Hostigamientos, seguimientos y amenazas contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz

Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante los continuos hostigamientos, seguimientos y amenazas contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, Erika Carvajal, Johana Rodríguez, Nubia Acosta, Fabio Ariza Alberto Franco, Abilio Peña, Carlos Fernández, Enrique Chimonja, Edwin Mosquera, Jhon Betancor, Danilo Rueda…

Bogotá, D.C. 15 de octubre de 2015

JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia

GERMÁN VARGAS LLERAS



Vicepresidente de la República de Colombia

JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior

MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores

YESID REYES
Ministro de Justicia

GABRIEL VALLEJO
Ministro de Ambiente

AURELIO IRAGORRI
Ministro de Agricultura

EDUARDO MONTEALEGRE



Fiscal General de la Nación

ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación

JORGE ARMANDO OTÁLORA



Defensor Nacional del Pueblo

GUILLERMO RIVERA
Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos

“De ahí que la convicción de que no existe mejor pedagogía en derechos humano que la del Testimonio. La lucha por educar en los derechos humanos solo es creíble desde el momento en que se inscriba, no en niveles teórico ni académicos, sino en lo cotidiano… es así como se pueden llegar a percibir los valores de la justicia, el respeto, de la solidaridad y sus dificultades sea a nivel local, nacional o internacional”, Luis Pérez Aguirre

Reciban un cordial saludo.

…, hechos y situaciones recurrentes desde 1996 sin que hasta la fecha las entidades del Estado diseñadas para proteger la vida y la integridad de las defensoras y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión hayan resuelto de fondo la situación.

Nuestra Constancia Histórica ante los últimos hechos ocurridos en contra de integrantes de nuestra Comisión que tienen como un hilo conductor actores privados o intereses privados que se desarrollan contra derechos de los pobladores y el ambiente en el Meta, Putumayo, Valle y Chocó.

Nuestra Constancia ante la evidente ampliación de los factores de riesgo de las amenazas, los seguimientos y los hostigamientos que interrelacionan intereses de grandes poderes económicos, que intentan obstruir el trabajo humanitario de apoyo a víctimas de la violencia estatal, a víctimas del conflicto armado, a víctimas del modelo de “desarrollo” de este país.

Nuestra Constancia ante las estigmatizaciones y señalamientos por la promoción, y apoyo, que realizamos por la práctica del derecho a la libre asociación, a la libertad de expresión, a informar y a ser informados, a la honra, así como también la práctica de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición y a la paz.

Nuestra Constancia Histórica ante lo que evidentemente se ha ido convirtiendo en responsabilidad estatal por acción, por omisión y acción por omisión específicamente en las regiones en donde nuestros defensores protegen y promueven los derechos de las comunidades afectadas por el despojo y por la negación de sus derechos étnico-territoriales.

Ante ustedes la fundamentación fáctica de nuestra Constancia Histórica, hechos que ocurren a pesar de las Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Medida Provisional otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Jueves 7 de mayo en horas de la noche, nuestra Comisión de Justicia y Paz, conoció a través de un Facebook de NÉSTOR CAMACHO, agente policial de Buenaventura, hizo graves y falsas acusaciones contra nuestro defensor de derechos Humanos EDWIN MOSQUERA y el conjunto de nuestra organización.
CAMACHO expresó: “Los supuestos paramilitares, que son un invento mas para lucrarse, la comision europea liderada por dos colombianos corruptos, que no hacen mas que inventar, y crear historias de supuesta guerra, donde en la calle puente Nayero no pasa absolutamente nada. Gracias a la policia que presta el servicio las 24 horas sin descansar, mientras edwin de la comisión saca a mujeres de la calle y se las lleva en la camioneta que debe ser solo de uso protector. No han cumplido con nada. Ladrones”(sic)

Viernes 24 de julio hacia las 7:00 a.m. en la ciudad de Pasto, ÓSCAR CERÓN, de la UNP, realizó una prueba de polígrafo a GIOVANNI RENGIFO, persona presentada por nuestra Comisión de Justicia y Paz, para prestar su servicio como escolta a nuestros defensores.
El integrante de la UNP Pasto envió a la UNP Bogotá un informe en el que expresó que había falsedad ideológica por parte de GIOVANNI.

