Hacia Un Estado Autoritario … autoritarismo, totalitarismo, neofacismo

Hoy vivimos la sí­ntesis de las técnicas de represión y de control. No sólo se persigue, se tortura, se asesina, se desaparece, se masacra, se desplaza, se judicializa, se paramilitariza la sociedad, estamos acudiendo a la asunción del paraestado. La sí­ntesis de las técnica del control de la sociedad, de su mente, de sus sensibilidad, de su voluntad la totalización mediática; la sí­ntesis de las técnicas económicas que han arrasado el campo y sectores pequeños y medios de las producción, abriendo el espacio al Tratado de libre Comercio y al ALCA; la sí­ntesis en el presidencialismo, en el populismo que juega en imágenes en la opción por los pobres en el progreso del Plan de Ajuste Estructural, en la destrucción del principio de la división de poderes, en la supuesta lucha contra la corrupción y la politiquería .

Hoy el fuego lento en los nuevos y lentos crematorios nazis están pretendiendo hacer trizas, las conquistas formales, los logros reales de democracias participativas.

Retomamos, la entrevista en las Lecturas Dominicales de El Tiempo, (17-08-03), con el Magistrado Jaime Araujo, uno de los dos, que expresó su crí­tica al Referendo y se apartó de muchas las decisiones de la Corte constitucional, al percibir que este mecanismo de participación popular se convirtió por las pretensiones y el uso que de él hace el Presidente Uribe, en un mecanismo de destrucción del Estado Social de Derecho.

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

EL TIEMPO Lecturas Vamos hacia un Estado autoritario, dice el magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araújo.

Considerado como uno de los más duros defensores de la Constitución, el funcionario dice que las reformas del Gobierno significan un retroceso.

El jurista vallenato Jaime Araújo Rentería habla poco con los medios,
pero cuando lo hace no disimula sus posiciones ni se va por las ramas.
para ALCA, las reformas que plantea el Gobierno del presidente Uribe a la Constitución significan que vamos hacia un Estado autoritario. Y
advierte que los Estados totalitarios empezaron siendo autoritarios.
Araújo defiende la acción de tutela para todos los derechos e inclusive para las sentencias judiciales, pues en un Estado social de derecho los derechos humanos; pueden contra todo, inclusive contra las sentencias de los jueces, que también se equivocan, como lo hace, según sus palabras; la misma Corte Constitucional. Según el magistrado, los recortes a la tutela y a la Corte Constitucional quieren limitar los derechos de los ciudadanos.

Hay planteada una reforma de la justicia que le quita competencias a la Corte Constitucional y limita la tutela. ¿Cómo la ve?

El proyecto de la administración de justicia hay que verlo dentro de toda la reforma de la Constitución. La Corte Constitucional es guardiana de la integridad de la Constitución. Desde ese punto de vista, no hay duda de que hay una visión de justicia que retrocede en lo que hemos avanzado. Lo que se le quite a la Corte se les quita a los derechos de los ciudadanos. Nuestra Constitución dice que somos un Estado social y democrático de derecho y eso implica unas características. Los ciudadanos nada ganan con que se diga que tienen libertades, si no hay quién las haga efectivas. El día en que los ciudadanos no tengan derechos o en que los poderes no están separados claramente, estaremos con otro tipo de Estado. Podríamos estar en un Estado autoritario, en uno totalitario, pero ya no sería uno social de derecho. Ninguna dictadura ha renunciado a las constituciones. Pinochet, Mussolini y Hitler las tuvieron. La diferencia es que en un Estado derecho el gobernante se somete a la Constitución. Y en el Estado autoritario o totalitario se hace una Constitución para el gobernante de
turno.

¿Eso qué significa?

Que el hecho de que tengamos Constitución no quiere decir que tengamos Estado de derecho, porque este implica independencia de los jueces, derechos fundamentales de los ciudadanos, control de los gobernantes. No hay acto que no esté sometido al control de los jueces y eso no quiere decir que no tenga controles polí­ticos. En la declaración de la conmoción interior, yo no me opongo a que haya un control político por el Congreso debe existir y muy fuerte, pero eso es distinto a que se anule el control jurídico.

¿Vamos hacia un modelo donde el gobernante va a tener menos controles?

Pienso que sí­. El Estado de derecho es un Estado de control del
gobernante. De otro lado, los derechos de los ciudadanos tienen que
respetarse. Lo decí­an los revolucionarios franceses. El artí­culo 16 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dice más o menos así:

Un Estado donde no están garantizados los derechos de los ciudadanos
no tiene Constitución, así formalmente tenga un documento escrito.

¿La reforma de la justicia y las demás apuntan a un Estado autoritario,
totalitario o al fortalecimiento del Estado social de derecho?

Debemos profundizar el Estado social de derecho y no retroceder hacia un Estado autoritario o totalitario.

¿Quiere decir que con estos proyectos vamos hacia un Estado más
totalitario o más autoritario?

