Informe de la sexta visita a Colombia de la Comisión Etica de la Verdad
Entre el 24 de febrero y el 11 de marzo del 2009, la Comisión Ética ha realizado la sexta visita a diferentes zonas de Colombia. La Comisión Ética es una iniciativa para salvaguardar la memoria colectiva de las victimas de Crímenes de Estado y acompañar procesos de dignificación de la población campesina, afrocolombiana e indígena.
En esta ocasión han participado los siguientes comisionados: Mirta Acuña de Baravalle, Madre de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina; Eduardo Nachman, miembro de H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) de Argentina; Pilar Sánchez González y Andrés Redondo Novillo, de la Comunidad de Santo Tomas de Aquino, España; Gilberto López y Rivas, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, y Lorenzo Loncon Beldar, por el Pueblo Nación Mapuche de Argentina/Chile.
Se participó en las siguientes actividades:
Acompañaron al pueblo indígena Embera y a los pueblos afrodescendientes de la cuenca del río Jiguamiandó en la Primera Consulta de los Pueblos sobre la explotación minera realizada en Colombia entre el 25 y 28 de febrero del 2009. Esta consulta Ha sido un proceso de dignificación y afirmación del derecho a la verdad de estos pueblos afectados por la exploración minera inconsulta del Cerro Usa-Kirandarra en el Chocó.
Acompañaron a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “Falsos Positivos”, que se reunieron en Bogotá entre el 5 y 6 de marzo convocado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE). El 6 de marzo acompañaron las acciones de dignificación y censura pública, convocadas por el MOVICE, en rechazo y objeción a las ejecuciones extrajudiciales ante el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.
Entre el 7 y el 10 de marzo se trasladaron a los departamentos de Sucre y Putumayo. En Sucre: acompañaron a las familias que se encuentran en proceso de retorno a la Finca “La Alemania” en San Onofre; visitaron a Carmelo Agámez, Secretario Técnico del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre, detenido injustamente el pasado 15 de noviembre y acusado falsamente por concierto para delinquir con estructuras paramilitares; y en Tolú Viejo, se encontraron con los familiares de 11 jóvenes ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos por el ejército, quien los presentó como guerrilleros muertos en combate.
En Putumayo: en San Isidro acompañaron la iniciativa de crear un Campo Santo para las victimas de desaparición forzada que están en una fosa clandestina, aportando con ello a su dignificación. Tomaron testimonios a diferentes comunidades y acompañaron en la visibilización de una Zona de Biodiversidad en medio de una zona proyectada para la siembra de palma aceitera en la vereda Ancurá, jurisdicción del municipio de Puerto Asís.
A lo largo de la visita, la Comisión Ética de la Verdad recogió 11 testimonios privados (ocho mujeres – entre ellas una joven – y tres hombres), más de treinta testimonios públicos, participó en cinco actos de dignificación, recibió 3 objetos y realizó mas de 15 entrevistas con medios regionales, nacionales e internacionales, incluyendo prensa, radio y televisión.
Se participó el 11 de marzo en una rueda de prensa para mostrar a la sociedad nacional e internacional los datos encontrados y los testimonios recogidos.
A partir de lo escuchado, visto, sentido y compartido con las victimas de crímenes de estado concluimos que:
las ejecuciones de civiles cometidos por las fuerzas armadas de Colombia – por su modo de operar, sus pretensiones y técnicas de ocultamiento- son sistemáticas, planeadas y generalizadas, y se pueden calificar como un crimen de lesa humanidad.
hay una alta militarización de las regiones y de la vida cotidiana del pueblo colombiano, que coincide con los territorios en los que existen intereses por la exploración y la extracción de recursos naturales; en muchas veces de comunidades indígenas o afrodescendientes.
persiste la presencia paramilitar, lo que se convierte en indicador de que la llamada desmovilización paramilitar en el marco de la Ley 975 – que beneficia a los responsables por centenares de víctimas con penas mínimas – ha sido una farsa y mantiene los crímenes de los paramilitares en la impunidad.
se percibe la desconfianza hacia un Estado llamado de Derecho por los altos niveles de impunidad en que se encuentran crímenes de Estado y crímenes de lesa humanidad.
se desconoce la voluntad de los pueblos originarios, comunidades afrodescendientes y mestizas de proteger sus territorios contra la mercantilización y los proyectos agroindustriales en pro de una soberanía alimentaria y la protección de la biodiversidad.
