Ha sido una guerra costosa para todo el mundo
El Centro de Memoria Histórica entrega al país el resultado final de seis años de trabajo, un esfuerzo por documentar y recuperar la memoria del horror ocurrido durante 54 años de guerra, entre 1958 y 2012.
Martha Nubia Bello, profesora de trabajo social de la facultad de Ciencias Humanas de las Universidad Nacional, ha estado en el equipo de trabajo de Memoria Histórica desde el principio, coordinando los informes sobre la masacre de Bojayá, la del Tigre y la de San Carlos y ahora formando parte del equipo que elaboró el informe general sobre el conflicto.
El libro tiene cinco partes. El primero da cuenta de la magnitud del sufrimiento durante el conflicto medido en cifras. El segundo busca explicar por qué nos hemos matado. El tercero reflexiona sobre la guerra y la justicia (o la ausencia de ella). El cuarto, sobre el daño y los impactos del conflicto, desde los más físicos hasta los más invisibles. Y el quinto, sobre la memoria de las víctimas, sobre lo que recuerdan y sobre las explicaciones que ellas tienen sobre por qué ocurrió lo que ocurrió. Hay un capítulo más sobre experiencias de resistencia y dignidad por parte de las víctimas y uno último con recomendaciones para que no se vuelva a repetir.
La Silla Vacía la entrevistó sobre este documento histórico, que más allá de lo aterrador, busca sembrar unas lecciones para que este país deje de repetir su trágica historia. (Haga clic en las palabras azules para leer fragmentos o ver gráficos del informe y testimonios de las víctimas.)
Un documento histórico
Después de todo este trabajo, ¿qué ideas que existen sobre la guerra dejan de ser ciertas? ¿Se puede afirmar que es un conflicto de baja intensidad? ¿Que los muertos del país no son por la guerra?
Nos sorprendió que ciertas modalidades de crímenes que son poco visibles, tuvieran cifras tan contundentes. Los asesinatos selectivos, que tienen poco impacto público, dan un dato aproximado de 220 mil desde el 58 hasta 2012. Es un dato que rebasa los estimativos que habían planteado algunas Ong y los datos oficiales.
Hay también un enorme subregistro porque parte de la tragedia de la guerra es que no vamos a saber cuántos muertos hubo. Cruzando las víctimas de Memoria Histórica con el registro de la Unidad de víctimas, las cifras no empatan. El subregistro podría ser del 70 por ciento.
El 81,5 por ciento de las víctimas son civiles y el restante son combatientes. Esta guerra es costosa para los combatientes, han muerto 40 mil, pero no es una guerra entre combatientes. Los muertos son civiles. Nos permitió confrontar esa idea de que los muertos del conflicto armado eran marginales frente a los otros. Con los datos que tenemos, tres de cada 10 muertos son del conflicto. Hace que el conflicto no sea marginal.
Comparado con otros conflictos, ¿cuáles son las particularidades del nuestro?
En Guatemala, fueron sobre todo masacres. En las dictaduras del Cono Sur, fundamentalmente desapariciones y torturas. En Colombia, en cambio, han pasado todas las modalidades de violencia.
¿Cuál es la explicación para que nos hayamos matado de esta manera?
Es un conflicto muy difícil de explicar. No hay una tesis que se lleve toda la carga explicativa por la larga duración. Hay que situar las causas en la historia y la geografía.
Las tierras y la política tras el conflicto
¿Pero hay elementos que persisten a lo largo de los 50 años?
Un fenómeno ha sido el tema de tierras. Atraviesa el origen de los grupos armados ilegales en 1964 y sigue atravesando el momento actual. El tema de las tierras siempre ha sido diagnosticado y nunca resuelto. Comisiones internacionales venían a decir lo que pasa en Colombia y cuando se ha intentado resolver, se ha hecho mal con medidas como ampliar la frontera agrícola, decir ‘mandémoslos a los baldíos a colonizar tierra sin presencia estatal’.
Cuando se han tratado de hacer reformas con una pretensión más democratizadora, cuando se ha intentado repensar esas estructuras de tenencia, como los intentos de Lleras Camargo, éstos han sido saboteados por quienes detentan el poder con base en la tenencia de la tierra. Han usado desde artilugios jurídicos hasta dotarse de sus propios ejércitos para evitar que cumplan sus objetivos.
