Informe #03 del Monitoreo de Paz de Justice for Colombia

Introducción 

Este informe presenta las conclusiones de la delegación del Monitoreo de Paz de Justice for Colombia que visitó el país entre el 16 y el 22 de febrero de 2020, así como una actualización de la evolución del proceso de paz a lo largo de 2020. El informe marca cuatro años desde la firma del acuerdo. 

Resumen ejecutivo 

Si bien la plena implementación del acuerdo de paz de 2016 durará quince años según lo establecido, existe una alarma generalizada en Colombia y a nivel internacional sobre el estado actual de la implementación. 

Sigue habiendo importantes avances que constituyen un ejemplo del potencial transformador del acuerdo de paz. Sin embargo, en muchas zonas no se han producido los avances que se esperaban. Dada la naturaleza interconectada de los diferentes capítulos del acuerdo, el hecho de no avanzar en un área amenaza la sostenibilidad en otras. Por lo tanto, es esencial que la implementación del acuerdo tenga un enfoque integral. 

Los principales avances presentados en el informe comienzan con una mirada al desarrollo del sistema de justicia transicional, destacando la labor realizada hasta el momento en lo que constituye el esfuerzo más significativo para abordar los derechos de las víctimas en la historia de Colombia (7.i. Mecanismos de justicia transicional). Se detalla el progreso inicial en la elaboración de planes de desarrollo rural para las regiones más pobres de Colombia, destacando la importancia de continuar la consulta con las comunidades (7.ii Planes para elementos de reforma rural). Se señalan algunos de los éxitos en la reincorporación socioeconómica de los excombatientes de las FARC-EP (7.iii Ejecución de proyectos de reincorporación) y la importancia del estatuto de la oposición para el sistema político colombiano (7.iv Estatuto de la Oposición). 

Así como en anteriores informes del Monitoreo de Paz de JFC, se destacan tres “Avances Consolidados” para subrayar su importancia en el tiempo: la participación del partido FARC en el sistema político, el fin de las hostilidades armadas entre el Estado colombiano y las FARC-EP, y la colaboración en materia de seguridad en las zonas oficiales de reincorporación (7.v Avances consolidados – Fin del conflicto armado; Colaboración tripartita; y Participación política del partido FARC). Sin embargo, el informe emite una advertencia sobre el hecho que, aunque el proceso de paz había dado lugar a una reducción significativa del número de muertes violentas en Colombia, esta cifra está nuevamente en aumento. 

El informe centra su atención en ocho preocupaciones principales con respecto a la implementación. El déficit en términos de presupuesto para la implementación se resalta como un preocupante indicador de la incapacidad del gobierno para cumplir la totalidad de sus obligaciones (8.i Compromisos presupuestarios). La falta de avance suficiente en el tema de tierras continúa siendo un desafío fundamental para la implementación y esto se relaciona con la garantía del acceso a la tierra para los y las excombatientes de las FARC-EP (8.ii Tierra para la reincorporación socioeconómica) y con la tierra y los títulos de propiedad que se deben entregar a los pequeños agricultores (8.iii Reforma Rural Integral). A pesar de la voluntad de las comunidades cultivadoras de coca de participar en los programas de sustitución de cultivos, existen grandes deficiencias en cuanto al cumplimiento por parte del gobierno (8.iv Sustitución de cultivos y erradicación forzada). En el informe se destaca una preocupación especial en relación con este punto, dadas las altas tasas de éxito de la sustitución mutuamente acordada en comparación con los métodos alternativos y más coercitivos. Se lamenta que aún siguen encarcelados excombatientes de las FARC-EP que firmaron el acuerdo de paz (8.v Excombatientes de las FARC-EP en prisión), mientras que se destaca como prioridad la necesidad de garantizar una respuesta para detener el incesante asesinato de excombatientes (8.vi Asesinatos de excombatientes de las FARC-EP). De hecho, el colapso de la seguridad en las diferentes regiones de Colombia se considera en general un obstáculo principal para el proceso de paz, con el horrible aumento de los asesinatos de líderes sociales como indicador de esta realidad cada vez más grave (8.vii Asesinatos de líderes sociales y defensores/as de los derechos humanos). Si bien se insta al gobierno a que se comprometa más plenamente con los mecanismos de derechos humanos creados en el marco del acuerdo de paz, también se le anima a que responda con decisión a la reciente serie de abusos contra los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas (8.viii Escándalos en los que están implicadas las Fuerzas Armadas colombianas). 

Si bien las manifestaciones verbales del gobierno colombiano sobre su compromiso con el proceso de paz son bienvenidas, al igual que el compromiso en cuanto a ciertos aspectos del acuerdo, estas garantías a menudo se contradicen con decisiones políticas o con omisiones que terminan siendo contraproducentes.  

Como se ha subrayado repetidamente tanto dentro de Colombia como a nivel internacional, el acuerdo de paz tiene el potencial de ejercer un impacto significativo sobre los factores sociales y políticos que produjeron el contexto para la violencia histórica y el conflicto armado. También crea importantes mecanismos para responder directamente a la actual espiral de asesinatos en el campo. La esperanza que ofrece a la sociedad colombiana no se ha perdido. Pero para que se potencialice, su implementación debe convertirse en una realidad. Es esencial que la actual administración colombiana aproveche al máximo los dos años que le quedan de mandato para redoblar sus esfuerzos y asegurar un compromiso pleno con todos los aspectos del acuerdo.