Hostigamiento a integrante de Comunidad para auscultar por el paradero de Defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz
“El hostigamiento para levantar muros de impunidad e imponer el silencio como ley de la muerte en vida, todo ha sido corroído por el crimen hasta lo que era en algún tiempo, la autoridad” Id
Bogotá, D.C. noviembre 23 de 2008
FRANCISCO SANTOS
Vicepresidente de la República
FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior
JAIME BERMUDEZ
Ministro de Relaciones Exteriores
PAULA MORENO
Ministra de Cultura
JUAN LOZANO
Ministro de Ambiente
MARIO IGUARAN ARANA
Fiscal General de la Nación
EDGARDO MAYA VILLAZON
Procurador General de la Nación
VOLMAR PEREZ
Defensor Nacional del Pueblo
JULIO CESAR TURBAY
Contralor General de la Nación
Ref: Hostigamiento a integrante de Comunidad para auscultar por el paradero de Defensor de Derechos Humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz
“El hostigamiento para levantar muros de impunidad e imponer el silencio como ley de la muerte en vida, todo ha sido corroído por el crimen hasta lo que era en algún tiempo, la autoridad” Id
Reciban un respetuoso saludo.
Nuevamente las operaciones encubiertas siendo un factor de riesgo para las comunidades acompañadas y para los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en el bajo Atrato y el Urabá antioqueño, situación que constata la vulnerabilidad en que nos encontramos.
Desde el paro regional de las “Autodefensas Gaitanistas” en octubre pasado, que reflejó la capacidad criminal en medio, cuando no al lado de las diversas autoridades, la sensación, la percepción y la realidad es que estás estructuras armadas no han sido desmontadas, operan a la luz pública sin ningún tipo de recato. Recientemente asesinaron a varias personas en Chigorodó, los crímenes en Turbo, en Apartadó, en Dabeiba, en Necoclí persisten, su presencia es innegable sobre el río Atrato desde el golfo de Urabá hasta el medio Atrato en medio de la alta militarización. Cómo puede entenderse está realidad?
Jueves 20 de noviembre a las 8:40 a.m. en el paraje conocido como La Selva en la vía que conduce de Dabeiba hacia Antadó, 2 hombres vestidos de civil que se movilizaban en una moto, en una actuación encubierta en lógicas paramilitares, abordaron al joven DIEGO MONTOYA, habitante de la Zona Humanitaria de la Comunidad Civil de Vida y de Trabajo La Balsita.
Los hombres preguntaron por el paradero del defensor de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz, JIMMY JANSASOY. Agregaron que eran conocidos por él y que “tenían un negocio con él”. Le solicitaron un número telefónico para comunicarse con JANSASOY.
El joven de la comunidad les reiteró que no contaba con el número telefónico de JIMMY, agregando, que desde que este se vio obligado a salir de la región, no tenía contacto con ninguna de las comunidades.
Los hombres de la estrategia paramilitar antes de partir indicaron: “Por acá nos estamos viendo, cuando tenga el teléfono nos lo da, que necesitamos comunicarnos con él” y se fueron del lugar.
JIMMY JANSASOY fue secuestrado el 3 de septiembre por paramilitares en el municipio de Chigorodó y obligado a entregar los nombres, direcciones y los números telefónicos de los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz y debía entregar la información días después en la plaza central del municipio de Belén de Bajirá, sopena de ser asesinado él y su familia. En esa misma actuación se conoció de la tentativa de desaparición de ABILIO PEÑA y DANILO RUEDA, también defensores de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Desde ese día JANSASOY se vio obligado a salir de la región. Posteriormente, seis acompañantes más, debido a persistentes amenazas de muerte se vieron obligados a cesar en su acompañamiento a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Trasladado a la ciudad de Bogotá, él y los integrantes de la Comisión de Justicia y Paz de Bogotá fueron objeto de seguimientos y de una tentativa de atentado contra sus vidas.
Posteriormente, las estructuras paramilitares de las “Autodefensas Gaitanistas” en el municipio de Riosucio definieron como uno de los objetivos sacar a la Comisión de Justicia y Paz del bajo Atrato.
Esta es la segunda ocasión en que DIEGO MONTOYA, integrante de la Comunidad de Vida y de Trabajo La Balsita, es abordado por estructuras paramilitares para averiguar por el paradero de JIMMY JANSASOY. DIEGO MONTOYA se encuentra cobijado con medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la vulneración permanente de los derechos de las comunidades acompañadas por nuestra Comisión de Justicia y Paz, debido a operaciones de las estructuras paramilitares que operan en el urabá antioqueño y el bajo Atrato chocoano.
Las operaciones armadas indican claramente el fracaso de la militarización de la región, pues la zozobra y las violaciones de derechos humanos persisten, incluso, como desde hace 15 años, la tolerancia, la complicidad de la institucionalidad local y regional, de las instancias civiles como de la fuerza pública.
Las operaciones ilegales empresariales se desarrollan con el apoyo de recursos oficiales o intermediaciones institucionales, desconociendo el derecho y la ética y el respeto a los derechos integrales de las víctimas.