Con este argumento, sin prueba, se desconoció la experiencia documentada de CERÓN y se colocó en tela de juicio la valoración y cotejo realizado por nuestra organización.
Hasta la fecha no se conoce que CERÓN haya fundamentado su acusación ante algún tipo de tribunal, tampoco se ha dado explicación a nuestra Comisión por tan grave aseveración

Viernes 10 de julio en horas de la noche en Bogotá, una fuente institucional, que no expresó como condición no revelar su nombre, fuimos informados que los defensores de derechos humanos P. ALBERTO FRANCO y DANILO RUEDA, eran blanco de interceptaciones de comunicaciones y seguimientos ilegales en razón de su labor de promoción de la paz.

A DANILO se le pretende vincular con las guerrillas de las FARC EP y del ELN, en actuaciones ilegales como planificador de actividades violentas y de deslegitimación del Estado a través de medios de información, por escritos de análisis y conferencias en la radio y talleres regionales sobre la paz con justicia.
Al padre FRANCO se le pretende relacionar con el ELN cómo caja de resonancia por declaraciones públicas en medios de información.

La fuente precisó que las actuaciones ilegales pretenden deslegitimar a los defensores y su organización con eventuales allanamientos, además, de una evaluación de acciones violentas en un mediano plazo.

Sobre nuestra sede se presentaron observaciones de hombres extraños y seguimiento con intermitencia de automotores de diferente tipo sobre los vehículos en los que se movilizan los defensores de nuestra organización en Bogotá, ABILIO PEÑA, ALBERTO FRANCO y DANILO RUEDA, desde el 1 al 7 de septiembre.

Miércoles 15 de julio en Puerto Asís, a las 8:00 a.m. durante 40 minutos, una camioneta sin placas de color negro, con tres hombres en su interior, hostigaron a los defensores de derechos humanos JHON BETANCOR y CARLOS FERNÁNDEZ.
Este automotor fue visto horas después con personal militar en su interior

Lunes 3 de agosto en el norte de Bogotá durante cerca de 20 minutos, la psicóloga, Defensora de Derechos Humanos, JOHANA RODRÍGUEZ fue blanco de un extraño seguimiento y hostigamiento por motorizados.

El hecho sucedió a las cinco de la tarde, en el sector de Puente Largo, en donde habita la defensora. Mientras ella caminaba en dirección a su lugar de residencia un ciudadano percibió el movimiento de un hombre y una mujer en una motocicleta con un arma de fuego; en reacción, el hombre gritó a la defensora para que se protegiera, mientras éste corría y se salvaguardaba en la portería de un edificio.

JOHANA buscó protección en un taxi que cruzaba por el lugar, reacciones que lograron disuadir a los motorizados, quienes tomaron una vía en contravía para huir. Segundos después, el hombre que conducía la moto volvió a merodear la zona solo, sin la mujer que le acompañaba inicialmente, y se ubicó enfrente del edificio en donde habita la defensora de derechos humanos.
Cuando la policía fue avisada y reaccionó de manera casi inmediata los motorizados se alejaron de la residencia.

JOHANA como defensora desarrolla desde el área psicosocial un trabajo con enfoque de género, el empoderamiento de las mujeres en la construcción de la paz y de apoyo a víctimas del neoparamilitarismo en Buenaventura.

Jueves 6 de agosto en horas de la mañana, mientras nuestro defensor de derechos humanos FABIO ARIZA se encontraba en Mapiripán, con los indígenas Jiw y Sikuani en labores de pedagogía de derechos humanos y en registros visuales testimoniales, un grupo de aproximadamente 20 paramilitares vestidos de camuflado y con armas largas ingresaron a la hacienda conocida como Macondo, propiedad de 5500 hectáreas de extensión, ocupada por la cuestionada empresa Poligrow.

