Hostigamiento y abuso de la guardia del INPEC en cárcel Bellavista
La Fundación Comité de Solidaridad Con los Presos Políticos, Seccional Antioquia, con personería jurídica 5510 expedida por el Ministerio de Justicia; denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional, a los organismos de control, a las delegaciones de los procesos de paz y al Gobierno Nacional, el hostigamiento y abuso que la guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), realizó a los internos del patio dieciséis (16) de Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín, Bellavista.
HECHOS
PRIMERO: El día jueves 22 de diciembre, entre las 6:30 y las 7:00 pm, se presentó un operativo en el pasillo oriental de la segunda planta del patio 16 del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín – Bellavista- lugar donde se encuentran recluidos la mayor parte de los presos políticos. Eh dicho operativo fueron destruidos implementos de aseo, pertenecías personales y se generaron daños a la infraestructura de la instalación.
SEGUNDO: Hoy, viernes 23 de diciembre; después del horario de visitas, se repite el operativo, esta vez con más violencia, del que participan unos 20 auxiliares del INPEC comandados por el Cabo Alvarado y los PJ Muñoz y Benavides.
Estos ingresan al pasillo afirmando hacer una visita de rutina, pero nuevamente destruyen implementos de aseo, pertenencias personales, colchonetas, cobijas; además del daño ocasionado a paredes y a una de las planchas (las cuales utilizan los reclusos como camas).
Es preocupante, como de forma reiterativa, los dragoneantes del INPEC utilizan los operativos y las revisiones de rutina, como una oportunidad para maltratar a la población reclusa, es aún más preocupante que estos episodios se sigan presentando sin que se den las respectivas investigaciones y sanciones disciplinarias a los funcionarios que continúan desbordando, de forma ilegal, el uso de la fuerza.
El comité de solidaridad con los presos políticos se ha pronunciado en varias ocasiones frente a los mismos hechos, poniendo en conocimiento de los organismos de control los desmanes cometidos por el INPEC; por esto le sorprende ver la inoperancia de las autoridades frente a hechos lesivos, contra la función pública y contra el Estado social derecho mismo; la omisión también es una forma de ir en contra de preceptos constitucionales.
Por otro lado, recordamos que la población afectada son presos políticos, en su mayoría pertenecientes a las Farc-Ep, quienes están a la espera de que se apruebe una ley de amnistía, por lo tanto no tiene ninguna presentación, que tras la firma de un acuerdo de paz con esta insurgencia, el Estado a través de sus instituciones siga declarándole la guerra a los miembros de esta organización. No podemos hablar de un país en paz si no se respetan los derechos de la población carcelaria.
EXIGIMOS
Al INPEC; realizar las investigaciones y posteriores sanciones a que hubiese lugar, derivadas de esta acción abusiva, arbitraria y que desborda por mucho las funciones que debe cumplir la entidad, lo que la hace contraria a derecho y completamente ilegal.
A la Defensoría del Pueblo, hacer control y vigilancia a las actuaciones del INPEC, así como a las de los directivos de los centros penitenciarios del Valle de Aburra, en procura de proteger los derechos fundamentales de los detenidos y cesar cualquier extralimitación o actuación contraria a la ley que pudieran cometer los servidores públicos.
A la Procuraduría General de la Nación: Para que adelante las investigaciones pertinentes y sancione si es del caso a los funcionarios del INPEC responsables.
Al Ministro del Interior y de Justicia: Para que oriente las correcciones pertinentes.
Oficina Del Alto Comisionado Para la Paz, Que debe garantizar la protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad por motivos políticos
Al Gobierno Nacional: a realizar acciones tendientes a solucionar la situación carcelaria del país, catalogada en reiteradas ocasiones por la corte constitucional como “estado de cosas inconstitucionales” debido no solo al alto hacinamiento de los centros penitenciarios, sino además por la vulneración constante a los derechos fundamentales que en estos se presenta.