Injusticia legalizada

El caso del extinto diputado Jorge Bajos Valverde y los implicados como presuntos
responsables, nos obliga a reabrir y rediscutir en la entidad el tema de la tortura, la
necesidad imperiosa de su tipificación como delito en la ley adjetiva penal, la urgencia de
una investigación profesional exhaustiva, el castigo a los responsables y la reparación del
daño a las víctimas. Lo preocupante es que esta temática es soslayada por las autoridades
competentes: el Poder Ejecutivo evade su responsabilidad y el Poder Legislativo no asume
su mandato constitucional para darle un tratamiento apropiado, tipificando la tortura como
un delito.

La historia de Guerrero está marcada por una práctica sistemática de la tortura infligida
contra los luchadores sociales, e implementada como un método eficaz para el control y la
represión política. En las décadas de los 60 y 70, la tortura formó parte de la política
represiva de gobiernos caciquiles y autoritarios para aniquilar las guerrillas de Genaro
Vázquez y Lucio Cabañas. Desde esa época, el Ejército y los cuerpos policiacos
perfeccionaron sus métodos para torturar y aplicar otros tratos crueles inhumanos y
degradantes con el fin de extirpar todo acto de conspiración contra el estado. De 1997 al
2001, en el marco de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el uso de la
tortura volvió a tomar relevancia entre los mandos castrenses para contener la amenaza de
una insurgencia armada en el sureste mexicano, iniciada por los indígenas zapatistas.
Todos estos casos fueron ampliamente documentados por el Dr. Nigel Rodley, en ese
entonces relator especial contra la tortura de la ONU y por la misma Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en 1998, que emitieron sendos informes con sus
respectivas recomendaciones al gobierno mexicano, pero todo ha quedado en meras
simulaciones diplomáticas.
La tortura en Guerrero no sólo se ha dado en contextos de combate a grupos subversivos,
sino que sigue siendo parte sustantiva en la investigación y persecución de los delitos,
todos los cuerpos policiacos han utilizado la tortura como el mecanismo más sencillo para
amedrentar, someter y arrancar confesiones a ciudadanos. La propia Policía Judicial y
hasta los agentes del Ministerio Público, viven convencidos de que la tortura es un mal
necesario, son los efectos colaterales inevitables y que van implícitos en la persecución y
aprehensión de los delincuentes.
Esta visión dominante obedece a la falta de una cultura de los derechos humanos entre las
autoridades en general y de manera especial entre las corporaciones policiacas y las
autoridades responsables de procurar y administrar justicia, que además desconocen los
tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano, que prohíben de manera
tajante este método.
Existen varios instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos
Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos
o degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial y otros más, que protegen a toda persona contra la tortura, y por
desgracia en nuestro país siguen siendo letra muerta.
La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes la
ha definido como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un
tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se
sospeche ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos
sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. De esta definición es
importante resaltar los siguientes elementos: la intensidad del sufrimiento; la intensión
deliberada; un objetivo determinado y que sea cometido por un funcionario público en el
ejercicio de sus funciones, a instigación suya, con su consentimiento o aquiescencia”.
Todos estos elementos están presentes en el caso de los hermanos Aldy y Éder González
Rodríguez y Nicolás Cardoso, acusados de ser los probables responsables del homicidio
del diputado Jorge Bajos Valverde, sin embargo, la ausencia de una ley reglamentaria que
establezca adecuadamente la figura de la tortura como delito y otras disposiciones
complementarias que permitan su cabal investigación y sanción a los responsables, deja
en total indefensión a los acusados y permite que los abusos de autoridad queden en la
impunidad.