A pesar de las respuestas institucionales a la presión nacional e internacional, lo cierto es que no se perciben garantías de fondo para que las victimas, organizaciones de derechos humanos, periodistas, … puedan ejercer su legitima labor de denuncia y búsqueda de la verdad y la justicia o de análisis social.
Al mismo tiempo, la persistencia, la resistencia, la creatividad son los cimientos de existencia de una organización cada vez mayor de las victimas de crímenes de Estado expresando sus reclamos legítimos, elaborando propuestas de dignificación y de memoria de sus seres queridos.
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional con esas victimas que se erigen con dignidad en sujetos de derecho afirmando la verdad, la justicia y la reparación integral y a cada una de las 8 iniciativas del Movice. Igualmente, apoyamos la salida negociada política al conflicto armado, social y armado que existe en Colombia, en aras de la construcción de un verdadero Estado de Derecho y democrático.
I- La primera Consulta de los pueblos sobre la explotación minera celebrada en Colombia
Esta consulta de los pueblos fue realizada por las comunidades de los pueblos indígenas Embera y Afrodescendientes, para afirmar su derecho a opinar y decidir sobre la explotación del Cerro Cara Perro, que pretende hacer la multinacional Muriel Mining Corporation Riotinto.
Se celebró en Coredocito el 25 de febrero por el pueblo Embera y en Pueblo Nuevo (Jiguamiandó) el 28 de febrero de 2009 por las comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó. Tres miembros de la CE, Lorenzo Loncón, Andrés Redondo y Pilar Sánchez acompañaron a los pueblos Embera y Afrodescendientes en este proceso de afirmación de la verdad y defensa de su territorio.
Las comunidades que participaron en Coredocito fueron las de Turriquitadó Llano, Isla, Guagua, Coredó, Chibugadó, Alto Guayabal, Nuevo Cañaveral, Chageradó, Bachidubi, Urada, Turriquitadó Alto y Ñarangué y el Pueblo Afrodescendiente de los caseríos de Murindó Viejo, Bartolo, Mejor Esperanza, Canal y Legiada.
Esta consulta es la culminación de un proceso interno, suficientemente informado, de lo que significa el desarrollo de una operación extractiva minera, del oro, del cobre, del molibdeno, participando en debates previos.
Resaltamos de manera especial el papel protagonista de las mujeres en la defensa de su territorio, así como su decida voluntad de continuar exigiendo sus derechos y las graves implicaciones de los daños causados a su identidad colectiva, a los ecosistemas y a las mujeres y niños.
La consulta tuvo lugar con objeto de que la comunidad expresara su decisión sobre la eventual exploración y explotación corporativa del Cerro Cara de Perro, que el pueblo Embera considera sagrado porque allí descansan tanto los espíritus malos y buenos y ser la fuente reproductora de su medicina tradicional y fuente acuífera.
En la consulta participaron todos los hombres y las mujeres, incluyendo niños y niñas desde los 10 años, con el argumento de que ese era el territorio de las futuras generaciones, por lo que ellos debían ser protagonistas de la defensa de su territorio.
El resultado fue unánime en contra de la exploración y explotación del territorio indígena por las corporaciones mineras, desautorizando cualquier otra decisión que sea contraria al resultado de esta consulta, pues esta ha sido realmente participativa.
También la Comisión Ética de la Verdad estuvo presente en la consulta a las comunidades afro descendientes el 28 de febrero en Pueblo Nuevo de las comunidades de la cuenca Jiguamiandó, Pueblo Nuevo, Nueva Esperanza, Caño Seco, Bella Flor Remacho; Puerto Lleras, Urada y El Hobo .
El sistema de votación había sido elegido en Asamblea Comunitaria General de acuerdo a los usos y costumbres, donde votaron igualmente los niños y niñas y en donde pudimos observar el alto grado de información con que contaban todos los habitantes de esa cuenca.
También, en este caso, la votación fue abrumadoramente por el no a la exploración y explotación de la mina ni a cielo abierto ni manual.
La Comisión Ética de la Verdad apoya los argumentos de los pueblos y las comunidades indígenas sobre la necesidad de mantener las aguas puras para todas las formas de vida, lo cual se vuelve parte fundamental del derecho ancestral, y de no profanar un lugar que esta protegido por leyes nacionales e internacionales.
