Hacia un punto final o la verdad transformadora

Ya la gente está cansada de tanto escándalo sin padecer el escándalo, sin vivirlo, sin experimentarlo, se vive de la costumbre. En los buses y los taxis, en los colectivos y en las calles, en los tertuliaderos, en los bailaderos, en los parques, la gente se encuentra hastiada, desde ese núcleo de la cotidianidad, de la desconexión de los hechos, donde se crítica a los críticos, se defiende a Uribe o se avala el paramilitarismo, allí en esos niveles de sensibilidad y conciencia se funda la posibilidad de una construcción de “Punto final”, de “Perdón y Olvido”.

Los indicios de la crisis de gobernabilidad, del día a día, cansan, a pesar de que expresen el Estado de hecho en consolidación en Colombia, y eso a pesar de las actuaciones de la Corte Suprema, y de que se olfatee la podredumbre. Existe lo inocultable la parainstitucionalización, a pesar de las diversas técnicas de enmascaramiento y de la costumbre, a pesar de la justificación y de negación de la realidad, de situaciones que se presentan inconexas, y tal vez, lo más sobrecogedor el consentimiento social en la destrucción de principios básicos de convivencia y de respeto a los mínimos de la dignidad. Todo vale hoy por la sensación de seguridad o un espejismo de paz. Es difícil prever lo que va a suceder, pero los factores de poder y la sociedad están avizorando el camino de llegar a fondo sobre la parainstitucionalidad desde el agenciamiento colectivo democrático de la memoria, o el taparlo todo como el gato o el de un remedo de transacción con la verdad, el hacerse lo más pasito para que la institucionalidad se sostenga.

Indudablemente que para muchos, lo que sucede es más, el fruto de nuestra dependencia de los Estados Unidos, las fricciones entre Republicanos y Demócratas. El ascenso de un modo de ejercer el gobierno en el norte condicionado a votantes sectores campesinos y trabajadores y de iglesias con visiones más cercanas a los derechos humanos, a los temas ecológicos es un factor que ha modificado la correlación de fuerzas en el interior. Pero no menos cierto es que dicha injerencia, en particular, de las agencias de seguridad del norte, les posibilita acceder a información, establecer condiciones en los juegos de poder y orientar la toma de decisiones, como nombramientos de personas de su absoluta confianza en el Gobierno como el reciente del General NARANJO . En otro nivel a nivel interno pero con menor capacidad de influencia se encuentran los grupos de víctimas de Crímenes de Estado que han podido desde la dimensión ética, incidir en que atisbos de verdad salgan a flote y que hayan alimentado a sectores del Partido Liberal y de la oposición del Polo Democrático a aseverar y cuestionar el proceso de institucionalización paramilitar.

La realización de sondeos expresan la aceptación de la sensibilidad y la lógica parainstitucional. Bajo este marco de interpretación más del 75% de los ciudadanos acepta con altísima favorabilidad las actuaciones del Presidente. Mujeres y hombres de las ciudades asumen que las acciones paramilitares han sido legítimas, a pesar de los relatos de los mecanismos de destrucción de la dignidad humana, expresan el consentimiento o el consenso de muchísimos en ese Estado en consolidación.

La interceptación de más de 8000 horas de comunicaciones telefónicas reveladas por la revista Semana, generaron la preocupación del ejecutivo, entre otra razones, no por el contenido de las mismas, la continuidad de la criminalidad desde la cárcel de Itagüí sino por la filtración misma. Hecho que dejo, nuevamente al descubierto, lo que ya es sabido por todos, que algo secreto se ha pactado entre la criminalidad y la gobernabilidad presente. Respuesta del ejecutivo, que es coherente con su discurso y práctica de desconocimiento de derechos. Una acción intrépida sepultando su responsabilidad, acusando a la prensa de irresponsable, actuando coherentemente con medidas restrictivas o negación de los privilegios carcelarios, legales o de persecución de que gozan los ex – o comandantes de la estrategia paramilitar.

Tras la filtración de la información se sostiene que las agencias de seguridad de los Estados Unidos le están dando a URIBE un mensaje, indicios de una posible encerrona. URIBE debe tomar decisiones eficaces y consistentes con sus “aliados” en su lógica militar, en la comprensión del conflicto, en los intereses que se privilegian o van existir represalias inesperadas. Es algo similar a la época de SAMPER

Tal vez, por eso, y para tomar distancia, ante lo que eventualmente se avecina, entre otra razones que los SANTOS, el Vicepresidente FRANCISCO SANTOS y su primo JUAN MANUEL SANTOS, en medios nacionales e internacionales se expresaron contra la podredumbre paramilitar que carcome el Congreso de la República, quiénes en su gran mayoría son de las agrupaciones uribistas. Paradoja, porque de ser coherentes estos renunciarían y frente a las acusaciones de MANCUSO tendrían una actitud abierta y transparente para asumir sus responsabilidades. Los SANTOS indicaron que irán por lo menos entre 40 congresistas a la cárcel por decisión de la Corte Suprema de Justicia en las próximas semanas, apreciaciones que no cayeron bien en los aliados de Uribe en el Congreso. Palabras que hoy son bien recibidas en el norte, pues hablan de la “sensatez” de un Vicepresidente, quien ante la posibilidad de una crisis profunda, podría ser un adecuado sustituto de URIBE o quién por lo menos puede seguir siendo un rostro para mostrar en el norte, luego de la cara dura “nacionalista” del Presidente en un discurso en la Escuela General Santander.

Si bien las afirmaciones de MANCUSO sobre los SANTOS y su relación con la estrategia paramilitar, independiente de su veracidad, se puede hacer verosímil, con la finalidad de deslegitimarlos es otro mensaje de condicionalidad y de advertencia a URIBE. La salida de MANCUSO le posibilita a este hacerse a la lealtad de los Congresistas presos, quienes a pesar de estar en centro de reclusión ejercen un poder real, que podría convertirse en la tabla de salvación, cuando las circunstancias puedan hacerse mucho más adversas.

Al rastrear la versión libre de tres días, MANCUSO ha dejado caer mensajes subliminales a URIBE. Haciendo referencia a sus círculos íntimos como su entrañable amigo, el General RITO ALEJO DEL RIO ROJAS, pacificador de Urabá y bajo Atrato; las empresas bananeras; los ámbitos de poder local y regional, alcaldías, consejos municipales, gobernaciones, senadores, y su Vicepresidente y el Ministro de Defensa. Afirmaciones tras de las cuales hay advertencias, se deja entrever que no se ha dicho todo. De que algunas afirmaciones son invención para desquitarse no queda duda. Pero que faltan cosas por decir, y que independientemente del camino de impunidad que puede estar asegurado a través de la ley 975, pero aún ninguno de los narcoparamilitares está blindado contra la extradición que se encuentra pedida por los Estados Unidos. Allí MANCUSO y los demás paramilitares tienen cartas sobre la mesa, que momentos límites usarán, pues o “todos en la cama o todos en el suelo”. Pues todos los nombres de personas o empresas hechos públicos por MANCUSO, al unísono han negado cualquier relación o han justificado y ha manifestado que todo es mentira. Si bien se trata de una versión libre, las afirmaciones son un punto de partida para ir al fondo, y es ese fondo que aún se mantiene en niebla, es la carta en que todos los implicados se juegan su futuro. Esos secretos son el mecanismo de aseguramiento de la impunidad, del lavado de activos, de la apropiación de tierras y de los intereses económicos y políticos. Llegar al fondo sería abrir el espacio para la erosión total.

MANCUSO el domingo expresó su desencanto por la negación”, el “olvido”, “la soledad” en que muchos de sus beneficiarios y amigos lo han dejando. Se sirvieron de la estrategia militar y hoy se ocultan en el camino de la paz. Los cabecillas públicos de la estrategia paramilitar mantienen cartas sobre la mesa ante la posibilidad de que la crisis se profundice, y quién encarna su proyecto de Estado, que no han terminado de configurar se enlode en actuales arenas movedizas

Ya se reconoce que de casualidad que esa figura posó en fotografías con el narcotraficante PASTOR PERAFAN. Ya se sabe que su propiedad “El Ubérrimo” es vecina de las propiedades de los MANCUSO, imposible que nunca hayan conocido quién era su vecino y que hacía el mismo. Ya se confirmó que la propiedad en la que se produjeron Crímenes como la “Guacharacas” es aún propiedad de la familia URIBE y que parte de la misma fue negociada con los hermanos GALEANO, responsables del Crimen del jugador de fútbol ANDRES ESCOBAR. Ya se sabe que 4 de sus ministros han sido nombrados por la relación con narcoparamilitares. La verdad encubierta tocará directamente al propio URIBE, que con los márgenes de popularidad persistentes y la identificación de él como gobernabilidad e institucionalidad a pesar de que los círculos de sostenimiento del gobierno se encuentran salpicados, untados o comprometidos con el paramilitarismo, tendría como tabla de salvación el camino, del ya no más, del no más escándalos, del cansancio abriendo la posibilidad de una ley de “punto final”, de “perdón y olvido” para que el país pueda progresar y reconciliarse.

Si la crisis se profundiza debe ir más allá de la persona de URIBE y su gobernabilidad. Hay una identificación entre URIBE como Gobierno, URIBE como institución, URIBE como “dios” sin pecado ni mancha y todos los de su alrededor como culpables, como responsables, con mancha y con pecado. La profundización posible de la crisis debería significar un cambio o una transformación del sistema existente, del modo de la “democracia” genocida consentida, y no simplemente el cambio de una persona o el desarrollo de elecciones con unas supuestas garantías. Se trata de identificar el poder de Estado en construcción y su modificación sustancial, de lo contrario estamos ante un nuevo proceso 8000 que solo significó la reingeniería del poder criminal estatal y mafiosos en el poder. Y esto solo es posible, más allá de la incidencia coyuntural de los demócratas de los Estados Unidos o de la crisis económica que provendrá cuando cese la fase masiva del lavado de dinero del tráfico de drogas que vivimos, cuando las lógicas de actuación de lo que se dice alternativo, de los disidente, de la oposición actúen en coherencia, en ética con los principios de un hombre y mujer nueva en una nueva sociedad. Y ese agenciamiento parece ser una quimera, o algo que es inaccesible en un presente de juego de intereses de corto plazo.

