Informe de la VIII Visita de la Comisión Ética de la Verdad a Colombia
Apoyo a las víctimas en una futura Comisión de la Verdad para Colombia y a operadores de justicia que esclarecen y juzguen criminales de lesa humanidad,
Durante los días del 20 al 29 de junio, 12 integrantes de la Comisión Ética de la Verdad hemos participado en la 8° visita a Colombia.
Hemos reflexionado en Bogotá acerca la propuesta para una futura Comisión de la Verdad en Colombia, hemos participado en el Encuentro Internacional y Pre-Consulta Interétnica de los Pueblos en Cacarica Chocó. Algunos, adicionalmente acompañamos a comunidades que forman parte del proceso de la recuperación de la memoria en el marco de nuestra labor en Curvaradó, Chocó, en la Finca “La Alemania” en San Onofre, Sucre debido a las situaciones criticas de protección que se han dado en ambos lugares.
1. FUTURA COMISIÓN DE LA VERDAD DE CRÍMENES DE ESTADO
Nuestra discusión en torno a la propuesta del Movice para una Comisión de la Verdad giró alrededor de las condiciones, la necesidad de su existencia y sus características y los resultados se compartirán en el próximo Comité Ampliado de Impulso con delegadas y delegados del MOVICE en el mes de julio.
Acerca de la posibilidad para una Comisión de la Verdad valoramos la situación actual, la experiencia desde nuestra labor como Comisión Ética y llegamos a la conclusión que actualmente no existe una transición en Colombia, ni las condiciones y garantías de seguridad para victimas, familiares, y testigos para que puedan aportar libremente y sin temor su testimonio a una Comisión de la Verdad.
El asesinato de Rogelio Martínez Mercado, integrante del Movice y promotor del regreso a la Finca “La Alemania” en San Onofre Sucre en mayo pasado; la amenaza de muerte del 1 de julio a Hernán Meléndez, recientemente elegido presidente en esta comunidad; el asesinato de Walberto Hoyos del Curvaradó el 14 de octubre del 2008, de Benjamín Hoyos, de Argenito Díaz, las amenazas de muerte a Ligia María Chaverra, Enrique Petro Manuel Denis Blandón, Eustaquio Polo, líderes de Curvaradó y Jiguamiandó; el desplazamiento, la persecución, las amenazas, el acceso carnal violento a una de las mujeres de la población rural de Argelia, Cauca, procesos acompañados por la Comisión Ética demuestran esa falta de garantías.
En todas estas regiones persiste el conflicto armado interno, lo que expresa la necesidad de su resolución como una condición que propiciara posibilidades plenas de enunciación y acceso a la verdad. La militarización institucional no ha cesado las operaciones de guerra de guerrilla, sino ha posibilitado una reingeniería paramilitar.
Debe abrirse la posibilidad del diálogo político con las disidencias armadas en el que se habilite la discusión sobre la necesidad de la Comisión de la Verdad.
El proceso de construcción de una propuesta para una Comisión de la Verdad en Colombia debe ser amplio, incluyente, debe escuchar y concertarse con las propuestas del Movice.
Por la experiencia histórica en Colombia y las presiones que tendrá una Comisión de la Verdad en Colombia se cree importante una composición mixta de sus integrantes, entre nacionales e internacionales.
Si bien el carácter de una Comisión de la Verdad es no-judicial, la reconstrucción de la memoria y de esclarecimiento de la verdad, debe llevar a sanciones públicas, sanciones sociales y penales de artífices, de beneficiarios en estructuras de poder acordes a la gravedad de los crímenes.
Los aportes de Comisión de la Verdad en iniciativas de reparación integral deben contribuir a la política pública a partir de un análisis diferencial de la totalidad de los daños, los autores materiales intelectuales y beneficiarios, así como garantías de no-repetición, que incluyen reformas estructurales para enfrentar la impunidad, la injusticia social, la distribución y el uso inequitativo de las tierras en Colombia.
Al compartir nuestras reflexiones acerca de una futura Comisión de la Verdad con representantes de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, agencias de cooperación internacional así como con representantes del nuevo congreso de la República y en resonancia a pronunciamientos de la honorable Corte Suprema de Justicia se reconoció la necesidad de una Comisión de la Verdad ante los pocos casos que empiezan a ser esclarecidos en la verdad judicial en la justicia ordinaria, los procesos de la parapolítica y de la paraeconomía.
