Guerrero México – Injusticia Legalizada
La tortura técnica de represión, mecanismo de destrucción de la dignidad humana es de tiempo atrás, en la década de los 60, y luego bajo el pretexto de persecución a la guerrilla del Ejército Revolucionario Popular, ERP usado en el Estado de Guerrero en México es un modo legal de violaciones de derechos humanos.
Autoridades del Gobierno frente a denuncias de torturas de detenidos, de quienes se les investiga por crímenes, como es el caso de Aldy Manuel y
Éder Andy González Rodríguez manifiesta que estos se autolesionaron. Mentiras institucionales que se pretenden hacer creíbles en los medios de información o con las cuales se oculta la responsabilidad institucional en la afrenta a la dignidad humana
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. hace un análisis de la práctica de la tortura en Guerrero, apela, inquiere y cuestiona a las instituciones que usan de la tortura como mecanismo dentro de los procesos de investigación y persecución de los
delitos. Si se pretende actuar contra el delito no es legal ni legitimo y es contra derecho y repudiable éticamente que el Estado sea una estructura criminal
SUMATE comunicándose a través de correo con el Presidente de México rechazando el uso de la tortura en Guerrero
SUMATE con cartas en cada sede diplomática de México en sus países exigiendo el cese de la tortura en la investigación judicial en Guerrero
Injusticia legalizada Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
El caso del extinto diputado Jorge Bajos Valverde y los implicados como presuntos responsables, nos obliga a reabrir y rediscutir en la entidad el tema de la tortura, la necesidad imperiosa de su tipificación como delito en la ley adjetiva penal, la urgencia de una investigación profesional exhaustiva, el castigo a los responsables y la reparación del daño a las víctimas.
Lo preocupante es que esta temática es soslayada por las autoridades
competentes: el Poder Ejecutivo evade su responsabilidad y el Poder Legislativo no asume su mandato constitucional para darle un tratamiento apropiado, tipificando la tortura como un delito.
La historia de Guerrero está marcada por una práctica sistemática de la tortura infligida contra los luchadores sociales, e implementada como un método eficaz para el control y la represión política. En las décadas de los 60 y 70, la tortura formó parte de la política represiva de gobiernos caciquiles y autoritarios para aniquilar las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.
Desde esa época, el Ejército y los cuerpos policíacos perfeccionaron sus métodos para torturar y aplicar otros tratos crueles inhumanos y degradantes con el fin de extirpar todo acto de conspiración contra el estado. De 1997 al
2001, en el marco de la aparición del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el uso de la tortura volvió a tomar relevancia entre los mandos castrenses para contener la amenaza de una insurgencia armada en el sureste mexicano, iniciada por los indígenas zapatistas.
Todos estos casos fueron ampliamente documentados por el Dr. Nigel Rodley, en ese entonces relator especial contra la tortura de la ONU y por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1998, que emitieron sendos informes con sus respectivas recomendaciones al gobierno mexicano, pero todo ha quedado en meras simulaciones diplomáticas.
La tortura en Guerrero no sólo se ha dado en contextos de combate a grupos subversivos, sino que sigue siendo parte sustantiva en la investigación y persecución de los delitos, todos los cuerpos policíacos han utilizado la tortura como el mecanismo más sencillo para amedrentar, someter y arrancar confesiones a ciudadanos. La propia Policía Judicial y hasta los agentes del Ministerio Público, viven convencidos de que la tortura es un mal necesario, son los efectos colaterales inevitables y que van implícitos en la persecución y aprehensión de los delincuentes.
Esta visión dominante obedece a la falta de una cultura de los derechos humanos entre las autoridades en general y de manera especial entre las corporaciones policiacas y las autoridades responsables de procurar y administrar justicia, que además desconocen los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano, que prohíben de manera tajante este método.
Existen varios instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y otros más, que protegen a toda persona contra la tortura, y por desgracia en nuestro país siguen siendo letra muerta.
La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes la ha definido como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se
sospeche ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. De esta definición es importante resaltar los siguientes elementos: la intensidad del sufrimiento; la intensión deliberada; un objetivo determinado y que sea cometido por un funcionario público en el
ejercicio de sus funciones, a instigación suya, con su consentimiento o aquiescencia”.
Todos estos elementos están presentes en el caso de los hermanos Aldy y Éder González Rodríguez y Nicolás Cardoso, acusados de ser los probables responsables del homicidio del diputado Jorge Bajos Valverde, sin embargo, la ausencia de una ley reglamentaria que establezca adecuadamente la figura de la tortura como delito y otras disposiciones complementarias que permitan su cabal investigación y sanción a los responsables, deja en total indefensión a los acusados y permite que los abusos de autoridad queden en la
impunidad.
Dos casos ilustrativos se condensan en las recomendaciones 100/97 y la 019/2002 emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), que contienen más de diez casos de tortura debidamente documentados, los cuales no han merecido ni siquiera una investigación exhaustiva.