Desde esos diversos factores, las versiones libres juegan un papel o hacia la institucionalización de la mentira y el olvido o hacia las posibilidades de verdad integral de factores estructurales y de casos individuales, que conocen o afirman hasta un cierto punto las víctimas. Las mismas, se realizan en contextos específicos o juegos de intereses coyunturales que van perfilando, insistimos en un consentimiento de “perdón y olvido”, de ley de “punto final” o de memoria y verdad integral. La primera sostiene una mentira general sobre la base de la teoría de los dos demonios. La segunda desde un relativo pragmatismo político conlleva anunciaciones de verdad sobre la “verdad oficial” para un acuerdo entre todos los actores políticos, independientemente de los de la sociedad victimizada en los que sea posible decir algo, ceder, no sostener todo, encubrir parcialmente como condición de un nuevo Pacto Social. Y la tercera, un ejercicio democrático de la verdad sobre la base de reconocimiento histórico de responsabilidades institucionales, individuales, empresariales, y de los derechos de las víctimas y las iniciativas cegadas por operaciones criminales, democracia política, democracia social, democracia económica, democracia ecológica y la creación de condiciones básicas en materia de derechos, entre ellos los de expresión, para definir el proyecto de país. Esta última se encuentra contra corriente de las dos primeras. Es claro que sin verdad no hay justicia, sin justicia no hay paz.

La “transformación” parece seguir dependiendo de los otros, los demócratas, y no de los agenciamientos sociales y políticos de los colombianos. Triste realidad. Lástima que nadie escuche con tranquilidad a los que hoy son víctimas del terror en la reingeniería del Estado, con tal capacidad de comprender la dimensión de la tragedia y las propuestas que construyen en caso total anonimato y desconocimiento en la zonas rurales y urbanas de Colombia. Lástima que el olvido sea parte de nuestra desgracia y que se repita lo que no debe repetirse. Aún dejan de exhumarse los sueños, aún y a pesar y a nombre de la memoria. Aquí se olvido el diálogo de saberes.

ADJUNTO Artículos de El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, El Siglo, Revista Semana y Cambio

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MAYO NEGRO
El tsunami parapolítico

La semana pasada, que pareció tener más horas y días de lo normal, y que terminó en un tsunami de impredecibles consecuencias políticas, arrancó con las revelaciones de la revista Semana, según las cuales algunos de los 60 ex paramilitares reclusos en Itagüí, venían delinquiendo. Eso, de por sí, ya significaba un nuevo escándalo, en el sentido de que de comprobarse las denuncias de la revista, de inmediato perderían los beneficios de la ley de alternatividad penal, llamada de Justicia y Paz, que les permite sentencias de entre 5 y 8 años, y no ser extraditados.
La semana, ya de por sí tormentosa, tenía como antecedente una sucesión de hechos que venían ocurriendo desde comienzos de mayo, cuando el presidente Álvaro Uribe, tras viajar a Estados Unidos a fin de acordar los términos finales del Tratado de Libre Comercio, TLC, regresó cabizbajo.
En efecto, la reprimenda por parte de la bancada Demócrata, encabezada por Nancy Pelosi, quedó expresada en un duro comunicado y significó que el país sólo podría acceder a las preferencias comerciales si se resolvía, a través de la justicia, el oscuro asunto de la parapolítica y la impunidad en el asesinato de sindicalistas.
Así, el país quedó condicionado y el Presidente, pese a sus esfuerzos, retornó bajo un hálito de sospechas. El TLC ya no sólo era un asunto económico, sino especialmente político. Y quería decir, también, que el escándalo de las alianzas de los políticos con el narcoparamilitarismo había trascendido formalmente al exterior y que no sólo era un pleito nacional, sino que despertaba el interés, las suspicacias y el monitoreo mundiales.

Preliminares

El escenario, antes del viaje presidencial, ya tenía características de torbellino, aunque de continuo pretendiera minimizarse en medio del unanimismo mediático.
Las investigaciones que la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía avanzaban sobre la parapolítica tenían a varios parlamentarios de la bancada gubernamental en la cárcel: Álvaro García, Jairo Merlano, Eric Morris, Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Dieb Maloof y Jorge Luis Caballero (prófugo). Esto, sumado a las investigaciones sobre el ex director del DAS, Jorge Noguera, había sumido al país en el escándalo en los últimos meses y había apresado el libre desempeño del gobierno, incluida la renuncia de la Canciller, María Consuelo Araujo, por la vinculación de su familia con el tema, pese a los constantes pedidos presidenciales de que se quedara.
La reacción también se daba porque sólo había parlamentarios y personajes de la Costa Atlántica involucrados. Vino, entonces, el debate promovido por el senador del Polo Democrático, Gustavo Petro, sobre nexos de senadores y representantes de Antioquia, con el paramilitarismo, que terminó dirigido contra la familia presidencial y la figura del Jefe de Estado.
La pésima defensa adelantada por el gobierno, determinó que en el ambiente quedarán rondando las denuncias, según las cuales, el hermano del Primer Mandatario habría promocionado el paramilitarismo. Se mostró una fotografía en la que departía con el extraditado Fabio Ochoa, en 1985, a pocos meses del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por parte del entonces perseguido Cartel de Medellín -del que era miembro Ochoa-, y se confirmó que algunas de las Convivir, auspiciadas por el actual Presidente, cuando era gobernador de Antioquia a mediados de los 90, tuvieron entre sus integrantes a entonces jefes paramilitares.
Las denuncias, en medio del escándalo, terminaron con una propuesta del senador citante para un Acuerdo de la Verdad sobre el paramilitarismo y sus nexos con la política en el país. Ante la propuesta, el gobierno guardó silencio, pero fue recogida por los paramilitares subjúdice en la cárcel de Itagüí.
Entonces, en vista de que el ‘round’ parecía poner contra la pared al gobierno, el Presidente decidió salir a defenderse en una rueda de prensa.

Veto

Tres cosas en la defensa presidencial televisada, sorprendieron. La primera, que el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Albert Gore, calificado por la revista Time como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo, había vetado al presidente Uribe, al declinar compartir mesa con él en un foro ambiental citado en Miami. Las otras dos, la aceptación por parte del Primer Mandatario de haberse tomado fotografías con el narcotraficante Justo Pastor Preafán, y el grave hecho de que miembros de la oposición estaban siendo interceptados.
Sectores del país salieron en defensa del Presidente ante el veto de Gore, e incluso desestimaron su influencia dentro de la bancada Demócrata. Otros, la minoría, entendieron que un veto por parte de un ex vicepresidente norteamericano de semejante influencia prendía las alarmas frente al inminente viaje de Uribe a los Estados Unidos. Incluso, ante la presión gubernamental para que Gore rectificara, a través de las agencias de comunicaciones contratadas en el exterior, éste hubo de expedir un comunicado ratificándose y explicando que no se sentaría con Uribe hasta no develarse la totalidad del escándalo parapolítico.
Al mismo tiempo, tras conocerse que las gestiones de la embajadora en E.U., Carolina Barco, habían sido estériles para que Uribe fuera recibido por Nancy Pelosi, poderosa presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, el gobierno hubo de recurrir a los oficios de otros colombianos.
En su viaje, primero se reunió con el presidente George Bush, signado por una impopularidad sin precedentes, y luego lo hizo con la bancada Demócrata, donde quedó notificado de que esa mayoría parlamentaria no autorizaría ningún TLC con Colombia hasta que no hubiese claridad sobre el asesinato a sindicalistas y los implicados en la parapolítica.
Dos habrían sido las exigencias adicionales para seguir conversando. Una, que se resolviera el caso de su ex Jefe de Inteligencia, el ex director del DAS, Jorge Noguera, acusado de nexos con el paramilitarismo. Y, la otra, que se evaluaran las denuncias del periódico Los Angeles Times en torno del comandante del Ejército colombiano, general Mario Montoya, por la operación Orión, realizada en la comuna 13 de Medellín.
La visita del Presidente Uribe tuvo otros hechos polémicos.
Uno, el enfrentamiento con una protesta callejera, cuyos integrantes lo acusaban de paramilitar. Y, otro, desconocido para la opinión, en el que en una de las reuniones con los congresistas demócratas, irritado descalificó a José Manuel Vivanco, director de Human Rights Watch, por tener sesgos a favor de la guerrilla, ante la sorpresa del reservado auditorio.

Interregno

A su regreso de ese viaje tormentoso, algunos medios recibieron al Presidente con una encuesta en la que se señalaba un 75% de popularidad. De inmediato se verificó el denominado “spinning” político, que consiste en manejar a la opinión pública a favor del gobierno, y con ello trató de camuflarse el mal paso dado en E.U.
En otros sondeos, se señaló también que el 78% consideraba ‘imperdonables’ las alianzas de los políticos con los paramilitares. Igualmente, el 83% afirmaba que gracias a algunos medios se había logrado develar el escándalo y se pedía mayor acción de la Corte y la Fiscalía.
Los datos sobre su imagen parecieron darle un aire al Presidente, aunque ya el problema no era de popularidad sino de credibilidad, mientras en la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se seguían adelantando las investigaciones por la parapolítica.
En tanto, la revaluación del peso, causada en parte por la caudalosa compra de dólares de dudosa procedencia, seguía poniendo en jaque a la economía y llevaba a que la cotización de la divisa norteamericana se situara por debajo de los $2.000, presionando el desempleo y la zozobra en los exportadores, y sin que las medidas gubernamentales tuvieran efecto alguno.
Al ministro de hacienda, Oscar Iván Zuluaga, que debía enfrentar el reto, ya se le habían encontrado fotografías en las se evidenciaba que paramilitares, después desmovilizados, hacían parte como concejales del movimiento político que lo había llevado previamente al Senado.
La pregunta de los implicados era ¿porqué ellos estaban en la cárcel por circunstancias similares y otros no?
Por su parte, en Estados Unidos, demócratas y republicanos llegaban a un histórico acuerdo en torno a las cláusulas de los TLC, según las cuales, se incluirían acápites laborales, de medio ambiente y derechos humanos, a través de los cuales se forzaría a los países firmantes a cumplir estrictas normas sobre la materia.
Al principio, el gobierno creyó ver en ello una salida para el acuerdo comercial colombiano, pero de inmediato, los congresistas norteamericanos repostaron en el sentido de que el país se mantendría en “estado de observación” por la parapolítica y la violación de los derechos humanos, circunstancias que debían superarse para poder rubricar el Tratado.
El dardo, que llegó directo al corazón de la administración Uribe, significaba que Colombia podría ser apartada de las discusiones de los Tratados con Panamá y Perú, y que entraría en una condición de ‘beneficio de inventario’.

