Hostigamientos y amenazas a Comisión de Justicia y Paz
Hostigamientos, seguimientos, señalamientos, amenazas contra integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y Brigadas de Paz, directivo CGT de Antioquia se suma a campaña de desprestigio.
Bogotá, D.C. junio 17 de 2010
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDOÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
JUAN MANUEL OSPINA
Gerente del Incoder
la ética del bien común surge en conflicto con el sistema porque no es
derivable de ningún calculo de utilidad, el bien común se destruye en
la medida en que toda acción humana es sometida a un cálculo de
utilidad, Franz Hinkelamert
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética, la tercera en menos de dos meses, sobre los hostigamientos, seguimientos, amenazas, y continuidad de la campaña de difamación sobre integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Curbaradó y Bogotá debido al acompañamiento jurídico, pedagógico y de afirmación de derechos humanos integralmente concebidos a los consejos menores que reclaman la restitución de los predios colectivos de los que fueron desalojados violentamente y mediante mecanismos fraudulentos desde 1996 hasta el día de hoy.
En el día de ayer a las 12:20 p.m. se recibió una llamada de advertencia sobre la eventual ocurrencia de daños contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz debida a las actuaciones judiciales que adelantamos frente a los crímenes de lesa humanidad, daños ambientales cometidos contra las comunidades negras de Jiguamiandó y Curbaradó desde 1996.
Igualmente, durante los últimos 10 días se han desarrollado seguimientos y hostigamientos en la ciudad de Bogotá en los movimientos y lugares de habitación de ABILIO PEÑA, DANILO RUEDA y extrañamente las comunicaciones del sacerdote ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo se cruzan con el GAULA.
Estos hechos vienen sucediendo luego que desde el 13 de mayo, de la residencia del defensor de derechos humanos DANILO RUEDA, se realizara una operación ilegal con el hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, un documento de un proceso contra el general RITO ALEJO DEL RÍO y una demanda proyectada contra ÁLVARO URIBE VÉLEZ.
Simultáneamente se ha conocido que el sindicato de la Confederación General del Trabajo, CGT, su presidente JULIO ROBERTO GÓMEZ, y uno de sus dirigentes en Antioquia, ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, sin contextualización, vienen haciendo eco de difamaciones con declaraciones públicas y con su intervención en el seno de la Comisión de Expertos de la OIT, en las que se difama de organizaciones de derechos humanos, como el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, la Comisión Colombiana de Juristas, el CINEP, la Diócesis de Quibdó, la Diócesis de Apartadó y nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Ante ustedes nuestra Constancia ante los siguientes fundamentos fácticos.
* Domingo 5 de junio hacia las 9:30 a.m. en comunicación con nuestra Comisión de Justicia y Paz, testigos afirmaron que escucharon la conversación, entre hombres que participan de operaciones armadas ilegales, un llamado “Franklin” y PEDRO TORDECILLAS en el Terminal de transporte colectivo en Belén de Bajirá en horas de la mañana.
Sostuvieron que cuentan con apoyo económico de ANGELA MARÍA OSORIO GALEANO, para asesinar a las personas de Belén de Bajirá que participaron en el intento de desalojo de invasores en el consejo menor de Camelias, a integrantes de PBI y de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
OSORIO GALEANO, de acuerdo con la información ha sido secretaria de las empresas palmicultoras que operan ilegalmente en Curvaradó y Jiguamiandó, en particular de GABRIEL JAIME SIERRA.
* Miércoles 8 de junio hacia las 2:00 p.m. paramilitares abordaron a habitantes de la Zona Humanitaria de El Tesoro y les manifestaron que estaban esperando a algún integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz para atacarle. De acuerdo con la información recibida, los armados manifestaron: “estamos esperando encontrarnos con alguno de esa ONG Justicia y Paz, para apretarlos”
* Viernes 10 de junio desde las 6:00 a.m. y hasta cerca de las 8: 00 a.m. dos hombres en una moto estuvieron observando el lugar de residencia de DANILO RUEDA. Al tomar el vehículo hacia su oficina le siguieron durante 5 cuadras.