Los paramilitares expresaron a pobladores y trabajadores que estaban buscaban a observadores internacionales y nacionales de derechos humanos que venían a tomar fotos y testimonios en o el entorno de la planta extractora de palma.
El mando de los armados, les afirmó que: “las ONG estaban en la zona sin autorización”.

Martes 11 de agosto aproximadamente a las 6:20 p.m. en el norte de Bogotá, el escolta del vehículo de la UNP en el que se movilizaba la defensora de derechos humanos JOHANA RODRÍGUEZ, fue abordado por un supuesto agente policial que obligó a detener la marcha.
El motorizado vestido de policía con un casco que no usan en esa institución y la moto sin las insignias de la entidad, golpeó el vidrio del lado del conductor insistentemente, presionándole a bajar el vidrio. Sin apagar la motocicleta, metió su mano y exigió bajar más el vidrio.
Luego preguntó al escolta, si él era el protegido, y éste respondió que no. El motorizado luego de tratar de identificar a la defensora de derechos humanos al no lograr observarla, se retiró velozmente.

Miércoles 26 de agosto alrededor de las 9:15 p.m. los defensores de derechos humanos MARÍA EUGENIA MOSQUERA, ENRIQUE CHIMONJA y el escolta de la UNP, mientras se movilizaban en el carro de protección, fueron cercados por un hombre armado y un motorizado, en la avenida Simón Bolívar, a la entrada del barrio Cristal de Buenaventura donde hay control de los paramilitares autodeterminados “Urabeños”.

Un sujeto afrodescendiente vestido de negro con una pistola 9 milímetros en la mano que corría por la acera, se ubicó en la mitad de la calle por donde debía girar el vehículo impidiendo su paso, el escolta reaccionó esquivando al armado, y al intentar tomar otra vía, otro afrodescendiente, en una motocicleta, trató de chocar el vehículo. Gracias a la pericia del escolta lograron salir ilesos.
El escolta puso en conocimiento a la policía sobre el hecho.

Miércoles 2 de septiembre en Mapiripán, un ingeniero de la empresa palmera Poligrow, expresó al observar a FABIO ARIZA, defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión, en compañía del reclamante de tierras, WILLIAM ALJURE, líder de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios – CONPAZ – que él, nuestro defensor, era el responsable de colocar en riesgo al líder comunitario.
El integrante de la compañía palmera agregó que nuestra organización es una ONG de la guerrilla.

Viernes 4 de septiembre en Bogotá, un empresario palmero vinculado al gremio de la agro industria Poligrow, informó a nuestra Comisión, que CARLOS BIGNA TANGLIATI, expresó su molestia por la entrevista de nuestro defensor ABILIO PEÑA http://www.contagioradio.com/poligrow-palma-mapiripan-articulo-11748/ en el que hace referencia a las informaciones compartidas ante el gobierno, el congreso de los Estados Unidos, movimientos ambientalistas, organizaciones de paz y Derechos Humanos, por la vulneración de derechos a las comunidades indígenas, el derecho al agua, al ambiente sano, a la libre movilidad, la apropiación irregular de tierras, la violación de derechos laborales por parte de Poligrow, así como, el accionar de paramilitares en los campos de producción de la compañía.

Sábado 19 de septiembre aproximadamente a las 11:00 a.m. en el barrio la Inmaculada, sector el astillero, los defensores de derechos humanos ENRIQUE CHIMONJA y MARÍA EUGENIA MOSQUERA, fueron retenidos durante 30 minutos por dos patrulleros de la policía que se encontraban en este lugar.