Particularmente la recomendación emitida por la Codehum,
establece la responsabilidad de los ex directores de la Policía Judicial (actualmente llamada Ministerial), Jaime Figueroa Velázquez y Edilberto Solís Ramírez, contra quienes existen pruebas contundentes de su participación en casos de tortura y desaparición forzada. Más aún, el último de los directores de la misma corporación, el militar retirado Ricardo Leonel Coronel, también ha sido señalado de participar en la tortura de Santana Poblete Nieves, quien fue desaparecido por elementos judiciales el 2 de agosto del año
2003.
Pese a ello la autoridad siempre negó que los comandantes y elementos de la Policía Judicial estuvieran implicados en tales actos.
La actuación de la actual administración no dista mucho de las anteriores. Un ejemplo de ello es la manifestación del gobernador en el sentido de que los señores Aldy Manuel y Éder Andy González Rodríguez se autolesionaron. Es riesgoso para una autoridad hacer tal afirmación sobre todo, cuando la misma no está sustentada por un dictamen médico que corrobore lo dicho.
Esta actitud gubernamental, viola flagrantemente la Constitución mexicana, que obliga a los aparatos de procuración de justicia a investigar todo delito. Es reprochable que la autoridad máxima del Poder Ejecutivo, antes de ordenar que se evacue una investigación a fondo, hace un llamado de impunidad al asumir una posición que de antemano pretende exonerar a los funcionarios que participaron en la detención de los probables responsables del homicidio de Jorge Bajos Valverde, suplantando un ámbito de competencia que
corresponde al Poder Judicial.
Más allá de las posiciones e intereses políticos y partidistas, estas denuncias hechas por los implicados en el caso del asesinato del diputado, corroboradas con las lesiones que sufrieron, merecen una investigación imparcial y objetiva basada en los estándares internacionales de derechos humanos.
La tortura debe ser erradicada de los procesos de investigación y persecución de los delitos, pues el hecho de obtener una confesión bajo coacción no necesariamente implica la sanción del verdadero responsable. En muchos casos acontece que las personas pese a ser inocentes confiesan ser culpables. Es humanamente imposible soportar tanto tormento físico pero sobre todo psicológico. La tortura más que un castigo físico constituye una afectación psicológica, alguien probablemente puede soportar toques eléctricos, pero
no lo hará si sus torturadores simulan que van a matar a un ser querido. La tortura tiene como efecto destruir la personalidad, hacerle ver a la víctima su debilidad dentro de su propia mente y contra ello nadie puede resistir. Por ello los médicos encargados de investigar casos de tortura de acuerdo al Protocolo de Estambul deben poner énfasis en los daños y traumas psicológicos que presenta la víctima. Estos exámenes son impensables en Guerrero, ya que los médicos legistas adscritos a la Procuraduría sólo se limitan a dar fe de las apariencias externas.
Hoy más que nunca es urgente iniciar un proceso de reforma decidido a acabar con la tortura, que tenga como inicio la creación de un marco jurídico que permita a las víctimas de tortura acceder a la justicia y sobre todo luchar contra la impunidad, que se ha erigido como el factor que permite la proliferación de estos actos que lesionan la dignidad humana.
Asimismo, es pertinente implementar una reforma que reste valor probatorio a la prueba confesional, de tal manera que ésta sólo tenga validez si es rendida ante un juez. Además se debe garantizar la independencia de los servicios periciales con la finalidad de que los médicos legistas no estén supeditados al mando del Ministerio Público y hagan valer sus dictámenes médicos de forma autónoma e imparcial.
Estos cambios deben ser formulados dentro de una lógica que implique una
transformación paulatina de nuestro sistema penal inquisitorio hacia el acusatorio, creando la figura de un juez de acusación que se encargue de recibir a los detenidos y ante quien el Ministerio Público tenga que acreditar la existencia de pruebas suficientes para procesar a una persona a un juicio penal. Un gobierno democrático no puede prescindir de un marco jurídico que garantice la plena vigencia de los derechos humanos tanto de los acusados como de las víctimas del delito.
Los graves hechos de violencia que aquejan a nuestro estado no podrán ser atendidos en su justa dimensión sino a través de la transformación del aparato de justicia que ante todo se debe cimentar en el respeto de la dignidad humana y en un sistema sustentado en la transparencia y rendición de cuentas que permitan la erradicación de la impunidad que se ha enquistado en las propias instituciones.
El desafió del actual gobierno es brindar confianza a la sociedad y no mantenerse dentro de los viejos vicios del autoritarismo que utiliza toda la fuerza del Estado para encubrir las deficiencias de las autoridades que están obligadas por mandato a cumplir la ley y velar por la seguridad de las personas. La fortaleza en las instituciones se construye a través de
acciones gubernamentales que pasen la prueba del escrutinio ciudadano.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.
Periódico estatal El Sur (www.suracapulco.com.mx), 23 de enero de 2007
SUMATE comunicándose a través de correo con el Presidente de México Felipe Calderón rechazando el uso de la tortura en Guerrero
SUMATE con cartas en cada sede diplomática de México en sus países exigiendo el cese de la tortura en la investigación judicial en Guerrero
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SUMATE Red de Alternativas
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