Eso explica mucho de nuestro conflicto. Aunque hoy no tenemos el mismo conflicto, le agregamos más ingredientes.
¿Cuáles?
El narcotráfico que agudizó la propiedad y el uso de la tierra, el tema minero, el tema energético, el monocultivo. Son nuevos temas de la tierra que en lugar de permitir que se democratice, lo que hace es fortalecer las viejas estructuras de la tierra, latifundistas e improductivas.
Desde esta perspectiva, ¿cómo analiza la ley de tierras actual?
Es importante. La ley de restitución de tierras plantea por lo menos una deuda con la reparación de las víctimas directamente afectadas. Pero tropieza con dificultades similares a las de gobiernos anteriores.
¿Cómo cuáles?
Tropieza con la oposición de sectores legales e ilegales que se oponen, con el asesinato de líderes de tierras, con usar la justicia para dilatar esos procesos de adjudicación de tierras, que se pueden llevar 10 o 15 años. Cuando ya llevan 10 años desplazados y tienen que esperar otros 15, es otra generación más perdida.
Por otro lado, no le corresponde a una ley de tierras responder a ese problema estructural de tierras que requiere medidas agrarias más comprensivas.
¿Cuál es el segundo elemento que permanece a lo largo del conflicto?
Es lo que llamamos el déficit democrático, el miedo a la democracia de este país. Si uno escudriña históricamente qué hay en el discurso de los que acogen las armas, siempre aparece la idea de un régimen excluyente que impide la participación de sectores distintos a los tradicionales en la política. Lo encuentras en los 60, en los 70 y los 80. Si no es posible hacer política por la vía legal se apela a lo ilegal.
Ese déficit democrático lo planteamos también como una instrumentalización de los mecanismos de participación para legislar a favor de los grupos de poder. Si no me favorece, me salgo de las reglas democráticas.
¿Por qué después de la Constitución del 91 no se acabó la violencia cuando hubo un pacto político incluyente?
Es el ejemplo perfecto. La Constitución del 91 creó nuevas formas de ejercicio de poder al que se opusieron poderes muy violentos que no acataron ese juego democrático y de ahí el exterminio de la UP. Es un país muy centralista, donde lo que se decide en el centro ni se entiende ni se acata en las regiones. En las regiones siguen los poderes tal cual, así haya transformaciones constitucionales.
Ustedes no le atribuyen al narcotráfico las causas de todos nuestros males.
No puedes explicar lo de tierras desligado del modelo de desarrollo económico, sería perverso decir que solo tiene racionalidades políticas. El narcotráfico explica también por qué no paró la violencia en el 91. El narcotráfico permeó todo, transformó los grupos armados en Colombia, los legales y los ilegales. Transformó la justicia.
¿En qué sentido?
Un ejemplo revelador: intentando someter el fenómeno del narcotráfico, la justicia se transformó, pero esos mecanismos para someter a los narcos se usaron para combatir la subversión.
¿Qué efecto tuvo eso?
El haber confundido y restringido una categoría tan útil como el delito político y la rebelión. Hay ejemplos de que acciones eminentemente subversivas fueron juzgadas como terrorismo.
El conflicto armado, entonces, se asume desde una mirada exclusivamente represiva-militar y no se puede reducir a eso, tiene muchas variables sociales, políticas, militares. Si asumes que la estrategia es solo la salida militar, le das un tratamiento muy equívoco al conflicto.
Precisamente ese enfoque de verlos exclusivamente como un amenaza terrorista fue el que asumió Álvaro Uribe y todos los índices de violencia bajaron. ¿Por qué es equivocado?
Uribe asestó golpes militares pero no logró someter a las guerrillas. Este enfoque, además, tiene un costo: parte de la debilidad del Eln no fue por la acción exclusivamente represiva de las Fuerzas Militares sino también por la arremetida paramilitar.
¿Qué lección dejas si combates a los ilegales aliándote con los ilegales? Si necesitas alianzas con ilegales, lo estás minando desde dentro. Es un costo grandísimo, si la gente no cree en las instituciones.
¿Por qué en algunos períodos han bajado las cifras de violencia?
Las guerras tienen sus tiempos. Cuando dos actores armados se están disputando un poder es cuando la guerra se agudiza, fue lo que pasó entre 1995 y el 2005, cuando los paramilitares le disputaron el territorio a las Farc.