Crisis

Al mismo tiempo, cuando el Congreso colombiano estaba a punto de aprobar el proyecto de reforma a las transferencias fiscales, punto vital en la agenda gubernamental, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, sostuvo en una entrevista televisada que el escándalo de la parapolítica llevaría por lo menos a 30 o 40 congresistas más a la cárcel y adoptó una sorpresiva actitud crítica con los Estados Unidos.
En ella, también recabó en lo dicho en otra entrevista publicada en El Tiempo, en Semana Santa, en la que sorpresivamente aceptaba que se había reunido, en su carácter de periodista, con Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, en tres oportunidades, además de algunas charlas telefónicas, y en la que también sugería penas más benévolas para los para-políticos.
A causa de las nuevas declaraciones de Santos, los parlamentarios entraron en paro legislativo por considerarse atacados desde el gobierno, y el Presidente hubo de reprenderlo públicamente, incluidas excusas al Parlamento y a Estados Unidos, a fin de salvar las transferencias y las relaciones norteamericanas.
Cuando aún no se habían apagado las consecuencias de ese nuevo tornado, en el que el vicepresidente parecía tomar distancias del gobierno por los escándalos de la parapolítica, aparecieron publicadas en Semana las grabaciones de Itagüí, en las que se develaba que algunos de los ex comandantes paramilitares recurrían al narcotráfico y el delito desde la cárcel.

Huracán

Así fue como el tornado pasó a huracán en la semana anterior. El Presidente montó en cólera y le exigió a su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, encontrar al autor de las filtraciones, so pena de su propio cargo. No se concentró el Mandatario en los hechos denunciados, sino en porqué él desconocía las interceptaciones y quien las hacía sin autorización gubernamental u orden judicial previa.
Semana se abstuvo de divulgar la fuente de las grabaciones, pero de lo conversado con el ministro de Defensa con la revista, el gobierno infirió que el ‘filtrante’ no había sido el general Oscar Naranjo, director de la Dijin y experto en Inteligencia, al que las sospechas gubernamentales tenían en la mira.
Sin tener un nombre concreto, salvo por presumir que había sido alguien de la oficina de la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, el Presidente decidió ‘descabezar’ al director general de la institución y al titular del anterior despacho.
Luego, ya seguro de que no era Naranjo, decidió pasar por encima de la antigüedad de otros 11 generales, que por este procedimiento también resultaron ‘descabezados’ al elevar al mismo Naranjo a director general, en todo caso reconocido oficial por sus éxitos y cercanía con los medios y agencias norteamericanas y británicas, quién sufre el lamentable caso de un hermano condenado por narcotráfico en Alemania.
La intempestiva reestructuración policial fue informada en un extraño y extenso comunicado en el que, además, se reconoció que el gobierno venía interceptando, desde hace dos años, a miembros de la oposición y a periodistas. Esto elevó aún más la espiral del huracán. Aunque la Casa de Nariño tomaba distancia del asunto, y aceptaba no tener control sobre sus dependencias de Inteligencia, las nuevas sospechas no se hicieron esperar, lo que fue catalogado como el ‘Poligate’. De inmediato se recordó, también, las investigaciones similares en cabeza del ex director del DAS, Noguera, y otras sobre el ex jefe de seguridad del presidente Uribe, cuando era gobernador en Antioquia, el coronel en trance de general, Mauricio Santoyo.
Con ello, el motivo inicial del escándalo, que consistía en las conductas delincuenciales de algunos ex paramilitares recluidos en Itagüí, y que de comprobarse significaría la pérdida de los beneficios de Justicia y Paz, se disiparon en medio del sorprendente y abrupto remezón policial.

Ralito

Mientras esto ocurría, el país también veía desfilar, el lunes anterior, nuevos congresistas hacia la cárcel de La Picota por el denominado Pacto de Ralito, entre políticos y paramilitares para “refundar la Patria”. En efecto, simultáneamente, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía ordenaban la captura de otros parlamentarios –Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes, Juan Manuel López, William Montes, José Negrete-, siete ex parlamentarios, entre los que se contaban Eleonora Pineda –afecta a los paramilitares- y Luis Carlos Ordosgoitia –ex director del Inco-, y 14 dirigentes políticos más, la gran mayoría asociados al entorno presidencial.
De la Espriella y López, se habían acusado mutuamente de nexos paramilitares, un año atrás, en presencia del Presidente, cuando se decidía el nombramiento de un nuevo gobernador para Córdoba, sin denuncias o consecuencias judiciales en ese entonces.
Con los encarcelamientos adicionales, el escándalo de la parapolítica aumentó el grado del huracán. En consecuencia, este periódico realizó un mapa para mostrar una exacta radiografía del desarrollo de las investigaciones judiciales. De esta forma, se registró que 15 departamentos del país, entre senadores, representantes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ex funcionarios departamentales y locales, de todos los partidos, se han visto afectados por las investigaciones, cuyo delito matriz ha sido el de concierto para delinquir agravado, dentro del cual la Corte ha señalado los nexos entre políticos y paramilitares como un conjunto indisoluble de actividades ilícitas.
En tal sentido, la parapolítica ha afectado a Amazonas, Atlántico, Arauca, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, Córdoba, Cesar, Risaralda, Sucre, Magdalena, Santander, Norte de Santander y Meta. (Ver recuadro).
Con ello, las investigaciones de la Corte y la Fiscalía trascendieron el marco inicial, soportado en las denuncias basadas en las indagaciones de la Fundación Arco Iris, a uno más general, fundamentado en encuentros y pactos, como los de Ralito, y de los cuales están en vías de judicialización el de Urabá, Bello y Chibolo, entre otros, y que también han sido motivo de implicaciones para los dirigentes políticos y ex funcionarios de Casanare.

Tsunami

Lo que no se sabía a comienzos de la semana anterior era que el huracán estaba a punto de pasar a tsunami. El jefe paramilitar en proceso de judicialización, Salvatore Mancuso, en una ampliación de su versión libre ante los fiscales de Justicia y Paz, comenzó a revelar, el martes, todo lo que el país había pedido: los vínculos del paramilitarismo con los diferentes estamentos sociales, sin importar su nivel. El escándalo ya no sólo comprometía a la bancada gubernamental en el Congreso, o a funcionarios de rango mediano, sino a la cúpula del gobierno.
Todas y cada una de las revelaciones fueron impactantes. La primera, según la cual el propio vicepresidente de la República, Francisco Santos, habría instigado el paramilitarismo, al solicitarle la creación de un frente ‘para’ en Bogotá, a finales de los años 90. Sostuvo Mancuso que el hoy vicepresidente lo habría invitado al diario El Tiempo y que después habrían ido a cenar, en compañía de otros jefes paramilitares. Reiteró otras reuniones en Córdoba y para soportar sus denuncias, aportó tres columnas que Santos había escrito en ese periódico, como presunto resultado de aquellas conversaciones.
La situación fue también sorprendente porque desde comienzos de año, el vicepresidente había sido señalado por María Consuelo Araújo de haber fraguado su salida de la Cancillería. Por ello, la ex cancillera lo había calificado de ‘Pilatos’ en una entrevista con María Isabel Rueda, en Semana. Posteriormente, ciudades de la Costa Atlántica como la capital, comenzaron a llenarse de grafittis que hablaban de ‘Pacho Pilatos’, lo que era a todas luces incomprensible, y demostraba una campaña para desprestigiarlo.
A la versión de Mancuso, el vicepresidente contestó desde Italia, donde se reunía con el jefe antimafia, con una carta al Fiscal, en la que pedía ser investigado acorde con el artículo 235 de la Constitución, que refiere el trámite correspondiente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes a las investigaciones al Presidente, o a quien haga sus veces.
En medio de ello, otra grave noticia sobre un asunto similar, pasaba casi inadvertida. La Corte Suprema de Justicia ampliaba el espectro de su accionar, al ordenar abrir investigación contra varios miembros de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, incluido su presidente, Germán Olano, por congelar el trámite de algunas denuncias sobre nexos paramilitares, entre ellas, la que hay contra el ex fiscal, Luis Camilo Osorio. En la Comisión también reposa una denuncia hecha por el actual candidato a la gobernación de Santander, Horacio Serpa, contra el presidente Álvaro Uribe.
Santos, al llegar al país, dio un extenso discurso en el aniversario de los 45 años de Andiarios, en el que habló de las “calumnias” y las “denuncias temerarias” de los jefes paramilitares y sostuvo que los medios no podían actuar como ‘caja de resonancia’ de las versiones aportadas por ellos en Justicia y Paz. Dijo, igualmente, que vendrían nuevas implicaciones y que en todo caso, el país debía salir avante del proceso.
El oleaje El tsunami creado por la versión de Mancuso, igualmente cobijó al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quién en 1997 habría hablado con él y con Carlos Castaño para fraguar la salida del entonces presidente Ernesto Samper, en los remanentes del estremecimiento causado por el denominado proceso 8.000. La acusación no sorprendió tanto por el hecho, que era conocido, sino por el propósito de tumbar al entonces Jefe de Estado. En esa época se sabía, que en conjunto con Álvaro Leyva, Santos recopilaba las firmas de seis importantes miembros de la industria, la Iglesia y la política, quienes, en compañía de las rúbricas de los jefes de las Farc, el Eln, y los paramilitares, se comprometerían a un cese al fuego general y a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que presuponía la salida de Samper.
Al conocer la versión de Mancuso, el ex presidente sostuvo que el tema era idéntico al del Pacto de Ralito, pues se trataba de ‘refundar la patria’ bajo conductas deleznables y por tanto nunca había autorizado esas reuniones, menos cuando eran contra él.

Santos salió a rectificar a Mancuso. Aunque no pidió ninguna investigación, arguyó que el propósito de las reuniones no era tumbar a Samper, sino proponerle la idea de convocar una Constituyente, y que el país no podía creer en criminales.
También implicó Mancuso, en pactos con las Autodefensas, al primo del Presidente, el senador Mario Uribe, quién de antemano había tenido que explicar sus nexos con Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’, quién fue sacado del proceso de Justicia y Paz, incluso ordenada su captura por parte del Jefe de Estado y luego fue repentinamente reincorporado. El senador Uribe sostuvo que Mancuso pretendía involucrar a todo el mundo para no confesar la verdad real de sus crímenes.
Mancuso habló además de algunos generales, comandantes de División y Brigadas de Antioquia y Córdoba cuando se expandió el paramilitarismo, donde se refirió a diez oficiales, entre ellos Iván Ramírez, Rito Alejo del Río, Martín Carreño y Hernando Alfonso Manosalva (fallecido), algunos de los que rectificaron. También incluyó al general retirado Rosso José Serrano, actual embajador en Austria, por pactos en el rescate de Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria, y quien desestimó la versión.
De otra parte, Mancuso mencionó al actual presidente del Directorio Nacional Conservador, senador Julio Manzur. El parlamentario mantuvo la reserva, mientras los demás rectificaban o esperaban conocer la versión plena, como la senadora de la “U” Zulema Jattin, también mencionada, al lado del actual alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, y 25 alcaldes de Córdoba.
En su declaración, Mancuso habló también de las empresas que los habían financiado, al lado de la cocaína, y dio nombres como Postobón, Bavaria, Hyundai, Ecopetrol, Coopetran y Expreso Brasilia, que entraron en el baile, con las respectivas negaciones. También se refirió a los cobros que le hacían a Chiquita Brands, Doll, Proban, Delmonte, Uniban y Banacol, es decir, las multinacionales y algunas empresas colombianas asociadas en el gremio bananero.
Al finalizar la semana, el Congreso de Estados Unidos se preparaba para citar a audiencias contra Chiquita Brands y la Drummond por sus nexos con el paramilitarismo colombiano. La empresa Chiquita Brands ya ha aceptado civilmente sus responsabilidades, al aceptar la imposición de una multa de US$25 millones.
El asunto de las empresas se agrava ya que la lista Clinton, que prohíbe la relación comercial con personas asociadas al narcotráfico, fue adicionada con nuevos nombres.