Yo creo que sí­. Porque si se recortan libertades de los ciudadanos o no
hay instrumentos para hacerlos efectivos y si el Gobierno no tiene
controles jurí­dicos, nos estamos alejando del Estado de derecho.

¿Hay un desmonte del Estado social de derecho?

Sí­.

¿Y cómo percibe desde la Corte ese desmonte?

La Corte es muy consciente y hablo a tí­tulo personal; de que en esta
lucha por ser guardian del Estado de derecho le ha tocado afectar ciertos intereses. Si defiende a los usuarios del Upac, los dueños del Upac se molestan. Si defiende a los pensionados, los que no pagan pensión se molestan. Esos intereses quieren desmontar la Corte y que los derechos de los ciudadanos se hagan nugatorios.

¿Le están cobrando a la Corte sus actuaciones?

En los casos en los cuales no ha fallado como ellos han querido o en los
que se han tocado intereses poderosos. De alguna manera, quieren limitar las competencias de la Corte para tener una patente de corso y poder violar los derechos de los ciudadanos.

¿Cree que la propuesta de quitar la acción de tutela para derechos como
los económicos y sociales va a pasar?

Esa es decisión del Congreso y soy muy respetuoso. Hace poco me tocó
fallar la tutela de un ciego que quiere votar autonormalmente por el
sistema braille. Yo di la orden de hacer efectivo su derecho al voto. Eso
implicaría un costo, porque por lo menos tocaría hacerle una tarjeta
braille. Otros derechos, como los de los niños, son fundamentales por el sólo hecho de ser niños. Si a un niño no se le está dando salud y la Corte lo ordena, para que no se muera, eso va a tener una incidencia
presupuestal. Y la salud es un derecho social. Esa distinción que se
quiere hacer en la práctica lo que lleva es a que los derechos no se
puedan cumplir.

¿Por qué hay cierta reticencia a la tutela en algunos sectores?

Algunos dicen que todo se quisiera resolver por la ví­a de la tutela, debido a que hay procesos laborales, penales y civiles que duran años sin resolverse. Aquí­ hay un problema filosófico de por medio. Por regla general, todos garantizamos la seguridad jurí­dica, porque es un valor importantí­simo.

¿Pero es el único valor en el derecho?

No. Por ejemplo, a usted lo acusan de un homicidio y después aparece el muerto. A nadie se le ocurrirí­a que por el hecho de haberlo acusado y que haya una sentencia usted tendrí­a que seguir condenado. Aquí­ la tutela es un recurso extraordinario. Otro ejemplo. Suponga que el Gobierno haga un proceso de paz, no sólo como lo está haciendo hoy con las autodefensas, sino con los otros grupos al margen de la ley. Al Gobierno le toca amnistiar e indultar ciertos delitos y ahí­ se quiebra la sentencia que ya existí­a, en aras de otro valor: la paz. Después de la segunda guerra mundial, la humanidad aprendiÃó una lección: que también los parlamentos pueden violar los derechos fundamentales. Cuando Hitler dijo que no se podí­an casar los de la raza superior con la raza inferior, era porque en Alemania habí­a una ley que prohibí­a esas uniones. Entonces, la gran pregunta es: si se pueden proteger los derechos fundamentales ante los gobiernos y los parlamentos.

¿Por qué no ante las sentencias de los jueces? Lo otro serí­a aceptar,
primero, que los jueces no se equivocaran, pero se equivocan. Segundo, que los derechos fundamentales tienen un lí­mite que son las sentencias de los jueces. Pero resulta que en el Estado de derecho los derechos humanos pueden contra todo el mundo. También contra los jueces. La tutela es la garantí­a de los derechos fundamentales. Y el dilema es si esos derechos se hacen respetar. Cualquier paí­s serio dice que sí. Pero aquí­ les estamos buscando lí­mites.

Usted dice que los jueces se equivocan. ¿La Corte se ha equivocado?

Claro. Como órgano de cierre, puede equivocarse, pero jurídicamente
alguien tiene que definir los conflictos. Creo que se acaba de equivocar
en haber dictado una sentencia nula en lo del Referendo.

¿La sentencia del Referendo es nula?

La Corte tiene su propio reglamento, que establece las sesiones y dice que no pueden durar más de cuatro horas. Y el fallo sobre el Referendo se produjo después de ese tiempo, a pesar de la advertencia mí­a de que era mejor tomarla al día siguiente, dentro del reglamento.

¿Cuá¡l era el afán de la Corte?

No lo entiendo, porque tení­amos un plazo mayor de acuerdo con la ley. Hubo una cierta predisposición de algunos magistrados de que se fallara ya.

Pero lo más grave es que las certificaciones que tení­a la Corte y están
en las actas y he pedido que se las entreguen a los ciudadanos, hay una
del Secretario de la Cámara que dice que después de las comisiones de
conciliación hubo 82 votos por el Referendo. La Constitución dice que se
requiere la mitad más uno, o sea 84. Si eso es así­, todo el Referendo
debiá caerse.