Una vez se posesiona un actor armado, bajan los homicidios. No es que el Estado se haya consolidado.
¿Está de acuerdo con los que piensan que los paras ganaron la guerra?
Sí, lograron ganar la guerra, posicionarse en zonas que históricamente habían sido de otros grupos. Esa afirmación vino muy asociada a su capacidad de permear espacios políticos.
No solo poner alcaldes, concejales, controlar la salud y educación y no solo en lo local. El fenómeno de la parapolítica, de lograr poner al 30 por ciento de congresistas. Yo sí creo que lograron ganar la guerra en su momento.
Si los dos fenómenos que permanecen a lo largo del conflicto son el de tierras y el de la participación política, ¿entonces se puede decir que el proceso de paz actual está bien planteado?
Uno ve con beneplácito por lo menos los puntos de la agenda. El tema de tierras está planteado. Claro, está acotado. El tema de tierras implica esa discusión que está en este momento y que es si podemos fundar las bases de desarrollo en un país minero o le podemos apostar a otro modelo como Costa Rica, un modelo más ecológico. Es una discusión que no está en La Habana y compete a todos los sectores. Una paz sostenible pasará por ahí.
El de participación política indudablemente es un tema. ¿Cómo vamos a hacer para que los que decidan hacer oposición no solo se les garantice la vida, sino para que ese sueño de una participación activa y deliberante se pueda hacer realidad?
El tema de víctimas, indudablemente, está en la agenda. Reparar a las víctimas no es solo un tema ético, de deuda con las víctimas. Si el Estado repara y ofrece garantías de no repetición se transforma políticamente este país.
Una guerra invisible
¿Por qué cree que tantas aristas de esta guerra han permanecido invisibles para la mayoría del país?
Esta guerra ha sido librada fundamentalmente en lo rural. Las masacres más terribles han ocurrido en la vereda, en el corregimiento más apartado. El escenario de batalla está en el campo. Este conflicto armado se ha librado en el margen. Hay pueblos que desaparecieron y el país no lo supo. Una parte tiene que ver con eso.
La invisibilidad también tiene que ver con que la baja intensidad hace que los eventos no sean espectaculares. En San Carlos (Antioquia) ocurrieron 32 masacres en un pueblo de 20 o 25 mil habitantes. En un momento alcanzó a tener 5 mil pobladores. Era tan sistemática la violencia que la gente huyó. ¿Qué característica tiene esa violencia en San Carlos? Las pequeñas masacres, cuatro aquí, cuatro allá, sistemáticas pero poco visibles y muchos asesinatos selectivos, desapariciones forzadas. Esa sumatoria de muchos hechos, poco espectaculares, hace que esta guerra haya sido larga pero poco visible.
Muchos dicen que esa estrategia gota a gota, esa modalidad de violencia poco visible pero duradera, explica -en parte para algunos- que siga. La violencia se naturaliza de tal manera que no hay una reacción social que diga ‘paren ya’. Las noticias registran hoy dos muertos, mañana uno, y eso no logra sacudir la conciencia social, invitar a la movilización social, a hacer juicios éticos políticos radicales.
¿Usted cree que esta guerra se puede terminar?
Cuando pusimos el título del libro, que es ¡Basta ya!, es porque vimos que hay un hastío con la guerra, lo sientes por donde transitas. Hay un hastío entre quienes lo han padecido de manera más directa. La gente dice no le apostamos más a las opciones armadas.
Eso de alguna manera va a incidir en que ojalá el conflicto no tenga asidero en algunas regiones. Es una guerra costosa para todo el mundo, incluso para quienes se lucraron.
¿Es posible que la guerra se haya hecho para “desarrollar” al país, para hacer los grandes macroproyectos?
Viendo la guerra uno no puede tener una lectura confabulatoria, pensar que hubo unos actores que se sentaron para sacar beneficio.
¿Por qué no?
Porqué está alimentada desde muchos frentes y por muchos motivos. No la puedes entender desde el cálculo estratégico o premeditado exclusivamente de quienes tenían el poder.
También se explica por sectores radicalizados de izquierda que han creído que las armas eran el único método. Las guerrillas también se excluyeron del pacto del 91. Hay sectores de izquierda radicalizados cuyo proyecto no pasa por la democracia, no creen en la democracia. Hay un juego que alimenta la guerra, en momentos en que uno ve que había otras opciones.