La Consulta de los pueblos, primera de su genero en Colombia, se desarrolló luego de una situación de militarización del territorio, se realiza en una región en donde persiste el conflicto armado, y en una comunidad indígena donde sus miembros fueron desplazados forzados, donde algunos de sus integrantes fueron desaparecidos a manos de la Fuerzas Militares.
Cabe señalar que Colombia, aunque no firmó la Declaración Internacional de los Pueblos Indígenas, si lo hizo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los Estados a la consulta de los pueblos indígenas sobre cualquier proyecto o acción exterior que pueda violentar su autonomía, su integridad territorial y sus instituciones sociales, culturales y creencias religiosas y cosmogonías.
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del pueblo indígena de Surinam, por lo que este fallo tiene carácter vinculante en toda América Latina. También, el 18 de octubre de 2007, el Tribunal Supremo de Belice dictó sentencia sobre la demanda numero 171/172 de los pueblos mayas de Santa Cruz y Conejo contra el Fiscal General de Belice y del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, confirmando los derechos de los mayas a sus tierras, territorios y recursos ancestrales en ellos contenidos.
En este caso, el Juez citó en su argumentación la Declaración de Naciones Unidas en materia de pueblos indígenas e hizo un llamamiento al gobierno de Belice para que aplicara esta Declaración, ya que votó a favor de su adopción.
II- Acompañamiento a los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Encuentro que tuvo lugar en Bogotá el 5 y 6 de marzo
La Comisión Ética se hizo presente en el “Encuentro de familiares de victimas de ejecuciones en Colombia”, los días 5 y 6 de marzo, escuchando múltiples testimonios de los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales mal llamados “falsos positivos”, así como contextos y análisis de organizaciones que acompañan este proceso desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Se contó con la presencia de más de 250 familiares provenientes de las diferentes regiones del país.
De estas reuniones, así como de las actividades de censura pública acompañaron la presentación de un derecho de petición ante la Fiscalía.
Podemos concluir lo siguiente:
1.- En todas las regiones del país se han cometido cientos de asesinatos que conforman el patrón de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ambos delitos considerados crímenes de lesa humanidad, cometidos por el Estado, principalmente por miembros de las fuerzas armadas colombianas y llevados a cabo de manera sistemática y generalizada.
2.- La ejecución es una grave violación, sistemática, por agentes del Estado se origina con anterioridad y tiene su exponencial desarrollo durante los mandatos del presidente Álvaro Uribe Vélez, en la aplicación de la llamada política de “seguridad democrática”. En el caso del Putumayo, por ejemplo, a partir de la aplicación del Plan Colombia, por lo que las víctimas son presentadas como “bajas dadas en combate”, para cobrar las recompensas económicas, reconocimientos y ascensos que el propio Comandante General de las Fuerzas Militares ofrece de manera reiterada.
Esta práctica aberrante se ofrece como “resultados” de la guerra contrainsurgente para justificar los apoyos obtenidos, entre otros por la vía del Plan Colombia. Estas conductas son violatorias del derecho penal colombiano y del Protocolo adicional II a los cuatro Convenios de Ginebra y el artículo 3, común a éstos y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, en especial, la Convención Americana de Derechos Humanos.
3.- Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales siguen un patrón definido: hombres jóvenes de no más de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y más excluidos, con una presencia importante de jóvenes campesinos o de áreas suburbanas y urbanas que se consideran “prescindibles” o deshechos.
En ese patrón se incluyen, discapacitados o jóvenes que son considerados potenciales o reales opositores al régimen, por lo que encontramos elementos para calificar estos crímenes de lesa humanidad como una política de mal llamada “limpieza social”, sólo comparable con los execrables regímenes fascistas que prevalecieron en el siglo pasado. Podemos afirmar, sin retórica alguna e impactados por las dimensiones de la tragedia del pueblo colombiano, que el gobierno del Sr. Uribe ha hecho del crimen de Estado, su política de Estado.
4.- La impunidad es una característica común de estos crímenes de Estado, en los que sus perpetradores no son investigados ni mucho menos juzgados y sancionados.