*Lunes 13 de junio entre las 7:30 p.m. hasta las 9:00 p.m. se constató el seguimiento del vehículo en que se transporta el P. ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
*Martes 14 de junio entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m. un vehículo marca Chevrolet Sprint de color verde con dos hombres en su interior observaron el lugar de habitación del defensor de derechos humanos, DANILO RUEDA, mientras se encendían las luces del apartamento, tomaron apuntes, posteriormente, uno de los hombres se bajó y tomó nota. Luego se marcharon del lugar
Hacia las 9:30 p.m. y por espacio de una hora, de acuerdo con vecinos del lugar de residencia, un vehículo similar y una motocicleta se parqueó enfrente de la residencia del defensor de derechos humanos.
*Miércoles 15 de junio en horas de la tarde, nuestra Comisión de Justicia y Paz conoció la publicación de la última semana de mayo del semanario El Heraldo de Urabá en el que presenta un artículo titulado:“Afrodescendientes desplazados no deben vivir de limosnas: CGT”.
El artículo contiene declaraciones difamatorias de ALBEIRO FRANCO VALDERRAMA, miembro del Comité Ejecutivo de la Conferencia General del Trabajo CGT en Antioquia respecto a la situación de las comunidades de lo consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.
VALDERRAMA afirmó que: “la ONG Justicia y Paz influencia a funcionarios de tercera categoría del Ministerio del Interior para entorpecer y además no permitir el reconocimiento de los líderes” (…) “Lo que planteamos en la CGT es que estas comunidades no vivan de limosnas, yo habló a nombre de la confederación y queremos colaborar por nuestra misión estatutaria. La tarea que viene es un censo que adelanta el Ministerio del Interior para definir realmente cuales son las comunidades negras y cuales las mestizas para definir la entrega del territorio y en eso están en ese momento”.
El miembro de la CGT desconociendo las decisiones de la Corte Constitucional y el proceso jurídico y constitucional sostuvo faltando a la verdad que nuestra Comisión de Justicia y Paz, no quería el censo y “pero la Confederación lo propició y en eso ha incidido mucho el vicepresidente Angelino Garzón porque conoce la discusión con la ONG”.
El integrante de la CGT con una expresión descontextualizada, ignorando el auto de la Corte Constitucional de Mayo de 2008, sostuvo que nuestra Comisión desconoce a GERMÁN MARMOLEJO, como representante legal de Curbaradó.
Una acusación más grave se refiere a la responsabilidad de organizaciones humanitarias de derechos humanos nacionales e internacionales en el desplazamiento y en el impedimento de lo que VALDERRAMA, llama desarrollo. “Aparecen unas ONG internacionales montando unas comunidades de paz alrededor de estas tierras, con la participación de otras organizaciones nacionales, que buscan crear conflictos con el sentido de desplazar a las comunidades negras e indígenas y de paso impiden que llegue el desarrollo, no permiten que el Estado llegue. Ya no está solo Justicia y Paz, hay otras ONG y se instalan con banderas, no permiten que el Estado llegue, no hay campo para el desarrollo” (…) “Ya se han adelantado conversaciones con empresas bananeras para desarrollar proyectos de plátano, existen recursos, hay facilidad para hacerlo, pero estos señores (ONG) se atraviesan. ‘Por ejemplo ejemplo estamos trabajando proyectos para carreteras que ya están desde hace tiempo en el Ministerio para la carretera Curbaradó – Murindó y estos señores (ONG) no dejan”
* Miércoles 15 de junio entre las 8:00 p.m. y las 9:30 p.m. se apostó enfrente de la residencia de DANILO RUEDA un taxi. Este siguió la marcha del vehículo en que se movilizaba el defensor de derechos humanos hasta el centro de la ciudad.
* Jueves 16 de junio a las 12:20 p.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz en la ciudad de Bogotá recibió una llamada de un hombre que en dos ocasiones expresó:”ustedes están ganando en el proceso legal de la palma, pero cuídense” Al preguntársele por su nombre o identificación volvió a repetir: “Cuídense, ya saben, van ganando en lo de la palma, cuídense”
* Jueves 16 de junio entre 2:00 p.m. y las 2:30 p.m. en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, el dependiente auxiliar del proceso 3856, MANUEL GARZÓN vinculado con nuestra Comisión de Justicia y Paz, revisa las últimas actuaciones realizadas en el proceso con radicado 3856. Uno de los abogados de la defensa al terminar de leer el expediente le preguntó a quién defendía en el proceso, sin haber este respondido, la secretaria manifestó: “es Parte Civil, de los del cura Giraldo”.