Reacción

En medio del tsunami parapolítico, el presidente Uribe señaló que, ante todo, debía primar la verdad. Aunque salió a defender la integridad moral de los funcionarios de su gobierno (ver nota anexa), sostuvo que el proceso debía seguir adelante. Luego, en la posesión del general Oscar Naranjo como director de la Policía, añadió que su administración no debía ser tratada por Estados Unidos como ‘paria’.
Los diarios internacionales se ocuparon inmediatamente del asunto. Periódicos tan prestigiosos como The New York Times dijo que era evidente que cada día el escándalo cercaba más al presidente Uribe y El País de España, uno de los diarios de mayor credibilidad en Europa, publicó un editorial aceptando que Uribe permanecía impoluto, pero frente a la implicación de altos funcionarios de su gobierno manifestó que “no bastan ya las palabras para explicar lo ocurrido y garantizar que las Auc no se hayan reproducido bajo otras formas a la sombra de la corrupción. Limpiar todo esto, apaciguando el país, es la gran tarea que aguarda a Colombia”.
Así, al terminar la semana, el escándalo de la parapolítica tomaba una dimensión inusitada. Los nuevos nombres mencionados entrarán a engrosar el proceso de judicialización que viene adelantando la Corte Suprema y la Fiscalía, en el que magistrados y fiscales deberán cotejar lo dicho en estos días. Se espera, pues, un proceso de largo alcance que, además, será nutrido por las versiones libres de más jefes paramilitares desmovilizados ante Justicia y Paz. Como ha dicho el presidente Uribe es el costo de la verdad.
LO QUE DIJO EN VERSIÓN LIBRE ANTE FISCAL DE JUSTICIA Y PAZ
El dossier de Salvatore Mancuso

Precisiones y detalles sobre reuniones que las Autodefensas sostuvieron con funcionarios, ex funcionarios del gobierno, congresistas, militares y dirigentes regionales así como sobre las fuentes de financiación de esos grupos ilegales, fueron revelados por el jefe paramilitar en proceso de judicialización, Salvatore Mancuso, en los tres días de versión libre que esta semana rindió ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en Medellín. Los siguientes son los temas a los que se refirió:

Reunión con altos funcionarios

Dijo que en El Guadual, jurisdicción de Valencia, departamento de Córdoba, se llevó a cabo una reunión con el hoy ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quién lo buscó a él y a Carlos Castaño para que ayudarán a tumbar al entonces presidente Ernesto Samper.
La propuesta, según Mancuso, consistía en que las AUC y la guerrilla de las Farc firmaran un acuerdo de cese de hostilidades y conformar una constituyente contra Samper.
Reveló que en cuatro ocasiones se reunió con Francisco Santos, actual vicepresidente de la República, y en una de ellas se trató el tema de la creación del bloque Capital de las Autodefensas en Bogotá y Cundinamarca.
En otra ocasión –agregó- Santos lo llevó al periódico El Tiempo y después a comer en un restaurante del norte de Bogotá. Allí también estuvieron con alias “Jorge 40” y el “Alemán”.

Convivencia con la fuerza pública

En su primer día de versión libre, Mancuso manifestó que el ex director de la Policía, general Rosso José Serrano, -hoy embajador de Colombia en Viena-, era amigo de Carlos Castaño desde la época de la persecución a Pablo Escobar y que gracias a esa amistad y, a través del coronel Danilo González, Castaño logró que Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” y Mancuso quedaran libres luego de ser capturados por la Policía de La Guajira en 1997.
Agregó que Rosso Cadena se alió con el extinto narcotraficante Orlando Henao Montoya, conocido como el “hombre del overol”, quién secuestró a Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria, quién fue secuestrado presionar la no extradición y que Henao le entregó a Gaviria a Serrano para que éste lo mostrara como un positivo de la Policía.
Comentó además que entre 1996 y 1997 se reunió, junto a Carlos Castaño y Freddy Rendón, alias ‘El alemán’, con el hoy ex general Rito Alejo del Río, en la finca La 21, en San Pedro de Urabá para tratar el tema de la expansión paramilitar.
También se refirió al general Martín Orlando Carreño, con quién sus organizaron operativos conjuntos y agregó que a través del general Iván Ramírez, conoció al también general Alfonso Manosalva (ya fallecido) con quién se reunió en no menos de 10 reuniones.
Agregó que con del Río y Carreño ordenaban operativos para llegar a áreas donde no había fuerza pública y que en varios casos dieron de baja a algunos guerrilleros.
Mencionó a oficiales de menor rango, como el coronel Julio Charry Solano, un capitán Rojas de Bogotá, con el que creó el bloque Capital de las autodefensas.
Explicó que el ex presidente César Gaviria creó las Convivir “como una forma de agradecimiento a los narcotraficantes y autodefensas que lucharon al lado del Estado para combatir a Pablo Escobar Gaviria y darlo de baja”.

Pactos políticos

El jefe paramilitar en proceso de judicialización, Salvatore Mancuso, aseguró que Eleonora Pineda y Miguel de la Espriella siempre fueron sus aliados políticos.
También se refirió al senador Mario Uribe (primo del presidente Uribe) quién se reunió con las Autodefensas e hizo pactos para que ayudaran a la congresista Pineda en varios municipios de Córdoba.
Añadió que la elección a la Cámara de Rocío Arias Hoyos, en 2002, tuvo el apoyo de las autodefensas que en ese entonces dirigía “Don Berna”.
Precisó que en ‘El Carmelo’, cerca de Santa Fe de Ralito, en Córdoba, en la Casa de Elenoroa Pineda, hubo una reunión y a ella asistieron cerca de 50 personas y emisarios de Piedad Zucardi, Javier Cáceres y del actual candidato a la Gobernación, Alfonso López Cossio.
De la misma manera comentó que Julio Manzur, Zulema Jattin, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y Libardo López lo abordaron para que intercediera en las elecciones regionales para la búsqueda de un apoyo para la Gobernación de Córdoba, e incluso, varios pidieron respaldo a sus campañas.
Precisó que no sólo Salomón Nader se reunió con los jefes paramilitares, sino que también lo hizo su hijo Mario Salomón Nader. Se trató, según Mancuso, de reuniones en Caucasia con Vicente Castaño, “Macaco” y el “Alemán”.
Reveló que 25 de los 28 alcaldes de Córdoba se encontraban bajo su mando, los otros dos bajo las órdenes de “El Alemán” y el otro era aliado de Diego Murillo, alias ‘Don Berna’.
De igual manera reveló que se registraron reuniones con los congresistas Carlos Arturo Clavijo y Vicente Blel. También mencionó los nombres de Javier Cáceres, Muriel Benito Rebollo, Juancho Duque, José María López, Mussa Besaile, Alfonso Iliaca, Juan José García y José María López.
Mancuso también confirmó que las relaciones del ex alcalde de Sincelejo, el ex congresista Jairo Merlano y del ex alcalde de Coveñas, Pedro Petrón Luna con los grupos de autodefensa
Dijo que ningún parlamentario fue presionado con un fusil en la espalda para acudir a las reuniones y que es cierto que el 35 por ciento del Congreso fue elegido con ayuda de las Autodefensas.

Cobros a empresas

Al comentar las fuentes de financiación de las Autodefensas, Mancuso dijo que se cobraba a algunas grandes empresas, multinacionales bananeras, petroleras, empresas de transporte y comerciantes.
Así, recordó que en Urabá, ‘El Alemán’ inició el modelo de cobro a Postobón, que después de implantó en toda la Costa Atlántica y que consistió en el pago de $10 millones mensuales en cada departamento donde operaba.
En cuanto a Bavaria, Mancuso dijo que ante la negativa de la casa matriz de hacer pagos a las Auc, se llegó a un acuerdo final que consistía en que los distribuidores debían cancelar a los paramilitares $1.000 por canasta de refrescos vendida.
Reveló que Carlos Castaño se reunió con Carlos Mattos, el representante legal de Hyundai Colombia para exigirle la entrega de un helicóptero, pero como la empresa no podía cumplir con esa petición, a cambio se acordó la entrega de cuatro carros.
Reveló también que en 1997 se inició el cobro a las empresas bananeras. Así, Raúl Hasbun llegó a un acuerdo con Chiquita Brands, Doll, Proban, Delmonte, Banacol y Uniban, las cuales debían pagar por cada caja exportada, un centavo de dólar que recibía la Convivir Papagayo.
Al referirse a las petroleras dijo que Ecopetrol y el Oleoducto Central de Colombia S.A llegaron a pagar alrededor de $100 millones mensuales de esa época (hace 10 años) y que en Casanare todas las petroleras hicieron convenios con los paramilitares para tener seguridad.
En cuanto a las empresas de transporte dijo que mientras Expreso Brasilia debía pagar porcentajes por cada pasajero, Coopetran pagaba $10 millones mensuales.
Salvatore Mancuso señaló que la base de cobros de las Auc también incluía a los palmicultores, quienes pagaban $30 mil pesos por hectárea sembrada al año, mientras que los cafeteros de la Sierra Nevada de Santa Marta y Perijá, en épocas de cosecha, pagaban $30 pesos por saco
Señaló que los cobros también se hacían a comerciantes, desde abarroteros hasta grandes cadenas de almacenes del Cesar, Magdalena, La Guajira, Sucre, Córdoba y Atlántico.