Las autoridades colombianas de los tres poderes y los organismos de control estatal como la procuraduría y aun organismos que supuestamente defienden y preservan los derechos humanos, han actuado por omisión o comisión como cómplices de los mismos, y los medios masivos de comunicación, en su gran mayoría, se hacen eco de las versiones oficialistas sobre los hechos denunciados hablando de guerrilleros dados de baja, cuando no ocultan o encubren totalmente estos crímenes y principalmente, la responsabilidad del Estado.
Solo la persistencia de los familiares y organizaciones de derechos humanos han llevado a que hoy en día haya más visibilidad – y aún no justicia – por esos crímenes.
5.- Es sorprendente el valor de los familiares de las víctimas que salieron a la calle, acompañados por sectores de la sociedad civil y con la observación de la Comisión Ética, a manifestar su profunda indignación frente al Ministerio de Defensa y la Fiscalía, todo ello pese a las amenazas y los reales peligros que corren en un país donde no existe el estado de derecho y las instituciones en su mayoría están al servicio del terrorismo de Estado.
6.- La Comisión Ética se suma a la exigencia del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado para que se conforme un equipo especial dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá en aras de investigar los responsables las ejecuciones extrajudiciales llamado con el eufemismo “Falsos positivos”, para evitar eventuales interferencias que dado el estatus e influencia de los investigados en los lugares donde ocurrieron los hechos, puedan afectar la imparcialidad de las diligencias.
III- Visita al Departamento de Sucre
El día 7 de marzo del 2009 se trasladan los comisionados Pilar Sánchez, Lorenzo Loncon y Eduardo Nachman al departamento de Sucre. Es la tercera visita de la C. E. a este departamento, las dos primeras ocurrieron en febrero de 2007 y noviembre de 2008.
Se realizaron las siguientes actividades y reuniones.
1. Viaje a la finca Alemania, situada a algunos kilómetros de San Onofre, de la subregión Montes de María. Desde 1997, cincuenta y dos familias constituyeron la Empresa Comunitaria Alemania, de 552 hectáreas, como propiedad colectiva regulada por la ley 160 de la Reforma Agraria.
Los campesinos manifiestan que a partir del 30 de marzo de 2000 y hasta el 2005, el grupo paramilitar “Héroes de los Montes de María” escoge la finca como campamento y residencia permanente del comandante de la zona, Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”.
Testimonian sobre asesinatos, torturas, desapariciones, imposibilidad de salir del predio, reteniéndolos como rehenes y como mano de obra esclava. Cuatro socios fueron asesinados entre ellos uno fue desaparecido forzadamente, y a una socia le asesinaron sus cuatro hijos. Además, cuentan las pérdidas materiales, destrucción de casas, robos de cultivos y ganado, herramientas e infraestructura de trabajo. Como consecuencia de estos hechos se fue dando un desplazamiento masivo, según podían irse escapando de la finca.
En el 2007, con el acompañamiento del MOVICE, algunos campesinos han logrado retornar a sus tierras después de ocho años, superando dificultades económicas y a pesar del miedo reinante; otros están en ese proceso. Por otro lado, son altos los niveles de impunidad sobre los crímenes de la finca, pues legalmente sigue sin esclarecerse la autoría de los crímenes cometidos en la finca, comenzando desde el mismo desplazamiento de los campesinos.
Desde el 2008, suceden frecuentes amenazas a Rogelio Martínez, representante de la empresa y miembro del MOVICE, por parte de los paramilitares de las Águilas Negras. Esta situación se agravó después de la visita pasada de la Comisión Ética, ocasión que se aprovechó para visibilizar a nivel regional, nacional e internacional, la situación de la finca y la lucha de los campesinos por recuperar su tierra.
Se señala que minutos antes del arribo de esta Comisión, se produce la llegada de dos personas no uniformadas, en motocicleta y sin placa identificador, con sendos cascos con diferentes números, que se identifican como miembros de Inteligencia de la Policía Nacional -SIPOL- haciéndose presentes, a pedido de la Procuraduría Regional, para realizar el estudio de seguridad a Rogelio Martínez y para analizar la situación de riesgo de la finca y sus propietarios.
Frente a este procedimiento pleno de irregularidades la Comisión manifestó a estos señores la necesidad de actuar con el debido procedimiento, es decir con previo aviso previo, indicando si es posible que agentes vayan a realizar el estudio y con vehículos plenamente identificados. Debe tenerse en cuenta la realización de muchos crímenes por parte de civiles en motos sin placas, lo que explica la desconfianza y el miedo que se presentó en esta ocasión particular.
