Informe Final de la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia

La Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (en adelante la “Misión”), se dio cita entre el 3 y 12 de julio de 2021, con 41 comisionados y comisionadas de 14 países (Estados Unidos, Canadá, Cataluña, País Vasco, España, Italia, Alemania, Gran Bretaña, México, Ecuador, Chile, Bélgica, Guatemala y Ciudad del Vaticano), provenientes de organizaciones y grupos de derechos humanos, juristas, iglesias, academia y periodistas vinculados con temas de Derechos Humanos y paz[1]. La Misión se constituyó como un mecanismo para la verificación y visibilización de las graves violaciones a los derechos humanos y las garantías a la protesta social en Colombia.

La Misión atendió el llamado urgente realizado por la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (Cspp), la Fundación Forjando Futuros (FFF), el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa Por la Paz (Cinep/PPP), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijyp), la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas y las plataformas de derechos humanos: Alianza de organizaciones Sociales y Afines, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (Cceeu), y Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Pcdhdd), debido al contexto de riesgo y agresiones que se presenta desde el 28 de abril del 2021.

Durante los ocho días de la visita, la Misión:

1) Sostuvo reuniones con las organizaciones convocantes, la Fundación para Libertad de Prensa (FLIP), la Mesa de Empresas y Derechos Humanos, representantes del Comité Cívico de Buenaventura, representantes del Movimiento Ambientalista, representantes del Movimiento Estudiantil, SISMA Mujer, Caribe Afirmativo y representantes de la Iglesia Católica;  2) Llevó a cabo diálogos con representantes de entidades del Estado a nivel nacional (Defensoría del Pueblo) y de la Comunidad Internacional (Embajada de Alemania, Embajada de México, Embajada de Bélgica, Delegación Europea, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Misión de Verificación;

3) Visitó once regiones del país: Caribe, Santander, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Nariño, Bogotá y Cundinamarca, donde se entrevistaron con integrantes de las Primeras Líneas, organizaciones sociales, comunitarias, juveniles, culturales, de derechos humanos, campesinas y colectivos de LGBTIQA+, y de mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, con víctimas de la Fuerza Pública así como con grupos de civiles y paramilitares; y 4) se celebraron reuniones con representantes de las gobernaciones, alcaldías, Ministerio Público y Policía Nacional (en algunos territorios).

En su visita a los territorios, la Misión recibió información sobre la situación de Derechos Humanos de más 70 organizaciones locales y regionales (comités de paro, grupos estudiantiles, colectivas de mujeres, organizaciones de derechos humanos, sindicales, entre otros), y documentó aproximadamente 180 denuncias directas de agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional.

En algunos lugares del país, integrantes de la Misión se vieron hostigadas por la Fuerza Pública. Al mismo tiempo, cerca de los lugares donde estaba la Misión, manifestantes fueron víctimas de asesinatos, agresiones oculares y se hallaron los cuerpos sin vida de dos jóvenes de puntos de resistencia que estaban desaparecidos. La Misión tuvo la posibilidad de reunirse con familiares de las víctimas, siendo testigos directos de sus procesos de búsqueda.

Preocupa el hecho de que el Instituto Nacional de Medicina Legal había establecido hacía varios días antes su identidad. Además, mientras la Misión se encontraba en Colombia, fueron atacados tres jóvenes afrodescendientes integrantes de las primeras líneas de Jamundí, quienes ejercían liderazgo en la Unión de Resistencias de ese municipio. El ataque se presentó el 6 de julio de 2021, el mismo día en el que los jóvenes participaron en una reunión con funcionarios públicos, entre ellos el Secretario de Gobierno del municipio (ex agente de la policía), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación con el fin de denunciar las graves violaciones cometidas por agentes de la Policía Nacional durante la protesta. Uno de los jóvenes fue asesinado y otros dos resultaron heridos. En esa misma semana, la Misión conoció tres casos de amenazas directas por parte de la Policía contra participantes de la Primera Línea y de la olla comunitaria de Siloé, incluido un amedrentamiento en el marco de un evento cultural convocado por quienes han liderado la manifestación en esta comuna de Cali.

Aunque se logró documentar un importante número de agresiones perpetradas por la Fuerza Pública, paramilitares y personas armadas vestidas como civiles contra manifestantes y contra personas que no participaron en las protestas, se debe advertir que existe un alto número de casos que no pudieron ser recogidos por la estrechez del tiempo y el terror a las consecuencias de testificar. Esto demuestra la necesidad de continuar trabajando en la documentación de los casos por parte de las organizaciones de Colombia y por futuras misiones internacionales.

Informe completo:

Piezas gráficas: Juli Santony @JuliSantony, Irati Dojura y grupo de diseño gráfico

#MisiónSOSColombia
Misión SOS Colombia

1. Fundación Los Ojos de Chile, Comisión Ética contra la Tortura / Comisión Ética Internacional de la Verdad Colombia, Parlamentaria alemana Izquierda Unida, Asociación de Solidaridad con Colombia KATIO (ASOC-KATIO), Equipo jurídico de Canadá, Projet Accompagnement Solidarité Colombie (PASC), Forest Peoples Programme – UK, Asamblea de Cooperación por la Paz, Comisiones Obreras, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, AESCO, Amazon Frontlines, Alianza por los Derechos Humanos, Corporación de Promoción y Defensa de
los Derechos del Pueblo – CODEPU, Latin America Working Group, Colombia Human Rights Network, Aluna Acompañamiento Psicosocial, Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, Tennessee State University, Mugarik Gabe, SERAPAZ (Servicios y Asesoría para la Paz), JASS Asociadas por lo Justo, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México / Pie de Página, Serpaj, Colectiva de Cultura de Paz y Noviolencia académica forense independiente. Secretario Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (Vaticano), Nexus Human Rights, Universidad Nacional Autónoma de México, International Bar Association the global voice of the legal profession y Corporate Accountability Lab.