Los agentes identificados con el serial de chaleco 302860 y 141363 solicitaron a losdefensores de DDHH, probar que eran beneficiarios del esquema de protección. Posteriormente obligaron, al escolta conductor, de quien dudaron estuviera vinculado con la UNP, bajarse del vehículo. Segundos después, le hicieron alzar las manos y le requisaron mientras manifestaron: “en ese vehículo pueden ir bandidos”.

A la solicitud de registro del vehículo y documentos de identidad de los defensores se les pidió ir hasta el comando o CAI más cercano, tal como lo expresan los protocolos de la UNP. A esta solicitud los patrulleros se negaron. Inmediatamente el patrullero con serial 302860 solicitó la presencia de la Policía Judicial.
En la comunicación se le escucho decir “estamos aquí porque teníamos idea de eso, vengan a revisar el carro, aquí están cogidos, el vehículo no es blindado, y ya tomaron las placas nuestras”.

30 minutos después llegó un policía judicial. Minutos después el patrullero 302860 expresó a los defensores de derechos humanos “pueden irse y con el número hagan un chance”.

Martes 22 de septiembre frente a la sede de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Puerto Asís, un supuesto mototaxista, se parqueo, su conductor estuvo atento a la espera de la salida de los defensores de derechos humanos JHON JAIRO BETANCOR y CARLOS FERNÁNDEZ.
Al parecer este individuo había seguido a los defensores antes de su ingreso a la sede.

Miércoles 7 de octubre en la ciudad de Bogotá, durante cuarenta minutos el defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, CARLOS FERNÁNDEZ fue seguido por un hombre desde la salida del Colegio Santa Francisca Romana hasta el Portal de la calle 80 en Bogotá.

El hombre vestido con jean y camisa blanca tomó registros de voz y fotográficos incluso al subirse al bus de transporte público de Transmilenio. Al ser descubierto por el defensor de dh el individuo se cambió de lugar, situación que aprovechó el defensor para bajarse del vehículo y evadir el seguimiento.
CARLOS, junto con JHON JAIRO BETANCOR, apoyan desde nuestra Comisión, a las comunidades Nasa y de la Zona de Reserva Campesina del Putumayo, fundamentando las graves actuaciones contra derecho de empresas petroleras en Putumayo.

Jueves 8 de octubre hacia las 11:42am, desde el celular 3212774445 una persona que se identifica como MAURICIO MARTÍNEZ coordinador de la UNP en la región, llamó al celular de nuestro defensor de derechos humanos de JOHN JAIRO BETENCOURT, manifestándole que ya estaba listo el esquema de protección.
El integrante de la UNP fue insistente en manifestar que la persona y esquema de protección es individual, desconociendo la solicitud de la medida de carácter colectivo para los integrantes del equipo de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Putumayo.
A eso de la 1:09 pm el funcionario de la UNP insiste en que las medidas son individuales y que de no aceptar se tendría que firmar un acta donde se manifieste que se rechazan.
Luego de exigir aclaración a la UNP sobre esta situación y el desconocimiento de las medidas colectivas adoptadas, el funcionario negó haber tenido comunicación con nuestra Comisión de Justicia y Paz.

Domingo 11 de octubre, en horas de la noche se conocieron por parte de nuestra Comisión de Justicia y Paz, expresiones de sectores privados respecto al Acto de Conmemoración por los 30 años de la Masacre en Palestina Huila y la expresión social de objeción a la constitución de una represa en el río Guarapas.

Los actores privados manifestaron que no se podía permitir el trabajo de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Palestina, Huila, “a dónde llegan generan problemas”, expresó un actor privado del sector energético, que tiene intereses en la región
Agregaron en la conversación que esos actos de memoria activan a la gente, refiriéndose a los actos de conmemoración de los 30 años de la Masacre de Palestina, Huila, MARTÍN HUMBERTO COY ASTAIZA, JESÚS GALINDO, YESID TUNJO y JAIME LOAIZA en la que fueron asesinados cuatro integrantes de la U.P, hecho antecedido de la desaparición de TULIO CHIMONJA.