En la noche se realizó un acto de purificación de la finca, que ayudara a eliminar de “malas energías” la tierra y la limpiaran de todos los crímenes que durante la estadía paramilitar se cometieron en la finca.
La historia y la situación actual de la finca se escucharon en testimonio público en el cual estaban presentes aproximadamente 25 socios de la finca (9 mujeres y 17 hombres) y dieron testimonio 5 hombres y tres mujeres.
2. La Comisión Ética arribo al municipio de Toluviejo para entrevistarse con familiares de los once jóvenes, victimas de ejecuciones ocurridas entre julio y agosto de 2007. Estos muchachos fueron “contratados” para trabajar en una finca por una remuneración significativa. El enlace con los supuestos patrones era Robinsón Eustaquio Barbosa Almansa, quien realizó los traslados en diferentes fechas y en grupos.
Todos estos jóvenes fueron reportados como “dados de baja” por la Brigada 11 de Montería y por la Fuerza de Tarea conjunta del Caribe. Diez de los cuerpos fueron enterrados como “NN” (no name o sin nombre), a pesar de que algunos poseían identificación y se habían hecho las denuncias por los familiares ante diferentes instancias policiales y militares. Uno de los jóvenes permanece desaparecido.
Cabe la referencia que la reunión contó con la presencia de la Personera y de la Inspectora del Municipio, lo cual dificultó la libre expresión de los familiares por falta de confianza debido a actuaciones anteriores de estas funcionarias.
Los sentimientos de dolor, miedo y desconfianza aparecieron de diferentes modos a lo largo del encuentro de la Comisión Ética de la Verdad con las familias. Se señala la llegada de dos policías uniformados pidiendo la ubicación de los familiares a quienes deben proteger, que se suma al antecedente inmediato de otros dos policías que impertinentemente hicieron preguntas a los familiares sobre la reunión en Bogotá del MOVICE, celebrado en días anteriores. Este tipo de actuación es intimidante en el contexto actual de amenazas a familiares, victimas y defensores de derechos humanos
En la reunión participaron 11 personas (7 mujeres y 4 hombres), 10 dieron testimonio público y uno fue privado.
3. La Comisión Ética visitó en la cárcel de Corozal al defensor de derechos humanos Carmelo Agámez, integrante del Movimiento de Victimas de Estado y secretario técnico del Capitulo Sucre. En la visita participaron también la hija de Carmelo y su esposo.
Carmelo fue detenido injustamente el 15 de noviembre, con la acusación de delinquir con grupos paramilitares; tema que raya en lo irrisorio ya que Carmelo ha dedicado gran parte de su vida a denunciar los crímenes y atropellos de estos grupos con la población vulnerable. Se pudo apreciar en su rostro el peso y efecto de sufrir tan injusta situación.
De estos encuentros y de los testimonios recibidos en Sucre queremos destacar las situaciones de preocupaciones.
1.- Se observa un recrudecimiento del paramilitarismo y de acciones criminales por parte del ejército, así como la impunidad del Estado ante tales actuaciones.
Estos crímenes, desapariciones y amenazas tan consistentes, generalizadas y dirigidas a grupos vulnerables y defensores de derechos humanos hace pensar en un plan sistemático de las estructuras del Estado dirigido a crear el terror, lograr mostrar “falsos positivos” para conseguir recompensas y destruir nuevamente el tejido social que se va creando para salir de tanta impunidad.
Del encuentro con los familiares de las víctimas se confirma el patrón de las ejecuciones extrajudiciales- mal llamadas “falsos positivos”- en el departamento de Sucre. Se atrae a los jóvenes ofreciéndoles trabajo en otro lugar, y a las pocas horas de su marcha se les asesina y se les viste con prendas de la guerrilla, colocándoles un arma en sus manos. Se pudo evidenciar igualmente que las condiciones de desempleo, pobreza y falta de oportunidades de la región facilitan la realización de éstos crímenes.
Del mismo modo, las amenazas, el hostigamiento y los asesinatos a los campesinos sigue manteniendo el clima de miedo, que impide en muchos casos el retorno a sus tierras.
