Graves acusaciones de fiscal 85 contra la Comisión de Justicia y Paz
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la inacción de la institucionalidad para generar garantías en la labor legítima y legal de promoción, de protección y de defensa de derechos humanos y derechos de los pueblos que realiza nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Bogotá, D.C., 18 de julio de 2011
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
GERMÁN VARGAS LLERAS
Ministerio del Interior
MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
VIVIANE MORALES
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
VOLMAR PÉREZ
Defensor Nacional del Pueblo
Ref:Ausencia de imparcialidad de Fiscal 85 UDHDIH de la FGN de Medellín. Ausencia de garantías de movilidad de personal.
“Ustedes están enfrentados al mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre”
(Hebreos 12, 4)
Nuestra Constancia Histórica y Censura Ética ante la inacción de la institucionalidad para generar garantías en la labor legítima y legal de promoción, de protección y de defensa de derechos humanos y derechos de los pueblos que realiza nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Las afirmaciones de, MAURICIO GRAJALES, Fiscal 85 de Medellín, reflejan la ausencia de garantías procesales, de imparcialidad y de razonabilidad; las llamadas amenazantes, los extraños hurtos e información sobre procesos de víctimas continúan reflejando la ausencia de garantías. Sus apreciaciones reflejan el imaginario construido por responsables de crímenes de lesa humanidad y sus beneficiarios desde 1998 lo que se ha traducido en una persecución y estigmatización que no cesa, que se ve animada por sectores de poder beneficiarios del paramilitarismo y de la paraeconomía de los agronegocios de la palma, del banano, la ganadería extensiva y sectores del aparato judicial y de opinión que han ejercido el poder en la política de la llamada “seguridad democrática”.
Los mecanismos desarrollados desde 2003 han oscilado entre la operación de persecución ilegal de seguimiento y montajes judiciales del DAS, con operaciones psicológicas con presiones y estrategias mediáticas de desprestigio y actuaciones sobre la población del bajo Atrato intensificadas desde el 2008.
La operación psicológica mediática y de montajes judiciales se ha conocido desde el 2008, por una comunicación entre el general ® RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS y el ex Ministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS, en la que a través de un grupo de afrodescendientes, llamados por el ex militar “los negritos”, pretendió difamar y desarrollar la persecución judicial contra nuestra organización y las iniciativas de la población civil que afirman, sin el uso de la violencia, sus derechos a la vida, libertad de expresión y de asociación.
Desde mayo de 1998, cuando el entonces general RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, comandaba la brigada 17, las operaciones ilegales contra nuestra Comisión de Justicia y Paz se iniciaron como consecuencia de nuestra labor en el bajo Atrato y el Urabá antioqueño, cuando el alto mando militar entre 1996 y 1997 fue denunciado por su responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad, a través de la estrategia paramilitar, beneficiando sectores empresariales y políticos de la región y del país.
Nuestra Constancia Histórica ante los siguientes fundamentos fácticos de acusaciones sin fundamento, de hurto de información y de llamadas amenazantes.
* Jueves 30 de junio el blogspot la Voz de la Raza publicó el artículo: “El Cura y Las Farc” escrito por FANNY KERTZMAN, que fue reproducido en la página web “Pensamiento Colombia, Debate Nacional, dirigida por JOSÉ OBDULIO GAVIRIA.
KERTZMAN, descontextualizando una de las razones de ser o aspectos de nuestra misión, que aparece en la página web, referentes al conflicto armado y la paz concluye: “Justicia y Paz, de la mano de las Farc, pretenden ser los dueños absolutos de los territorios, determinando quiénes son los líderes comunitarios y a quienes se saca del paso, como a Manuel Moya, Graciano Blandón y su niño Jair, que el 17 de diciembre de 2009 fueron secuestrados, torturados y asesinados en el Carmen del Darién por el frente 58. Su delito fue haber llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, en su papel de líderes democráticamente elegidos por la Comunidad, a denunciar el expolio de Justicia y Paz de la mano de las Farc (ver video 1). (…)
Agrega, que “La comunidad negra se queja de que la ayuda que deberían recibir para reconstruir sus viviendas, después de haber sido desplazados por la guerrilla, se queda en manos de Justicia y Paz (ver video 2)”, desconociendo que tras la falsa acusación se encontraban agentes del DAS y la abogada JOHANA CABEZAS, como se sustenta en los materiales de las operaciones ilegales del DAS contra nuestra organización y desconociendo que tal montaje judicial con tales acusaciones fueron desvirtuados por parte de la misma Fiscalía General dentro del proceso 1701 y 1274.
