Informe – Recrudecimiento del conflicto armado. Riesgo inminente de desplazamiento forzado de comunidades del Bajo Calima, Calima y Bajo San Juan. Buenaventura, Valle del Cauca.
Riesgo inminente de desplazamiento forzado de comunidades del Bajo Calima, Calima y Bajo San Juan. Buenaventura, Valle del Cauca.
Nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz conoció que el pasado jueves 30 de enero de 2025, hacia la 1:30 p m., fue visto sobre el río Calima el cuerpo sin vida de un hombre con uniforme camuflado, frente a las comunidades de Gadual, Ceibito y el resguardo Humanitario y Biodiverso Wounaan de Santa Rosa de Guayacán. 
Las comunidades indígenas y negras que habitan la ribera del río han enfrentado la presencia constante de grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que disputan el control del territorio.
Además, se ha reportado el ingreso de la estructura armada Jaime Martínez, de las extintas FARC, con un número considerable de combatientes. Han realizado marcaciones en viviendas del caserío, en el embarcadero de Colonias y han inspeccionado casas y dispositivos móviles, lo que ha generado temor y zozobra en la comunidad.
El Bajo Calima ha sido históricamente un territorio marcado por violaciones al Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos. Las comunidades han sido forzadas al desplazamiento en múltiples ocasiones, generando rupturas culturales y la pérdida de la identidad ancestral, sus cultivos y viviendas entre otros elementos, siendo ellos las autoridades étnico territoriales.
A pesar de que esta zona fue priorizada como zona critica para atención, con caravanas humanitarias, recorridos de entidades nacionales e internacionales, la crisis humanitaria se agudiza y las medidas no son efectivas para contrarrestar y mitigar el daño a la población civil.
La ausencia de entidades gubernamentales como la Presidencia de la República, la Vicepresidencia, la Oficina del Alto Comisionado Consejero para la Paz, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Nacional de Protección, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda entre otras instancias han dejado en total desamparo a las comunidades, que a diario enfrentan el recrudecimiento del conflicto social y armado.
Cabe mencionar que la situación de las 32 familias del Resguardo Humanitario Biodiverso de Santa Rosa de Guayacán, quienes cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos MC 355-10 continúan sin recibir reparación efectiva. Además, el Juzgado Segundo Especializado en Restitución de Tierras de Cali emitió una sentencia R-001 en febrero de 2023, la cual hasta la fecha no ha sido cumplida en su totalidad.
La comunidad regresó por voluntad propia a su territorio tras haber estado desplazada durante dos años en el Distrito de Buenaventura y el municipio de Dagua, pero tras estar nuevamente hace más de un año y dos meses en el territorio sigue sin recibir atención con un enfoque diferencial.
Ante el recrudecimiento de la violencia y la expansión de los grupos armados en la región, las comunidades están en grave riesgo de confinamiento y desplazamiento masivo. La falta de garantías de seguridad agrava la crisis humanitaria y social que enfrentan.
Se exige al Gobierno Nacional que garantice la vida, integridad y los derechos fundamentales de las comunidades negras e indígenas que habitan en esta región, asegurando una presencia estatal integral y articulada que permita atender la crisis de manera efectiva. Se hace imperativo el cumplimiento de la maqueta de transformación socio-territorial diseñada para la zona, que hasta el momento sigue sin materializarse.
La persistencia del conflicto armado en el Bajo Calima, Bajo San Juan, Litoral del San Juan y la falta de acción del Estado han profundizado la crisis humanitaria en la región. Las comunidades continúan atrapadas entre actores armados ilegales y la ausencia de respuestas efectivas por parte del gobierno, lo que las mantiene en una situación de vulnerabilidad extrema.
Con profunda preocupación.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá D.C