2.- Se hace constar, por el testimonio de los familiares de las victimas, del reclutamiento forzado de jóvenes en edad militar por parte del ejército colombiano, que les obliga a presentar su cedula y libreta militar; de no tener los documentos, se procede a la detención inmediata de la persona para su traslado a la base militar cercana y su reclutamiento forzado. Esto mantiene aterrorizada a la juventud y a sus familias.
3.- La base de las economías campesinas está gravemente amenazada por la perspectiva de proyectos agroindustriales y de explotación minera en los Montes de María. Los medios que van haciendo posible estos macroproyectos es el despojo de las tierras a los campesinos, el clima de miedo creado y la presión a que se les somete para que vendan sus tierras a bajo precio.
4.- Tanto sufrimiento continuado por parte de esta población vulnerable, trae consigo un desmoronamiento de la persona, que en muchos casos va generando complicaciones psicológicas graves; y al mismo tiempo una destrucción del tejido social y de los valores propios de las comunidades campesinas.
5.- Merece la pena destacar la labor importante y esforzada que hace el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado y la Comisión de Justicia y Paz en su acompañamiento a las víctimas, denuncias de violación de los derechos humanos, formación, capacitación y asesoramiento en el ámbito jurídico.
IV- Visita al Departamento de Putumayo
Los comisionados Mirta Acuña de Baravalle, Andrés Redondo Novillo y Gilberto López y Rivas se trasladaron el día siete de marzo del 2009 al departamento de Putumayo, Colombia, arribando por la mañana a Puerto Asís. Esta es la segunda visita de la Comisión Ética a este departamento, después de la llevada a cabo en noviembre del 2008.
Se realizaron las siguientes actividades y reuniones.
1. Viaje al caserío San Isidro, del Municipio Valle del Guamuéz.
En este lugar se reunieron con representantes de la Asociación campesina para el desarrollo integral del Sur de Putumayo – ACADISP (seccionales de Puerto Asís, San Isidro, grupos de mujeres y jóvenes), autoridades diversas del pueblo Nasa, representantes de comunidades de la Perla Amazónica y otras victimas y familiares de ejecuciones extrajudiciales de la región.
En la mañana del día 8 de marzo se efectuó en el monumento de la comunidad construido en la visita de la Comisión Ética de noviembre, un homenaje a sus líderes asesinados: José Calixto Cueltan, Eugenio Fermín Mejía Montenegro, Julio Cesar Tovar y Padre Alcides Jiménez. El grupo de jóvenes de ACADISP llevó a cabo una representación teatral titulada “Contexto” que versó en torno a la problemática que los jóvenes enfrentan en su región.
Encabezados por los ancianos de la comunidad y las autoridades indígenas presentes, la comunidad hizo la declaratoria de campo santo a un terreno cercano donde se encuentra una fosa común. Este acto tenía como objetivo la dignificación de las victimas desconocidas y asesinadas por paramilitares y enterrados en esta fosa.
Posteriormente, en declaratoria pública la Comisión Ética, recibió siete testimonios sobre el contexto de San Isidro, Puerto Asís, así como del pueblo Nasa, sobre el control paramilitar y el estado de impunidad que gozan los perpetradores de esas violaciones.
Una vez terminado el acto público, se recibieron seis testimonios privados (4 mujeres, 2 hombres) que cubrieron los requerimientos de ley para la toma de declaraciones (identidad declarantes, identidad entrevistadores, fecha, lugar y hora de la entrevista). Los testimonios están relacionados con ejecuciones extrajudiciales (3), desapariciones forzada (2), una fosa común. Realizamos un reconocimiento de la escuela rural de San Isidro, en la que se observaron las huellas del combate entre los paramilitares y la guerrilla el 21 de junio del 2006. La población civil, incluidos niños, se vieron sometidos a fuego cruzado. La Comisión Ética de la Verdad comprobó los impactos de la metralla en el edificio.
2. Declaración de una Zona de biodiversidad en la vereda Nariño- Nariño
El día 9 de marzo del 2009 la Comisión Ética se trasladó a la vereda Nariño Nariño, municipio de la inspección de Puerto Asís. En este lugar con la participación de representantes de ACADISP, de comunidades de la Perla Amazónica y autoridades del pueblo Nasa, se recibieron testimonios públicos sobre el impacto del Plan Colombia a nivel económico, social, y en lo referente a la violación de los derechos humanos de los habitantes de esta región.