Mientras esperaba MANUEL las fotocopias se acercó alguien que dijo ser un abogado de Medellín que había llegado hacía poco a Bogotá, y le ofreció pagarle por revisar unos procesos, y le solicito el número telefónico. MANUEL manifestó que no estaba interesado.
* Viernes 17 de junio hacia las 6: 35 a.m. sobre la Avenida Suba con Boyacá dos vehículos, 4 puertas con vidrios oscuros se detuvieron delante del vehículo en que se transportaba el defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz ABILIO PEÑA. De uno de los vehículos descendió un hombre, habló con personas del vehículo de adelante y regresó de nuevo a su vehículo. Los dos vehículos obstruyeron la movilización del vehículo en que se transportaba ABILIO por varios minutos.
Luego de lograr sobrepasar los vehículos, doscientos metros después, sobre la avenida Boyacá, un hombre en una motocicleta de placas NCR 51 tocó la puerta del conductor y solicitó, en dos ocasiones, bajar los vidrios.
En ese mismo momento, el conductor del vehículo de protección desde el altavoz , le preguntó qué quería y el hombre huyó en la motocicleta.
* Viernes 17 de junio a las 9:24 a.m. por quinta ocasión el padre ALBERTO FRANCO CSsR, Secretario Ejecutivo de nuestra comisión de Justicia y Paz, al realizar llamadas desde su número telefónico celular le respondieron en el GAULA de la policía. Al preguntar la razón por la que constantemente responden en el GAULA, la agente DIANA, quién se negó, a dar su apellido, manifestó que las comunicaciones se cruzan, y que esas llamadas quedan grabadas.
*Viernes 17 de junio hacia las 10:30 a.m. nuestra Comisión de Justicia y Paz leyó el documento titulado: “Informe Ejecutivo situación de la comunidad negra de Curbaradó – Chocó Colombia- Frente al trámite surtido ante la Comisión de Expertos de la OIT” en cuya portada aparece la foto de un pancarta en la que se lee: “El territorio colectivo es de los negros no de la Ong Justicia y Paz” , presentado, según aparece en el texto por JULIO ROBERTO GÓMEZ, Central General de Trabajadores, CGT; GERMÁN ANTONIO MARMOLEJO RENTERÍA quien figura, de modo fraudulento, como Representante Legal del Consejo Comunitario del Curvaradó y con fecha de febrero de 2011.
El documento dirigido a la OIT contiene transcripciones de falsas acusaciones, contra los denunciantes del proceso 3856, MARÍA LIGIA CHAVERRA y MANUEL DENIS BLANDÓN, y contra nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Contra la verdad habla del “desarrollo de las estrategia del proyecto POLITICO – MILITAR DE LAS FARC & ONGS en escenarios Internacionales (sic) abogando por el Consejo Comunitario de la cuenca del río Curbaradó para entender los verdaderos alcances de esta compleja estrategia, que trajo como consecuencia una irrupción ilegal en la etnia negra de Curbarado, es necesario detenernos en las lineas de acción Internacional (sic) dirreccionadas por la Ong COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA PAZ, acompañada por el PBI, utilizando militantes del PROYECTO POLITICO MILITAR DE LAS FARC, una vez este grupo terrorista logró obtener el control absoluto del Consejo Comunitario de Curbaradó”.
El documento sostiene que MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDON, asesinados en diciembre de 2009, “valerosamente denunciaron las relaciones de ésta organización ilegal con las Ongs JUSTICIA Y PAZ, CINEP, PIB (sic) entre otras y además pusieron de manifiesto los peligros que corrían por haber sido declarados objetivos militares por parte de las FARC”.
