Informe – Persisten las inconsistencias de la UNP en su deber de garantizar la vida e integridad de los defensores de Derechos Humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
El domingo 09 de marzo de 2025, siendo las 5:25 p.m., cuando los defensores de Derechos Humanos YOHANA LÓPEZ, JAVIER ROSERO y SANTIAGO MERA se dirigían de Apartadó hacia Turbo, el vehículo de protección Toyota TX de placas KWN859 en el que se movilizaban, fue detenido, inspeccionado y revisado en un retén de la Policía Nacional de Tránsito y Transporte. El agente a cargo solicitó los documentos de los escoltas y los protegidos, y les ordenó bajar del vehículo.
En la revisión de los documentos de los hombres de protección, la policía procedió a retener el arma de dotación de uno de los escoltas por inconsistencias en la acreditación del porte y uso de armas, sin vigencia.
Está situación dejó en evidencia la irregularidad de la empresa prestadora de seguridad a la que pertenecen los dos hombres de este esquema de protección.
En el procedimiento de la policía, que cumplía con los requisitos legales, se iban a retener las armas de dotación, lo que implicaría dejar expuestos a los hombres de protección ante cualquier necesidad de reacción en defensa de los protegidos, en una zona de alta complejidad por el control socio territorial de estructuras armadas ilegales.
Además de retrasar las actividades a desarrollar por los defensores de Derechos Humanos, alrededor de 30 minutos que duró el procedimiento.
Son varias las inconsistencias por parte de la UNP en su responsabilidad de garantizar con eficiencia la protección de nuestro trabajo en defensa de los Derechos Humanos. En su procedimiento de tercerización de contratos con empresas de seguridad privada no hace ningún tipo de seguimiento y control para que se cumpla con los minimos requisitos de ofrecer condiciones para el desarrollo de nuestro trabajo.
Vehículos en mal estado de mantenimiento mecánico que ponen en riesgo la vida de nuestros defensores, tal como ocurrió el pasado martes 12 de febrero, cuando este mismo vehículo recién entregado del taller de mantenimiento, en el punto Santa Margarita de la vía Medellín-Apartado, sufrió un accidente al desprenderse una de sus llantas traseras, lo que pudo significar daños irreparables en la vida de nuestro defensor JAVIER ROSERO y sus escoltas.
Esquemas de protección con un solo hombre, como en el Suroccidente. Demora en el proceso de revisión mecánica que ha tardado meses, desmonte de esquemas de líderes sociales representados por nuestra organización y falta de operatividad en los procedimientos incrementan el riesgo lejos de minimizarlo, prevenir y proteger como es su deber.
Estas inconsistencias han sido puestas en conocimiento, reiteradamente, a la UNP, a lo que se ha hecho caso omiso.
En reciente reunión de trabajo con la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día viernes 07 de marzo del año en curso, el funcionario delegado de la UNP para esta reunión manifestó que la entidad estaba comprometida y cumplía con las garantías de protección para los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, lo que se contradice con hechos como el ocurrido el día 09 de marzo a nuestros defensores.
Se solicita al Ministerio del Interior del que depende la UNP que actúe y exija el cumplimiento de su compromiso de garantizar la protección para que la labor de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz no se vea en riesgo por este tipo de irregularidades e inconsistencias.
Con preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
