Hagamos posible la paz, declaración política asamblea 2017

Los avances en las negociaciones nos acercan a la paz completa:

Reconocemos como un avance para la sociedad colombiana el haber logrado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Igualmente, el haber dado inicio en Quito al proceso de conversaciones formales entre el gobierno nacional y el Ejército de Liberación Nacional.

Valoramos positivamente que la finalización del conflicto armado con las FARC-EP y el inicio de conversaciones con el ELN haya reflejado un descenso sensible de la confrontación armada y de sus consecuencias para la población civil.

Lamentamos que algunos sectores políticos y económicos no valoren estos logros e insistan en crear un ambiente político adverso a la paz, distorsionando el contenido del Acuerdo mediante campañas tendenciosas.

Las victimas deben estar en el centro de la implementación del Acuerdo Final:

Valoramos la importancia de la implementación normativa del Acuerdo, y el compromiso de la CCEEU de aportar constructivamente en esta materia, especialmente en los temas relativos al punto 3 y 5 del mismo. Consideramos que este trabajo debe mantenerse.

Saludamos la apertura a la participación política con la aprobación del Estatuto de la Oposición, la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz y el acto legislativo para la reincorporación y las condiciones para la financiación y participación política de las FARC. Sin embargo, nos causa preocupación, los pocos avances en el tema de acceso de tierras y desarrollo rural.

Consideramos de gran importancia la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) con miras a que sus diferentes mecanismos permitan avanzar el cumplimiento de los derechos de las víctimas.

Exigimos que la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas contribuya a esclarecer la suerte de las personas desaparecidas, garantizándole los recursos suficientes y los poderes necesarios para que pueda cumplir su labor de búsqueda, ubicación, identificación, exhumación, y entrega digna, contando con la participación de las víctimas en todas las instancias y fases de este proceso.

Exigimos que la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad posibilite la participación activa de las víctimas, sus organizaciones y de las comunidades. Para cumplir con este propósito de esclarecimiento y verdad es necesario superar las limitaciones frente al uso de los archivos sometidos a reserva legal.

Consideramos que la creación de la Jurisdicción Especial de Paz constituye una oportunidad única para que quienes han tenido las máximas responsabilidades por las atrocidades perpetradas en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, se comprometan con la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Solicitamos que las medidas de reparación individual y colectiva sean consultadas con las victimas e igualmente, que la reforma a la ley de victimas incluya las propuestas realizadas por las organizaciones de víctimas y derechos humanos.
Nos preocupan las asimetrías y desbalances introducidos en la implementación legislativa, que han obstaculizado los mecanismos de rendición de cuentas para terceros financiadores del paramilitarismo y los mandos superiores comprometidos en graves crímenes contra los derechos humanos.

Solicitamos que la implementación de los diferentes mecanismos del SIVJRNR cumplan con criterios que incluyan enfoques territoriales, étnicos, diferenciales y de género (incorporando orientación sexual e identidad de género), atendiendo las necesidades de los territorios y poblaciones más afectadas por el conflicto armado y la violencia sociopolítica.

Hacemos un llamado al Congreso de la República, la Corte Constitucional y demás entidades comprometidas con la implementación del SIVJRGNR a tener presente la centralidad de las víctimas como pilar fundamental del mismo, garantizando su efectiva y adecuada participación en todos los mecanismos e instancias de los mismos.

La paz necesita garantías y el desmonte del paramilitarismo:

Denunciamos la expansión y fortalecimiento del paramilitarismo, así como el recrudecimiento de ataques y agresiones a los defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios. Esta situación constituye un grave riesgo para la implementación territorial del acuerdo, genera dudas sobre el compromiso real del gobierno con el mismo e impacta en la confianza que puede tener el ELN para avanzar en el proceso de diálogo.

Llamamos la atención y rechazamos la negativa del Estado a reconocer la existencia del paramilitarismo y la sistematicidad de las agresiones a líderes sociales así como a defensores y defensoras de derechos humanos.

Consideramos indispensable avanzar de manera pronta en la creación de la Unidad Especial de investigación para el Desmantelamiento de las Estructuras Paramilitares, respetando el espíritu y finalidad con el que fue concebida en el marco del Acuerdo. Igualmente hacemos un llamado al Gobierno a impulsar decididamente el trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Demandamos del Estado complementar los compromisos del Acuerdo con la conformación de una Comisión de Alto Nivel de Garantías de No Repetición, con participación de organizaciones de víctimas y de derechos humanos. La Comisión debe abordar la revisión integral de las Políticas de seguridad y la doctrina militar, la eliminación del servicio militar obligatorio e instauración de un servicio social para la paz, la revisión de antecedentes y depuración de funcionarios vinculados con violaciones de DDHH, la revisión de archivos de seguridad y de inteligencia y la reducción de la fuerza pública y presupuesto militar.

Una paz completa requiere avances en el diálogo con el ELN:

Reafirmamos nuestro compromiso de aportar desde nuestra experiencia y conocimiento en Derechos Humanos a los contenidos de la agenda y las dinámicas de participación que se definan en la Mesa de Quito.

Hacemos un llamado a las partes a demostrar su voluntad con la paz avanzando en medidas que permitan construir confianza en la sociedad, mediante el establecimiento de gestos humanitarios unilaterales y acuerdos humanitarios parciales que permitan concretar el cese bilateral al fuego.

Llamamos a la sociedad en su conjunto a hacer valer su derecho a la paz y no permitir la polarización e instrumentalización electoral de la misma.

La implementación del acuerdo final y el avance sustancial de la Mesa de Diálogo de Quito son un motor fundamental de cambio, que nos permitirá avanzar en las transformaciones políticas y sociales, orientadas hacia una democracia incluyente, que respete y garantice los derechos de todos y todas, superando las brechas de inequidad y exclusión social existentes.

Bogotá, junio 9 de 2017

Ver declaracion en PDF: ASAMBLEA 2017Declaracion politicaCCEEU final