Uno de ellos expresó, que le habían comentado que había varios de esos defensores de derechos humanos de Justicia y Paz “metidos en proteger el agua y trayendo esas Zonas Humanitarias y biodiversas, que impiden la inversión”
Refiriéndose a ENRIQUE CHIMONJA, MARÍA EUGENIA MOSQUERA, EDWIN MOSQUERA, ERIKA CARVAJAL y DANILO RUEDA que intervinieron públicamente en los actos de memoria y de protección ambiental.

Nuestra Censura Ética ante la mentalidad de enemigos internos a quiénes promovemos el deber de la memoria, el derecho a la verdad, el derecho a la paz, que continúan concibiendo amplios sectores policiales y militares, trasladados o asumidos o preconcebidos también por actores privados en el Huila y el Meta, a través de empresarios o empleados vinculados al sector energético o palmero

Nuestra Censura Ética ante la ausencia de una respuesta eficaz respecto a la obligación de analizar adecuadamente la situación de riesgo de las defensoras y los defensores de derechos humanos de nuestra Comisión y para fijar planes de acción de prevención, protección e investigación eficaces.

Nuestra Censura Ética ante la absoluta ausencia de una investigación integral sobre las amenazas, persecuciones y hostigamientos de los que ha sido blanco nuestra Comisión de Justicia y Paz desde 1996 hasta el día de hoy, a pesar de que nuestra Comisión ha informado a las entidades del Estado correspondientes a través de Constancias.

Nuestra Censura Ética ante el desconocimiento de los protocolos de protección por parte de la Policía Nacional de Buenaventura con nuestros defensores de derechos humanos; la tergiversación, el negacionismos y la culpabilización de responsabilidad implícita o explícita de funcionarios de la UNP a nuestra Comisión de Justicia y Paz.

En conformidad con el artículo 23 de la Constitución sírvanse dar respuesta precisa y fáctica a las siguientes preguntas que elevamos respetuosamente:

1. Ante las amenazas y los hostigamientos en contra de los miembros de nuestra Comisión aquí contenidas ¿qué medidas concretas se piensan adoptar desde su entidad en conformidad con sus responsabilidades institucionales, a fin de que se puedan evitar daños irreparables a la vida e integridad de las y los defensores de derechos humanos aquí mencionados por su labor en el Bogotá, Mapiripán, Buenaventura y Putumayo?.
2. Ante la serie de solicitudes de medidas materiales no implementadas para mitigar el riesgo de amenazas de muerte contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz, ¿qué medidas se van a adoptar, con carácter urgente, para su implementación? ¿Ante el presupuesto de falsedad procesal sostenida por un funcionario de la UNP, qué medida se va a adoptar?.
3. Ante el nuevo desplazamiento de su lugar de trabajo de nuestros defensores de derechos humanos del bajo Atrato desde marzo y dado que no ha existido ninguna respuesta, ¿qué medidas extraordinarias se van a adoptar, para asegurar el derecho a las víctimas de recibir apoyo humanitario y apoyo para la promoción y protección de defensa de los derechos humanos? ¿Respecto a las graves advertencias de acciones contra la vida e integridad de miembros de nuestra Comisión por parte BALDOINO PALACIO, qué medidas penales, administrativas (Ministerio del Interior) y de otro tipo se han adoptado?.
4. Ante las operaciones de personas extrañas en varias de las actividades que realizan los defensores, los cuáles no han podido ser claramente identificados, como ha ocurrido en Putumayo, en Bogotá y el Huila ¿qué actividades se van a realizar de manera eficaz, pronta y oportuna, para determinar si estas personas tienen que ver con sectores empresariales o estructuras criminales?.
5. ¿Cuál es el estado de las investigaciones penales respecto al conjunto de amenazas, hostigamientos, seguimientos y persecuciones mencionadas en nuestra última Constancia y cómo se articularan con estas nuevas situaciones para evitar la dispersión de procesos?.

Con profunda preocupación,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz