar que desde el 21 de enero del presente año, las comunidades organizadas del departamento de Arauca, retomaron la jornada de movilización pacífica en exigencia a las empresas transnacionales y el Estado colombiano para la mitigación de la enorme deuda ambiental, social y humanitaria que tienen con la región centro oriental por todo el daño causado por más de 30 años de exploración y explotación petrolera.
Durante toda la jornada las organizaciones sociales mantuvieron su voluntad de interlocutar con el Estado colombiano y las empresas petroleras para darle una salida a las justas reclamaciones de las comunidades, pero solo han recibido la manipulación, dilación y burla por parte de las instituciones estatales. Así lo demuestran las múltiples reuniones realizadas desde el mes de abril del año 2012, cuando se suspendió provisionalmente la jornada con el compromiso del Estado de avanzar en la expedición de un decreto presidencial, que reconoce la vocería de las comunidades movilizadas y señala unos derroteros para la concreción del trabajo frente al pliego; lo mismo que la instalación y avance de cinco mesas para definir la inversión social en proyectos prioritarios para el pueblo y la región, y la adopción de políticas para la superación de la impunidad en los casos de violación de Derechos Humanos y D.I.H.
Sin embargo, pasados casi un año, ninguno de esos compromisos se han cumplido, lo que llevó a avanzar en la profundización de la jornada con la convocatoria a un Paro Cívico Regional de carácter indefinido, a partir de las 06 horas del día 12 de febrero de 2013.
Los hechos aquí denunciados, se suman a toda una serie de acciones adelantadas por las fuerzas del Estado, que han vulnerado los derechos de los manifestantes, tales como las reiteradas tomas de fotografías, retenciones de personas que han participado de la movilización, la presencia de hombres de civil y armados a altas horas de la noche, alrededor del Colegio Alejandro Humboldt donde se encuentran comunidades concentradas, disparos en cercanías de las concentraciones, la agresión de un miembro del ejército que de civil y armado manejando un vehículo de la institución militar atropelló el sitio de la guardia cívica en Todos los Santos, entre muchos otros casos.
Por lo anterior, hacemos un urgente llamado al Estado colombiano a respetar la vida, integridad, libertad y ejercicio de los derechos fundamentales de los pobladores del departamento de Arauca, la región centro oriente de Colombia, sus organizaciones sociales y sus dirigentes.
Y no anteponer mezquinos intereses económicos transnacionales sobre la dignidad y legitimidad de las gestas del pueblo y sus derechos.
A las organizaciones nacionales e internacionales, hacer seguimiento a la grave situación de la región y exigir al Estado colombiano el cumplimiento de sus compromisos nacionales e internacional en materia de Derechos Humanos y D.I.H.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA
Comité Ejecutivo Regional
Fundación de DD.HH. Joel Sierra.