La columnista, exdirectora de la DIAN, ex-embajadora en Canadá, toma testimonios de dos afrocolombianos. Uno de ellos que se ha presentado falsamente como habitante de Curbaradó, sostiene, que “no queremos más a estas Ong como Justicia y Paz, Brigadas Internacional (sic) y el PBI porque están mandando a matar a los afrocolombianos¨.
En otro vídeo, de octubre de 2010, luego de lanzar falsas acusaciones contra los defensores de derechos humanos DANILO RUEDA y ABILIO PEÑA, se les acusa de mantener encerrados en alambres a los afrocolombianos impidiendo su movilidad a afrocolombianos, desconociendo el carácter de las Zonas Humanitarias.
Adicionalmente, la autora del artículo, sugiere que nuestra organización es la responsable de atentados armados contra afrocolombianos.
Días después, el miércoles 6 de julio, fuimos informados de un nuevo artículo, en la publicación virtual KIENYKE, de la misma autora titula: “Las ONG son unas idiotas útiles”. KERTZMAN con opiniones incorrectas en una libre asociación concluye falacias sobre las Zonas Humanitarias, las comunidades de los consejos comunitarios de Curbaradó y Jiguamiadó y nuestra Comisión de Justicia y Paz.
Sostiene que, “no es secreto que las FARC infiltran las organizaciones políticas y sociales o el contubernio Farc/ONG en la zona fronteriza con Colombia”, afirma que en el “Darién antioqueño y chocoano, donde actúan las Bacrim y los frentes 5, 57 y 58 de las Farc, es una zona geográfica clave para el tráfico de coca y armas, en la frontera con Panamá. Allí actúan ONG nacionales como la Comisión Intereclesial Justicia y Paz e internacionales como Brigadas de Paz y Pasc Canadá”
Nuevamente sin conocimiento fáctico, con evidente desconocimiento histórico, sin acervo básico investigativo, ni confrontación de fuentes, mostrando la ausencia de lecturas mínimas básicas, desvirtúa el carácter de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad. Asocia las experiencias de protección de la vida e integridad personal y de protección ambiental como parte de una estrategia de la guerrilla para su plena movilidad. Su falsa hipótesis se basa en testimonios de desmovilizados como alias “Karina” y alias “Arlington”, que no se han referido, en lo que se conoce públicamente de los expedientes judiciales, a estas iniciativas de la población civil, y que ha sido divulgado, si, por JOSÉ OBDULIO GAVIRIA en su programa televisivo.
Sin fundamentar lo que opina, esta columnista, tergiversa el valor del acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, concluyendo que: “La zona está alambrada y hay que pedir permiso para entrar y salir, dizque por seguridad (de la guerrilla probablemente). Y agrega que estas apuestas de la población civil que les han permitido habitar en su territorio, son para posibilitar la actividad de la guerrilla “Conquistando territorio para asegurar los corredores del narcotráfico y armas, el modelo de Apartadó se ha extendido a las comunidades de la Cuenca de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó. La versión moderna se llama “Zonas Humanitarias” (…)”
Es tal la ausencia de rigor básico en el escrito, que nombra caseríos que no son Zonas Humanitarias y los define como zonas alambradas, de operación guerrillera y de negación de derechos fundamentales. Ni Gengadó Medio, ni Corobazal, ni Buena Vista, ni San José de Gengado, ni No Hay como Dios ni Andalucía son Zonas Humanitarias ni están alambrados. Desconoce el artículo las recientes operaciones paramilitares y el que la iniciativa de Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad no son convenientes ni favorecen a ninguna de las partes en conflicto armado.
Posteriormente, cuestiona la labor de organismos humanitarios internacionales, en particular de Peace Brigades International, PBI, en su labor de protección a defensores de derechos humanos, de los que afirma, que son supuestos defensores, e indica que estos espían a través de un burdo montaje visual y sugiere que deberían ser expulsados por participar en política en nuestro país.
Luego sobre la base de especulaciones falsas, sostiene que las Zonas de Biodiversidad son parte de una estrategia para recaudar recursos y proteger la minería ilegal de la guerrilla, “se van a pegar de la supuesta defensa ambiental -que no les importa- para hacer no precisamente política, sino para encontrar nuevas fuentes de ingreso en las poderosas ONG ambientalistas internacionales, con el caballito de batalla de oponerse a la minería industrial, con la triste excusa de supuestamente defender el medio ambiente de la “predación extranjera que viene a llevarse nuestros recursos”, cuando en realidad es que porque con ella llega la presencia del Estado y se acaba el negociado de la minería ilegal, el nuevo tesoro de la guerrilla”.