¿Usted cree que el presidente Uribe apoya el proyecto de reforma de la
justicia o que es de Fernando Londoño?

No sé si el señor Presidente se siente con el Ministro a mirar el
proyecto, pero en la medida en que el Ministro lo hace, lo respalda. Y si
el Presidente no dice nada, entonces yo creo que es responsabilidad de ALCA.

Usted es catalogado como un magistrado duro en la defensa de la
Constitución.

¿A qué atribuye que se haya quedado solo en esas posiciones en la Corte?

Ese dilema para mí­ no existe, porque no vine a la Corte a hacer mayorías. Vine a defender la Constitución, que juré cumplir. Y cuando defino una cuestión, lo único que hago es poner la mano en la conciencia y si esa decisión no coincide con nadie, pues me quedo con mi conciencia, porque para mí­ lo importante son los principios. A mí­ me han calumniado mucho.

¿Qué han dicho?

Los liberales tenemos un sistema para definir nuestros conflictos. Usted
defiende una posición y yo otra. Usted trata de persuadirme y yo también.
Si finalmente usted no me convence, solamente hay una posibilidad: las
mayorí­as se imponen sobre las minorí­as. En un estado totalitario, el que
no piensa igual es enemigo y el enemigo solo tiene una alternativa: se
somete a las buenas o a las malas. Y cuando hablamos a las malas es
desaparecerlo fí­sicamente. Cuando los medios de comunicación dicen que soy enemigo del Gobierno, lógicamente me están echando a todos los amigos armados y eso es grave en un paí­s tan polarizado. Yo no soy enemigo de nadie, ni de este gobierno ni del otro. Es más, cuando el Gobierno ha tenido la razón yo le hallo la razón.

¿En qué cosas, por ejemplo?

Hubo un debate sobre las facultades que le dieron a la Contraloríaa General de la Nación para contratación. Si fuera por cosas personales, yo al Contralor le tengo aprecio, pero en ese caso considero que la facultad no era de ALCA sino del Presidente.

A nombre de la seguridad democrática, que es la bandera de este Gobierno, hay un proyecto de reforma constitucional que permite capturas y allanamientos por sospecha. ¿Cómo lo ve?

Fui el único magistrado que votó contra la declaratoria de la Conmoción
Interior. Lo hice por dos razones. Una: el Ministro de Hacienda dijo que
Colombia tení­a desde hace 15 años un problema estructural con sus finanzas públicas. La conmoción es para problemas coyunturales. Si el problema es estructural, para eso está el Congreso. Que se proponga una reforma tributaria y el Gobierno convenza a los congresistas. Dos: el Gobierno dijo que tení­amos que declarar la Conmoción para capturar a todos los jefes de los grupos armados.

¿Cuántas órdenes de captura hay contra el grupo armado?
Me dijeron: 130. Entonces el Congreso ya cumplió declarando
como delitos esas conductas. Y los jueces también, dictando las órdenes de captura. Valientes los jueces, porque tenemos códigos, no armas. Y si hay 130 órdenes de captura, quien las ha incumplido es el Gobierno. De esas órdenes de captura boten 129, quédense con una sola y captúrenlos. Para eso no se necesita conmoción. Pero, además, ¿quién me garantiza que la próxima orden de captura que van a dictar con fundamento en la conmoción sí­ la van a hacer efectiva, si ya van 130 que no han hecho efectivas?

Algunos sectores de la opinión pública están dispuestos a aceptar que, en nombre de la seguridad, se restrinjan algunos derechos. ¿Cómo ve esa propuesta?

Hay que hacer efectivo el Estado de derecho respetando las libertades. En aras de la seguridad, hemos visto dictaduras como las del Cono Sur. Tiene que haber seguridad, pero con derechos y libertades. La Constitución recoge lo que dice nuestro escudo: Libertad y orden. No podemos tener orden sin libertad, pero tampoco puede haber libertad sin orden. La mayorí­a de colombianos es gente de bien y por una minorí­a, no podemos quitarles los derechos a todo el mundo.

Si yo le pidiera que calificara todas las reformas que se anuncian, ¿cómo lo harí­a?

Muy claramente creo que vamos hacia un Estado autoritario. Y no se le
olvide una cosa. Los Estados totalitarios no nacieron siendo totalitarios,
ni Hitler, ni Mussolini comenzaron de una vez haciendo todo lo que
hicieron al final de sus perí­odos. Comenzaron con medidas autoritarias y
de tanto autoritarismo terminaron en el totalitarismo. Ojalá nosotros no
lleguemos allí.

¿Usted qué siente que va a pasar?

Mientras yo esté en la Corte defendería la Constitución, que habla de que Colombia es un Estado social de derecho. El dí­a que cambie la Constitución y llegue un Estado autoritario o totalitario, ya vendrá mi dilema sobre si sigo o no siendo magistrado de la Corte.

Por Hernando Salazar Palacio
Editor Polí­tico de EL TIEMPO