Informe del Programa Somos Defensores Enero -Junio de 2019.
Durante el primer año del gobierno de Iván Duque uno de los temas más sensibles en el panorama nacio- nal ha sido la permanente criminalidad contra las personas defensoras de derechos humanos y el liderazgo social del país. El debate está marcado por cuestionamientos frecuentes como: quiénes están detrás de los ataques, cuáles son las causas y qué está haciendo el Gobierno. Las respuestas desde la institucionalidad estatal y gubernamental son diversas y marcadas por lugares y medidas tan comunes como precarias: aumento de recursos para protección física y material, campañas de sensibilización, militarización de los territorios y programas gubernamentales para mitigar. Sin embargo, ninguno toca el problema de fondo y, por ende, tampoco plantea soluciones para enfrentar el fenómeno, que si bien es tan antiguo como la misma violencia en el país, ha tomado visos muy preocupantes.
Si en este momento comparamos a Colombia con una película, esa podría ser Avengers: el juego final. Esto porque nos encontramos frente a un Estado que parece estar bajo el poder de Thanos, que solo con un chasquido de sus dedos intenta regresarnos al pasado y no dejarnos salir del caos, impidiendo que se conozca la verdad, callando a la mitad del país, cerrando las puertas a la democracia y poniendo el acento en la guerra y la militarización, nuevamente. Como ocurre en la película, esto se hace para moldear la sociedad de acuerdo con los intereses de un pequeño grupo, pasando por encima de las necesidades y los derechos colectivos. Mientras tanto, la sociedad defensora de los derechos humanos y la paz, hace ingentes esfuerzos por no dejar perder lo que se alcanzó con el Acuerdo de Paz e impedir que se instalen nuevas dinámicas de violencia en los territorios y cerrar de una vez por todas, el conflicto armado en el país.
Así, el presente Informe Defensores ¿el juego final? ,parodiando a la película Avengers: el juego final, quiso ir más allá del ejercicio mediático, para indagar hasta dónde los planteamien- tos oficiales están yendo al fondo del problema y si las fórmulas propuestas responden al desafío de superar la problemática o siguen dando vueltas por las ramas sin tocar su raíz. Sin embargo, esta lectura institucional es compleja, en la medida que se hace en medio de un contexto marcado por la ambigüedad gubernamental entre simular defender el Acuerdo de Paz y desconocerlo deliberadamente a par- tir de acciones dirigidas abiertamente contra su corazón mismo. Igualmente, intentar un análisis sobre el papel y responsabilidad del Estado en la crítica situación del liderazgo social, es aún más complejo, pues se tiene que discernir entre identificar el papel de altos funcionarios que tengan una vocación genuina de encontrar soluciones al problema, y aquellos que en su juego de poder lo ponen en el centro para su rentabilidad política.
El informe está dividido en cuatro capítulos. En el primer capítulo, Un chasquido y se acaba, se evidencian algunas de las acciones que este Gobierno ha realizado para intentar borrar de un golpe lo que con mucho esfuerzo se ha tratado de construir, como la alternativa de un país diferente, y aquellas que ha utilizado para crear desde el discurso su propia versión de la realidad, por encima de las difíciles situaciones que evidentemente están atravesando cientos de comunidades en los territorios. La negación del conflicto armado y el desconocimiento de importantes disposiciones del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las FARC, son una muestra de aquello que se quiere borrar solo con un chasquido, sin importar que de esa manera se destruya la posibilidad de superar una parte importante de nuestros conflictos.
El segundo capítulo, El orden a través del caos, muestra cómo además de que se están desconociendo elementos claves de la realidad del país, se quiere imponer desde el Gobierno un “orden” particular, moldeado a través de sus intereses, pero que está cimentado en el caos y, particularmente, en el regreso a medidas del pasado que fueron bandera de anteriores gobiernos. Así, aparecen entonces asuntos como el enfoque militarista, las ejecuciones extrajudiciales y la antigua seguridad democrática camuflada bajo nuevos nombres. Estas acciones del Gobierno más la reconfiguración de las violencias y del conflicto armado en los territorios, dejan la sensación de que regresamos en el tiempo y de que poco a poco se impone un caos que destruye todos los esfuerzos hechos por la sociedad en los últimos años en la defensa de la vida y de la paz.
El tercer capítulo, Defensores: fuerza infinita, es un reconocimiento a la indestructible fortaleza de defensoras y defensores de derechos humanos, que a pesar de estar en medio del miedo y de las agresiones, no paran de trabajar por los derechos colec- tivos, arriesgando en ello hasta sus propias vidas. Estas luchas han sido cada vez más evidentes y a ellas se han sumado diversos sectores como políticos, medios de comunicación, comunidad internacional, organizaciones y la misma sociedad, que se han movilizado de manera permanente y multitudinaria durante el primer semestre para condenar el ataque sistemático de personas defensoras de derechos humanos y demandar garantías para resguardar sus vidas.
En el último capítulo del Informe, se presenta el análisis de datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia – SIADDHH–, que se basa en los casos registrados y verificados por parte del Programa Somos Defensores. En esta oportunidad los resultados muestran que al terminar el primer semestre de
2019, fue evidente una baja en la estadística de asesinatos contra líderes y lideresas sociales, que disminuyó en un 23% frente al primer semestre del año 2018; sin embargo, y muy lamentablemente, la violencia contra estos activistas, en general, se mantiene y ha aumentado, solo que por cambios de estrategias en los territorios se refleja principalmente en otros tipos de agresiones no letales, como las amenazas. Además, por la fuerza que ha ganado la conflictividad en las regiones y el panorama electoral, se teme que no se mantenga la tendencia y que las cifras puedan aumentar al cierre del 2019, especialmente las de asesinatos.
Para finalizar, queremos extender nuestros agradecimientos a todas las personas y organizaciones que están alrededor del trabajo que hacemos en el SIADDHH, en especial al Centro de Investigación y Educación Popular –CINEP–, a la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos –CCEEU–, a la Organización Indígena de Colombia –ONIC–, a la Defensoría del Pueblo y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia –OAC- NUDH–. Además, queremos hacer un reconocimiento a la Real Embajada de Noruega en Colombia por su constante apoyo político y financiero, y a las agencias de cooperación internacional DIAKONIA Suecia, MISEREOR Alemania, Amnistía Internacional y Pan para el Mundo; su apoyo es fundamental para nuestro trabajo y para la elaboración de este informe.
Informe Completo aquí:
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