Impunidad en homicidios de reclamantes de tierras
El sábado en la noche sicarios disfrazados de policías ingresaron a la casa de Iván Darío Restrepo, en Bello (Antioquia), y lo asesinaron.
El asesinato, este fin de semana, de Iván Darío Restrepo, un reclamante de tierras en el departamento de Antioquia, prendió una vez más las alarmas en torno al esquema de seguridad que el Estado brinda a estas personas, a la presencia de armados ilegales enemigos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y por la impunidad reinante: la justicia colombiana apenas ha juzgado uno de los 65 crímenes perpetrados contra personas que participan en procesos de reclamación de tierras en el país.
El tema ya trascendió fronteras, en febrero pasado siete congresistas de Estados Unidos le expresaron al presidente Juan Manuel Santos su preocupación porque 45 líderes están amenazados, incluidos miembros de zonas humanitarias y de biodiversidad.
Aunque el director de la UNP, Andrés Villamizar, agradeció en su momento la preocupación manifestada por los congresistas, les aclaró que no es cierto que no se brinden plenas medidas de seguridad. “Es falso que sólo demos una cartilla de autoprotección, pues se brindan las medidas según cada zona. De las quejas en Jiguamiandó y Curvaradó debemos recordar que hay muchas zonas humanitarias donde no entra la Fuerza Pública y se deben adelantar medidas especiales de protección”.
Los asesinatos y las amenazas contra reclamantes de tierras confirman la tesis de que existe una fuerza empeñada en bloquear la política bandera del gobierno Santos, como lo planteó un artículo publicado en El Espectador el 12 de marzo de 2012, que ya hablaba por entonces de que el radio de acción de los supuestos ejércitos antirrestitución de tierras fue creciendo con el paso de los días, a tal punto que hoy las amenazas se extienden a todas las regiones donde los reclamantes adelantan procesos de restituciones.
Restrepo, en julio del año pasado, recibió un panfleto que rezaba: “IVAN DARIO RESTREPO GARCIA, QUE EN PAZ DESCANSE”, cuya autoría aún se ignora.
Al condenar el crimen de Restrepo, el presidente Santos dijo en su cuenta de Twitter: “No vamos a permitir que los violentos se interpongan frente al sagrado derecho de los colombianos de defender lo que les pertenece”.
Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), precisa que Restrepo se convirtió en blanco de los criminales por denunciar extorsiones y despojo de bienes suyos y de al menos 60 familias de La Gabriela.
“Él había denunciado a Los Triana (un grupo armado ilegal) por amenazas y extorsiones, dice John Alexánder Osorio, secretario de Gobierno de Bello. Incluso, el 11 de enero pasado Restrepo envió una carta al comandante de la Policía de Bello, en la que afirmó: “Es injusto cómo la comunidad se queda asombrada al observar cómo repetidamente agentes de la Policía acompañan y fraternizan con reconocidos integrantes del grupo armado Los Triana del sector La Gabriela, donde vivía Restrepo, quien advirtió que con ello su vida estaba en riesgo porque los agentes “fraternizaban con mis verdugos y denunciados por mí ante la Fiscalía” (ver facsímil)”.
Para Quijano, en el caso de Restrepo “hubo falencias en la protección” y precisa que “vestidos de policías (los sicarios) simularon una ronda de su esquema de seguridad para ingresar a la casa de Iván Darío y asesinarlo (la noche del pasado sábado). Cabe preguntar, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que maneja la Policía?, porque a nuestro parecer hay una profunda negligencia”, afirma.
Más allá de la seguridad estatal para los reclamantes de tierras, Gerardo Vega —director de la ONG Forjando Futuros— cree que “el problema de fondo es desmantelar las bandas criminales e identificar a quienes estén detrás de ellas, al tiempo que lamentó la falta de resultados en las investigaciones de los 65 asesinatos de líderes de restitución de tierras perpetrados en el país desde 2008.
“Sólo hay resultados en el caso de David Goes, el resto están en la impunidad. Le hemos pedido al Gobierno que prohíba el porte de armas en las zonas de restitución y que difunda el nombre de los testaferros y despojadores. Hace poco el Gobierno sacó la foto y el nombre de ocho de esas personas, pero hay que descubrir quiénes están detrás de ellos”.
En ese esfuerzo por develar los crímenes, el presidente Juan Manuel Santos anunció una recompensa de $100 millones por información que permita esclarecer la autoría del asesinato del líder comunitario Éver Antonio Cordero, ocurrido el pasado 9 de abril en Valencia (Córdoba).
Pese a los anuncios, Carmen Palencia, presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra, expresa pesimismo por el futuro de este proceso. “Parece que hay un acuerdo tácito entre las instituciones para que este proceso no funcione. La impunidad de los crímenes, la inoperancia de la Fiscalía y la demora de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para establecer los esquemas de seguridad me hacen pensar eso”.
* Con apoyo del corresponsal Walter Arias en Medellín.