Narcotráfico

Salvatore Mancuso dijo que le vendió cocaína a los narcotraficantes conocidos con los alias de ‘Rasguño’, ‘El Boli’, ‘Tono’, ‘Cacao’, ‘Italo’ y a Orlando Henao.
Aseguró que “comprábamos información a todas las agencias de inteligencia del Estado en la zona del Catatumbo” y por ello allí “nunca cayó un cargamento”.
Las Auc contaban, para este negocio, con no menos de 6 pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes ayudaban en el transporte de los alcaloides
Finalmente indicó que los bancos participaban en el lavado de dinero del narcotráfico y que todos los sectores estratégicos de Colombia, entre ellos el del transporte, tuvieron vínculos con las Auc.
LOS TENTÁCULOS DEL ESCÁNDALO
El ‘coletazo’ de la parapolítica en el Alto Gobierno

Desde el año pasado, algunos miembros de la Casa de Nariño se han visto afectados por las versiones, directas o indirectas, de testigos que los han vinculado, de alguna manera, con presuntos nexos con grupos de autodefensa

Francisco Santos, vicepresidente

En su versión, Salvatore Mancuso aseguró que Santos se reunió con él cuatro veces, una de las cuales, el Vicepresidente le propuso que creara el bloque Capital de las autodefensas en Bogotá y Cundinamarca.
Añadió que Francisco Santos lo llevó al periódico El Tiempo y que comió en un restaurante del norte de Bogotá acompañado de alias ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’.
A esto, Santos dijo que todo era mentira, que eran acusaciones “temerarias” y que se ponía a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que lo investigara.
Luego, acusó a la prensa de no estar ejerciendo bien su papel y aseguró que “no se puede permitir que los delincuentes, que han sembrado la muerte en el país, quieran o puedan esconder sus culpas lanzando acusaciones temerarias tratando de manipular a la prensa”.

Juan Manuel Santos, ministro de Defensa

Mancuso acusó al Ministro de Defensa de pedirle ayuda a él y a Carlos Castaño para “tumbar” al entonces presidente Ernesto Samper.
Santos desmintió la declaración y dijo se trata de “un delincuente tratando de sacarse el clavo”. “Si es cierto que me reuní con Castaño, en dos ocasiones; con las Farc, con el ELN. No es cierto que haya sido para tumbar al Presidente, se cae de su propio peso”, añadió.
“Imagínese unos delincuentes simplemente sacándose clavos, enlodando a zutano, acordándose de enemigos”, enfatizó.

Óscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda

Una foto, en la que aparece con la confesa paramilitar Maribel Galvis, quien aspiraba al Concejo de La Dorada y publicada por la revista Cromos, vinculó al ministro de Hacienda con este grupo irregular.
En su defensa, Zuluaga aceptó que acompañó a Galvis en su campaña y dijo que como esa había muchas fotos. Añadió que “este proceso de búsqueda de la verdad es crucial para el país” y subrayó que “jamás” ha “desarrollado actividades clandestinas”.

María del Rosario Guerra, ministra de Comunicaciones

Una de las que ha sido afectada indirectamente por la parapolítica a sido la titular de esta cartera, en la medida en que cuatro de los 20 políticos capturados el lunes por suscribir en 2001 el denominado Acuerdo de Ralito son familiares de la Ministra. Los cuatro detenidos con nexos familiares con la ministra son el senador Miguel de la Espriella, Víctor Antonio Guerra, Rodrigo Burgos de la Espriella y Jorge Feris. Mientras los tres primeros son primos hermanos de la funcionaria, Feris está casado con una prima de ésta.
A esto la Ministra siempre ha respondido que ella responde por sus acciones y no puede entrar a juzgar las de su familia.

Fabio Valencia Cossio, alto Consejero Presidencial

En el debate a la parapolítica en la plenaria del Senado, el congresista del Polo, Gustavo Petro denunció que el hoy Alto Consejero Presidencial, Fabio Valencia Cossio, le pidió la mediación del paramilitar Ramón Isaza para que concejales del Magdalena Medio, donde Isaza operaba, le apoyaran en las elecciones de la convención del partido Conservador que se realizó en 1995.
A esto Valencia Cossio negó que haya enviado personas o cartas al ex jefe paramilitar, mientras que Isaza enfatizó que su firma fue falsificada.

María Consuelo Araújo, ex canciller

La situación de la ex ministra de Relaciones Exteriores terminó siendo insostenible, pese al respaldo que siempre manifestó el presidente Álvaro Uribe a su favor. Lo anterior debido a que su padre, el ex ministro Álvaro Araújo fue cobijado con medida de aseguramiento, al igual que su hermano el ya ex senador Álvaro Araújo, mientras que por esos días había sido llamado a indagatoria su primo, el gobernador del Cesar, Hernando Molina.
La Canciller, quien se defendió en diferentes escenarios, tuvo que dimitir de su cargo.

Jorge Noguera Cotes, ex director del DAS

Otro que contó con el respaldo presidencial fue el ex director del DAS, quien fue acusado directamente por el ex director de Informática de la institución, Rafael García. Dentro de las acusaciones que existen en contra de Noguera Cotes se cuentan las de concierto para delinquir agravado, presunto homicidio agravado, abuso de autoridad y manipulación indebida de información privilegiada. Noguera se encuentra en libertad gracias a un fallo de hábeas corpus.

Luis Carlos Ordosgoitia, ex director del Inco

Desde el mismo momento en que Miguel de La Espriella dio a conocer la existencia del denominado Acuerdo de Ralito, la situación del ya ex director del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) comenzó a ‘tambalear’, debido a que su nombre salió a relucir. Ante esta situación, el ex funcionario reconoció su participación en este encuentro con los jefes paramilitares en 2001 y presentó su renuncia, que le fue aceptada por el presidente Uribe.

Luis Ortiz López, ex director del Incoder

El gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Luis Ortiz López, se vio involucrado, en abril del año pasado, en la entrega de 1.800 hectáreas de tierras en el departamento del Meta a una persona investigada por narcotráfico, dos por terrorismo, 18 por invasión de tierras y una por porte ilegal de armas. Se dijo además que José Eleázar Moreno, un jefe paramilitar de los Llanos Orientales, y su esposa recibieron tierras del Incoder. El funcionario renunció al cargo y siempre insistió en que no tenía ingerencia sobre esas adjudicaciones, contrario a lo que había expresado de manera reiterada el Ministro Andrés Arias.

Sabas Pretelt de la Vega, ex ministro del Interior y Justicia

Fue mencionado en los últimos días por Salvatore Mancuso en su versión libre. Dijo que en alguna ocasión el ex ministro del Interior y de Justicia “vino a vernos en nombre de los industriales de este país”.
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Algo huele raro
Aunque el gobierno y los paramilitares insisten en que en la cárcel de Itagüí se cumplen las normas, existen grabaciones y documentos que sugieren lo contrario.
Fecha: 05/19/2007 -1307
En su edición pasada, SEMANA reveló el contenido de algunas grabaciones en las que quedaba en evidencia de que en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí estaban ocurriendo irregularidades relacionadas con los paramilitares que allí se encuentran recluidos. Tras la publicación, el primero en salir a negar cualquier anomalía y a afirmar que los ex miembros de las AUC que allí se encuentran no estaban realizando ninguna actividad ilícita desde la prisión fue Salvatore Mancuso. Después del jefe paramilitar vinieron sendas declaraciones, en igual sentido, por parte del ministro del Interior, Carlos Holguín; el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y el director del Inpec, general (r) Eduardo Morales, entre otros funcionarios del Estado.

La denuncia sobre lo que estaba pasando en Itagüí quedó relegada a un segundo plano debido a que el debate se desvió completamente y terminó reducido a buscar quiénes contaron y entregaron las pruebas de lo que estaba pasando en esa prisión. Muy poco importó que una de las bases de la denuncia se fundamentaba en el testimonio, nada más y nada menos, que de la propia directora de la cárcel de Itagüí, Yolanda Rodríguez, considerada como una de las funcionarias más respetadas y con mayor experiencia en el Inpec.

En una conversación con su amiga la directora de la cárcel La Picota, Imelda López, la ex directora cuenta varias irregularidades en el interior de Itagüí relacionadas con los paramilitares. “Cambian de órdenes todos los días…Yo aquí digo que no y entonces ahí mismo llaman (los paramilitares) al director regional, y si no, al Ministro, y si no, al Presidente”. Estos, entre muchos otros, argumentos, que obligaron a Rodríguez a solicitar su traslado, quedaron en un segundo plano.

• AUDIO: Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, detenido en la cárcel de Itagüí, conversa con otro paramilitar en Putumayo.

El director del Inpec, general (r) Eduardo Morales, afirmó que había control absoluto en la cárcel de Itagüí. Este informe evidencia lo contrario

Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’ , desde la cárcel de Itagüí

Varios funcionarios afirmaron que el ex paramilitar, alias ‘Goyo’ no estaba en la cárcel de Itagüí. Lo curioso es que, al menos hasta el pasado dos de febrero, existen informes que estaba en esa prisión y delinquía

Grabaciones y documentos de agencias de inteligencia obtenidos por SEMANA dejaban claro que algunos ex paramilitares recluidos en Itagüí coordinaban actividades ilegales desde allí. Uno de los casos mencionados fue alias ‘Goyo’. Funcionarios del gobierno anunciaron que este hombre nunca había estado en Itagüí. Argumento que no deja de ser desconcertante, ya que, al menos hasta febrero de este año, aparecen registros e informes de agencias de inteligencia que evidencian que ‘Goyo’ estaba en Itagüí y estaba dedicado a actividades non sanctas (ver documento).

El general (r) Morales, director del Inpec, al igual que otros funcionarios del gobierno, afirmó a lo largo de la semana pasada que los jefes paramilitares tenían un régimen especial en la prisión. Como parte de esto se les había autorizado el uso de 10 teléfonos celulares. No deja de ser extraño que en las grabaciones y los documentos de las agencias de inteligencia aparecen registros de por lo menos 20 números celulares diferentes que son usados por ex paramilitares en el interior de Itagüí. Un documento de inteligencia revela que tan sólo el pasado 6 de febrero, José Bernardo Lozada, alias ‘Mauro’, ex militante del Bloque Catatumbo, recibió una llamada en la cárcel de uno de sus contactos con quien coordinó el ingreso de celulares al centro penitenciario (ver documento).

Aunque el gobierno y los propios paramilitares repitieron insistentemente que los jefes paras actuaban con transparencia, existen grabaciones y documentos que por lo menos dejan varios interrogantes respecto a algunos de ellos. Tal es el caso de Ramiro Vanoy, alias ‘Cuco’, quien, según un documento de agencias de inteligencia, el pasado 23 de enero recibió una llamada en la que colaboradores del ex jefe del Bloque Mineros le informaban detalles de una reunión, no muy clara, que sostendría en Tarazá gente cercana a ‘Cuco’ con un alto funcionario de la empresa Banacol. No menos curioso resulta el reporte que recibió el pasado 2 de abril Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’. En una llamada de uno de sus colaboradores, el ex comandante del BCB recibe un reporte sobre una desmovilización de presuntos miembros de la guerrilla. “Eso está bien. De todas maneras, el que tiene que decir si eran guerrilleros o paracos es el gobierno”, dice uno de los apartes de la conversación (ver recuadro).