Dos casos ilustrativos se condensan en las recomendaciones 100/97 y la 019/2002
emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), que contienen más de diez
casos de tortura debidamente documentados, los cuales no han merecido ni siquiera una
investigación exhaustiva. Particularmente la recomendación emitida por la Codehum,
establece la responsabilidad de los ex directores de la Policía Judicial (actualmente
llamada Ministerial), Jaime Figueroa Velázquez y Edilberto Solís Ramírez, contra quienes
existen pruebas contundentes de su participación en casos de tortura y desaparición
forzada. Más aún, el último de los directores de la misma corporación, el militar retirado
Ricardo Leonel Coronel, también ha sido señalado de participar en la tortura de Santana
Poblete Nieves, quien fue desaparecido por elementos judiciales el 2 de agosto del año
2003.

Pese a ello la autoridad siempre negó que los comandantes y elementos de la Policía
Judicial estuvieran implicados en tales actos.
La actuación de la actual administración no dista mucho de las anteriores. Un ejemplo de
ello es la manifestación del gobernador en el sentido de que los señores Aldy Manuel y
Éder Andy González Rodríguez se autolesionaron. Es riesgoso para una autoridad hacer tal
afirmación sobre todo, cuando la misma no está sustentada por un dictamen médico que
corrobore lo dicho.
Esta actitud gubernamental, viola flagrantemente la Constitución mexicana, que obliga a los
aparatos de procuración de justicia a investigar todo delito. Es reprochable que la autoridad
máxima del Poder Ejecutivo, antes de ordenar que se evacue una investigación a fondo,
hace un llamado de impunidad al asumir una posición que de antemano pretende exonerar
a los funcionarios que participaron en la detención de los probables responsables del
homicidio de Jorge Bajos Valverde, suplantando un ámbito de competencia que
corresponde al Poder Judicial.
Más allá de las posiciones e intereses políticos y partidistas, estas denuncias hechas por
los implicados en el caso del asesinato del diputado, corroboradas con las lesiones que
sufrieron, merecen una investigación imparcial y objetiva basada en los estándares
internacionales de derechos humanos.
La tortura debe ser erradicada de los procesos de investigación y persecución de los
delitos, pues el hecho de obtener una confesión bajo coacción no necesariamente implica
la sanción del verdadero responsable. En muchos casos acontece que las personas pese
a ser inocentes confiesan ser culpables. Es humanamente imposible soportar tanto
tormento físico pero sobre todo psicológico. La tortura más que un castigo físico constituye
una afectación psicológica, alguien probablemente puede soportar toques eléctricos, pero
no lo hará si sus torturadores simulan que van a matar a un ser querido. La tortura tiene
como efecto destruir la personalidad, hacerle ver a la víctima su debilidad dentro de su
propia mente y contra ello nadie puede resistir. Por ello los médicos encargados de
investigar casos de tortura de acuerdo al Protocolo de Estambul deben poner énfasis en
los daños y traumas psicológicos que presenta la víctima. Estos exámenes son
impensables en Guerrero, ya que los médicos legistas adscritos a la Procuraduría sólo se
limitan a dar fe de las apariencias externas.
Hoy más que nunca es urgente iniciar un proceso de reforma decidido a acabar con la
tortura, que tenga como inicio la creación de un marco jurídico que permita a las víctimas
de tortura acceder a la justicia y sobre todo luchar contra la impunidad, que se ha erigido
como el factor que permite la proliferación de estos actos que lesionan la dignidad
humana.
Asimismo, es pertinente implementar una reforma que reste valor probatorio a la prueba
confesional, de tal manera que ésta sólo tenga validez si es rendida ante un juez. Además
se debe garantizar la independencia de los servicios periciales con la finalidad de que los
médicos legistas no estén supeditados al mando del Ministerio Público y hagan valer sus
dictámenes médicos de forma autónoma e imparcial.
Estos cambios deben ser formulados dentro de una lógica que implique una
transformación paulatina de nuestro sistema penal inquisitorio hacia el acusatorio, creando
la figura de un juez de acusación que se encargue de recibir a los detenidos y ante quien el
Ministerio Público tenga que acreditar la existencia de pruebas suficientes para procesar a
una persona a un juicio penal.
Un gobierno democrático no puede prescindir de un marco jurídico que garantice la plena
vigencia de los derechos humanos tanto de los acusados como de las víctimas del delito.
Los graves hechos de violencia que aquejan a nuestro estado no podrán ser atendidos en
su justa dimensión sino a través de la transformación del aparato de justicia que ante todo
se debe cimentar en el respeto de la dignidad humana y en un sistema sustentado en la
transparencia y rendición de cuentas que permitan la erradicación de la impunidad que se
ha enquistado en las propias instituciones.
El desafió del actual gobierno es brindar confianza a la sociedad y no mantenerse dentro
de los viejos vicios del autoritarismo que utiliza toda la fuerza del Estado para encubrir las
deficiencias de las autoridades que están obligadas por mandato a cumplir la ley y velar
por la seguridad de las personas. La fortaleza en las instituciones se construye a través de
acciones gubernamentales que pasen la prueba del escrutinio ciudadano.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.
Periódico estatal El Sur (www.suracapulco.com.mx), 23 de enero de 2007