Tales falsas aseveraciones desconocen que los territorios de Curbaradó y Jiguamiandó son parte de la Zona de Reserva Forestal del Pacifico desde finales de los 50, que la región sufre los efectos de daños ambientales causados por operaciones empresariales beneficiarias del paramilitarismo en agronegocios de palma, de ganado y de banano y que las empresas mineras como la Muriel Mining Corporation, se vieron obligadas al cese de operaciones exploratorias por decisiones constitucionales.
* Martes 5 de julio hacia la 1:00 p.m. Aproximadamente, en la ciudad de Medellín, MAURICIO GRAJALES, Fiscal 85 de la Unidad especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional, afirmó en presencia de abogadas defensoras derechos humanos, que tramitaban algunas acciones por el crimen de ANA FABRICIA CÓRDOBA, que una de las causas del asesinato de MANUEL MOYA, GRACIANO BLANDÓN fue la supuesta negativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no concederles protección.
El fiscal repitió la serie de falsas acusaciones contra nuestra Comisión de Justicia y Paz insinuado que nuestra organización defiende a la guerrilla. El Fiscal habló de robo de recursos, de la perdida de los mismos o su desviación por parte de nuestra organización, “puesto que la pobreza en la zona, demostraba que se habían empleado en cosas distintas que buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Chocó, que se encontraban en crisis”. Sostuvo que había una restricción de los derechos fundamentales de la población por parte de nuestra organización. Afirmó, además que en el tema del Curbaradó, hay “una olla podrida, que por cualquier lugar que se le oprimiera salía pus”.
* Sábado 9 de julio hacia las 7:35 a.m., la integrante de nuestra Comisión de Justicia y Paz que presta el servicio de mensajería NATHALY PÉLAEZ, contestó de su celular número 3143597050 la llamada del numero celular 3205269401 en la que una voz masculina le manifestó: “cuídese”. Cortando luego la comunicación.
A lo largo de esa mañana recibió 5 llamadas de ese mismo número telefónico que no contestó. Este número telefónico fue usado hasta unas semanas atrás en el acompañamiento que realizamos en Curbaradó.
* Miércoles 13 de julio hacia las 10:00 a.m., NATHALY PÉLAEZ radicaba una Constancia Histórica y Censura Ética sobre la situación del Curbaradó y Jiguamiandó. cuando se dirigió de la sede de la cancillería hacia la presidencia de la República, fue abordada por tres hombres que la amenazaron con un puñal y le exigieron la entrega del bolso. Una vez lo obtuvieron, se retiraron del lugar.
El extraño hurto en una zona con amplia seguridad contenía además de la información sobre situaciones de comunidades, fotocopias de las cédulas del P. ALBERTO FRANCO, DANILO RUEDA, OMAR SATIZÁBAL y NATHALY PÉLAEZ, el certificado de la Cámara de Comercio de nuestra Comisión de Justicia y Paz, un juego de llaves de la sede de nuestra organización, una lista de proveedores, una guía de envío de documentos a San Onofre, Sucre, un teléfono Avantel.
Nuestra Censura Ética ante el desarrollo de una estrategia de ambientación negativa, estigmatización contra las iniciativas de protección integral de la vida y del territorio y de nuestra organización por el acompañamiento que realizamos en la conflictiva región del bajo Atrato en donde se han venido develando intereses inconfesables y operaciones criminales amparadas en poderes institucionales para el despojo violento y la imposición de un modelo agroindustrial en predios colectivos que forman parte de una Zona de Reserva Forestal.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces tendientes a profundizar en la identificación de las estructuras criminales que se encuentran detrás de las amenazas de muerte con llamadas telefónicas y mensajes de texto, mensajes escritos que han obligado al exilio, al secuestro e intentos de desaparición y planes de asesinato, hurto de información e ingreso clandestino a sitio de residencia, pago de testigos falsos para montajes judiciales y campaña mediática contra integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz. Si las investigaciones se hubieran realizado con eficacia los sectores de opinión, que basan sus artículos, en vagos, imprecisos, distorsionadoras ideas cesarían en emitir juicios de lo que es parte de una estrategia mediática de infamias.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de investigaciones eficaces desde hechos ocurridos desde 1998 en el Urabá antioqueño y bajo Atrato, luego de las denuncias sobre operaciones criminales desarrolladas desde 1996 y 1997 desde la brigada 17 del ejército al mando del general RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS; la persecución en operaciones ofensivas del DAS desde el 2003 con la participación de JOHANA CABEZAS, abogada empresarial de Maderas del Darién; la estrategia mediática y de persecución judicial orquestada y dirigida por RITO ALEJO DEL RÍO ROJAS, con la participación de los llamados “negritos” y sectores anteriormente en cargos de la Fiscalía General de la Nación, que han sido identificados por algunos de ellos como, MARÍA FERNANDA CABAL, ex directora de Relaciones Internacionales del ente investigador, o el exministro FERNANDO LONDOÑO HOYOS o el ex asesor presidencial JOSÉ OBDULIO GAVIRIA o sectores del ministerio de Agricultura de ANDRÉS FELIPE ARIAS.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías judiciales por el tipo de valoraciones públicas del Fiscal 85, de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, MAURICIO GRAJALES contra nuestra Comisión de Justicia y Paz, las que reflejan una mentalidad, un pre juicio, que imposibilita la deliberación y el debate probatorio y la ausencia de debido proceso y razonabilidad en procesos judiciales.
