13 Dic 2021
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Informe final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020

  1. Los eventos de violencia, abuso y brutalidad policial iniciados en la madrugada del 9 de septiembre con el asesinato de Javier Ordóñez a manos de miembros efectivos de la Policía Nacional (PONAL) desencadenaron uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos acontecido en la historia de la ciudad de Bogotá.
  2. La Relatoría documentó las muertes de 14 personas en este contexto de violencia, incluido el caso de Javier Ordóñez, por quien se inició la manifestación. De las 14 víctimas mortales, 11 habrían sido como consecuencia del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la PONAL.
  3. Lo anterior le permite a esta Relatoría llegar a la conclusión de que en el marco de las protestas del 9 y el 10 de septiembre ocurrió una masacre1 cuya responsabilidad recae en la PONAL.
  4. Otros dos asesinatos ocurrieron como resultado de intervenciones de personas vestidas de civil quienes accionaron armas de fuego en contra de manifestantes y terceros. Uno de ellos, el de Cristian Alberto Rodríguez Cano, hasta la fecha no ha sido reconocido por las autoridades como parte de los casos ocurridos en el marco de las manifestaciones del 9S.
  5. Durante las jornadas de protestas del 9 y el 10 de septiembre se identificaron y documentaron por esta Relatoría siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género (VBG), estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.
  6. Dichas prácticas explican, además de los 14 asesinatos, las lesiones de al menos 75 personas por arma de fuego, 43 por arma cortopunzante, 187 por otro tipo de lesiones y las heridas provocadas a al menos a 216 miembros de la PONAL. Asimismo, dan cuenta de los daños provocados a 78 buses del componente troncal (nueve de ellos incinerados), 51 buses del componente zonal (cinco incinerados) y 76 CAI (17 de ellos incendiados y destruidos).
  7. Una de las expresiones ciudadanas de indignación frente a lo ocurrido con Javier Ordóñez en la madrugada del 9 de septiembre fue el uso de la violencia contra bienes públicos y privados, particularmente los que representan a la institución policial, la institucionalidad y el orden. Como consecuencia de esas expresiones murió atropellada la señora María del Carmen Viuvche, cuando un grupo de personas asaltaron un bus del sistema público, arremetieron en contra de su humanidad y le causaron la muerte.
  8. La práctica más representativa y generalizada durante estas jornadas de protestas fue el uso ilícito de la fuerza por parte de los integrantes de la PONAL. Esta Relatoría concluye que la PONAL desconoció abiertamente los principios de proporcionalidad y de estricta necesidad.
  9. La PONAL y las autoridades civiles comparten responsabilidades institucionales respecto del uso de fuerza letal en el marco de las manifestaciones espontáneas presentadas el 9S, principalmente por la omisión de medidas para la protección de los derechos a la vida e integridad de los manifestantes, terceros y uniformados de la PONAL.
  10. El uso indiscriminado de armas de fuego en estas jornadas estuvo determinado por:
    a. La falta de una orden expresa y jerárquica de no disparar, como parte de las funciones de supervisión y control de las autoridades civiles y policiales ante la evidencia de uso excesivo de la fuerza letal en varios puntos de la ciudad.
    b. El despliegue de reacciones y unidades de apoyo de la Policía de Vigilancia a CAI donde había escalado la violencia, a sabiendas de que estas unidades portaban armas de dotación y de que la necesidad operacional era la disuasión y control de disturbios.
    c. La pérdida de trazabilidad del mando entre las unidades desplegadas en los puntos de concentración, con órdenes contrapuestas y abiertamente discrecionales sobre la realización y el manejo de los dispositivos, incluido el ocultamiento de prendas privativas de la PONAL o de emblemas que permitieran la identificación de los miembros de la institución.
    d. La falta de lineamientos sobre la retirada de los policiales de los CAI que estaban siendo incendiados o vandalizados.
    e. La falta de interlocución con las organizaciones de derechos humanos que realizaban labores de verificación y acompañamiento a las manifestaciones, así como el retiro temprano de los gestores de diálogo y de convivencia del Distrito, lo que minó las posibilidades de acompañamiento, prevención de la violencia y protección de los derechos de policías, manifestantes y terceros.

    Informe completo aquí:
    Informe Final Relatoría Esclarecimiento 9S VF)_compressed

    Fuente:

    Relator: Carlos Alfonso Negret Equipo de Investigación: Mateo Gómez, Alfredo Molano, Maria Baena, Santiago Amaya, Adriana Ramirez, Mariana Barragan, Carolina Silva

    Pieza gráfica: Imagen sacada del documento