— 
Elena Cannie – Coordinadora del Area Internacional
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Mina # 77, Colonia Centro, CP 41304
Tlapa de Comonfort, Guerrero – Mexico
Tel: (52) 757 476 12 20 – Cel:(045) 757 105 42 73
www.tlachinollan.org

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ADERENTES A LA OTRA CAMPAÑA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES
HERMANOS Y HERMANAS.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 18 de enero del 2007

Les informamos que alas 23:53 horas se nos informa que los compañeros Ramiro Martinez Caballero de la Red Oaxaqueña Zapatista y a Eduardo Alberto del Bloque Autónomo de Resistencia Libertaria ambos aderentes a la otra campaña.
Fueron encontrados por los abogados en los separos de la Policia Municipal acusados de dañar una patrulla. Sabemos que de los delitos de los que se le imputan son frabricados pues esta falsa justicia quiere acabar con el movimiento.

En estos momentos los abogados estan en los separos y tambien se instala un campamento de personas a fuera de la policia municipal para exigir la libertad de los compañeros y saber en que condiciones fisicas y psicologicas se encuentran. Se ha presentado un amparo contra la incomunicació n y la tortura, ya que hasta estos momentos de la madrugada aun no han podido entrar los abogados.

De todo lo que nos pueda ocurrir responsabilizamos a Ulises Ruiz Ortiz y toda su policía quien desde el inicio de su gobierno no ha hecho más que cometer crímenes contra el pueblo de Oaxaca.

Les pedimos a todos los que miren este mensaje puedan hacer acciones y llamados al gobierno federal para exigir la presentacion con vida de los compañerås y compañeros desaparecidos( a), la libertad de los presos politicos y de solución a las demandas justas del pueblo de Oaxaca.

Por la reconstitució n y libre asociación de los pueblos”
Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” CIPO-RFM

LIBERTAD A LOS/AS PRESOS/AS INDIGENAS DEL CIPO-RFM “VIVA LA AUTONOMÍA” visite nuestra pagina: www.nodo50.org/ cipo Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”, CIPO-RFM. Calle: Emilio Carranza 210, Sta. Lucía del Camino Oaxaca, México. tel: +(951) 51-78183 y +(951) 51-78190 mail: cipo@nodo50. org, mujercipo@hotmail. com, los_magoneros@ hotmail.com
PARA DONATIVOS A NOMBRE DEL CIPO-RFM: Banco Nacional de México, SA. Domicilio Hidalgo # 821. col.Centro, Oax. C.P.68000, Sucursal Oaxaca, No. 120, Suit: Banamex: BNMXMXMM, Cuenta: 002610012077451770

Corte Penal Internacional EUROPA, DICIEMBRE 2006
A las asociaciones solidarias,
A la comunidad internacional,
A los europarlamentarios,

Carta abierta: Violaciones a los Derechos Humanos en Chile, ayer, hoy y mañana

Señoras y Señores,
Las imagenes que llegan desde Chile confirmadas y documentadas por organismos internacionales, hablan por si solas, una vez más se hace presente el espíritu del dictador a través de la prepotencia y del abuso de las fuerzas policiales que reprimían a quienes manifestaban por el alivio que significaba para la humanidad la muerte del dictador mas terrible de la historia de Chile y, genocida más sanguinario que conozca el continente latinoamericano y el mundo.

