Información de seguimientos y planes de atentado en Bogotá a integrantes de Justicia y Paz

“Si la nubes están oscuras dicen. ‘va a llover’. Hipócritas!!! Saben discernir los signos atmosféricos, pero no quieren decir lo que hay detrás de las evidencias en la historia” Relectura Lucas 12, 54-56

FRANCISCO SANTOS

Vicepresidente de la República

JAIME BERMUDEZ

Ministro de Relaciones Exteriores

FABIO VALENCIA COSSIO

Ministro de Interior

MARIO IGUARAN ARANA

Fiscal General de la Nación

EDGARDO MAYA VILLAZON

Procurador General de la Nación

VOLMAR PEREZ

Defensor Nacional del Pueblo

JUAN LOZANO

Ministro de Medio Ambiente

JULIO CESAR TURBAY

Contralor General de la Nación

Reciban un respetuoso saludo.

Nuevamente en menos de 20 días dirigimos nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la información recibida de seguimientos y la planeación de atentados de muerte que se han realizado contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Curvaradó y Bogotá.

El jueves 18 de septiembre a las 10:48 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz recibió información de un anónimo, según la cual en los hechos en que fue secuestrado JIMMY JANSASOY, el pasado 3 de septiembre, pretendía desaparecer a ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA. Se informa de dos frustrados operativos. Uno en el Curvaradó en la Zona Humanitaria de Camelias y que no se pudo realizar por la presencia de internacionales. Y posteriormente la orden de asesinar a alguno de los defensores de derechos humanos GERMAN ROMERO, EDUARD MINA, JIMMY JANSASOY, ABILIO PEÑA o DANILO RUEDA.

La información señala con algunos datos precisos del día martes 16 en la mañana, los seguimientos de que han sido objeto en la ciudad de Bogotá el padre ALBERTO FRANCO y JIMMY JANSASOY. Igualmente habla de la ubicación de las defensoras de derechos humanos ZENAIDA PARRA, ELIZABETH GOMEZ. Se refiere al seguimiento que debería hacerse a FABIO ARIZA. Se informa del conocimiento que se tiene de GISELA CAÑAS, LILIANA AVILA y ENRIQUE CHIMONJA.

Nuestra Censura Ética ante los contenidos de esta nueva información, que al ser cotejada con los antecedentes, indica con profunda gravedad la inacción del Estado para desactivar a quienes se han denominado “Águilas Negras” en el Curvaradó y el bajo Atrato.

Nuestra Constancia ante la evidencia para la comunidad de derechos humanos de la negligencia institucional, de la ineficacia para identificar y dar captura a los responsables de una persecución sistemática, que en los últimos 20 días, se ha agudizado contra las defensoras y defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, que acompañan a los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad, en la reclamación justa de sus derechos a la vida y al Territorio.

En los últimos 20 días hemos dirigido Constancias y Censuras Eticas, hemos aportado elementos al ente investigador, para una investigación pronta y oportuna tendiente a identificar personas, lugares y motivaciones, que se ocultan detrás de las amenazas, relacionadas con la siembra ilegal de palma, la deforestación y la ganadería extensiva, sin que ningún resultado concreto exista.

Al hacer una lectura de conjunto de las amenazas de muerte, el secuestro de JIMMY, y la información hoy recibida estamos hablando de una estructura criminal con capacidad de seguimiento, con logística y recursos significativos para lograr identificar las y los defensores de derechos humanos.

20 días después de la primera amenaza se ha desterrado a 6 defensores de derechos humanos de Curvaradó, se les ha amenazado en Bogotá, y a pesar de todo ninguna medida material preventiva conforme a la situación se ha adoptado. Hoy percibimos la ausencia de voluntad política cierta por parte del Estado para garantizar la labor legal y legitima de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato.

Estamos absolutamente convencidos que solamente, si el ente investigador actuará con diligencia, en sana lógica, se crearían cimientos de verdad y de justicia, evitando que la criminalidad se perpetuara. Los escándalos ventilados en los medios de información recientemente respecto a la siembra de palma en Curvaradó e indelicadas reuniones en el palacio de Nariño en que se pudo haber hablado de esta problemática, merecen no solo una sanción ética. La sociedad y las víctimas tienen el derecho a saber con una actuación judicial eficaz, el tipo de relaciones entre estructuras criminales y las empresas de agronegocios.

¿Qué se quiere ocultar, negar, silenciar con las amenazas de muerte? Qué se quiere producir con las informaciones sobre planes de atentados y seguimientos sobre las y los defensores de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

¿Por qué el ente de control desde el nivel nacional, conociendo la criminalidad regional, se ha negado a investigar, sancionar e intervenir de manera directa en la restitución de la propiedad colectiva arrebatada con sangre, con fuego y con corrupción en Curvaradó?

¿Por qué la Fiscalía General de la Nación se niega a tomar decisiones de fondo ante las evidentes pruebas concretas y reales, fácticas de la empresas criminales palmeras, ganaderas y madereras? A qué se puede llamar celeridad procesal?

¿Por qué el gobierno nacional no ha adoptado las medidas recurrentes, efectivas y de intervención sobre la administración municipal y los entes que continúan negado la restitución de la propiedad a los legales y legítimos dueños?

¿Por qué el ministerio del interior, programa de defensores de derechos humanos, no adopta con prontitud las medidas urgentes materiales, requeridas para intentar evitar daños irreparables, a la vida e integridad personal de las y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz?

¿Por qué no se ha actuado contra las estructuras criminales que se denominan “Águilas Negras”, que operan en medio y a la vista de autoridades de todo tipo en el Urabá Antioqueño y el bajo Atrato?

Si estas preguntas se respondieran con sinceridad, con coherencia es absolutamente claro que habría restitución de la propiedad colectiva y habría garantías para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el bajo Atrato.

Reiteramos, insistimos, persistimos, si por algún momento, se reconstruyera el erosionado Estado de Derecho, nada, absolutamente nada, de esto estaría sucediendo.

En sus manos está la posibilidad de que ninguna y ningún defensor de derechos humanos sufra daños irreparables a su vida e integridad personal y sea posible la labor legítima de defender los derechos humanos,

Con profunda preocupación,

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Bogotá, D.C. septiembre 19 de 2008