Asimismo, la Comisión Ética de la Verdad participó en la declaratoria de una finca como zona de biodiversidad. También, se visitó a una finca previamente declarada Zona de Biodiversidad, reforzando su señalización y visibilización debido a que el ejército había entrado ilegalmente varias veces a esta propiedad para acampar en su interior, perjudicando el entorno ecológico y forestal de la zona.
Por la noche se recibieron cuatro testimonios privados (3 mujeres – entre ellas una joven – y 1 hombre) que cubrieron aspectos tales como la problemática de los jóvenes en las escuelas, ejecuciones extrajudiciales (2), asesinatos (2) y los señalamientos de representantes del pueblo Nasa.
3. Se realizó un recorrido por el cementerio municipal de Puerto Asís, contabilizando las 64 lapidas marcadas con NN, situación que refleja la existencia de ejecuciones y la posterior pretensión de desaparición de los cuerpos y su entierro anónimo.
En esta visita al Putumayo queremos hacer notar lo siguiente:
1. Militarización
Una militarización amplia, visible y evidente que se expresa en innumerables retenes, repetidos requerimientos de identificación, impedimento temporal de la movilidad de las personas, sobrevuelos de helicópteros, existencia de cuarteles e instalaciones militares dentro de poblaciones, reclutamiento forzado y expedito, prostitución de niñas y jóvenes, recorridos constantes de las tropas por las carreteras y poblados, presencia militar en la cotidianidad de la población civil (tiendas, casas, fincas, etcétera), todo lo cual afecta la normalidad y la seguridad de las personas y constituye una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario.
De la observación simple y de numerosos testimonios, podemos inferir, asimismo, la total supeditación y subordinación de las autoridades civiles a las militares y la presencia de los mismos en tareas que corresponden a otros ministerios, tales como salud, seguridad pública, bienestar social, obra pública, etcétera.
Nos consta de manera directa y fehaciente, así como por testimonios recibidos, el reclutamiento forzado y expedito de jóvenes en edad militar por parte del ejército colombiano, que les obliga a presentar su cedula y libreta militar; de no tener los documentos, se procede a la detención inmediata de la persona para su traslado a la base militar cercana y su reclutamiento forzado.
Fuimos testigos presenciales el día 7 de marzo, a las 5:30 de la tarde, de las afirmaciones del teniente Rico, del Batallón Especial Vial y Energético Numero 9, acantonado en Orito, que en la estación de policía de El Tigre, municipio Valle del Guamuéz, estaban detenidos 13 jóvenes y ya se habían trasladado 11 jóvenes reclutados a la base militar de Orito. Esto es, estamos ante la presencia de una leva que mantiene aterrorizada a la juventud del departamento.
Una de los aspectos más impactantes de la militarización es la actividad determinante de los militares en los centros educativos, los cuales son ocupados con la aquiescencia de las autoridades educativas, para la realización de tareas propias del sector castrense. Por ejemplo la judicialización de guerrilleros presos, incluso en presencia de fiscales.
En los mismas planteles se llevan a cabo campañas permanentes de propaganda militar bajo el programa “soldado amigo” en las que no permiten expresiones políticas diferentes a las planteadas por los militares y en las que se promueven la señalización de quienes se atreven a tener criticas al programa y/ o sus contenidos.
Esta militarización de la sociedad colombiana se agudiza a partir de la puesta en práctica del Plan Colombia en 1997. En los hechos podemos afirmar que en el departamento rige la manu militare.
2. Paramilitarismo
Los testimonios recibidos indican que el paramilitarismo persiste. En Puerto Asís todos coinciden en señalar que el grupo paramilitar autodenominado Águilas Negras, se encuentra físicamente ubicado en el interior de la base militar del Batallón Especial Energético y Vial 11 de Santana.
3. La ejecuciones extrajudiciales
De la visita realizada, se confirma la existencia del patrón de las ejecuciones extrajudiciales –equívocamente llamado falsos positivos– en el departamento de Putumayo. Los testimonios recibidos indican que a los ejecutados se les coloca armamento y / o prendas de uso de la guerrilla, posterior a su muerte. También se hace referencia a numerosos cadáveres lanzados al río Putumayo, advirtiendo sus ejecutores que quien los recoja, correrá la misma suerte.