En el aparte “Antecedentes en Sistema Interamericano de DD.HH” el documento acusa a DANILO RUEDA, y a nuestra Comisión de Justicia y Paz, como responsables de fraude procesal. Repite el documento falsas afirmaciones sin fundamento fáctico ni jurídico, según las cuales: “está plenamente demostrado ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que el señor DANILO RUEDA, res responsable de un FRAUDE PROCESAL INTERNACIONAL” y pide que la OIT, “al igual de lo que ocurrió en la CORTE CIDH, en donde la Ong Comisión Intereclesial de Justicia y Paz actuó fraudulentamente en nombre y representación de 515 familias y luego en audiencia del 5 de febrero de 2008 su representante DANILO RUEDA, admitió que solamente representaban 161 familias”
El documento anota, además, que “es necesario definir un marco de responsabilidad frente a nuestra etnia negra, de acuerdo de acuerdo a los momentos en que cada actor legal y/o ilegal sea cual fuere su ideario, han actuado en detrimento de nuestros DD.HH. Para el caso concreto de irrupción ilegal, esbozamos los siguientes argumentos: Intervención ilegal de las FARC, Ong’s, Diócesis de Quibdó y Apartadó, en el proceso de titulación colectiva…”
El documento, aparte de faltar a la verdad pretende hacer incurrir en error a la Comisión de Expertos de la OIT al presentar como Representante Legal de la Cuenca del Curvaradó al señor GERMÁN MARMOLEJO, desconociendo el auto de la Corte Constitucional del 18 de mayo de 2010 que deja sin fundamento cualquier representación legal hasta tanto se adelante un censo y elección del representante legal; deja a un lado, la comunicación de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior de mayo del presente año que asume lo ordenado por Auto referido de la Corte.
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de esta operación de persecución que no cesa desde 1998 contra nuestra Comisión de Justicia y Paz en la que se han combinado diversas formas y técnicas. Sufragios con amenazas de muerte, amenazas de muerte escritas, secuestro, allanamientos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de correo electrónico, seguimientos ilegales en Colombia, Mexico y en Europa, campañas de difamación y operaciones mediáticas, montajes judiciales, hurto de información sobre casos de violaciones de derechos humanos y la proyección de demandas a Álvaro Uribe Vélez con ingreso a lugares de residencia.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una investigación eficaz, con identificación de un tipo penal correspondiente a la gravedad de los hechos que ha significado 2 exilios definitivos, 5 exilios temporales, cambios permanentes de lugar de habitación, la obstaculización en el ejercicio legal y el apoyo psicológico y físico permanente a víctimas del conflicto armado interno y de la usurpación de tierras, afecciones familiares y cambios en las dinámicas de la vida cotidiana y el desprestigio ante una campaña sistemática de difamaciones, calumnias e injurias que no ha sido investigada eficazmente.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para que podamos ejercer nuestra labor de protección, de promoción y de defensa de los derechos humanos. Amplios sectores militares, policiales, económicos beneficiados del paramilitarismo y otros sectores de la economía y del sindicalismo hacen eco de esa mentalidad sin el debido proceso, la sana crítica y el conocimiento de lo que está sucediendo y desconociendo las actuaciones en derecho y las que ha fallado la Corte Constitucional y los alcances de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Se continúa percibiendo esta labor legal y legitima como parte de una guerra jurídica contra los militares. Si el general RITO ALEJO DEL RÍO continúa siendo procesado por su responsabilidad en el crimen de MARINO LÓPEZ, y somos los representantes de las víctimas, no es por una sino por centenares de pruebas que reposan en este proceso. Esto sin contar otros procesos que se adelantan contra él, aquí en Colombia y en el exterior, en los que somos parte civil y que no han tenido a la fecha avances sustanciales.
Se continúa valorando nuestra labor legal y legítima como parte de una guerra jurídica contra el sector empresarial palmero, bananero y ganadero. Si sectores empresariales continúan siendo investigados, vinculados, indagados y acusados no es por una operación de desprestigio si no por centenares de pruebas, millares de víctimas y de testigos directos que han sostenido como a través del paramilitarismo se produjo el despojo violento, como esta ocupación ilegal persiste protegida por los paramilitares y por las omisiones y participación de la brigada 17.
Aportar al develamiento, al descubrimiento, a la revelación de un entramado criminal detrás del despojo violento, la siembra de palma, la siembra de banano y de la ganadería extensiva se ha convertido en una labor contra derecho, mientras los ocupantes de mala fe, los empresarios de Uniban, Banacol, Subastas de Urabá, La Tukeka, y otros finqueros, continúan usufructuando la tierra apropiada con crímenes de lesa humanidad y destrucción ambiental.
