Informe – La incertidumbre de los pobladores rurales entre la ausente paz total y el caos de la violencia. Buenaventura y Chocó.
Crítica situación social y humanitaria atraviesan las comunidades negras e indígenas de la región del San Juan y Calima ante el recrudecimiento de la violencia y la emergencia climática. En medio del confinamiento al que están sometidas, el control socio territorial de estructuras armadas en disputa por el territorio y la ausencia estatal es de extrema gravedad el estado de desprotección, precariedad y riesgo sobre la vida, integridad y pervivencia de los pobladores rurales de esta zona.
El pasado jueves 07 de noviembre fue decretado un paro armado indefinido por el frente de guerra occidental Ogli Padilla del ELN desde las 0 horas del sábado 09 de noviembre de 2024 en los poblados de Novita, Sipí, Istimina, Medio y Bajo San Juan, Litoral San Juan, en medio de la disputa territorial que sostiene con el Clan del Golfo o AGC a quien acusa de actuar en connivencia con las Fuerzas Amadas Estatales. Con este paro armado, ya son tres paros con este que han afectado a las comunidades negras e indígenas de la zona en lo corrido del año el primero el jueves 08 de febrero y el segundo el viernes 09 de agosto.
Sumado a este estado de confinamiento, zozobra y temor, las comunidades enfrentan la fuerte ola de lluvias desde el pasado sábado 02 de noviembre hasta la fecha, lo que ha generado graves inundaciones, perdida de siembras de pan coger, viviendas y medios de subsistencia.
Los días domingo 15 y lunes 16 de septiembre, nuestra comisión de Justicia y Paz realizó una visita a Buenaventura y al Bajo Calima a la comunidad Wounaan Santa Rosa de Guayacán junto a organizaciones internacionales. En un espacio comunitario en el puerto, personas de diferentes procesos organizativos de Buenaventura, el Río Naya y Bajo San Juan compartieron el complejo contexto que deben afrontar por el recrudecimiento de la violencia, el control socio territorial, la extorsión, el hurto, las amenazas, asesinatos, restricciones a la libertad y a la autonomía comunitaria sin contar con la atención, presencia y garantía estatal y gubernamental.
En el recorrido por el río Calima hasta el Resguardo Humanitario Biodiverso Santa Rosa de Guayacán, nuestra Comisión pudo observar al menos cinco vallas visibles con letreros alusivos al ELN, la primera frente al caserío de Colonias y las demás en otros caseríos sobre la ribera del río.
Este recorrido nos permitió constatar una vez más el abandono en el que se encuentran las comunidades indígenas y negras que habitan este territorio. Un claro ejemplo es la comunidad de Santa Rosa de Guayacán, quienes después de 9 meses de regreso por voluntariedad propia sigue a la espera del debido cumplimiento de los compromisos establecidos en su proceso de regreso, cumplimiento a las medidas cautelares de la CIDH de las que es beneficiaria y de la sentencia del juez de restitución de tierras por parte de las distintas entidades e instituciones del gobierno nacional, regional y local.
Cabe mencionar en una resiente visita al rio San Juan, nuestra Comisión observo que las vallas del ELN instaladas en el mes de septiembre, ya no estaban, por informaciones se supo que el ejército nacional de Colombia las había retirado, y que en algunas se encontraron explosivos.
Estos hechos reflejan la profunda crisis en que ha caído la Política de Paz total del actual gobierno, donde las comunidades se sienten desprotegidas, no han visto el cumplimiento de los alivios humanitarios y la declaración de zona crítica en el marco de los acuerdos en la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, todo ha quedado en el papel. No se ha logrado mermar o desescalar la intensidad del conflicto armado en esta región.
Las comunidades ven el incumplimiento con lo anunciado públicamente, como por ejemplo la maqueta para la transformación territorial del Calima, Bajo Calima y Bajo san Juan, que se quedó en el papel pues funcionarios de Fondo Paz le manifestaron a la comunidad de Santa Rosa de Guayacán que no hay presupuesto para hacer realidad dicha maqueta. Que todo el recurso con el que se contaba ha sido transferido a la mesa de negociación entre gobierno y frente comuneros del Sur en Nariño.
La estrategia institucional para evadir responsabilidades respecto al compromiso con la MC No. 35510 2011 de la CIDH de la que es beneficiaria la comunidad de Santa Rosa de Guayacán, con el fallo de la sentencia del juez de restitución de tierras y el plan de inversión para el desarrollo de esta región prácticamente se ha convertido en una disculpa para responder acorde a los derechos de la comunidad.
Ante esta situación dramática en la región es importante retomar los acuerdos y compromisos entre las partes. Se espera que tanto el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN atiendan las propuestas presentadas por muchas comunidades de la ruralidad colombiana como el acuerdo humanitario global que conduzca a un cese multilateral al fuego y, la paz global territorial.
Es urgente que el gobierno nacional haga presencia en esta región con sus instituciones para atender de manera integral y permanente la crisis social y humanitaria que viven las comunidades. No puede ser una presencia para la difusión mediática, se requieren respuestas efectivas a la situación que se padece en la región.
La paz no se logra con ausencia institucional, se requiere del compromiso serio y decidido de las distintas entidades e instituciones del gobierno, sin retóricas, ni demagogias, urgen acciones integrales de atención a largo plazo, está demostrado que la declaratoria de guerra por el Ministro de Defensa y el Presidente de la República están agudizando y profundizando la vulneración de los derechos de las comunidades. El conflicto armado no se resuelve con guerra, hay que avanzar en el diálogo para desescalar la intensidad del conflicto armado y salvar la vida de los pobladores civiles.