A diferencia de lo que aseguran el general (r) Morales y otros miembros del Estado, algo huele mal en Itagüí. La versión que maneja el gobierno no coincide con grabaciones e informes de inteligencia que evidencian irregularidades en la que, se supone, es una de las más estrictas cárceles del país
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=103715
Para-políticos
Grabaciones confirman que la relaciones de varios congresistas con los paramilitares eran mucho más cercanas de lo que hasta ahora se conoce.
Fecha: 05/19/2007 -1307
Mucho se ha hablado sobre políticos que han terminado salpicados por el escándalo de la para-política. Gracias a las investigaciones de la Corte Suprema, la Fiscalía General y los medios de comunicación, la opinión pública ha conocido algunos detalles de ese matrimonio que durante años tuvieron algunos sectores de la clase política y miembros de las AUC. Es aún poco lo que se sabe sobre la cotidianidad de esa relación políticos-paras. SEMANA revela algunas grabaciones de conversaciones e interceptación de correos electrónicos hechas por agencias del Estado, que son una pequeña muestra de cómo eran esos vínculos non sanctos.

“De pronto me están grabando”

1 Aparte de la conversación entre la entonces congresista Eleonora Pineda y el jefe de prensa de las AUC, Fernando Soto, el 10 de abril de 2005.

“Hay unos intereses. El senador Vargas le interesa es su Presidencia; el senador Pardo, lo mismo; la Gina tiene sus intereses; el otro, todo el mundo aquí es una locura. El problema del Congreso de la República desafortunadamente son intereses personales… Gina es una niña de ciudad que no conoce absolutamente nada y está decidiendo la paz del país a punta de escritorio. Qué perversa, pobrecita, quisiera yo que cogiera un carro…”.

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2 Aparte de la conversación que sostuvieron en abril de 2005 la entonces congresista Eleonora Pineda y Fernando Soto.

Jorge Visbal y Salvatore Mancuso

Jorge Merlano y Rodrigo Mercado Peluffo

Mauricio Pimiento y‘Diego Vecino’

Zulema Jattín y Rodrigo Mercado Peluffo

Muriel Benito Revollo y Rodrigo Mercado Peluffo

Eleonora Pineda y ‘Jorge 40’

“De pronto me están grabando. Como ahora lo graban todo… Imagínate que yo ayer hice una encuesta uno por uno. En este momento hay mucha gente de segundo renglón porque hay mucha gente que no quiere caminarle a esto. Yo le dije al Ministro: usted va a dejar caer ese proyecto y, es más, yo estoy esperando la llegada del Presidente porque hay que hablar. Zulema me acompañó. Me acompañó con el Ministro y la vieja muy metida, y con el primer vicepresidente, Carlos Alberto Zuluaga. Me dijo que esto sí hay que manejarlo con mucha prudencia”.

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3 Aparte de la conversación entre Eleonora Pineda y Fernando Soto en la que la entonces congresista le hace un completo reporte de sus reuniones políticas y le pide al jefe de prensa de las AUC que les comunique a los jefes paramilitares algunas conclusiones de sus encuentros.

“Nos reunimos como 10 parlamentarios, todos del Partido Conservador y yo era la única liberal uribista. Les dije gánense ustedes esto, que se lo gane el partido, que el partido sea quien diga, que sea el partido Conservador quien diga: vamos a redireccionar esto… entonces ahí se las dejé. Hoy en la plenaria de la Cámara quedaron de sentar una posición y yo creo que eso es importante. Cuéntale a ‘Ernesto’ (Báez)…”

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Eleonora Pineda llama a ‘Jorge 40’ y hace varias gestiones ante el jefe paramilitar para que éste reciba a algunos políticos.

ELEONORA PINEDA: Jorge, mira hombre, molestándote porque ¿te acuerdas que yo te había comentado que este señor, el tocayo tuyo que canta…
JORGE 40: Ajá.

ELEONORA PINEDA: Ese señor me tiene enloquecida, es más, me lloró por teléfono, llorando pero a moco tendido, y entonces no sé si tú podrás el lunes atender a ese señor.
JORGE 40: No hay ningún problema, con gusto.

ELEONRA PINEDA: Y otro es aquel que es el de, el hijo que por qué no se casó conmigo antes, te acuerdas que es por el Magdalena, que es loquito, que gobierna allá.
JORGE 40: Sí, correcto, es decir al goberna que si quiere venir mañana a la hora de almuerzo.

ELEONORA PINEDA: Ah, bueno, yo lo contacto enseguida.

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“Ella es la candidata de Vecino”

En agosto de 2005, el jefe paramilitar de Sucre, Rodrigo Mercado, alias ‘Cadena’, conversa con alias el ‘Gordo’ sobre diferentes temas de política, entre ellos el respaldo a la entonces congresista Muriel Benito Revollo, hoy detenida.

EL GORDO: ¿No se ha enterado de lo de ayer?
CADENA: No.

EL GORDO: Una reunión que hicimos acá, carajo. Una integración de casi 3.500 personas por ahí.
CADENA: ¿Cómo es que se llama el muchacho?

EL GORDO: Piter Cantillo, el dique. ¿Muri es del grupo suyo?
CADENA: No, ya no. ¿Ella no va para el Senado?

EL GORDO: No sabemos para qué, eso es lo que queremos que el grupo…
CADENA: Ella es la candidata de ‘Vecino’. ¿Para dónde irá ella, para el Senado?

EL GORDO: No sabemos, me imagino que será para el Senado. O otra vez repetir a la Cámara, ¿esa no fue la que llevamos a la Cámara la otra vez, cuando Merlano?
CADENA: Sí, pero es que ella no puede ir a buscar votos allá a Bolívar, no le sirve.

EL GORDO: Sí le sirven, para cuando es para Senado es nacional.
CADENA: Para Senado sí, pero para la Cámara no.

EL GORDO: Ah, entonces ¿será que va para el Senado?… Lo que queremos es que usted lidere, que no se comprometa allá nadie… La ‘Gata’ le estaba dando creo que 20 ó 30 millones de pesos…
CADENA: Espera, yo mañana te confirmo todo, ¿oíste?

EL GORDO: Bueno, y teníamos pensado ir el miércoles para allá a hablar con usted. Anoche lo estuvieron llamando estos Vargas de aquí de Cartagena, los políticos estos y él ahí…

***

“Los votos los maneja usted”

En junio de 2005, Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, llamó a uno de sus hombres de confianza y conversan sobre varios asuntos, entre ellos mencionan a la senadora Zulema Jattin.

CADENA: Bueno, mire ¿Y cómo va la vaina en Bogotá?
HOMBRE: ¿Sobre lo del médico?

CADENA: Ajá.
HOMBRE: Eso está bien y sigue bien, pero me preocupa una cosa. Que ese viejo loco se puso a meter a Zulema Jattín que para que Zulema le hiciera la vuelta, prometiéndole que le iba a poner toda la votación de Coveñas. Yo no he hablado con él todavía, no le he dicho nada, voy a hablar en la tarde. Le iba a poner toda la votación, entonces Zulema Jattin habló o va a hablar directamente con el Procurador, con Maya Villazón. Quiere decir que eso va a costar mucha más plata y va a ser más difícil.

CADENA: Entonces deje que lo saquen a él porque él sabrá qué votación va a poner.
HOMBRE: Ah no, es que él está más loco, pero más loca está Zulema. Es que los votos los maneja usted, no los maneja él.

NN1 (HOMBRE): Chao, bueno jefe estamos hablando.

***

“El doctor Visbal quiere conversar con usted”

En febrero de 2005, Salvatore Mancuso recibió una llamada de Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’, para coordinar una reunión con el entonces embajador de Colombia en Canadá, y hoy senador, Jorge Visbal.

DIEGO VECINO: Aló señor, buenas tardes.
MANCUSO: Buenas tardes ‘Vecino’, ¿qué ha habido?

DIEGO VECINO: Señor, lo siguiente: es que tengo por aquí una visita muy importante y ellos traen un mensaje del señor embajador del Canadá, el doctor Jorge Visbal.
MANCUSO: Sí señor.

DIEGO VECINO: El doctor Jorge Visbal está en este momento en Sucre, en Corozal, mañana en la mañana tiene una reunión con el amigo 22, con Wili, en El Meridiano de Montería. El doctor Visbal quiere conversar con usted personalmente porque tiene algo muy importante que comentarle.
MANCUSO: Con el mayor de los gustos yo voy.

***

“Si aprueban la ley, coronamos, y si no la aprueban, también coronamos”

En mayo de 2005, uno de los hombres de confianza del jefe paramilitar Edward Cobos, alias ‘Diego Vecino’ llamó al senador Mauricio Pimiento, hoy detenido e investigado por la Corte Suprema. Hablaron de una reunión entre el político y el jefe paramilitar y la aprobación de la Ley de Justicia y Paz. El senador Pimiento le expresó al paramilitar su inquietud porque había sido publicada la foto de ‘Vecino’ en El Tiempo.

MAURICIO PIMIENTO: Aló.
HOMBRE: Mauricio, ¿doctor Mauricio Pimiento?

MAURICIO PIMIENTO: Aló, qué hubo, cuéntame.
HOMBRE: ¿Cómo está la vaina hombre?

MAURICIO PIMIENTO: Hombre, no joda, ¿dónde andas perdido, hombre?
HOMBRE: Como la rata, metido en mi guarida.

MAURICIO PIMIENTO: ¿viste El Tiempo ayer?
HOMBRE: Sí.

MAURICIO PIMIENTO: Y en el noticiero de anoche también lo levantaron como media hora en Caracol.
HOMBRE: Mierda.

MAURICIO PIMIENTO: Punto por punto, la gente chichando ahí en el pueblo ese y salió con la foto de color anoche… Yo lo fui a visitar allá.
HOMBRE: Hombre y la moral mía era que usted subiera para arriba, hombre.

MAURICIO PIMIENTO: Es que eso no es así. Eso se da es acá en la sede.
HOMBRE: Pero ¿cómo así?

MAURICIO PIMIENTO: Pero no por nada sino porque, no joda, eso que tiene uno que pedir permiso para pasar como 10 cadenas.
HOMBRE: Ajá.

MAURICIO PIMIENTO: Entonces yo hablé con él fue acá en la sede.
HOMBRE: Oye, ¿y esta vaina cómo ha estado hombre?

MAURICIO PIMIENTO: Está bien. Hoy están aprobando la ley, ¿no ha visto la televisión?
HOMBRE: Sí.

MAURICIO PIMIENTO: Si la aprueban, coronamos, y si no la aprueban, también coronamos.
HOMBRE: Mierda, pero ¿cómo coronamos?

MAURICIO PIMIENTO: Yo hablé con él el día ese. Si aprueban esa ley, lo que es esos manes no se desmovilizan y ya.
HOMBRE: Ajá.