Mientras avanza, lenta, parcialmente el proceso 3856 y el cronograma en la implementación del Censo, los factores de riesgo en la región y en Bogotá se expresan con mayor presión y el desarrollo de operaciones psicológicas y de guerra turbia avanza con mentiras en escenarios internacionales. Al conocerse la Resolución de Acusación que la Fiscalía 8 de la UNDH-DIH profirió en contra de HERNÁN ÍÑIGO DE JESÚS GÓMEZ HERNÁNDEZ, SOR TERESA GÓMEZ y RAMIRO ENRIQUE ÁLVAREZ PORRAS alias NAPO, como posibles coautores materiales de los punibles de Desplazamiento forzado Concierto para Delinquir e Invasión de áreas de especial importancia ecológica, aumentan las presiones.
Nuestra Censura Ética ante la eventualidad de que el presidente de la CGT, JULIO ROBERTO GÓMEZ, sea nombrado como Ministro de Trabajo, cuando este sea reabierto por las facultades con que cuenta el ejecutivo, pues si se confirma que él ha presentado a la Comisión de Expertos de la OIT, pues las ligerezas del texto son irresponsables y dejan en tela de juicio la capacidad de valoración de las causas de conflictos y situaciones que se encuentran detrás del despojo violento. El informe ha incurrido no solamente en difamaciones, injurias y calumnias en un escenario internacional de protección como la OIT, desprotegiendo los derechos de las víctimas, pero también ha omitido presentar las pruebas pertinentes ante la Fiscalía y está legitimando las operaciones criminales y los fraudes cometidos contra los consejos menores de Curbaradó y Jiguamiandó.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, les solicitamos, nos informe
1. Desde el 13 de mayo a la fecha, luego del robo de información en el lugar de residencia de DANILO RUEDA, con información sobre casos de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y la proyección de una demanda contra Álvaro Uribe, qué medidas han adoptado de investigación, de protección preventiva y de garantías frente a este defensor de derechos humanos y demás integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?
2. Qué investigaciones se vienen adelantando, con qué tipo penal, frente a la persecución de la que vienen siendo blanco integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz?
3.Cómo se explican las llamadas intercomunicadas entre el teléfono del padre ALBERTO FRANCO CSsR y el GAULA?
4. Ante la llamada de advertencia a nuestra Comisión de Justicia y Paz en respuesta a los avances judiciales en el proceso 3856 en el que se encuentran detenidos o con órdenes de captura empresarios palmeros, qué medidas se van a adoptar para la continuidad de un debido proceso y garantías para los testigos y los abogados representantes de las víctimas?
5. El señor VicePresidente avala el contenido de la entrevista del señor FRANCO VALDERRAMA respecto a lo que ha sido su papel e intervención frente a la situación de las comunidades de Curbaradó?
6. De ser así, podría explicar el alcance de la expresión que usted ha “incidido”, respecto a nuestra postura frente a la negativa al desarrollo del Censo?
7. Ante las aseveraciones aparentemente suscritas y avaladas por JULIO ROBERTO GÓMEZ en el Informe a la Comisión de Expertos de la OIT, urge que la Fiscalía General de la Nación verifique la autenticidad del respaldo del señor GÓMEZ. De ser cierto, le requiera para presentar las pruebas de las afirmaciones escritas en el Informe remitido a la Comisión de Expertos de la OIT. En este mismo sentido, urge que las afirmaciones del señor FRANCO VALDERRAMA, en la entrevista al Heraldo de Urabá sean judicializadas, con la solicitud de presentación de pruebas.
Ante la persistencia de la operación de persecución contra la Comisión de Justicia y Paz, se evidencia la ausencia de garantías para el desarrollo de nuestra la labor legal y legítima en defensa de las víctimas de crímenes de Estado, del despojo violento para el desarrollo de agronegocios de palma, de banano, de yuca, la extensión ganadera, la extracción minera y la siembra de coca. Cualquier daño irreparable a la vida e integridad de alguna y alguno de las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, es de su responsabilidad.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz