Incidente de riesgo a la vida de defensor de derechos humanos de J&P por militares

Ayer domingo hacia las 8:25 pm, en el sector conocido como Puerto Calderón, comunidad de Peneya, corregimiento de Piñuña Blanco, cuando Carlos Fernández, defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, junto a un grupo de escoltas de UNP, fue abordado por cinco soldados adscritos a la brigada XXVII de Selva. 

Uno de los militares de manera agresiva requirió al escolta asignado por la UNP una requisa, el cual de manera inmediata se identificó, en seguida el efectivo regular manifestó: “tenemos la orden de darle plomo a todo al que ande armado”..Luego tomó el arma de dotación y la empuñó en tono amenazante.

Los escoltas intentaron calmar al militar, este en tono provocador repitió: “tenemos orden del batallón de darle plomo a todo el que ande armado”.

Luego de varios minutos fueron autorizados a continuar el camino.

Al momento de este delicado incidente que refleja las presiones y resultados operacionales que deben mostrar los militares, el defensor Carlos Fernández se encontraba sin el vehículo por fallas mecánicas, razón por la cual se desplazó en otro esquema de UNP, que apoyó la salida del lugar donde se encontraba (imagen 1-4). El defensor continúa con un vehículo inadecuado para el desarrollo de su labor.

La amenaza militar de haberse realizado habría significado un ataque con daños irreparables a la vida e integridad del nuestro defensor y su escolta.

La actuación contra derecho de los efectivos militares, limitan la labor de defensa de los derechos humanos. Profundizan las inquietudes y denuncias respecto a los procedimientos y operaciones militares en los territorios, tal como lo reveló el periódico The New York Times.

Es necesaria la actuación inmediata del Estado para garantizar la labor de los y las defensoras de derechos humanos, así como las investigaciones pertinentes ante el proceder de los uniformados.

Bogotá D.C, 20 de mayo de 2019
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.