El balance aproximado que se conoce como resultado de los eternos años de la dictadura:

 3500 ejecutados politicos, entre ellos niños, mujeres, embarazadas, mapuche, jovenes, ancianos, obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales, religiosos, chilenos y extranjeros, de los cuales aún no se encuentran sus restos, según el “Proyecto Internacional de Derechos Humanos” hay más de mil desaparecidos, www.memoriaviva.com

 Miles y miles de presos politicos,

 Cientos de miles perseguidos y torturados; Dina – CNI, verdadero Instituto de la Tortura, integrada por civiles y membros de las fuerzas armadas y de policía – carabineros, formados en la “Escuela de las Américas” de Panamá, rebautizada, en enero del 2001, como “Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemisférica”, en función.

 Más de medio millon de exiliados politicos. Más de 300.000 emigrantes que por la politica económica de la dictadura se vieron obligados a salir a buscar una mejor calidad de vida.
Pero en Chile, una de las “democracias más estables del continente” y donde las multinacionales han encontrado el codiciado El Dorado, han
comprado y lo siguen haciendo; extensos territorios en la Patagonia. Venden lo que no les pertenece, las multinacionales tienen ejércitos de guardias privadas, se sabe de grupos para-militares, como el de “los Trizanos”.
Con la muerte del tirano-genocida es mas evidente aún la fuerza y el poder del dinero: en Chile hay una corrupción desenfrenada, demasiada demora para juzgar a un genocida y ladrón, por otro lado extremada rapidez en juzgar sumariamente en algunos casos y en otros sin siquiera dar desarrollo a procesos judiciales, utilizando incluso la cárcel preventiva a mapuche (ley antiterrorista) que defienden sus tierras sin armas, del uso destructivo y contaminante que hacen las multinacionales. Esto no se puede llamar justicia.

El genocida murió sin ser juzgado y sin castigo, pactos secretos lo protegieron, su sistema represivo, dictatorial, y el sistema económico implantado con su tiránica constitución siguen hoy vigentes, se sigue reprimiendo el pueblo originario mapuche igual o peor que en tiempos de la dictadura militar, a los que manifiestan su oposición contra las injusticias principalmente sociales, politicas y económicas y, asi reprimen a los estudiantes, los pobladores, los mineros, etc.
De la impunidad que gozó el genocida, y otros, los responsables directos no solo son los politicos de los 17 años de pretendida democracia. Sino que tambien hay uniformados y ciudadanos de altos niveles.
Todo esto nos lleva a ver claramente el sistema judicial obsoleto heredado de la sanguinaria dictadura, responsable de los asesinados bajo esta “democracia” y de los que hoy siguen cayendo asi como: Alex Lemun, Victor Nahuelcheo Curihual, Juan Collihuin Catril, Petronila Catrinao Quintonahuel y tantos otros, lo que hasta la fecha no se ha podido crear un catastro con los nombres de tantas víctimas desde los principios de la dictadura.
A continuación listado de presos politicos mapuche recluídos:
Waikilaf Cadin Calfunao (cárcel preventiva, recluído en la CAS de Santiago, con 70 dias de huelga de hambre indefinida, suspendida el dia 16/12/06).
Victor Ancalaf Llaupe (38 años),
Pascual Pichún Paillalao (53 años), Lonko,
Aniceto Norin Catriman (44 años), Lonko
Rafael Pichún Collonao (22 años),
José Nain Curamil (32 años),
Patricia Troncoso Robles (37 años),
Jaime Marileo Saravia (28 años),
Patricio Marileo Saravia (32 años),
Juan Carlos Huenulao Lienmil (39 años),
Ociel Santi Paine (26 años),
José Belisario Llanquileo Antileo (27 años),
Jorge Huenchullan, cárcel preventiva, 22/11/06,
Víctor Queipul, cárcel preventiva 22/11/06,
Antonio Cadin Huentelao,
Jorge Landero Calfunao
Ernesto Lincopan
Juana Calfunao Paillalef, Lonko
Luisa Ana CalfunaoPaillalef
Miguel Queipul
Marcelino Namoncura

