Informe – UNP incumple medidas de protección en favor de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.y

Bogotá.

Incumplimiento de la UNP en la adopción de medidas de protección y garantías mínimas para la defensa de Derechos Humanos y construcción de Paz realizada por nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Colombia.

El pasado viernes 02 de junio siendo las 9:00 a.m. en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Bogotá D.C. y durante más de tres horas en reunión de seguimiento a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se abordaron los reiterados incumplimientos por parte de la UNP en la adopción de las medidas materiales de protección emitidas a favor de nuestra Comisión Justicia y Paz para la garantía del trabajo en la defensa de los derechos humanos y la construcción de Paz.

Esta reunión se logró después de insistentes solicitudes, diálogos y reuniones con la UNP, sin que hasta el día de hoy nada cambie, y por el contrario las condiciones de los mecanismos de protección asignados se deterioren.

Hoy a más de cuarenta días después de la reunión de seguimiento, ninguno de los compromisos adquiridos por la UNP se ha hecho efectivo, incrementando el alto nivel de riesgo de los defensores de DH de nuestra organización en el desarrollo de su la labor en los territorios más vulnerables.

La UNP y demás instituciones del Estado colombiano, tienen pleno conocimiento de las irregularidades que se vienen presentando, sin ser resueltas oportunamente. Ejemplo de ello, es la precariedad en la resolución de las dificultades que se presentan con el vehículo asignado al esquema de protección del Valle del Cauca, el cual ante las persistes solicitudes de revisión por fallas mecánicas fue dejado el pasado mes de enero del presente año en mantenimiento sin que hasta el presente día se haya reemplazado o devuelto en óptimas condiciones, además de no contar con el segundo hombre de protección situación que incrementa el riesgo en la seguridad y movilidad de los defensores de derechos humanos de nuestra organización, quienes apoyan a comunidades de Buenaventura, Calima y Bajo San Juan, zonas donde persiste la violencia, presencia y control de estructuras armadas.

Igual situación se presenta en el Bajo Atrato, en enero y junio del año en curso, los dos esquemas asignados a esta región fueron llevados a revisión técnico-mecánica y no han sido devueltos, ni se han asignado vehículos temporales para cumplir con los requerimientos de protección para atender las graves violaciones de DH en los municipios de Apartadó, Turbo, Mutatá, Carmen del Darién y Riosucio, región azotada por la disputa y control armado de estructuras ilegales.

Es inconcebible que el taller donde fueron llevados los vehículos a mantenimiento aduzca que la demora en la entrega obedece a que no se ha cancelado el valor del mantenimiento de un vehículo, y que para el segundo vehículo hasta el momento no hay por parte de la persona responsable autorización para el cambio de los repuestos que se necesitan.

La ineficiencia de la UNP pasa por alto los niveles de riesgo que nuestro trabajo implica en zonas vulnerables a nivel nacional, territorios donde el conflicto armado se ha intensificado y la UNP no ha asumido la responsabilidad y las recomendaciones que una instancia internacional como la CIDH ha ordenado al Estado colombiano para que garantice nuestra vida, integridad, protección y seguridad para el cumplimiento de la defensa de los DH que realizamos.

Del mismo modo, llamamos la atención por las deficientes condiciones laborales de las personas de protección encargadas de velar por nuestra seguridad en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, a quienes hace tres meses no les reembolsan los gastos de viáticos debidamente diligenciados y aprobados. Este hecho ralentiza la movilización propia de nuestra labor, dado que para los desplazamientos no se cuenta con los recursos a tiempo y supedita la protección a procedimientos administrativos que en muchos casos son asumidos con recursos propios en claro detrimento de las condiciones salariales de los escoltas o de los escasos recursos de nuestra organización.

Nuestra presencia en los departamentos de la Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre en zonas urbanas y rurales apoyando a comunidades negras, afrodescendientes e indígenas, y ante el incremento del control territorial de estructuras armadas ilegales, debidamente documentado por instituciones como la Defensoría del Pueblo, elevamos solicitud de asignar esquema de protección que cumpla los requerimientos de protección de los defensores de DH de nuestra organización en esta zona, solicitud que no cuenta con respuesta de parte de la UNP.

Cabe recordar que en el mes de mayo del 2023, el Estado Mayor Central de las Farc-EMC declaró a nuestra organización objetivo militar, situación puesta en conocimiento de las instituciones competentes. https://www.justiciaypazcolombia.com/informe-estado-mayor-central-de-las-farc-declara-objetivo-militar-a-nuestra-comision-de-justicia-y-paz/

Todos los territorios en los que hacemos presencia en Colombia son escenario de agudización del conflicto armado, cuya complejidad nos hace vulnerables y si la UNP no asume el compromiso de garantizar nuestra seguridad, recaerá en esta dependencia las consecuencias de lo que nos pueda ocurrir.

Ante esta serie de incumplimientos nos vimos en la obligación de recurrir a la acción de tutela, lo que es vergonzoso en un gobierno del cambio y más vergonzosa aún la respuesta que se ha dado a esta acción jurídica, en la que manifiestan que todo está bien y que en lo referido a la vulneración de derechos de las personas de protección es responsabilidad del operador que presta el servicio, y no de la UNP lo que nos lleva a formular la siguiente pregunta: es el operador quien responde por nuestra seguridad o es la Unidad Nacional de protección? .

El cambio es ofrecer en dignidad y eficiencia las garantías para que quienes defienden los DH desarrollen su labor minimizando los riesgos propios en un país convulsionado por el incremento de la violencia.

Con profunda preocupación.

Bogotá D.C 19 de julio de 2023.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.