Informe de la 13ª visita de la Comisión Ética de la Verdad.
INFORME DE LA 13ª VISITA DE LA COMISIÓN ÉTICA DE LA VERDAD
EVITAR QUE HAGAN TRIZAS EL ACUERDO DE PAZ ES UNA NECESIDAD URGENTE PARA QUE TODOS LOS COLOMBIANOS CONSTRUYAN LA PAZ
Entre el 9 y 23 de noviembre diversos integrantes de la Comisión Ética participamos en la 13ª visita a Colombia.
Mirta Baravalle, Madre de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina
Eduardo Nachman, de la Asociación Hijos, Mar de Plata, Argentina
Charity Ryerson y Liz Deligio, SOAW, Observatorio de la Escuela de las Américas, USA
Mary Bricker Jenkins, Poor Peoples Economic Human Rights Campaign, USA
Paz Morales, de la Comisión Etica contra la tortura, Chile
Yolaima Salmerón, de GAIA, El Salvador
Enrique Santiago, Abogado asesor de las Farc en los Acuerdos de paz de La Habana, España
Tica Font, de La taula por Colombia. Barcelona, España
Andrés Redondo y Pilar Sánchez, de la Asociación Comunidad Santo Tomás de Aquino. Madrid, España
En esta ocasión escuchamos:
– A víctimas de Estado de Huila, Cauca, Valle, Chocó, Meta, Antioquia y Bogotá (Palacio de Justicia).
– A ex integrantes de las fuerzas militares que participaron en planes criminales en los llamados “falsos positivos” o en ejecuciones extrajudiciales
– A apoderados de reconocidos empresarios en el bajo Atrato, responsables del desplazamiento y del despojo y que compartieron la responsabilidad en algunos de los asesinatos de líderes comunitarios.
– A defensoras de derechos humanos que participan en instancias nacionales de garantías para su labor y la de los líderes sociales
– A defensores de derechos humanos que trabajan en la identificación de fosas
– A expertas en justicia transicional y en el punto 5 del Acuerdo de Paz suscrito
– A expertos en los Planes de Desarrollo Territorial
– A la gestoría de paz del Ejército de Liberación Nacional (ELN)
– A líderes y lideresas estudiantiles de la actual movilización
– A líderes ambientales
– Al partido de las FARC
– A una expresión del movimiento de mujeres
– A presas políticas que estaban en huelga de hambre
– A integrantes de la nueva institucionalidad como la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas (UBPD) y a magistradas de la ley 975.
– A senadores que promueven la paz y la justicia.
Algunos participamos en la presentación de la propuesta de la Universidad de Paz y en los Foros de Educación Propia de comunidades originarias, negras y mestizas en Caracolí, Curbaradó, y en los actos de conmemoración de los 21 años del desplazamiento de La Balsita en Dabeiba.
Nuestras Observaciones más destacadas:
1- Nos vamos con preocupación ante la delicada situación que se observa en la implementación del Acuerdo con las FARC, tal como se refleja en:
a) El asesinato de 86 de sus integrantes
b) La ausencia del debido proceso y garantías en el proceso de Zeuxis Pausias Hernández Solarte por la intervención equívoca, irregular y errada de la Fiscalía General de la Nación
c) La ausencia de eficacia para el desarrollo de las propuestas de reincorporación de los ex combatientes.
2- Nos deja una profunda inquietud las modificaciones que afectan al punto 5 de los Acuerdos sobre los derechos de las víctimas en relación con los derechos a la verdad y a la justicia.
a) La sustracción de las Fuerzas Militares del artículo 28 de la CPI.
b) La propuesta de creación de una sala de juicio exclusiva para los militares en la JEP, con nueva normativa en contra del derecho internacional como el derecho operacional propuesto en el Congreso por el Centro Democrático
c) La exclusión de competencia de la JEP para investigar y sancionar a empresarios que hayan participado en planes y financiamiento de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra
d) Las campañas de desprestigio de las nuevas instituciones: la JEP y la CEV, en el inicio de su trabajo, son graves y desconocen el sentido de los Acuerdos.
3- Es muy duro constatar el incumplimiento de lo acordado en materia de tierras para los campesinos sin tierra
a) La acumulación de ésta en pocas manos se encuentra en el origen del conflicto armado, social, político y ambiental que ha padecido Colombia.
b) El fondo de tierras que debía entregar tres millones de hectáreas de tierra, sólo lo ha hecho con un poco más de 500 mil hectáreas
c) El catastro multipropósito para formalizar 7 millones de tierras fue hundido en el congreso
d) Igualmente se enredó en el congreso una reforma política que eliminó lo acordado sobre las 16 curules de paz para las víctimas, que pretendían generar dinámicas de profundización de la democracia.
4- A la gravedad de estos temas se une, la crisis del diálogo político con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) por unos obstáculos casi insalvables promovidos por el ejecutivo. Parecen desconocer la agenda acordada con el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que hace inviable pactar un cese al fuego y la concreción de la agenda sobre los puntos de participación en la sociedad, democracia, las transformaciones y las víctimas. Conversaciones que llegarían a acordar el fin del conflicto y la implementación del acuerdo.
5- Con gran preocupación escuchamos la delicada situación que viven los lideres y lideresas: más de 360 asesinados, cientos de amenazados y sitiados, en Putumayo, Bajo Atrato, Catatumbo, Antioquia y Meta, en los dos años que han transcurrido desde la firma de los Acuerdos.
Conforme a los testimonios que escuchamos, existen serios indicios de responsabilidad de sectores empresariales despojadores, como responsables de amenazas e incluso asesinatos a líderes en el Bajo Atrato, utilizando mecanismos de tipo paramilitar. Igualmente, nuevos grupos criminales y traficantes de drogas en Nariño, Putumayo, Catatumbo y Meta operan con la tolerancia y complicidad de la Fuerza Pública, oponiéndose a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y obstaculizando la construcción de paz territorial.