Preocupa que el llamado a la “Unidad Nacional” del electo presidente Juan Manuel Santos se propondrá pronto la instalación de una Comisión de la Verdad sin que se reconozca a las víctimas de crímenes de Estado. De este modo, se excluye la posibilidad del esclarecimiento histórico de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Colombia.
II. NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL
Allí participaron representantes de 52 comunidades y organizaciones en las que se construyeron propuestas frente a la impunidad y la memoria, el conflicto armado interno y el modelo económico.
Observamos una discusión respetuosa en medio de las diferencias, lo que es una riqueza, de las formas organizativas, y las posibilidades de unidad en principios y planes de acciones colectivas frente a estas tres problemáticas.
La participación de organizaciones nacionales de norte, sur y Centroamérica se convirtió en un valor significativo respecto a la necesidad de establecer mecanismos creíbles y eficaces de comunicación, de acuerdos comerciales de base y de la importancia de la paz de Colombia como paz regional. Las comunidades quieren el cese de la guerra y la posibilidad de otra democracia con justicia integral.
La invitación a los representantes y senadores de la oposición brindó elementos para el quehacer político y para el rompimiento de las distancias entre las comunidades y el cuerpo legislativo. Ha nacido un derrotero para el espacio de nuevas relaciones políticas.
III. LA PRE-CONSULTA INTERÉTNICA
La Transversal de las Américas obra de infraestructura vial, que se encuentra en fase de licitación cruzará por el territorio colectivo de familias de la Comunidad de Autodeterminación y Vida – Cavida – y del resguardo indígena Juin Phubuur del Cacarica y afectará estructuralmente El Tapón del Darién.
Estas pretensiones siempre han coincidido con la militarización del territorio, sin que haya cesado el conflicto armado interno y sin que se haya reconocido la titularidad a las comunidades indígenas.
En respuesta, las comunidades, apoyadas por Contagioradio, el Movice y la Comisión de Justicia y Paz realizaron una acción creativa de visibilización y de cuestionamiento al procedimiento que se está adelantando frente a esta obra, con el desarrollo de la primera Triatlón por la Vida del Darién.
Igualmente, durante un día la comunidad indígena Juin Phubuur y las comunidades afrodecendientes, asociadas en Cavida, realizaron una preconsulta de los pueblos ante el procedimiento inconsulto con el que se viene desarrollando el proyecto vial de la Transversal de las Américas y han habilitado una consulta virtual para que haya un pronunciamiento de la humanidad.
En el territorio colectivo de las comunidades negras e indígenas se han cometido crímenes de lesa humanidad y se avisora la comisión de daños ambientales irreparables en lo que se ha concebido como patrimonio de la humanidad y de la biosfera.
Como Comisión Ética hemos realizado 3 visitas al Cacarica, recolectamos testimonios de los crímenes cometidos contra esas poblaciones, durante y posterior a la Operación Génesis de la Brigada 17, al mando del General Rito Alejo del Río, hoy procesado solamente, por sel asesinato de Marino López, habiendo provocado miles de desplazados y más de 70 asesinatos y desapariciones forzadas. Después de haber recorrido parte del territorio para observar los daños empresariales y paramilitares, la continuidad de operaciones paramilitares con operaciones regulares militares, estamos convencidos que estos están ligados a la realización de este proyecto de infraestructura. La Transversal de las Américas conectará los mercados de América del Norte, Centro, Sur y el Asia, sobre la base de crímenes de lesa humanidad, daños irreparables al ambiente, la persistencia del conflicto armado interno y el desconocimiento de los derechos de afrocolombianos, mestizos e indígenas.
Desde nuestra posición ética rechazamos totalmente la imposición del interés económico de y para algunos pocos, entre ellos, las empresas concesionarias como OHL, ICA, ODINSA, HB ESTRUCTURAS METÁLICAS, CONALVIAS, SONACOL. Algunas de ellas son de capital español, otra mexicano y otras dos con la participación del cuestionado empresario William Vélez Sierra, mencionado por mandos paramilitares extraditados en los Estados Unidos.
Las lógicas empresariales no se pueden imponer sobre los derechos a la
verdad, a la justicia, a la reparación y el bien de la humanidad.
Integrantes de la Comisión Ética, pudieron apreciar la biodiversidad de esta región – tal vez por última vez si avanza la Transversal- durante su caminata hacia la frontera con Panamá; ahí donde se encuentra el parque de los Katios, declarado patrimonio cultural de la humanidad, la multiplicidad de ecosistemas se encuentra en riesgo de afección y de extinción.