“Hoy dia, se reacciona fuertemente ante la muerte del tirano, pero no asi por el atropello a los derechos humanos y a la censura que existe contra la situacion del pueblo Mapuche”. “Hoy se reprime terriblemente y nadie sabe que pasa en el sur del país, a no ser que la persona tenga un ordenador en su casa. Pero ¿quien tiene los recuersos económicos suficientes como para adquiri algo tan de lujo?”

La justicia chilena y el pueblo multiétnico de Chile, viven sometidos por el legado de la dictadura: LA CONSTITUCION , brazo ejecutor y represivo, paradojalmente la Sra presidente de Chile gobierna y aplica las mismas leyes que mataron a su padre (fiel defensor de la Constitución chilena del 1925) y no de la Constitución Dictatorial actual que desapareció a miles de personas y torturó a cientos de miles de perseguidos.

Estimados señores y señoras, adjuntamos fotos de heridos, sin excluir niños y mujeres, en los operativos que se realizan continuamente al sur de Chile, y fotos de quienes han sido torturadas bajo la “conocida democracia chilena”:
Claramente estas fotos no se pueden encontrar en los diarios ni en noticiarios oficiales del país.

“Chile limita al norte con el Perú
y con el Cabo de Hornos limita al sur
se eleva en el oriente la cordillera
y en el oeste luce la costanera”
“en medio de la Alameda de las Delicias,
Chile limita al centro de la injusticia.”
Violeta Parra

Firman:

Ass. Comité de Trabajadores Chilenos Italia
Exiliados

Enlace Mapuche Internacional Italia

Asociación Cultura Mapuche Suecia

Ass. Tierra y Libertad para Arauco Francia

Ass. Ya Basta, Treviso Italia

Ass. Argentina Vientos del Sur, Udine Italia
www.vientosdelsur.org

Nota: Las personas que firman esta carta, están conscientes que por el simple hecho de hacer estas aclaraciones, corremos el riesgo de ser acusados, según la ley N° 18.314 antiterrorista de la dictadura, y/o según la ley de Seguridad Interior del Estado, ambas vigentes y aplicadas hasta hoy.

link a visitar

http://www.youtube.com:80/watch?v=QfOt3TOY4yA
http://www.youtube.com:80/watch?v=9r8Ubx5AtyA
http://www.mapuche-nation.org/italiano/Notizie/10.EX%20CAPORALE%20%20DEI%20CARABINEROS.htm
http://www.barilochense.com/?suplementos=1&id=3&novedad=447
http://www.mapuche-nation.org/espanol/html/acciones/lonko%20calfunao%20fue%20torturada-fotos.htm
http://www.azkintuwe.org/
http://www.barilochense.com/?suplementos=1&id=3&novedad=438
http://www.liberacion.cl/nomas_declaracion.htm
http://www.mapuexpress.net/

Haz clic para acceder a Voz%20Adolescentes%20Mapuches.pdf

CON FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2006 SE DA INICIO A LA CAMPAÑA DE BOICOT CONTRA LA COMPRA DE TODO PRODUCTO CHILENO EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, HASTA QUE EL GOBIERNO DE CHILE, ASUMA Y DE SOLUCIÓN CONCRETA A LOS CASOS MENCIONADOS, dando suma urgencia al caso de Waikilaf Cadin Calfunao, dejándole en libertad y absolviéndole de toda culpabilidad.

MUESTRA TU SOLIDARIDAD APOYANDO TODAS LAS ACCIONES QUE SE REALICEN. FIRMA LA CARTA DE APOYO AL BOICOT.

POR LA JUSTICIA Y LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRISIONEROS POLITICOS Y/O DE CONCIENCIA, MAPUCHE Y NO MAPUCHE.