MAURICIO PIMIENTO: Ah, por ahí está es el alcalde de Arroyo Hondo.
HOMBRE: Sí

MAURICIO PIMIENTO: Le estamos ayudando por Bogotá.
HOMBRE: No, hombre. Eso es mejor que quede como corregimiento. Eso es más chiquito que Verruga.

MAURICIO PIMIENTO: Sí.
HOMBRE: Hombre, eso no paga, mejor que quede como corregimiento. Mejor ese millón setecientos que le viene a él, mejor que le quede a Calamar para que me mande unas mariquitas mejor.

MAURICIO PIMIENTO: Tú si eres la mierda, y qué más, cuéntame.

***

“Por qué no lo traes acá calladito”

En agosto de 2005, el jefe paramilitar desparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’, habla con uno de sus hombres sobre política y coordina la visita del senador Jorge Merlano, hoy detenido e investigado por la Fiscalía.

EDUARDO: Mire, viejo, llamó tu hermano que se había hablado con Simanca, ¿oíste?
CADENA: Ajá.

EDUARDO: Que qué tipazo eras tú, dijo el gobernador.
CADENA: ¿Cómo?

EDUARDO: Merlano quiere ir donde usted, el senador de Miami.
CADENA: Bueno, por qué no lo traes acá calladito.

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=103866

Secretos inconfesables

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=103711
No pasa nada

Ya se reconoce de modo oficial lo que ha sido ‘vox populi’: que ha habido una estrecha colaboración política, económica y armada con el narcoparamilitarismo.
Por Antonio Caballero
Fecha: 05/19/2007 -1307
Están presos catorce senadores y representantes, varios gobernadores y numerosos concejales y alcaldes (no caben aquí todos los nombres) acusados de concierto para delinquir en asociación con las mafias narcoparamilitares. Y a los que faltan -treinta o cuarenta, o “de pronto más”, como dice el Vicepresidente- el presidente Álvaro Uribe les pide que voten a favor de sus proyectos legislativos “mientras todavía no están en la cárcel”.

El ministro de Defensa Juan Manuel Santos descabeza de un plumazo a 12 generales (no me caben sus nombres), sin decir ni cuáles ni cuántos de ellos son culpables aunque negando a la vez que lo sean todos, por la filtración a la prensa de grabaciones ilegales hechas por la Policía sobre conversaciones telefónicas de narcotraficantes, de periodistas, de dirigentes de la oposición y de altos funcionarios del gobierno (no caben los nombres). No los descabeza por la grabación ilegal: al fin y al cabo el propio Presidente acaba de jactarse de tener sobre sus opositores otras semejantes, “pruebas de inteligencia militar y policiva”; sino por la filtración: pues tales infidencias permiten, como lo dice el Presidente, que “la oposición exhiba unos documentos oficiales a los cuales no tiene alcance”.

A la vez, el mismo Santos es acusado ante la Fiscalía por el confeso jefe narcoparamilitar Salvatore Mancuso de haber concertado con él y con su difunto jefe Carlos Castaño (y con las Farc y el ELN a través de los contactos del ex ministro Álvaro Leyva y del esmeraldero Víctor Carranza) una conspiración contra el gobierno del presidente Samper. Acusación idéntica, por cierto, a la que le hizo Santos al ex ministro de Defensa Rafael Pardo sobre su conspiración con las Farc contra Uribe. Y Mancuso también acusa al otro Santos del gobierno, el vicepresidente Francisco, de haberles sugerido hace unos años a él y a Castaño que “replicaran” en Bogotá el modelo de autodefensa de Córdoba; y añade que, cuando le propusieron que comandara ese ‘Bloque Capital’, Santos “se negó diciendo que él no sabía de esas vainas”. ¿Será Santos entonces, para usar la definición del presidente Uribe “un paramilitar mediocre”?

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Acusa también Mancuso a numerosas empresas ganaderas, agrícolas, pesqueras e industriales, tanto nacionales como extranjeras (y da los nombres, tan numerosos que no caben en esta columna), de haber colaborado con el narcotráfico en la financiación del paramilitarismo: y todas ellas salen de inmediato a negar las acusaciones.

No a refutarlas: a negarlas. Y unos acusados acusan a su vez a otros, a la vez que señalan que nos es posible creer en acusaciones que provienen de delincuentes. Pero, y a la espera de que la justicia saque algo en limpio, ¿cuáles son los delincuentes? Así, por ejemplo, el ex director del DAS Jorge Noguera y el actual director del mismo organismo Andrés Peñate se acusan mutuamente, y a los dos los defiende el mismo presidente Álvaro Uribe que los nombró a los dos. ¿A quién creerle?

Porque ya no son los hechos los que están en disputa. Ya se reconoce de modo oficial lo que desde hace muchos años ha sido vox populi: que tanto desde la política tradicional como desde los sectores económicos legales y desde las fuerzas institucionales del Estado ha habido una estrecha colaboración política, económica y armada con el narcoparamilitarismo. Lo que se discute, y en vista de las dimensiones del fenómeno su tratamiento no debe dejarse únicamente sobre los hombros de la justicia, que no puede dar abasto, son las responsabilidades específicas: jurídicas claro: pero en primer lugar políticas. Es a causa de esas dimensiones que cobra especial importancia la intervención del Presidente de la República. No sus intervenciones cotidianas y numerosas sobre infinidad de puntos de detalle burocrático o politiquero; sus doce o quince discursos semanales en actos académicos, consejos comunitarios, ceremonias militares y presentaciones diplomáticas. Sino su intervención política para fijar una posición de Estado. La expuso solemnemente en un discurso para el cual se adueñó de los canales de la televisión en hora pico, interrumpiendo noticieros y partidos de fútbol, telenovelas y debates del Congreso.

Y no dijo nada.

O bueno, sí: dijo que si los municipios de la Patria patatín, y que si los maestros de la Patria patatán, y que si el equipo Cúcuta Deportivo merecía las felicitaciones de la Patria. Lo cual, en las actuales circunstancias, equivale a no decir nada. O sea, a decir que, por grave que sea lo que está pasando, aquí no pasa nada. http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=103712
Mano firme, oído grande
Desde la óptica del gobierno, lo malo no es lo que está pasando en la cárcel, sino que un organismo de inteligencia lo grabe, se lo dé a conocer a un medio de comunicación y, por esa vía, al país.
Por Daniel Coronell
Fecha: 05/19/2007 -1307
En medio de tantos escándalos, de las muchas informaciones ciertas, de las que no lo son y de las que hay que recibir con beneficio de inventario, ya hay dos verdades incontrovertibles. La primera: que una parte de los paramilitares sigue delinquiendo desde la llamada cárcel de máxima seguridad de Itagüí. La segunda: la confirmación de que organismos de inteligencia del Estado espían a la oposición y a los periodistas.

Esas dos verdades, que el gobierno quisiera ignorar, son las mismas que lo meterán en problemas en las próximas semanas. Seguramente no en Colombia, donde la única consecuencia será que la popularidad del presidente llegue al 110 por ciento. Más bien en el exterior, donde evidencias como estas empiezan a confirmar las sospechas sobre el verdadero alcance del proceso de paz con los paramilitares y sobre las reales garantías a la prensa y a la oposición.

Las grabaciones comprueban que en Itagüí se fijan precios de embarques de cocaína, se ordenan operaciones masivas de extorsión, se siguen controlando pueblos y se reportan torturas y asesinatos. Esta peligrosa mezcla de Catedral y Caguán sería ya suficientemente grave, pero es que además -según la antigua directora de la cárcel- los presos hacen lo que quieren por las relaciones que mantienen con el alto gobierno. “Llaman al director general o si no al Comisionado de Paz, o si no al Ministro y si no al Presidente”, le aseguró la antigua directora a otra funcionaria del Inpec.

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El gobierno reaccionó con rapidez y energía ante las comprometedoras grabaciones, pero no para evitar que los delitos se sigan cometiendo, sino para establecer quién está oyendo a los delincuentes. Desde la óptica del gobierno, lo malo no es lo que está pasando en la cárcel, sino que un organismo de inteligencia lo grabe, se lo dé a conocer a un medio de comunicación y, por esa vía, al país.

Desde la publicación de SEMANA todo se ha orientado a descubrir al responsable de las grabaciones y no a castigar a quienes han seguido delinquiendo desde la cárcel.

Mientras 12 generales de la Policía pasaban al retiro, el Ministro del Interior acudía sumiso a Itagüí después de aclarar que nada les pasaría a los huéspedes porque las grabaciones eran ilegales. Al final de su reunión con los paramilitares, el ministro Holguín anunció -como gran cosa- que uno de los reclusos accedía a someterse a un cotejo de voces.

La mano firme del gobierno con los mandos de la Policía contrastó con el corazón grande frente a los paramilitares.

Carreras de 30 y más años de servicio terminaron de un plumazo, pero a alias ‘Mosco’, alias ‘Goyo’ y alias ‘El Flaco’, entre otros, siguen a sus anchas en Itagüí.

Sin embargo, la rabieta tuvo su lado bueno. Lo que algunos habíamos pedido que se investigara desde hace tres años, se aclaró en una noche de domingo. La exótica investigación relámpago terminó mostrando que agentes de inteligencia del Estado han venido escuchando las conversaciones de periodistas, dirigentes de la oposición e incluso algunos miembros del gobierno.

El Presidente y sus ministros han declarado que no dieron la orden de efectuar esas interceptaciones, pero los agentes de inteligencia no graban para satisfacer su voyeurismo, como pretendió explicarlo el imaginativo asesor José Obdulio Gaviria.

Tres semanas antes de estos hechos, el propio jefe de Estado confesó que recibía informaciones de inteligencia sobre las actividades de líderes de la oposición. Esta fue su respuesta textual a la pregunta de Darío Fernando Patiño sobre las evidencias que tenía de una campaña contra el TLC:

“Yo tengo pruebas que no las voy a revelar, son de inteligencia militar y policiva, de algunas de las personas que han ido a Estados Unidos, que dicen: ya nos tiramos en el tratado acusando a este tal por cual del Uribe”.

Inteligencia militar y policiva, dijo el Presidente. El que tenga ojos para ver, que vea, porque los que tienen oídos seguirán oyendo.

http://www.cambio.com.co/portadacambio/725/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3561663.html
Eh Ave María
INCLUSO PARA UN PRESIDENTE que vive al ritmo paisa, la que pasó fue una semana frenética. Comenzó con la publicación de las interceptaciones ilegales, siguió con la descabezada de 12 generales y el nombramiento del nuevo Director de la Policía, pasó por la defensa pública del Vicepresidente y el Ministro de Defensa, señalados por Salvatore Mancuso de haberse reunido con jefes de las Auc, e incluyó hasta una audiencia no programada con el intendente Jhon Frank Pinchao, quien escapó de las Farc al cabo de nueve años de cautiverio. También hubo tiempo para reuniones con las bancadas del Congreso, para una alocución por los canales de la televisión y largas entrevistas en las cadenas de radio, así como para una conversación de 18 minutos con el nuevo mandatario de Francia, Nicolas Sarkozy. Fueron tantos los sobresaltos que más de una vez sus allegados le oyeron decir, como buen antioqueño: “¡Eh, Ave María!”.