Le pregunto porque no deja de impresionarme que en muchos sitios donde se cometieron masacres hoy uno ve exploraciones sísmicas para megaproyectos mineros, para hidroeléctricas, encontraron gas…
Es cierto que donde hay riqueza hay guerra. La guerra en San Carlos tuvo que ver con las hidroeléctricas y también con su ubicación estratégica. Los recursos del país no han sido utilizados en función de resolver nuestras inequidades, sino en función de poderes muy particulares de izquierda y de derecha.
Viendo la magnitud de las violaciones por parte del Estado, ¿le daría la razón a quienes piensan que hemos tenido un Estado criminal?
La responsabilidad del Estado y de las Fuerzas Militares es muy grande. Es mayor que la de las guerrillas y los paras porque eran quienes tenían la responsabilidad de proteger. Si miras los datos, que la Fuerza Pública haya cometido 158 masacres documentadas entre 1980 y 2012, a uno lo hace cuestionarse. ¿Las Fuerzas Militares masacrando? Muchas otras no las hicieron ellos, pero facilitaron todo el escenario.
En El Tigre (Putumayo), las Fuerzas Militares hicieron un retén militar para facilitar que ingresaran los que iban a cometer la masacre. Si vas a los asesinatos selectivos, a desapariciones forzadas, en todas hay responsabilidad de las Fuerzas Militares.
Si atenta contra mí quien está encargado de protegerme, se me destruye toda la confianza en el Estado. Es un costo que la gente no pueda confiar en quien está encargado de protegerla. Se aliaron con poderes ilegales y eso es inconcebible en un Estado de derecho. En La Rochela, encontramos una alianza entre Fuerzas Militares con narcotraficantes. En Trujillo, está documentada una alianza entre militares y narcotraficantes. Encuentras alianzas en otras regiones en donde las Fuerzas Militares se usaron para defender intereses de particulares. Pero si uno quisiera establecer responsabilidades, las de la guerrilla no son menores.
La guerra y La Habana
Eso le iba a preguntar. ¿Qué opina de que las Farc se vean a sí mismas como víctimas y no como victimarios?
En los casos que documentamos, encontramos responsabilidad de la guerrilla en homicidios, en secuestros, en violencia sexual. Hicieron de todo. La responsabilidad es enorme también en términos de bajo qué discurso se hace lo que se hace. Defendiendo la justicia social, defendiendo “causas del pueblo”, se cometieron crímenes atroces. Eso es éticamente inaceptable.
En San Carlos documentamos una masacre espantosa que incluyó menores de edad, una mujer embarazada, una mujer con un bebé. ¿Quién la hizo? Las Farc. La guerrilla utiliza los métodos más ruines, incluso contra ese mismo pueblo que invoca en su defensa.
Viendo lo que hicieron, ¿qué opina de que las Farc puedan participar en política sin pagar un día de cárcel?
Es muy claro que los delitos de lesa humanidad no se pueden negociar. Pero yo creo que no se puede judicializar todo. Es materialmente imposible. Lo demuestran los balances de Justicia y Paz. Para que esta justicia juzgue todo, ni el aparato judicial está preparado, ni es posible hacerlo.
¿Pero sería deseable?
No creo. Es el costo de la paz, que mucho se tenga que juzgar mas ética y políticamente que penalmente. Ese juicio ético y político es muy importante.
De ahí que moleste tanto el que las Farc digan ‘soy víctima’. Ellos tienen que asumir su responsabilidad. Tienen que pedir un perdón dignificante, que reconozca que causaron el mal y que deje “satisfechas” a las víctimas. Eso no se puede desestimar. Tiene que haber una condena ética y política.
¿Cuál es su conclusión sobre los paras?
No tienen un rostro que uno pueda interpelar como con las guerrillas. Cuando te hablan de los paras, no es solo una guerra que le compete a los combatientes. ¿Cuál es la responsabilidad de esos sectores económicos y políticos que incentivaron y financiaron esos grupos paramilitares? No son homogéneos. Hay desde afines a los esmeralderos hasta terratenientes.
Fueron los más capaces de horror y sevicia. Lo que más hicieron fue masacres y lo hicieron con una carga de sevicia brutal.
Hablemos de la resistencia de las víctimas. ¿Cuál es el ejemplo que más le impresionó?
