Guerrero operación militar y judicial
Lo que se experimenta en México, en particular, ahora en Guerrero es la muestra de las mismas lógicas de operación militar y judicial – cuando los entes de justicia derivan en aparatos de Guerra.
Hoy Guerrero es el anuncio de la repetición, de la replica del modelo de Plan Colombia, el Plan México que ha sido recientemente aprobado. El pretexto de la persecución a las drogas es la forma de cualificación de la represión y del control social y la reedición de la Doctrina de la Seguridad Nacional. El negocio de las drogas, sus ganancias no se concentran en el Sur, hay que mirar la banca internacional y en el fondo quiénes son los beneficiarios de la represión.
El pretexto de la lucha antidrogas posibilita la ingerencia interna y el control social como control territorial.
Reenviamos el documento de análisis del CONSEJO CIUDADANO DE CHILAPA, CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PAROTA, CECOP, AUTORIDADES COMUNITARIAS DE CARRIZALILLO, CONSEJO REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ME´PHAA DE LA VARIANTE LINGÜÍSTICA BÁTHÁÁ, CENTRO DE DERECHOS HUMANOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN , CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DELA MONTAÑA TLACHINOLLAN, RED GUERRERENSE DE DERECHOS HUMANOS
Súmate leyendo el texto y socializando los aportes compartidos con los grupos de base
Súmate haciendo seguimiento de la situación y solidarizándote con las solicitudes de estas organizaciones
Súmate conociendo las iniciativas propuestas del Comité Cerezo y de Tlachinollan frente a las detenciones contra derechos que están viviendo personas de sus organizaciones o a ellas cercanas.
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz
Bogotá 17 de Noviembre de 2007
La represión y el encarcelamiento como método
de atención a los conflictos
• Esa política es aplicada por el gobernador, Zeferino Torreblanca Galindo y algunos presidentes municipales.
• El diálogo con los ciudadanos, no figura en los gobiernos; sólo la criminalización para el movimiento y la protesta social.
• Urge la unidad para contener los intentos gubernamentales de deslegitimarnos y colocarnos fuera de la legalidad.
Tlapa, Guerrero, México, a 12 de noviembre de 2007.- La forma sistemática y persistente para dirimir los conflictos políticos y sociales en Guerrero, sigue siendo el garrote, el hostigamiento, la persecución y la represión contra líderes y organizaciones sociales disidentes, que por todos los medios y sin mayor sustento son calificadas como desestabilizadoras del orden vigente.
Guerrero, históricamente se ha caracterizado por tener gobiernos autoritarios y violentos. Lamentablemente esa circunstancia no ha cambiado hasta hoy, pues los actos represivos que han ocurrido en las últimas fechas, provienen de un gobierno de izquierda; indudablemente, esto, demuestra que la alternancia en Guerrero no necesariamente ha redundado en un cambio que favorezca a los más pobres, a los que permanecen en las telarañas del olvido.
Entonces, se continúa usando los aparatos de procuración y administración de justicia de manera facciosa y se actúa con prontitud sólo cuando se trata de encarcelar a líderes y dirigentes sociales. En cambio el Estado se dilata y hace tediosos los procesos para hacer justicia a victimas de violación de derechos humanos como han sido los casos de las dos mujeres indígenas Me´phaa que fueron violadas sexualmente por soldados del Ejército Mexicano, Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega; a más de seis años de haber ocurrido los hechos los responsables permanecen sin castigo y en total impunidad.
Aunado a esa reprobable situación, entre febrero y noviembre de este año, han sido detenidos y encarcelados 21 líderes sociales, autoridades comunitarias así como defensores de derechos humanos. Entre éstos, se encuentran el dirigente del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Me´phaa de la Variante Lingüística Bátháá; uno de los integrantes del Consejo de Ejidos y Pueblos Opositores a La Parota (CECOP), Rodolfo Chávez Galindo; el dirigente de la Coordinadora Estatal para la reivindicación de los Principios de la CETEG (CERP-CETEG), Nicolás Chávez Adame; el integrante de la Ñomda La Palabra del Agua, en Xochistlahuaca, David Valtierra; uno de los fundadores de la Policía Comunitaria y dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria (CRAC), Cirino Plácido, así como los 16 integrantes del Consejo Ciudadano de Chilapa, entre ellos el dirigente de esa organización, Virginio Vázquez Pileño y el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
En el 2005 y 2006, se ejecutaron sólo cuatro contra autoridades tradicionales de Xochistlahuaca y Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Me´phaa de la Variante Lingüística Báthaáá; sin embargo las cifras podrían incrementarse de mantenerse vigente esa política persecutoria del gobierno de Zeferino Torreblanca y algunos presidentes municipales, toda vez que hay pendientes de ejecutar 57 órdenes de aprehensión contra un igual número de integrantes del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Mep´phaa de la variante Lingüística Bátháá, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y autoridades tradicionales de Xochistlahuaca y miembros de la radio Ñomda La Palabra del Agua. Asimismo está en proceso una averiguación previa contra 13 policías comunitarios y otras 37 averiguaciones previas contra estudiantes y egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa que exigen la entrega de plazas.
