Informe técnico de Incoder sobre caracterización y saneamiento

En el Informe “Caracterización jurídica y saneamiento de los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó” del 12 de julio de 2012 conocido solo en diciembre del mismo año, el Incoder, en cumplimiento del autos 045 y 112 del 2012 de la Corte Constitucional confirma la ocupación ilegal que siguen haciendo en los territorios de Curvaradó y Jiguamiandó empresarios de la ganadería extensiva, la yuca extensiva, el plátano de exportación.

Como ocupantes de mala fe identifica en el Curvaradó a: Jesús Antonio Lopera, William de Jesús Ramírez Castaño, Ramiro de Jesús Quintero, Darío Montoya, Carlos José Ríos Grajales (Empresa Agropecuaria Los Ríos), Claudia Ángela Argote (La Tukeka), Humberto Builes Correa (ex Senador condenado por paramilitarismo), Luis Felipe Molano Díaz (coronel retirado del Ejercito), Jorge Lesmes, Juan Pablo Herrera Sierra, Gerardo Antonio Echeverry, entre otros ocupantes de extensiones menores. Las ocupaciones suman 3.671 hectáreas.

En el Jiguamiandó, repiten la ocupación ilegal William de Jesús Ramírez Castaño, Darío Montoya, Carlos Ríos (Empresa Agropecuaria los Ríos) y los empresarios Luis Fernando Nicholls Correa, Carlos Mario Sierra Moreno (La Fe Sierra), Darío Portilla, Jesús Emilio Manco Zapata y el palmicultor de Palmas de Curvaradó Gabriel Jaime Sierra, entre otros, ocupantes de menores extensiones. Las ocupaciones suman 2.830 hectáreas.

Identifica el Incoder 10.000 hectáreas de siembras extensivas de yuca, alguna porción de ellas comercializadas al parecer por Banacol, 4.000 hectáreas de plátano de exportación que comercializan las empresas Banacol y Augura agenciadas por los “cupos de exportación de estas compañías” y 6.000 hectáreas en ganadería extensivas. Ignora, sin explicar, la plantación de mas de 100 hectáreas de palma aceitera en el territorio de Cetino, implementado por el gerente de la bananera Unibán Jesús Correa, a quien el Tribunal Administrativo del Chocó en la sentencia No 0102 del 9 de diciembre de 2009, decisión confirmada por el Consejo de Estado, identifica como ocupante de mala fe del Curvaradó y ordena su desalojo.

Incoder no se refiera al ganadero, gerente de la Subasta Ganadera de Urabá, Rodrigo Mejía, a quien también ordenó el Tribunal del Chocó en la citada sentencia, desalojar y quien ha reconocido a medios de información posesiones en el Curvaradó “yo llevo años sin ir a la finca…Yo he decidido no volver a la zona hasta que se aclare todo esto de las tierras” y quien además ha sido acusado de amenazar a víctimas reclamantes de estas tierras

La entidad gubernamental establece que 891 hectáreas del territorio colectivo del Curvaradó están indebidamente ocupadas por repobladores e invasores y 2.830 hectáreas del titulo colectivo del Jiguamiandó. Muestra la existencia de 471 familias ajenas a la titularidad colectiva del territorio. “Este modelo de repoblamiento -señala el informe- constituye otra modalidad de ocupación ilícita del territorio colectivo adjudicado a las comunidades negras, porque generalmente es promovido por personas ajenas a las comunidades, para producir situaciones de hecho en la apropiación ilegal el territorio; o también es impulsado por empresarios interesados en la implementación intensiva de un determinado cultivo para la exportación, como el el caso del plátano, o para proveer el mercado interno, como es el caso de la yuca” .

Estos repoblamientos son estimulados por empresas como Banacol y Unibán. En el caso de Nueva Andalucía, en el consejo comunitario del mismo nombre, cada una de las 36 familias, ajenas al territorio colectivo, emplea cerca de 2 hectáreas que “explotan con cultivos comerciales de plátano, que exportan con cupos otorgados por BANACOL (…) los repobladores se están expandió (sic) sobre otras áreas del territorio colectivo, y todos los días llegan nuevas familias por la permanente compraventa y arrendamiento de parcelas y el estimulo que al cultivo y exportación de plátano les otorga BANACOL”.

