Informe trimestral del Secretario General de Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad de Misión de Verificación de la ONU en Colombia

Bogotá, 7 de enero de 2021. – En su más reciente Informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020, el Secretario General de las Naciones Unidas hace un recuento de los logros del Acuerdo Final de Paz tras cuatro años de implementación, presenta un balance de la implementación de los puntos 3.2 (reincorporación de excombatientes) y 3.4 (garantías de seguridad) del Acuerdo, y propone cinco prioridades para 2021 centradas en la verificación por parte de la Misión de los puntos 3.2 y 3.4 del Acuerdo Final, así como en elementos fundamentales para avanzar en la implementación de estos puntos y del Acuerdo en general.

El Secretario General reconoce la reducción en los niveles de violencia, la ampliación de la democracia, los avances en la justicia transicional, los logros del proceso de reincorporación de excombatientes y la puesta en marcha de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) como algunos de los resultados principales de la implementación del Acuerdo en estos cuatro años, a la vez que señala la importancia de asegurar avances complementarios en todas las áreas del Acuerdo, especialmente en temas de seguridad, que sigue siendo el reto principal para la consolidación de la paz. “Los avances en el proceso de reincorporación y en los PDET deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera”, dice el Secretario General.

En este sentido, el Secretario General recomienda como primera prioridad para el 2021 asegurar la protección y seguridad de excombatientes, comunidades afectadas por el conflicto y líderes sociales y los defensores(as) de los derechos humanos. El Informe señala que, desde la firma del Acuerdo, la Misión ha verificado 248 asesinatos de excombatientes (incluidas seis mujeres), 21 de ellos durante este período y 73 durante 2020. Las preocupaciones de su seguridad fue uno de los principales motivos detrás de la “Peregrinación por la vida y la paz” que realizaron excombatientes de las FARC-EP a finales de octubre e inicios de noviembre, y que culminó con una reunión con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño, en la cual las partes llegaron a acuerdos importantes en materias de garantías de seguridad y reincorporación.

La situación de seguridad de los(as) excombatientes en la zona fronteriza entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare es de especial preocupación para el Secretario General, quien señala que los grupos disidentes de las FARC-EP han aprovechado la limitada presencia del Estado para ampliar su ámbito de actuación en los últimos meses y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos, y saboteando sus iniciativas políticas y sociales.

El Informe aborda la audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en noviembre para revisar avances en las medidas cautelares que emitió en julio para reforzar medidas estipuladas en el Acuerdo de Paz para la protección y seguridad de excombatientes. El Informe señala que el Gobierno informó que asignó aproximadamente 13.500 millones de pesos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en septiembre, en cumplimiento de la orden de la JEP de cubrir las vacantes de escoltas y analistas dentro de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SESP) de la Unidad. Sin embargo, hasta la fecha no se ha contratado a ningún escolta y solo a 27 analistas. El Secretario General considera que es necesario asegurar la dotación completa de personal de la SESP, especialmente tomando en cuenta que, desde la firma del Acuerdo, 25 excombatientes (todos hombres) han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección, y que todavía hay más de mil solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación. El Secretario General también señala la importancia de asegurar que las mujeres excombatientes tengan igual acceso a los esquemas de protección.

El Secretario General señala que los y las excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) sufren de mayores niveles de violencia, y que el 35% de los asesinatos de excombatientes en 2020 se ha producido en nuevas áreas de reincorporación o en sus inmediaciones. Por esta razón, el Secretario General afirma que es clave adoptar una estrategia enfocada en brindar seguridad a las nuevas áreas de reincorporación, incluso a través de despliegues efectivos de las Fuerza Pública alrededor de ellas.

El Informe destaca la labor de la Unidad Especial de Investigaciones (UIE) de la Fiscalía como crucial para combatir la impunidad y llevar ante la justicia a las personas responsables de ataques contra excombatientes y líderes sociales, incluidos los autores intelectuales. También observa que es necesario fortalecer el apoyo a la UEI, incluso por parte de Fuerza Pública, para ayudarle a ejecutar órdenes de captura y para brindarle acceso oportuno a las escenas del crimen y a información relevante.

