Informe – Paro armado decretado por ELN. Asesinatos, retenes ilegales y cuerpos sin vida en el río bajo Calima- Bajo San Juan- Litoral del San Juan.
Nuestra comisión de Justicia y Paz, alerta sobre la grave situación que afrontan las comunidades indígenas y negras que habitan las riberas del Calima, Bajo, Medio y Litoral del San Juan ante el nuevo paro armado decretado por el frente de guerra Occidental Ogli Padilla del ELN por 72 horas en el departamento del Chocó desde las 0:00 horas del 18 de febrero hasta las 0:00 horas el 21 de febrero.
Comunidades se han declarado en estado de confinamiento, como es el caso de la comunidad Wounaan Santa Rosa de Guayacán quienes son beneficiarios de la MC 355-10 ante la CIDH, que, ante el control y disputa territorial de las estructuras armadas ilegales y la ausencia total de las instituciones del gobierno y el Estado colombiano, vienen afrontando una crítica situación, que cobró la vida de un bebé de dos meses de edad por las restricciones del transporte fluvial en los ríos.
Otro hecho alarmante ocurrió el día de ayer domingo 16 de febrero, al medio día, cerca del lugar conocido como La Playa, donde la lancha que cubría el recorrido Istmina a Nueva Colonia en el Calima, jurisdicción de Buenaventura, fue detenida por sujetos armados quienes obligaron a dos hombres a descender de la embarcación, procediendo a asesinarlos.
Los cuerpos sin vida de los dos hombres, sin identificar, fueron dejados a orilla del río. Hasta la publicación de este informe, uno de los cuerpos se encuentra en el lugar del hecho flotando sobre las aguas del río, el otro cuerpo fue llevado por la corriente del río.
Esta disputa territorial causa daños irreparables a la población civil, quienes ven afectadas su vida, integridad y libertades fundamentales, no pueden realizar sus actividades agrarias, pesca, caza, recolección de alimentos y plantas de medicina tradicional; padecen los impactos del recrudecimiento y degradación del conflicto armado sin que se vea la voluntad e interés real de la institucionalidad por salvaguardar los derechos de las comunidades negras e indígenas que habitan en estos territorios.
Es de público conocimiento la crisis social, ambiental y humanitaria generalizada en el Chocó, la misma gobernadora Nubia Carolina Córdoba, viene denunciado el alto riesgo en el que se encuentran los habitantes del Chocó por el control armado ilegal, los campos minados y los constantes enfrentamientos.
La vida de los pobladores de esta región está constantemente amenazada por la crudeza de la guerra, la violación de los DH y al DIH, el desconocimiento de los derechos étnicos, el reclutamiento forzado de niños, adolescentes, mujeres, jóvenes. Una disputa feroz entre AGC, ELN, columna Jaime Martínez y la ineficaz intervención del Estado colombiano en cabeza del Gobierno Nacional y la fuerza pública que no garantiza la protección de la vida e integridad de las comunidades.
El Calima, Bajo, Medio y Litoral San Juan, como todo el departamento del Chocó protagoniza hoy lamentablemente, una de sus más profundas crisis, por riesgo de desplazamiento forzado masivo, confinamientos, masacres, asesinatos selectivos, minería ilegal, control, sometimiento y silenciamiento de las comunidades ante una institucionalidad inerme, paquidérmica y maniatada, que no muestra interés y eficiencia en resolver la crisis social y humanitaria de la región del Valle del Cauca y Chocó.
Con profundo dolor de patria,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Bogotá D.C