Así mismo en el predio Santa María – Asoprobeba, repoblado bajo el control paramilitar en cabeza de la prófuga de la justicia Sor Teresa Gómez, hermana de crianza de los Castaño Gil, 475 familias ocupan cada una entre dos y tres hectáreas para un total de 1100, 215 en Curvaradó y 885 en Pedeguita y Mancilla, “que explotan en forma intensiva con cultivos comerciales de plátano (…) que se comercializan con los cupos de exportación otorgados por BANACOL y UNIBAN y se observa una fluida y permanente actividad comercial” .

El falso titulo en el que se ampara este repoblamiento y la posesión actual del coronel (r) Luis Felipe Molano, en las fincas Villa Alejandra 1 y Villa Alejandra 2 por mas de 579.9 hectáreas en Caño Manso Curvaradó y en áreas no determinadas en Pedeguita y Mancilla, según Incoder “no resisten el más mínimo análisis jurídico para acreditar propiedad privada y en consecuencia, las áreas indebidamente ocupadas y repobladas corresponden a los territorios colectivos de Curvaradó y Pedeguita y Mancilla. Por lo expuesto se recomienda solicitar a la Superintendencia de Notariado y Registro revocar la inscripción de este titulo falso que continúa vigente y formular por parte del INCODER la denuncia penal respectiva, para que la Fiscalía General de la Nación adelante las investigaciones penales que correspondan de acuerdo a sus competencias”

El informe no resuelve el posible mecanismo de fraude para la elección de representante legal al recomendar la exclusión del territorio colectivo del Curvaradó de la cabecera municipal del Cármen del Darién pero afirmar que los pobladores de ese municipio no se excluyen del titulo colectivo lo que implica que personas que no tienen territorio rural en el titulo colectivo, podrán tomar decisiones que favorecen a empresarios implicados con la criminalidad y persisten en la presencia ilegal en los territorios.

Recomienda, finalmente, la adquisición directa de 156 predios privados que se encuentran dentro del área titulada a las comunidades del Curvaradó y Jiguamiandó; el reamojonamiento de esos predios, mientras se adelanta el proceso de adquisición; las acciones inmediatas de desalojo de los invasores, repobladores y terceros ocupantes de mala fe; la prohibición y congelamiento, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, de todo tipo de transacciones de tierras en los territorios colectivos; revisar el cerramiento del predio la Esperanza en poder de los Argote; acompañar la concertación y adopción del reglamento interno de las comunidades; acompañar las acciones administrativas de restitución que correspondan; la adopción e implementación de líneas productivas para las comunidades; anulación y cierre definitivo del folio de matricula del título que sustenta el repoblamiento de Asoprobeba y control por parte de Codechocó de la tala y comercialización indiscriminada de madera por parte de poseedores de mala fe y repobladores.

121122_incoder_caracterizacion_y_saneamiento_curbarado_-_jiguamiando._junio_2012_-_fdi-1.pdf

Notas:
1. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, Caracterización Jurídica y Saneamiento de los Territorios Colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó, Informe Técnico elaborado por el Incoder, en cumplimiento de los autos 045 y 112 del 2012, proferidos por la Corte Constitucional, Bogotá, D.C., 12 de julio de 2012, Texto impreso.

2. Cfr aparte “Explotaciones Económicas que actualmente se adelantan en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó”

3. Cfr La Silla Vacia.com., Los ganaderos acusados por la víctimas en Curvaradó y Jiguamiandó, en http://www.lasillavacia.com/historia/los-ganaderos-acusados-por-las-victimas-en-curvarado-y-jiguamiando-33251, Obtenida 141212

4. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, Opcit pp 40.

5. Ibid, pp 44.

6. Ibid, pp 46.

7. Ibid, pp 48.

8. Cfr Ibid pp 92-94