Informe – Estigmatización y señalamientos a la Comisión de Justicia y Paz en el marco del debate de control político a la Paz Total en el Congreso de la República de Colombia
El 16 de mayo, durante más de 6 horas, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, realizó el debate de control político: Política de la Paz Total/Negociaciones con grupos armados, al cual fue citado el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, como responsable de la implementación de esta política por parte del Gobierno Nacional.
Uno de los citantes fue el representante por Antioquia, Hernán Cadavid, del partido político Centro Democrático, quien en su intervención realizó señalamientos infundados en contra de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
El congresista del Centro Democrático Cadavid sugirió de manera suspicaz, supuestos vínculos de nuestra organización de Derechos Humanos con personas de las antiguas Farc privadas de la libertad y de utilizar “el disfraz” de los Derechos humanos “para hacer tránsito por las cárceles” en período electoral con fines políticos. Mencionó con nombre propio a personas que integraron nuestra organización de Justicia y Paz hace varios años, entre ellas al abogado Leonardo Jaimes Marín, a la defensora Rosalba Moreno, al Misionero Claretiano Henry Ramírez Soler y al sacerdote Jesuita Javier Giraldo Moreno quienes hicieron parte del grupo fundador de nuestra organización en el año de 1988, como el círculo de amigos que rodearon al actual Comisionado de Paz, Danilo Rueda, en la creación de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Es preocupante en estas afirmaciones del congresista, como se intenta establecer una conexión inexistente entre nuestra organización y estructuras armadas.
Nuestra misión en la defensa de la vida y los Derechos Humanos se circunscribe a la labor humanitaria, jurídica y de construcción de paz con la población civil afectada por el conflicto social, ambiental y armado que padece Colombia hace décadas.
No es la primera vez que se nos señala de manera irresponsable, son las mismas acusaciones repetitivas contra J&P, hechas por organismos de inteligencia del Estado. Como también son las mismas acusaciones públicas, reiteradas por congresistas de este partido político como la senadora María Fernanda Cabal, quien nos trata de desplazadores y asesinos.
En agosto de 2003 el General ® Jorge Enrique Mora Rangel, convocó una rueda de prensa en la ciudad de Bogotá para acusarnos de ser el brazo político de las Farc, simplemente porque en nuestra labor humanitaria acompañamos a la población civil en la implementación de iniciativas de protección de la vida y del territorio como las zonas humanitarias en la cuenca del río Cacarica en el departamento del Chocó; mecanismos comunitarios que están vigentes en este territorio, reconocidos por la CIDH. Ninguno de estos señalamientos responde a la realidad, son acusaciones falsas, carentes de pruebas con el propósito de desprestigiar nuestra labor.
El congresista Cadavid, desconoce de facto los 35 años de trabajo por la defensa de los Derechos Humanos y la construcción de Paz Territorial. Desconoce, por ejemplo, que cinco defensores de Derechos humanos de nuestra Comisión fueron secuestrados por el Frente 57 de Farc el 1 de abril de 2005 o las amenazas recientes del autodenominado Estado Mayor Central -EMC- de las Farc a nuestro trabajo en los territorios más afectados por la violencia donde nos señalan de ser del ELN, declarándonos objetivo militar; no sólo el congresista Cadavid lo ignora, su partido como muchos otros sectores, entre ellos las mismas Farc, también.
Es natural que en un país marcado por la profunda herida de la guerra hayan visiones partidistas que entiendan que el conflicto armado, social, ambiental y político que atraviesa nuestra sociedad se da a partir de la negación y anulación del contradictor, legitimando así distintos medios para lograr su fin; pero las dinámicas de violencia y la experiencia en los 35 años de nuestra labor en y desde los territorios nos han enseñado el valor de lo humano y de las memorias colectivas e individuales en el marco de un ejercicio de diálogo transparente lo que nos hace mujeres y hombres sujetos históricos, para construir paz y reconciliación, así como senda para sanar las heridas y el dolor.
Este es el corazón del derecho restaurador y una expresión clara de las enseñanzas que Jesús de Nazaret demostró en la cruz. La redención a través del amor y el encuentro, como medio para construir una sociedad en paz.
Hoy como ayer, persisten sobre nuestra labor la deslegitimación, los montajes, señalamientos y estigmatizaciones. Recurren a nuestra historia, sin contexto histórico, para difamarnos. Se desconoce que somos una historia construida de manera transparente, abierta y en conjunto con cientos de procesos y comunidades en diferentes regiones del país.
Esperamos que los debates en el Congreso de la República se den con la altura y ética que la Paz en Colombia exige. El Congreso debe ser un espacio de democracia donde la palabra sea veraz y no sea utilizada para acusar sin fundamento, incrementando el riesgo de la labor de la defensa de la vida y los Derechos Humanos de muchas personas y organizaciones, que como nosotros nos jugamos la vida por construir una Colombia en Paz, sobre la base de la Verdad, la Justicia Restaurativa y la Reparación Integral de las víctimas.
Exigimos respeto por nuestra labor. Exigimos el cese de acusaciones sin sustento alguno contra nuestra Comisión y el mal uso de nuestro nombre para sugerir jugadas políticas totalmente ajenas a nuestra misión.
Urge la adopción de medidas de protección y garantías a la vida e integridad de los Defensores de Derechos Humanos mencionados por el congresista Cadavid, así como también a las personas que integran nuestra Comisión de justicia y Paz, ante los recientes acontecimientos que eleven el nivel de riesgo de quienes desarrollamos la labor de defensa de los Derechos Humanos, territoriales, ambientales así como de las comunidades étnico-territoriales, campesinas, urbanas y procesos organizativos apoyados por nosotros a lo largo y ancho del país.
Bogotá D.C 18 de mayo de 2023.
Comision Intereclesial de Justicia y Paz
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