AGC desconocen grave y profundamente el Derecho Humanitario
Norte de Colombia
Desde el pasado jueves 5 de mayo a las 6.00 a.m. a través de comunicados públicos las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, declararon un Paro Armado en Chocó, Norte del Chocó (Bajo Atrato, Medio Atrato, Baudo, Sab Juan y Clima en limites con el Valle), Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Montes de Maria, Atlántico, Magdalena, Guajira, Cesar, Valle, Santander en los municipios y áreas rurales en que ejercen dominio territorial.
Las estructuras llamadas por el gobierno Clan del Golfo, ordenaron el cierre de todos los establecimientos de servicios (gasolina, abarrotes, alimentos, restaurantes) centros de educación y centros de culto, la prohibición de movilidad a los cascos urbanos y entre los caseríos por vía terrestre o fluvial. de igual manera señalan la continuidad del paro armado hasta el próximo 10 de mayo. (Comunicado)
En desarrollo de este llamado Paro Armado en reacción a la extradición de su máximo mando Dairo Antonio Úsuga se ha amenazado a la población generando zozobra, malos tratos, torturas, asesinatos, confinamiento, secuestro, restricciones totales a la movilidad, restricción a la libre expresión, quema de vehículos como motos y buses. (Links)
El jueves 5 de mayo a eso de las 11.00 a.m. en el caserío La Honda, Cacarica, 21 indígenas wounnan, 9 adultos y 12 niños, de la comunidad de Juin Pobuur fueron retenidas cuando desde el casco urbano de Río Sucio se dirigían hacia su comunidad en límites con el Parque Nacional de los Katíos.
Una mujer indígena que está próxima a dar a luz y varios niños quienes presentaban síntomas de diarrea y vómito entraron en pánico ante la retención. Las AGC autorizaron algunas llamadas en que la comunidad retenida solicitó auxilio pues carecían de atención en salud y alimentaria.
Ayer viernes 6 de mayo hacia las 6.30 p.m. unidades de la Infantería de Marina llegaron al caserío La Honda, los integrantes de las AGC se dispersaron y hoy desde las 7.00 a.m. los indígenas continuaron su recorrido a la comunidad.
Así como estás retenciones varias situaciones se han presentado en las vías carreteables secundarias y en las vías fluviales a lo largo del Atrato. La parálisis es total desde Fonseca a los límites con Valledupar, desde la carretera de Sincelejo a Montería y de allí hasta Santa Fé de Antioquia pasando por Arboletes, San Juan de Urabá, Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Dabeiba (Video 1). En las vías secundarias la situación es igual. Los llamados Puntos de las AGC incluso, además, de amenazar han golpeado a pobladores como lo muestran imágenes en luna de las vías secundarias de Belén de Bajirá. (Video 2)
Los pobladores de los caseríos tampoco han podido movilizarse ni comunicarse por los caminos de servidumbre, El transporte del Litoral del San Juan, San Juan y Calima a la ciudad de Buenaventura se encuentra cerrado desde el día 5 de mayo. Los cultos cristianos y católicos tampoco se han podido realizar. Incluso, las AGC han obligado a cerrar algunos templos. se presenta desabastecimiento de combustible, energía eléctrica por el no funcionamiento de plantas eléctricas y escasez de alimentos.
Al medio día de hoy, las AGC compartieron un comunicado en que permitían a los pobladores abastecerse durante unas horas, antes de continuar sus actuaciones de control social territorial. El Clan del Golfo o AGC meses atrás manifestó públicamente que asumirían respetar el derecho humanitario y que se comprometían a respetar el proceso electoral colombiano.
El poder manifiesto desatado desde el pasado 5 de mayo constata su gran poder de control social territorial en medio de la inacción, ineficacia, tolerancia y ocasiones de operaciones estratégicas compartidas con sectores militares y policiales, en articulación con sectores políticos y empresarial legal e ilegal. Los asesinatos de Elkin Echavez, (Sucre), Francisco Soto López (Córdoba), de 12 más son una vergüenza para este gobierno que en sus manos continúa deshaciendo el Estado de Derecho
La política de legalidad de Duque sigue haciendo agua en Colombia. La paz con legalidad es solo un lema de una pésima broma que demuestra la retórica de un Estado nacional fragmentando en poderes armados que se logran consolidar en territorios rurales y urbanos por una serie de procesos de paz con desaciertos y fracasos como el del EPL, la desmovilización AUC 975, el de las FARC EP, y un saboteado proceso de sometimiento colectivo de las AGC.
Hoy se percibe un país del perfeccionismo retórico que niega asuntos estructurales sin resolver en materia de paz, se seguridad e inclusión social. Hoy el país tiene antes sus ojos la posibilidad de reconocerse como un proyecto de nación fracasada o un país que desde la superación del terror puede evitar su fragmentación territorial armada de norte a sur, de oriente a occidente.
La comunidades étnico territoriales y campesinas, los habitantes de los barrios populares, sectores del comercio, las iglesias esperan que sea posible un gobierno que escuche a las regiones, un gobierno que promueva el respeto a los derechos humanos y una construcción de la paz global territorial en estos 10 departamentos y en todo el país, a partir de fórmulas. La balcanización del país puede estar a la vuelta de unos meses, si es que ya no estamos en él.
El llamado al CICR, a las Iglesias y el realizado por las comunidades a nuestras organizaciones es para lograr Acuerdos Humanitarios, el respeto a la vida, ala integridad de los civiles y de los combatientes, y a los dirigentes del país a habilitar escenarios de salidas creativas de paz que eviten más derramamiento de sangre, más dolor y agonía a fuego lento, un país de territorios que se deshacen en las violencias, que este gobierno se negó a reconocer.
Ya son 14 años de la consolidación de las AGC, cualificadamente en el interior de los territorios en los últimos seis años, gracias a un incumplimiento del Acuerdo de Paz y la inviabilidad de su acogimiento colectivo en 2016. Lo de hoy es nuevo para el país mas que para las comunidades rurales y urbanas que han vivido diariamente la crisis de dejaciones de armas y de paces firmadas.
Un actuación en derecho hubiera significado además que la Unidad de Desmonte de Grupos.
Herederos del paramilitarismo hubiera actuado con eficacia para ir por quiénes están detrás del Clan del Golfo, más que por los que aparecen en armas como cabecillas o Puntos, y una investigación judicial por los más de 2500 asesinados de las AUC, luego de su desarme.
Una consolidación de la paz hubiera significado un desmonte de mentalidad de enemigos internos, y una depuración de sectores militares y policiales que se benefician de las AGC. Y un esclarecimiento, depuración de sectores empresariales que operan para sus propios beneficios usando este tipo de violencia.
Analistas sostienen que la expresión armada de estos días justificaría una conmoción interior o un aplazamiento de elecciones.
Seguir resolviendo con la fuerza asuntos de fondo será un encubrimiento a problemas de fondo. Hoy el llamado de la Iglesia católica, de las iglesias y organizaciones de Derechos Humanos y de paz es a respetar la vida y los derechos básicos de las comunidades y de todos los combatientes y desde allí abrir espacios de diálogo para lograr una auténtica paz territorial.
Las fórmulas del pasado nada han logrado y hoy la situación es mucho más grave, profunda de un Estado de Derecho Deshecho
Bogotá D.C 7 de mayo de 2022.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Comunicado
comunicado paro armadoVideo 1.
Video 2.
Links.
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