Esta macabra exposición de las ejecuciones extrajudiciales, según algunos de los y las entrevistados/as ha llegado al grado de que los pobladores, cuando un cadáver encuentra un obstáculo, prefieren empujarlo a la corriente del río.
4. Lo económico
La base de las economías indígena y campesina está gravemente amenazada por la instrumentación de proyectos agroindustriales en toda la región, por las fumigaciones de la coca y la erradicación manual forzada que llevan al despojo de las tierras a través de diversos mecanismos tanto económicos como represivos. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso de un conocido terrateniente en el Putumayo, Jaime Osorio, que obliga a los campesinos a la venta de sus tierras, aprovechando su situación de precariedad económica, o a través de las amenazas directas a sus vidas. También la Ley 30 de 1986, permite la expropiación del campesino a quien se le encuentre coca, siendo ésta según varios testimonios recibidos dejada en muchos casos a propósito por los erradicadores manuales en los terrenos para justificar de ese modo la expropiación posterior.
5. Pueblos Indígenas
Además de ser víctimas de las ejecuciones, los territorios de los pueblos indígenas son ocupados por varios actores armados, en especial el ejército y los paramilitares, ocasionando con ello desplazamientos forzados de poblaciones enteras, afectando la base material de su reproducción y su cosmogonía y violando con todo ello el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado y ratificado por Colombia, así como diversas declaraciones y jurisprudencias del derecho internacional. La presencia y la acción permanente de corporaciones transnacionales, apoyadas por el ejército, afectan también la autonomía y la vida de las poblaciones indígenas.
6. Resistencias
A pesar de esta situación dramática en los ámbitos político y económico, entre los campesinos e indígenas hay formas de resistencia. Existe una organización que ha sufrido la represión y muerte de sus líderes, ACADISP, que aglutina y organiza a los campesinos, favoreciendo proyectos productivos y sociales.
Ante el abrumador número de ejecuciones extrajudiciales no reclamados por sus familiares a causa del dominio del terror que impera en el departamento tratan de dar respuestas de dignificación y afirmación del derecho a la vida; de esta manera asistimos a un acto simbólico de declaración de una fosa común como camposanto.
La religiosidad del pueblo es un medio de recuperación de su identidad y les da fortaleza para poder mantener su resistencia.
Otra forma de resistencia ante la amenaza de despojo de las tierras es la declaración de Zonas de biodiversidad. Algunos campesinos ante la alternativa de tener que vender o dedicar sus tierras a las agroindustrias y desde el convencimiento de que hay que priorizar la soberanía alimentaria y la agricultura tradicional respetuosa con la tierra y preservadora del medioambiente, han optado por esa alternativa. Pudimos comprobar la belleza y exuberancia de una zona de biodiversidad y la ilusión de los campesinos, y no podemos dejar de imaginarnos ese territorio cubierto de palma y tratado con toda clase de productos químicos que dejarán la tierra exhausta en unos años.
7. Daños psicológicos
Hemos podido comprobar el daño psicológico y moral de los familiares de las victimas que no han podido recuperarse y que sufren las secuelas del terror que se ha cebado en sus familias. Sufren trastornos ocasionados por el trauma: desconfianza, terror, temor a recordar, culpabilidad, etcétera, que hacen difícil la recuperación de la memoria y la aceptación de una realidad, sin que se sientan aplastados y desesperanzados.
Los acompañamientos que brindan congregaciones religiosas y de derechos humanos favorece el clima para que pueda darse lentamente la recuperación. No lo facilita el largo papeleo y la frialdad que conlleva lo que les exige la Fiscalía para denunciar su condición de víctimas, además de la desconfianza que les inspiran las instituciones que ven sometidas al aparato militar que les está oprimiendo. Es difícil una total recuperación mientras continúen las condiciones descritas anteriormente en las que no está asegurada ni la vida, ni su tierra, ni su casa.
Comisionadas y Comisionados en la VI visita de Comisión Ética de la Verdad a Colombia
Mirta Acuña de Baravalle – Madres de la Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Argentina;
Eduardo Nachman, miembro de H.I.J.O.S (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), Argentina;
Pilar Sánchez González y Andrés Redondo Novillo, de la Comunidad de Santo Tomas de Aquino, España;
Gilberto López y Rivas, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México
Lorenzo Loncon Beldar, por el Pueblo Nación Mapuche de Argentina/Chile.