Una vez más, como ha ocurrido a lo largo de ya casi cinco años, Álvaro Uribe volvió a estar al frente de los principales temas nacionales. Su inmensa capacidad de trabajo, su preocupación por los detalles, su manejo de los temas explican en parte por qué el Presidente tiene una opinión favorable de 75%, según el Gallup Poll más reciente, y por qué es el segundo mandatario más popular de América Latina, a escasos puntos del ecuatoriano Rafael Correa, quien no ha cumplido ni un semestre en el cargo.

Sin embargo, ese inmenso cheque en blanco que la opinión pública le ha dado a Uribe no necesariamente se ha traducido en una mayor facilidad para gobernar. “La luna de miel del segundo período nunca ha existido -reconoce Carlos García Orjuela, Senador y Presidente del Partido de la U-. Ha quedado claro que el apoyo popular no sirve necesariamente para hacer las reformas”. Por su parte, la politóloga de la Universidad de Los Andes, Elizabeth Ungar, afirma: “Si bien el tema de la gobernabilidad tiene que ver con la capacidad de los gobernantes de responder a las demandas de los ciudadanos, también es fundamental la capacidad de tener un manejo institucional claro y transparente, y eso es lo que hoy está en duda en el gobierno de Uribe”.
Los conocedores sostienen que las luces de alerta tienen diferentes colores, según la geografía. Internamente son amarillas, pues hay todavía margen de maniobra aunque más reducido, particularmente en el Congreso. Más allá de las fronteras, en cambio, las alertas son naranja pues el deterioro de la imagen de Colombia por cuenta de los escándalos recientes parece irreversible en algunos casos.

Dentro del país el frente más difícil para el Presidente es, sin duda, el Congreso, porque hoy la relación es mucho menos que fluida. Por una parte, el hecho de que la coalición uribista comprenda a ocho partidos diferentes, cada uno con exigencias burocráticas y divergencias internas, hace muy difícil la coordinación. Por otra, el escándalo de la parapolítica, que ha golpeado a unas agrupaciones más que a otras, ha generado rencillas con el Ejecutivo, pues no han faltado acusaciones por una supuesta falta de solidaridad a pesar de que todo indica que el pronóstico del vicepresidente Francisco Santos sobre el encarcelamiento de “entre 30 y 40 congresistas” podría quedarse corto. Así las cosas, las relaciones de Uribe con el Legislativo son cada vez más tensas y, como dice la expresión popular, “a los trancazos”.
Un ejemplo de la compleja relación del Gobierno y el Congreso quedó en evidencia el pasado 9 de mayo, cuando el senador Luis Alberto Gil, cabeza del controvertido movimiento Convergencia Ciudadana, hizo saber en la Casa de Nariño que el apoyo de su grupo al acto legislativo para reformar el régimen de transferencias, dependía del nombramiento de una ficha suya en la Dirección del Invima, entidad que regula y vigila el mercado de medicamentos.

“Ya estoy cansado de que me den caramelo”, dijo Gil.
Horas más tarde, salió el decreto del nombramiento de Jairo Céspedes Camacho, quien fue Presidente de la Entidad Promotora de Salud, Solsalud, una entidad particularmente cercana al senador Gil. “Pusieron a los ratones a cuidar el queso”, fue el comentario de un congresista de la coalición uribista al enterarse de la noticia.

Otro frente que demanda atención, a pesar de que la economía va por buen camino y de que hay euforia entre los consumidores, es lo que ha ocurrido con el dólar. La fuerte descolgada de esta divisa, que ha tomado a los expertos por sorpresa, ha golpeado con fuerza a los exportadores, sobre todo a los confeccionistas y a los floricultores. Sin embargo, lo peor es la sensación de impotencia ante un hecho frente al que cualquier medida parece inoperante. “La revaluación afecta a muchos países y Colombia no es la excepción, pero son muchos los que quisieran ver una actitud más decidida para moderarla y una señal más clara -afirma María Angélica Arbeláez de Fedesarrollo-. El riesgo es que la falta de resultados en ese frente genere falta de confianza en la política o en las autoridades económicas”.

En último término, el cielo colombiano sigue oscurecido por los nubarrones de la parapolítica. Aunque muchos reconocen que Uribe ha impulsado un proceso para conocer la verdad sobre un cáncer que hizo metástasis en amplias zonas del país, otros le critican que envíe señales diversas cuando estallan escándalos como el de las grabaciones hechas por la Dirección de Inteligencia de la Policía. “Es difícil entender por qué se le ha pretendido dar mayor trascendencia a las grabaciones y su filtración a los medios, que a los propios hechos escandalosos que se derivan de ellas”, dice el Jefe Único del Partido Liberal, César Gaviria, en una carta que envió al Procurador y al Fiscal General. “Me parece estar viendo La vida de los otros, una película sobre un espía que les sigue los pasos a dos artistas en vísperas del derrumbe moral y político de la RDA”, sostiene el ex ministro Juan Camilo Restrepo.

Personas muy cercanas a la Casa de Nariño reconocen que la parapolítica apenas está comenzando a tener repercusiones y que se avecinan más tormentas. Si las recientes declaraciones de Salvatore Mancuso ante un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz han sacudido a la opinión, faltan por conocerse las de buena parte de los inquilinos de la cárcel de Itagüí, que pueden hacer revelaciones igualmente explosivas cuando les llegue el turno. Jefes como Jorge 40, Macaco, El Alemán y Don Berna con seguridad van a involucrar a más de una persona conocida. “No podemos salir a la defensiva cada vez que un personaje de estos acuse a alguien cercano al Gobierno -aseguró una fuente de la Casa de Nariño-. Pero el proceso está sacando la verdad con cuentagotas y no hay mucho que hacer al respecto

Si el Presidente enfrenta una cuesta cada vez más pendiente en la geografía nacional, en el terreno internacional la tiene aún más escarpada. En Colombia, a pesar de las dificultades, Uribe todavía cuenta con mecanismos, burocráticos y de presupuesto, para conseguir apoyo en el Congreso y las encuestas indican que, a pesar de la politiquería, una muy buena parte de los colombianos apoya su gestión y mantiene su confianza en él.
Sin embargo, más allá de las fronteras las cosas son a otro precio. Algunos analistas sostienen que si con Estados Unidos las cosas están complicadas, con Europa lo poco que se había logrado está perdido, y con América Latina hay enredos, particularmente con los vecinos.

En el caso de Estados Unidos, lo que está ocurriendo con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, cuya renegociación está en veremos, es el ejemplo más evidente de que Colombia no las tiene todas consigo. Pero este no es el único problema, pues las noticias que salen cada día sobre el país dan la imagen de una situación desesperada. “Una discusión sobre asesinatos de sindicalistas es la marejada más reciente en el mar de problemas que rodea al gobierno de Álvaro Uribe”, señaló el semanario The Economist la semana pasada.

Pero además, como el ambiente político en Washington está tan polarizado y los demócratas dominan en el Congreso y están prácticamente ad portas de la Casa Blanca, Colombia está pagando las consecuencias de su excesiva cercanía al presidente Bush. Y aunque pocos creen que la ayuda militar y financiera va a encontrar mayores tropiezos, funcionarios del Gobierno colombiano aceptan que lo del TLC será muy difícil. “Vamos a un nuevo escenario de negociación complejo y ellos ya están en pleno ambiente electoral -dice un miembro del equipo económico-. Por eso lo más fácil va a ser extenderle al país las preferencias actuales y volver a mirar en un par de años si hay condiciones para votar el Tratado”.

En cuanto al Viejo Continente, Colombia realmente no tiene amigos y la falta de progreso en temas como el del intercambio humanitario impide avanzar. “Uribe llegó al poder con un estigma que los hechos recientes no han hecho más que confirmar -sostiene un diplomático europeo que, por obvias razones, pidió reserva de su nombre-. Además, es el aliado a ultranza de Bush y nadie quiere hacerle el juego”. Por otra parte, los cambios en la Cancillería y la concentración de la ofensiva diplomática en Washington tampoco permiten abrigar mucha esperanza de mejoría.

El ámbito regional tampoco es muy favorable. En un hemisferio dividido entre amigos y opositores de Hugo Chávez, no hay mucho espacio para construir alianzas, y existe el peligro de que tanto Venezuela como Ecuador vean hoy al Gobierno de Colombia como un interlocutor débil y empiecen a poner en práctica la famosa tenaza de la cual han hablado algunos analistas. Hasta el momento, Uribe ha manejado las relaciones con pinzas y mantiene comunicación con Chávez, pero incidentes como el creado por las declaraciones de Juan Manuel Santos en Madrid, quien sugirió que Caracas es laxa en la lucha contra el narcotráfico, podrían empeorar las cosas de un momento a otro. Y con Quito, las relaciones siguen muy tensas y la actitud del presidente Correa es hostil.

¿Qué debería hacer Álvaro Uribe? Tranquilizarse y convencerse de que la carrera es de largo aliento. Cuando faltan más de tres años para el final del gobierno, su mayor desafío, incluso si su apuesta es por la búsqueda de la verdad en el caso de los paramilitares, es que la agenda no siga condicionada a las revelaciones que ellos hagan. Desde que comenzó el segundo período, el Gobierno ha estado totalmente a la defensiva, apagando el incendio del día. Ahora tiene que pasar a proponer temas y retomar la iniciativa, sin caer en la tentación de echar globos para distraer a la tribuna como el de liberar guerrilleros para presionar el intercambio humanitario.

La preocupación del Presidente con la crisis del momento, no le permite pensar a largo plazo y por eso corre el riesgo de perder el aliento. Sin embargo, más allá de estas recomendaciones, muchos coinciden en que el modelo actual es difícil de sostener. Si bien es cierto que el efecto teflón aún protege a Uribe, el curso normal de una democracia implica el desgaste, tarde o temprano, de la imagen presidencial. “Ya tenemos problemas de gobernabilidad pero no quiero imaginar lo que puede venir si la opinión favorable de Uribe cae -dice Elizabeth Ungar-. Ahí sí, como diría el Chapulín Colorado: ‘¿Quién podrá defendernos?

http://www.cambio.com.co/portadacambio/725/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-3561759.html
Primo en problemas