Estos datos y los hechos en sí, que han tenido amplia difusión en los medios de comunicación, demuestran que en el gobierno de Zeferino Torreblanca permanece vigente una postura sorda para responder a las demandas justas y legítimas que enarbolan las organizaciones sociales; y evidencian en ese sentido que en esta administración el dialogo con los ciudadanos no figura, no es una opción, y que más bien es la ley del garrote lo que impera.
Un ejemplo de esa realidad, fue el desalojo violento que orquestaron policías estatales y preventivos del municipio de Zumpango en la región Centro, la madrugada del 25 de enero, y el encarcelamiento de unos 70 ejidatarios (entre ellos niños y mujeres) que mantenían n bloqueo a los accesos de la minera Luismin para exigir un incremento la pago por la renta de casi 700 hectáreas y la construcción de obras sociales que había ofertado dos años atrás ese corporativo filial de la Goldcorp Inc con sede en Toronto, Canadá.
El hecho más reciente de ese mismo método de atención a los conflictos, ocurrió el jueves 8 de noviembre, cuando policías preventivos de Chilapa, en la región Montaña Baja, desalojaron, golpearon y encarcelaron a indígenas del Consejo Ciudadano de Chilapa que exigían la construcción de obras que la alcaldesa, Alicia Zamora Villalba prometió durante su campaña. Entre los detenidos, se encontraba el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón con sede en ese municipio, Manuel Olivares Hernández, cuando documentaba las violaciones a los derechos humanos, durante dicha protesta.
Todo esto demuestra que el gobierno de Zeferino Torreblanca no ha procurado entablar un dialogo franco y abierto con la sociedad para que sea este el mecanismo adecuado para dar respuesta a las demandas de las organizaciones sociales y campesinas, así como para que de manera conjunta se elaboren políticas tendientes a resolver los problemas mas sentidos en los pueblos.
Y ha sido esta falta de diálogo, la que ha orillado a las organizaciones sociales a emplear otros métodos de lucha para ser escuchados y atendidos, situación que el Estado, ha aprovechado para colocarlos fuera de la legalidad, utilizando a las instituciones públicas tales como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que cuando se trata de aplicar la ley a los luchadores sociales actúa motivada por criterios evidentemente políticos.
Así ocurrió en el caso del defensor de derechos humanos, Manuel Olivares Hernández, pues a pesar de que se le imputa el mismo delito que el resto de los detenidos durante el desalojo, se le fijó una fianza mucho más elevada, criterios que indudablemente no tienen sustento jurídico.
Con cada acto represivo llevado a cabo por este gobierno se hace más visible, la intención deliberada de soslayar el respeto por los derechos humanos consagrados en la constitución política y en diversos tratados internacionales. Es inconcebible por lo tanto, la detención de Manuel Olivares Hernández, pues su detención demuestra que en este gobierno no existen las mínimas garantías para los defensores de los derechos humanos, acto que viola flagrantemente La Declaración de Defensores de los Derechos Humanos suscrita por el gobierno de México. La detención del defensor es a todas luces injustificada, pues la función de Manuel Olivares Hernández en el momento de la represión era la de documentar el actuar policiaco.
Dentro de esa sistemática forma de dirimir los conflictos, también se encuentra el ataque contra el periódico de circulación estatal El Sur que se traduce en una censura indirecta para el movimiento social, ya que no sólo está dirigido a un medio de comunicación, sino que constituye un atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información en contra de los ciudadanos en general. De ahí que, si un medio de comunicación como El Sur es objeto de un acto represivo, qué puede esperar la ciudadanía en general.
Por todo ello, hacemos un llamado al movimiento social en Guerrero a realizar esfuerzos de unidad, pues ante esta ola represiva es indispensable fortalecer al movimiento para contener los intentos gubernamentales de deslegitimarnos y colocarnos fuera de la legalidad.
Asimismo exigimos a las autoridades en sus tres niveles de gobierno que:
• Cese la represión, el hostigamiento, la persecución y encarcelamiento contra líderes sociales, autoridades comunitarias, periodistas y defensores de derechos humanos.
• Den garantías para que los defensores de derechos humanos puedan realizar su trabajo.
• Entablen un diálogo directo con las organizaciones sociales para ir dando respuesta a sus demandas.
Emplazamos de igual modo al Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que fije una posición frente a los actos de represión que está sufriendo el movimiento social en Guerrero; y a los demás partidos políticos para que asuman una postura de verdadera oposición siendo un contrapeso real a un gobierno autoritario.
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CONTACTO PRENSA:
Teresa de la Cruz
Coordinadora del Área de Difusión del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Correo: tere_delacruz@hotmail.com
Dirección: Mina # 77, Tlapa, Guerrero, México.
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“RESPETO A LA DECISIÓN DE LOS PUEBLOS: NO A LA PAROTA”.