Nuestra Censura Ética ante la ausencia de garantías para la protección de defensores de derechos humanos de nuestra Comisión de Justicia y Paz que laboran con información sobre víctimas y casos que adelantamos ante instancias judiciales o del poder ejecutivo.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y aunque pueda resultar nuevamente una exigencia estéril, solicitamos con todo respeto, en virtud de sus competencias institucionales,
Qué medidas materiales han sido adoptadas desde el 13 de mayo para proteger, asegurar las condiciones básicas para la libertad de acceso a información,libertad de expresión, libertad de movilización de las y los integrantes de nuestra Comisión de Justicia y Paz en Bogotá, Cauca, Valle, Putumayo, Meta, Urabá Antioqueño, bajo Atrato?
Qué medidas políticas han sido adoptadas desde el 13 de mayo para que la labor legítima de nuestra organización sea respetada, lo que no significa inmunidad, por parte de las autoridades civiles, militares, policiales, judiciales, administrativas?
Qué medidas de divulgación pública para que las iniciativas de la población como Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad sean legitimadas públicamente, como ejercicio no violento, de la víctimas del despojo y de crímenes de lesa humanidad y crímenes contra la humanidad?
En virtud de las graves aseveraciones sobre nuestra Comisión de Justicia y Paz y sus integrantes, del Fiscal 85, MAURICIO GRAJALES, qué medidas disciplinarias y de otro tipo se van adoptar? Qué garantías para el debido proceso e imparcialidad en causas que este adelanta? Cómo se va a garantizar que estas garantías existan?
En razón de las graves aseveraciones de la columnista FANNY KERTZMAN sobre nuestra Comisión de Justicia y Paz, artículos referenciados arriba y anexos 1 y 2, y en tanto, a través de esta Constancia Histórica y Censura Ética ustedes han conocido de noticias criminales de las que esta columnista nos imputa, requerimos a la mayor brevedad posible se de apertura a una nueva investigación penal en conformidad con los artículos el Artículo 66 y 67 del Código de Procedimiento Penal.
En la misma denuncia penal, solicitamos, que al ser abierta de oficio, por los punibles entre otros de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento forzado, usurpación de tierras para delinquir con fines terroristas, restricción a las libertades, tráfico de armas, costreñimiento ilegal tráfico de drogas se requiera a la Señora FANNY KERTZMAN, a presentar cada una de las pruebas sobre las aseveraciones que realiza en cada uno de los párrafos de sus dos artículos, entre ellas: “Justicia y Paz, de la mano de las Farc, pretenden ser los dueños absolutos de los territorios”; secuestro, tortura, homicidios de Manuel Moya, Graciano Blandón y su niño Jair; expolio en concurso con la FARC de afrocolombianos en Curbaradó; robo de recursos destinados a desplazados internos; ordenes de asesinar a afrocolombianos; las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad son una estrategia guerrillera para posibilitar su movilidad, el tráfico de drogas y el tráfico de armas; hay desarrollo de minería ilegal en Curbaradó o Jiguamiandó con concurso de nuestra Comisión de Justicia y Paz y pobladores locales.
Esperamos con prontitud sus respuestas a fin de que la labor legal y legitima de los derechos a favor de los expoliados y los empobrecidos, de los perseguidos puedan encontrar una salvaguarda, garantía a la protección y satisfacción de sus derechos, en un Estado de Derecho, que desde 1996 se constituyó en la región del bajo Atrato, en un medio de perversión y distorsión del Derecho.
De toda consideración,
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz