Informe – Continúan daños ambientales en la Ciénaga el Guamo, Curbaradó.
Nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz conocio que el dia 30 de junio de 2023 se pudo constatar que las afectaciones ambientales en Santa María, Curbaradó, continúan en los predios de la familia Triana sobre los humedales y la Ciénega el Guamo.
No han servido de nada las decisiones tomadas por el actual consejo mayor del Curbaradó, ni las órdenes de la autoridad ambiental CODECHOCO que impiden la intervención sobre áreas de protección ecológica como los humedales, zonas de amortiguamiento y la Ciénega El Guamo.
Se desacatan estas órdenes por empresarios, maquinistas y repobladores a los repobladores. Se desconoce la propiedad auténtica de la familia Triana sobre su propiedad.
Es urgente que la autoridad policial y militar proteja los derechos de la familia Triana, su actuación deja mucho que decir sobre lo que está sucediendo frente a la afectación ambiental que se viene dando en el territorio.
Nadie acude al llamado de riesgo, amenazas constantes, presión con acciones de hecho construyendo un rancho y una casa en los predios de la familia Triana para obligar al abandono de los preios por parte del líder comunitario.
El jueves 29 de junio se llevó a cabo una reunión en la finca Nueva Esperanza de la familia Triana, en la cual había hombres armados y repobladores que eran aproximadamente 45 personas. Se tomaron en este espacio decisiones arbitrarias, ilegales que vulneran todo derecho contra la familia Triana y el ecosistema al continuar con los trabajos que vienen haciendo en este sector.
Se solicita la presencia del gobierno con sus instituciones para que subsanen estos atropellos y restablezcan los derechos de la familia Triana. Es urgente que las autoridades civiles, militares, ambientales, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, entre otras dependencias institucionales actúen con celeridad y se impidan de esta manera la continuidad de daños irreparables.
El 9 de junio se hizo el llamado al gobierno para que hiciera presencia con su fuerza pública, desde cancillería expresaron que activaban la ruta de alerta y que mediarían ante la oficina de Derechos Humanos de la presidencia de la república para que la policía y el ejército llegaran al sitio de los hechos. Esto solo quedo en la palabra, no en la actuación inmediata y efectiva, pareciera no importar esta situación al gobierno nacional.
Con profunda preocupación.
Bogotá D.C 2 de julio de 2023.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.