Durante el período que abarca el Informe, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió información sobre 42 homicidios de líderes(as) sociales y defensores(as) de derechos humanos (1 documentado y 41 en proceso de verificación), y 13 masacres (con 10 más bajo verificación). Para fortalecer la protección de líderes(as), defensores(as) y comunidades, el Secretario General insta a todos los actores a responder de manera oportuna y efectiva a los riesgos identificados en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en particular a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT). El Secretario General también insta una vez más a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad a cumplir con su mandato según el Acuerdo de Paz de finalizar una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que son los principales responsables de esta violencia. Señala además la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la sociedad civil en este sentido.

Como segunda prioridad, el Secretario General recalca la importancia de medidas para asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación. El Secretario General destaca que, cuatro años después de la dejación de armas, más de 13.000 excombatientes de las antiguas FARC-EP (23% mujeres) siguen comprometidos activamente con el proceso de reincorporación, y que las partes continúan trabajando juntas para superar los retos propios del proceso. Luego de su reunión con excombatientes en noviembre, el Presidente Duque se comprometió a acelerar la compra de terrenos para viviendas y proyectos productivos de excombatientes. El Secretario General espera que este impulso continúe para los antiguos ETCR restantes y que se den resultados positivos en la compra de tierras para proyectos productivos y para vivienda. El Informe señala distintos esfuerzos y avances para brindar acceso a vivienda a los(as) excombatientes, y alienta a las partes a avanzar en la búsqueda conjunta de soluciones permanentes de vivienda, incluso mediante el establecimiento de una mesa de trabajo sobre este tema dentro del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).

El Secretario General resalta el acuerdo entre el Presidente Duque y los excombatientes de realizar siete sesiones del Consejo Nacional de Reincorporación a nivel regional. Estas sesiones serán una oportunidad para escuchar directamente las preocupaciones de los y las excombatientes, y para definir planes de acción a nivel local con compromisos claros, asignación de responsabilidades, recursos y plazos, y medidas para asegurar que las comunidades locales se beneficien del proceso.

El Secretario General nuevamente menciona la importancia de prestar mayor atención a medidas para apoyar la sostenibilidad de los proyectos productivos, incluso mediante asistencia técnica fortalecida y mayor acceso a los mercados. También reitera la importancia de aumentar la participación de las mujeres excombatientes en los espacios de toma de decisiones.

El Secretario General subraya nuevamente la importancia de aumentar el apoyo institucional para los(as) más de 9.500 excombatientes que residen fuera de los antiguos ETCR, y observa que los desafíos de esta población fueron centrales entre las demandas de los excombatientes durante la Peregrinación. También enfatiza la necesidad de garantizar apoyo institucional a los(as) excombatientes que han tenido que reubicarse por motivos de inseguridad, así como sus familias.

El Informe señala que las brigadas de salud a los antiguos ETCR han continuado sin interrupción y que alrededor de 80% de los(as) beneficiarios(as) han sido de comunidades locales y el 64% del total han sido mujeres. En diciembre, el CNR aprobó que continúe la prestación de servicios de salud a los antiguos ETCR durante el 2021. Entre tanto, la Mesa de Salud del CNR continúa monitoreando y respondiendo a los casos de COVID-19 entre excombatientes. Según la ARN, 154 excombatientes (55 mujeres) han dado positivo, tres de los cuales han muerto (todos hombres).

El Secretario General subraya que la presencia integral del Estado sigue siendo una condición necesaria para una paz duradera y para el desarrollo sostenible, por lo que consolidar la presencia integral del Estado en las zonas afectadas por el conflicto es la tercera prioridad que propone para el 2021. El Informe, destaca tres mecanismos creados por el Acuerdo de Paz para cerrar la brecha en presencia del Estado entre zonas urbanas y rurales: los PDET, para llevar infraestructura y servicios a las comunidades más afectadas por el conflicto; el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios, para mejorar la seguridad de las comunidades que siguen viéndose golpeadas por la violencia; y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), para dar a las familias alternativas viables para que abandonen las economías ilícitas. El Secretario General señala que el Gobierno ha reiterado su compromiso con estos tres programas y que su implementación continúa avanzando. A la vez, enfatiza que para hacer realidad la promesa de estos programas es fundamental garantizarles recursos adecuados y asegurar la complementariedad entre ellos, así como entre ellos y el resto del Acuerdo de Paz.