Nuestra Constancia y Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces, oportunas tendientes a identificar los responsables de las sistemáticas amenazas de muerte contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, ante la inacción frente a la estructuras criminales que operan en el bajo Atrato y el Urabá antioqueño, y los que se ocultan detrás de las empresas que son parte de su estrategia económica, de control social y político.
Ante las persistentes situaciones de riesgo que se experimenta en la región, que evidencian la ausencia de garantías para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad y para las organizaciones de derechos humanos y humanitarias solicitamos, en conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional, se nos responda a los siguientes interrogantes:
1. ¿Qué medidas se han adoptado en el Urabá Antioqueño y el bajo Atrato tendientes a generar garantías para los habitantes de las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad?
2. ¿Qué medidas se han adoptado para posibilitar el regreso a la región de los 6 defensores de derechos humanos de la Comisión de Justicia y Paz para prestar sus servicios de acompañamiento a las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó? ¿Qué medidas para posibilitar el acompañamiento en el bajo Naya?
3. ¿Qué decisiones con base en las facultades constitucionales, el poder ejecutivo, se han adoptado sobre la Policía de Urabá y la Brigada 15, y la Brigada17 y el Batallón Fluvial por su complicidad o por su omisión en las actuaciones contra las estructuras criminales de las “Águilas Negras” y o “Autodefensas Gaitanistas”? ¿Qué decisiones sobre las Fuerzas Militares de la 3ra Brigada en el bajo Naya?
4. ¿Qué actuaciones investigativas y resultados de identificación de responsables y procesamiento ante jueces ha realizado la fiscalía General de la Nación sobre las amenazas de muerte, una tentativa de homicidio, un secuestro, y de dos desapariciones forzadas contra los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz? ¿Bajo qué radicados y en que fiscalía, y bajo que hipótesis de investigación se adelantan dichas investigaciones? ¿Por qué la fiscalía se ha abstenido de intervenir con medidas cautelares sobre las empresas “Extractora Bajirá S.A”, “Urapalma”, Asoprobeba, y otras para evitar más daños irreversibles a las comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas?
5. ¿Qué actuaciones concretas ha realizado la Fiscalía General frente a las evidentes actuaciones con estructuras paramilitares adelantada por la empresa Multifruits Ltda. de la que formó parte el dirigente conservador JUAN MANUEL CAMPO ELJACH?
6. ¿Qué actuaciones eficaces ha adelantado la Fiscalía General de la Nación por la apropiación ilegal de tierras por parte del ex alcalde AMADOR CAICEDO?
7. ¿Qué radicado, qué fiscalía y bajo que hipótesis y quiénes son los imputados por el crimen de WALBERTO HOYOS? A dicha investigación se ha vinculado a los ocupantes de mala fe y beneficiarios del paramilitarismo que ocupan los predios del consejo Comunitario de Caño Manso? Se ha vinculado a los administradores que dialogaron con los sicarios paramilitares ante de la comisión del crimen, y quiénes hasta el día de hoy permanecen en lo que hoy se conoce como Villa Alejandra I y Villa Alejandra II?
8. ¿Cuál es la política de intervención del Gobierno Nacional sobre Acción Social frente al apoyo financiero y proyectos productivos de ocupantes de mala fe?
9. Por qué el Ministerio de Agricultura insiste en el desarrollo del Agronegocio de la palma y intermedia para que las comunidades hagan negocios con la empresa “Extractora Bajirá S.A”? Estas actuaciones se realizan en Derecho. Cómo se ofrece la realización de negocios, sin restitución real de la propiedad? Qué opina el Señor Ministro de Agricultura?
10. ¿Qué actuaciones concretas realiza el gobierno nacional frente al repoblamiento adelantado por las empresas palmeras, ganaderas y deforestadoras, y a quiénes se les ha entregada tierra?
11. ¿En qué estado de encuentra la investigación que de oficio debió haber adelantado la Contraloría General de la Nación por el uso de dineros públicos en los agronegocios, que forman parte de estructuras criminales?
12. ¿Cuál ha sido la intervención concreta de la Procuraduría General de la Nación sobre los abusos de autoridad y actuaciones irregulares cometidos por agentes estatales de la Fuerza Pública, el Personero de Riosucio y las Inspecciones policiales?
13. El ministerio de Ambiente ha intervenido a las Corporaciones Ambientales de Urabá y de Chocó, por su incapacidad de intervenir a fin de hacer cumplir las disposiciones legales para la protección ambiental? ¿De qué manera? ¿Cómo se explica, entonces que persista la destrucción intensiva de bosques? ¿Cómo se comprende que las estructuras paramilitares mantengan el control de los recursos madereros? ¿Cómo se explica que persista la extracción del fruto de la palma?
Creemos que si responden en conciencia cada pregunta, de acuerdo, con sus responsabilidades institucionales llegarían a nuestras mismas conclusiones, esperamos con base en el plazo razonable que contemplan las disposiciones legales, respuestas concretas.
A ustedes nuestra apelación urgente para adoptar las medidas necesarias a fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de los habitantes de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en Dabeiba, Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, y la necesidad de que adopten medidas estructurales que permitan el ejercicio humanitario y de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz.
De toda consideración.
COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