Sin que haya hasta el momento ni verdad, ni justicia ni reparación integral representantes de las comunidades afro e indígena del Cacarica realizaron bajo observación internacional la consulta interétnica, en un acto de dignificar sus muertos, sus victimas y en honor a la madre tierra convirtiendo su sufrimiento en acción de afirmación, de sujeto de derecho. El resultado fue un claro no a los procedimientos inconsultos en la construcción de esa carretera.
Estamos convencidas y convencidos que cualquier tipo de obra de infraestructura, de agronegocios, de operaciones extractivas debe contar con la participación informada, transparente de las poblaciones, para que estas en medio del conflicto armado interno definan su futuro, su supervivencia. Lo prioritario es resolver el conflicto armado interno, cimentar los espacios de discusión sobre el tipo de sociedad y el modelo económico de un país democrático e incluyente. Todo ello debe aportar al fin al cabo a la reconciliación.
Después de esos días de reflexión y acompañamiento a las victimas llegamos a las siguientes concusiones.
•Dada la continuidad del conflicto social y armado en Colombia, de las violaciones de los derechos humanos y del paramilitarismos no se puede hablar de una sociedad en transición en Colombia.
•Dada las amenazas que enfrentan las victimas en búsqueda de verdad, justicia y reparación integral es importante acompañarlos y hacer visible este apoyo internacional en terreno.
•En la actualidad no existen garantías plenas para que las víctimas, familiares y/o testigos puedan participar y aportar su testimonio, su análisis y sus propuestas de reparación integral a una Comisión de la Verdad, que es una herramienta de sociedades en transición para tratar el pasado y construir memoria y proyección hacia el futuro del país.
•Hasta que se den esas condiciones sin embargo valoramos muy importante los esfuerzos del MOVICE de una construcción de propuesta para una Comisión de la Verdad de Crímenes de Estado desde abajo, como proceso amplio e incluyente desde las victimas.
•La búsqueda de justicia es urgente y complementaria a una Comisión de la Verdad. Valoramos muy importante la valiosa labor realizada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, algunas personas de la Fiscalía y de Tribunales que llevó a investigaciones, junios y sentencias ejemplares, como la del Palacio de Justicia en la lucha contra la impunidad en Colombia.
•La consulta interétnica es un mecanismo auténtico de participación que debe ser reconocido como ejercicio democrático por las entidades gubernamentales y estatales.
•Nosotras y nosotros de la Comisión Ética, otras comunidades de Colombia, de Latinoamérica y del mundo podemos y debemos expresarnos a favor del derecho de las comunidades a la consulta previa.
Las comunidades negras e indígenas del Cacarica y de Juin Phubuur compartieron propuestas en materia social, ambiental y de justicia que deben ser escuchados y acogidas por esas entidades y las empresas. Por eso solicitamos
•Al gobierno y Estado colombiano a que respeten la protección de los derechos al debido proceso; a la consulta previa con las comunidades autóctonas y a la existencia, autonomía, integridad e identidad cultural y social de tales comunidades, al igual que a las riquezas naturales de la Nación de acuerdo a los parámetros establecidos por la SENTENCIA T-769 de 2009 de la Corte Constitucional de Colombia. Llamamos al gobierno colombiano para que garanticen un proceso amplio, sin interferencias, ni presiones para que los pueblos pueden expresarse y decidirse libremente.
•A las instancias de Naciones Unidas como la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el ACNUR y la UNESCO para que sean vigilantes de los derechos de las comunidades que ahí habiten y protegen los intereses de la humanidad contra intereses particulares.
Firman
Mirta Acuña de Baravalle; Madres de la Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Argentina
Asociación France Amerique Latine; Catherine Gegout, Francia
Carlos Alberto Rice Cabrera, H.I.J.O.S;
Comunidad Cristiana de Santo Tomas, Ángel Villagrá, Pilar Sánchez, Andrés Redondo, España
Gilberto Rivas y López, antropólogo, catedrático del Instituto de Antropología e
Historia, Méjico
Libertad Sánchez, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y Comarca, España
Observatorio de la Escuela de las Américas (SOA WATCH), Elizabeth Deligio, Charity Ryerson, EEUU
Sean Hawkey, Consejo Mundial de Iglesias, Ginebra, Suiza
Vicente Font Gregori, Directora del Instituto Catalán Internacional para la Paz; Espai Catalunya-Comissió Ètica, España