6- Es de particular preocupación en el caso de la toma del Palacio de Justicia en 1985, el dictaminar como un error lo que se presentó en la identificación de partes de los cuerpos sin vida, cuando hay pruebas de que fue consecuencia de un plan criminal, ejecutado por militares vestidos con batas blancas. Es escandaloso observar que los militares desaparecieron y asesinaron usando las insignias humanitarias de la Cruz Roja, entre otras aberraciones con las que asesinaron a los integrantes del M 19 y a personas ajenas a la confrontación.
7- Es indignante escuchar a presas políticas de la Cárcel del Buen Pastor en huelga de hambre, exigiendo un trato humanitario y respeto a su identidad como presas políticas, ante la intención de la dirección del establecimiento de agruparlas en el mismo espacio con mujeres privadas de libertad por otros motivos, lo cual pudiera poner en riesgo su integridad física .
8- Las comunidades nos comunicaron que en los Territorios Colectivos de Curvaradó, Jiguamiandó y Pedeguita y Mancilla, empresarios poseedores de mala fe siguen oponiéndose a los procesos de restitución de tierras, estos incluso ordenados por la Corte Constitucional colombiana. En muchas ocasiones y con este propósito, los empresarios se valen de grupos armados, entre ellos las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC.
El desarrollo de la restitución de tierras, en razón al desplazamiento forzado que empezó desde el año 1996, ordenado desde hace casi diez años, no tiene avances significativos, ni se cuenta con la disposición del Estado para impulsarla y completarla.
Ante estas situaciones concluimos:
1. Valoramos muy positivamente el Acuerdo alcanzado entre el Estado de Colombia y las FARC que podría responder a los derechos de las víctimas que abogan por verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, desde la perspectiva del derecho restaurador.
2. Objetamos el conjunto de mecanismos que se han utilizado para deslegitimar y desmembrar el Acuerdo, con la exclusión de los ex-presidentes y de los empresarios de la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, y la pretensión de crear una sala para los militares.
3. Rechazamos las campañas de desprestigio contra la JEP y la CEV, que desarrolla el Fiscal General de la Nación y respaldamos la decisión de la JEP de recaudar el acervo probatorio para conocer del proceso de Zeuxis Pausias Hernández Solarte (Jesús Santrich) y tomar decisiones de fondo al respecto.
4. Invitamos a la JEP en sus aprendizajes en el corto tiempo a dar un tratamiento adecuado y respetuoso, equilibrado e igualitario, a todas las víctimas y a los comparecientes como parte de su misión y de su legitimidad .
5. Respaldamos la labor que empieza a realizar la UBPD, autónoma del ejecutivo, una labor que estará encaminada al cumplimiento de los derechos de las víctimas y a la reconstrucción de uno de los episodios más largos y violentos de la guerra: las personas dadas por desaparecidas.
6. Invitamos al Gobierno del presidente Iván Duque a retomar el diálogo con el ELN con disposición de seguir intentando la construcción de la paz completa, dadas las manifestaciones públicas de esta guerrilla de seguir conversando para llegar a acuerdos.
7. Urgimos al Estado de Colombia a asegurar los derechos de las víctimas y la protección debida, con la creación de una Comisión Nacional para el desmonte de las estructuras herederas del paramilitarismo ante la andanada de nuevas modalidades de criminalidad paraestatal y de grupos criminales.
8. Hacemos un llamado al presidente Duque a establecer un diálogo directo con los estudiantes universitarios, para buscar soluciones a las situaciones que por más de dos meses se vienen planteando, sin siquiera propuestas para lograr un acuerdo, así como juzgar y revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública.
9. Invitamos al gobierno a la aplicación de las normas del derecho humanitario y a través del diálogo habilite un espacio para conversar con 16 prisioneras políticas de la Cárcel El Buen Pastor, para que se dé continuidad al patio 6 exclusivo para ellas. Instamos a las autoridades del sistema judicial y carcelario a que reconozcan este proceso y la necesidad del patio para garantizar la dignidad en la población carcelaria.
10. Nos oponemos a la pretensión de socavar la independencia orgánica y financiera del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y de garantías de No Repetición, que expresan el malestar y el temor de sectores de la sociedad colombiana que aún se oponen a una sociedad sin violencia política.
11. Respaldamos las iniciativas que conocimos de UNIPAZ como mecanismo de derecho a la verdad y de eventuales sanciones restauradoras, que la CEV y la JEP deberían reconocer como mecanismos idóneos de reparación, de convivencia territorial y de inclusión socio ambiental, tal como, lo observamos en las comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita, Dabeiba; en los territorios de Jiguamiandó y sus zonas humanitarias, así como las de Curvaradó, Pedeguita Mansilla, y en la EcoAldea de Paz de Cacarica.
12. Nos preocupa el eventual cierre de Ley 975 para intentar que algunas de las sentencias proferidas por Magistradas probas, puedan imposibilitar el acceso a la verdad sobre la responsabilidad de empresarios.
Expresamos nuestro respaldo a las iniciativas de las víctimas en el cumplimiento del acuerdo, el reencuentro con la memoria transformante, el develamiento de las verdades y el ejercicio de la justicia inédita y novedosa del derecho restaurador.
Seguiremos atentos a esta construcción que se encuentra enfrentada a retos y bloqueos de quienes temen a la verdad, y estaremos visitando Colombia de nuevo entre el 21 de febrero y el 5 de marzo de 2019.
Comisión Ética de la Verdad.