Inteligencia de E.U. determinó responsabilidad de Plazas Vega en retoma del Palacio

Una investigación estableció que el ex uniformado sí está comprometido en desapariciones y asesinatos de civiles.

Una operación efectuada por agentes de inteligencia al servicio de la Embajada de Estados Unidos en Colombia fue consignada en un informe al Departamento de Estado de ese país, en el que señalan al ex comandante de la Unidad de Caballería del Ejército como el autor intelectual de las desapariciones y los asesinatos de quienes integraban la cafetería del Palacio de Justicia.

El documento, que fue puesto en conocimiento de las autoridades colombianas en 1998, señala que el coronel Plazas sí estuvo al mando de la operación y estuvo al tanto del manejo y conducción de las personas que iban siendo rescatadas del Palacio en llamas, durante las fatídicas jornadas del 6 y 7 de noviembre de 1985.

La investigación determinó, así mismo, que Luis Alfonso Plazas Vega actuó irregularmente durante la operación, por cuanto se señala el carácter doloso de la manera como murieron muchos de los guerrilleros del Movimiento 19 de Abril, M – 19, que ejecutaron la operación.

Tal es el caso del comandante de la acción, el insurgente, Andrés Almarales, quien en palabras de uno de los familiares de los desparecidos, René Guarín, había sido asesinado con un tiro de gracia, teniendo en cuenta que, según él, yacía con un disparo en la cabeza en el Instituto Nacional de Medicina Legal, días después de la tragedia.

El informe, que mantenía un carácter de confidencialidad hasta el año 2008, fue constituido a partir de los reportes de la investigación que adelantaron agentes secretos al servicio de la Embajada y que fue socializado con varias autoridades de los Estados Unidos en 1998.

De la misma manera, se revela que algunos de los militares que hicieron parte de la retoma, terminaron incriminados en otros casos de desaparición de civiles, principalmente, de militantes de organizaciones de izquierda, como lo había denunciado hace varios años el ex uniformado del B-2, Ricardo Games Mazuera, cuyas denuncias fueron desestimadas por el procurador General, Alfonso Gómez Méndez, en 1989.

En ese entonces, Games aseguró que existía una herramienta de desaparición sistemática de la que eran partícipes los mandos medios de la Policía y el Ejército, al tiempo que señaló algunos de los nombres que estaban siendo objeto de ese seguimiento irregular, como el del abogado, Eduardo Humaña, asesinado en 1998, luego de que consiguiera la orden de exhumar unos cadáveres que se pretendía presentar como los correspondientes a los desaparecidos.

Las palabras del ex uniformado cobraron vigencia tras el crimen de Umaña y retomaron su trascendencia cuando el ex cabo Tirso Sáenz hizo referencia a varias de las torturas a las que, al parecer, fueron sometidos los desaparecidos, y que fueron reseñadas también por Games en el informe que rindió ante el ministerio público, luego de desertar de las Fuerzas Militares.

Hoy, sus denuncias, como las de Sáenz, otros varios testigos y la práctica de algunas pruebas, coinciden con los señalamientos que puso de presente la inteligencia de los Estados Unidos, que acusa al coronel (r), Alfonso Plazas Vega, como el responsable de la desaparición forzada, secuestro, y asesinato de 11 civiles, durante el operativo de retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

Cabe anotar, además, que todos los detalles registrados en ese documento eran de pleno conocimiento del presidente de Colombia de 1998, Andrés Pastrana, y su ministro de Defensa, Rodrigo Lloreda Caicedo, pues fue enviado por las autoridades estadounidenses, en cabeza del Departamento de Estado, al Gobierno Nacional y pese a ello no hubo pronunciamiento alguno por parte de las autoridades, que sólo en 2005 reabrieron la investigación.

La parte civil en el juicio que enfrenta el coronel Plazas, anunció que le pedirá a todos los despachos que adelantan los procesos por el holocausto del Palacio de Justicia que tengan en cuenta el informe como prueba, pues, según argumentan, es una evidencia clara de la actuación delictiva que tuvieron mandos medios del Ejército durante la retoma del Palacio, entre ellos el comandante de la Unidad de Caballería en 1985.