El que las mujeres del Putumayo sacaran los cadáveres del río, los colocaran en la plaza donde vendían la carne, los limpiaran y los cosieran. Ese cuerpo que los paramilitares rasgaban. Es lo que llamábamos actos extraordinarios.
Lo que hizo Minelia, una mujer en Bojayá. Cuando explota el cilindro bomba en la Iglesia, ella se queda, prepara agua con sal, les da de beber a los que están agonizando. Es un acto de un valor extraordinario.
No quisimos emplear solo el término resistencia, sino actos de dignidad. La gente intenta darle dignidad a un cadáver, cambiar el destino que el victimario quiso imponer a esa víctima. La guerra tiene una capacidad para sacar lo peor, pero también en muchas regiones saca lo mejor de lo que somos capaces los seres humanos.
La gente también hace unos ejercicios de memoria absolutamente admirables, en ese esfuerzo, la gente pinta piedras, borda, compone versos, hace tantas cosas tan desconocidas por el país, acondiciona la cocina para que no se olvide. Para que la guerra no pase así no más.
Después de hablar con muchas de ellas, ¿cree que las víctimas necesitan verdad?
En primer lugar necesitan reconocimiento. Reconocimiento estatal pero también un reconocimiento de la sociedad colombiana.
Una cosa es que la gente no solo sufre por el hecho violento, sino que sufre muchísimo por la indolencia social. No hay una condena radical de que no les debió haber pasado, así fueran simpatizantes o no. Las víctimas sí están esperando esa condena radical, de que lo que les pasó no les debió haber pasado.
En casos de desaparición forzada es indiscutible que la urgencia de las víctimas es la verdad, porque esa verdad quita un sufrimiento indiscutible que es el de no saber. Estamos hablando de 25 mil víctimas de desaparición forzada, en Chile y Argentina se escandalizaron con 9 mil. El desaparecido se invisibiliza en los medios, en los procesos judiciales. Es como una nueva desaparición: le desaparezco su desaparecido.
En el informe ustedes también tienen un capítulo sobre la memoria de las víctimas. ¿Por qué?
Hay tres cosas que nos llamaron mucho la atención de la memoria de las víctimas frente a por qué ocurrió lo que ocurrió. Decían ocurrió porque se aliaron y tienen claro quiénes se aliaron. Las alianzas son algo que las víctimas denuncian; reparar pasa por recuperar esas confianzas.
Lo otro es el tema de los estigmas. Documentamos casos de cómo organismos de investigación judicial y las fuerzas militares hacían bajar a la gente sus blusas y camisas para ver si tenían señas de un morral, si las manos eran de una manera u otra. Los actores armados marcaron los territorios y marcaron a la población, son un marcador que despliega violencia.
Lo tercero, como reclamo, es la impunidad. La gente se duele de lo que pasó y de la impunidad. No es solo la impunidad judicial, sino la impunidad moral, el desconocimiento total: dicen ‘nadie ha venido a preguntarnos qué pasó, nadie se ha pronunciado sobre lo que nos pasó’.
¿Cuáles son las dos recomendaciones más importantes?
Hay varias recomendaciones. Las dos que a mí me parecen más importantes: Nunca mas este Estado debe legislar de forma tal que permita delegar el monopolio de la fuerza. La historia está cargada de eso. Siempre se permitió y se legalizó que los particulares acudieran a su forma de justicia.
Tenemos una recomendación que está más orientada a cómo hacer de nuestra historia y de nuestra memoria una fuente de currículum en la formación de nuestros jóvenes. Creo que mientras los jóvenes de Colombia, los niños y las niñas, puedan vivir con la ilusión de que están viviendo en un país próspero y democrático porque desconocen que ese otro país -el de los márgenes- existe, esa existencia les amenaza su propia vida. No tenemos el derecho de vivir en un país democrático si esa democracia no es para todos.
Tengo fe en la educación como motor de transformación social. Tenemos que transformar la forma en que contamos nuestra historia.
¿Como la cambió estar durante seis años pensando y escuchando sobre esta historia tan triste nuestra?
Es un trabajo muy doloroso, lo agobia a uno muchísimo, sentir que estás transcribiendo ese horror, te atraviesa.
Pero lo paradójico es que cuando cuentas, también hay una recarga que te mantiene. Meterse en esto no lo curte a uno, a mí me vuelve más sensible. Cada vez tengo menor capacidad para escuchar el horror.
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