El avance en la implementación del Acuerdo de Paz depende del diálogo constructivo entre el Gobierno y FARC para discutir y resolver de manera conjunta los distintos desafíos que enfrenta el proceso. Por esta razón, la cuarta prioridad que recomienda el Secretario General es reforzar el diálogo constructivo entre las partes, especialmente a través de los mecanismos establecidos por el Acuerdo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), que es el principal foro de diálogo entre las partes. El Informe destaca que, si bien la CSIVI se ha reunido con más frecuencia este año, no se está utilizando en todo su potencial y no todos los altos funcionarios clave del Gobierno asisten a las reuniones con regularidad, lo cual ha afectado la capacidad de la Comisión para mantener discusiones sustantivas.

Además de foros bilaterales como la CSIVI y el CNR, las partes han utilizado mecanismos tripartitos con apoyo de las Naciones Unidas para entablar diálogo constructivo sobre diversos temas, tales como la mesa tripartita para el tránsito a la legalidad –integrada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, FARC y la Misión– que ha avanzado sustancialmente en las acreditaciones pendientes de excombatientes. El Secretario General alienta a las partes a continuar las discusiones en la mesa tripartita sobre los bienes de las antiguas FARC-EP, y afirma que “es de interés para las víctimas, con miras a asegurar su derecho a la reparación, que el Gobierno y FARC continúen trabajando de manera conjunta y hagan todos los esfuerzos posibles por encontrar formas de cumplir ese compromiso”.

La quinta prioridad que propone el Secretario General es fortalecer las condiciones para la reconciliación, incluyendo a través del trabajo del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. El Informe destaca que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha avanzado en sus siete macrocasos; que la Comisión de la Verdad continúa recopilando y analizando miles de testimonios para su informe final; y que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas continúa brindando alivio a las familias de las personas desaparecidas, incluyendo varios casos en meses recientes en los que han encontrado vivas a personas dadas por desaparecidas y les han ayudado a reunirse con sus familias. Según el Secretario General, “es más importante que nunca que todas las personas involucradas en el conflicto reconozcan sus responsabilidades, que todas las instituciones cooperen plenamente con los tres componentes del Sistema, y que la sociedad colombiana brinde su pleno apoyo al Sistema para que pueda continuar contribuyendo a la reconciliación”.

El Informe observa que la JEP informó que a mediados de 2021 emitirá sus primeras sanciones definiendo responsabilidades de personas por delitos cometidos durante el conflicto dentro de algunos de sus macrocasos. El Presidente Duque ha indicado que el Gobierno solicitará al Consejo de Seguridad que amplíe el mandato de la Misión de Verificación para incluir la verificación de las sanciones que imponga la JEP. Tanto FARC como la JEP han expresado su apoyo para que la Misión lleve a cabo esta tarea, según lo previsto en el Acuerdo Final de Paz.

Tomando en cuenta el año 2021 estará marcado por los esfuerzos de recuperación de la pandemia del COVID-19, el Secretario General insta una vez más a los colombianos y colombianas a que consideren la implementación integral del Acuerdo de Paz como parte de estos esfuerzos, ya que el Acuerdo proporciona instrumentos para brindar oportunidades de desarrollo, seguridad y paz a las comunidades que fueron más afectadas por el conflicto y que ahora han sido afectadas por la pandemia. “Ahora que el país entra en el quinto año de construcción de la paz en el marco del Acuerdo Final, felicito a los colombianos y las colombianas por los logros alcanzados en el proceso de paz hasta la fecha y aliento a las partes a perseverar para que el potencial transformador del Acuerdo se materialice plenamente”, concluye el Secretario General. 

El Informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Sr. Carlos Ruiz Massieu, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el próximo 21 de enero de 2021.

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